Caracas.- Han pasado tres semanas y en el aire sigue aún el eco del estruendo. Eran alrededor de las dos de la madrugada cuando el sonido de un temblor me despertó. El vidrio de la ventana vibraba con vehemencia. Permanecí inmóvil y comencé a contar los segundos. Cuando pasé del número diez, supuse que se trataba de un terremoto. Desperté a mi hijo de siete años y le pedí que se levantara porque debíamos salir de inmediato. Mientras le colocaba un suéter, percibí a los vecinos bajar por las escaleras. Apenas abrí la puerta, escuché a alguien decir: “nos están bombardeando”. En ese momento, por mi mente pasó una sola idea: esto ya comenzó.

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Venezuela está dividida desde hace tiempo. Son dos visiones de país opuestas, pero la preocupación cotidiana es la misma: contar con ingresos suficientes para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos. Algunas personas con las que conversé ese mismo día decían no tener dinero para comprar productos que duraran más de una semana; para otras, la situación era aún más precaria.

“Venezuela es un entorno que diariamente nos pone a prueba”, me dijo una joven de 35 años durante una entrevista. Por temor a represalias, me pidió no decir su nombre. Decidió llamarse M.

Vive en Ciudad Tiuna, una urbanización construida dentro del complejo militar Fuerte Tiuna. Esa instalación, levantada en los años cincuenta, es conocida por ser la sede del Ministerio de Defensa de Venezuela y por albergar la residencia presidencial de donde Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos por militares estadounidenses luego de un ataque armado en el que más de 30 personas murieron.

Tras los ataques, el gobierno venezolano anunció la entrada en vigor del Decreto N° 5.200 de Estado de Conmoción Exterior, una medida que criminaliza la promoción y el apoyo a la agresión extranjera, autoriza la militarización de infraestructura y servicios públicos y permite la requisa de bienes para la defensa nacional.

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Para moverse por el país, la gente en Venezuela, incluida M, han tenido que aprender a hacerlo con cautela porque siempre existe el riesgo de que en cualquier momento, la policía o los colectivos revisen los teléfonos y comunicaciones personales en busca de sospechosos. A raíz de eso, las personas comenzaron a salir de sus casas sin teléfonos, a depurar diariamente grupos de whatsapp de familiares o amigos donde expresan abiertamente sus opiniones y sobre todo a callar.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la proclamación de Nicolás Maduro como vencedor, miles de personas salieron a protestar en distintas regiones del país. La respuesta fue un recrudecimiento de la represión. Organizaciones como Foro Penal documentaron alrededor de 2 mil detenciones arbitrarias y denuncias de desapariciones forzadas, en un contexto especialmente adverso para activistas, opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Desde entonces, exigir información sobre personas detenidas y su paradero se convirtió en una de las principales demandas sociales.

El inframundo

Yaxzoadara Lozada espera fuera de Zona 7, el Centro de Control y Resguardo para detenidos de la Policía Bolivariana de Venezuela, conocido por sus calabozos y temido por sus celdas de hacinamiento extremo. En un sótano oscuro, al que los propios reclusos llaman “el inframundo”, permanecen cientos de personas en espacios tan reducidos que algunos deben dormir de pie. Un entorno casi asfixiante por el calor que hace y llenos de aguas negras. El lugar fue diseñado como un centro administrativo para detenciones de no más de 48 horas, pero esos eran otros tiempos.

Yaxzoadara tiene 28 años, la misma edad que Joel Bravo, su pareja. Su mirada cansada no le hace justicia a su juventud. Han pasado casi dos meses desde la desaparición de Joel y ella no tiene certeza de dónde está. A su lado se encuentra Evelyn Quiaro, su suegra, y alrededor una decena de mujeres en la misma situación: todas esperan información sobre familiares detenidos bajo un patrón que se repite —hombres vestidos de negro, encapuchados, detenciones sin explicaciones—. Luego viene la incertidumbre y el silencio.

Joel era funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. El 17 de noviembre de 2025 estaba de descanso en su casa, en San Agustín del Sur, cuando recibió la llamada de su jefe inmediato para presentarse en la comandancia. Desde entonces no se supo más de él. Días después, el jefe confesó a Yaxzoadara que había recibido la orden de llamarlo para ponerlo a la orden de la Dirección de Investigación Penal (DIP) en Maripérez. Allí les negaron su presencia. Lo único que quedó fue su moto, que también desapareció.

La espera se intensificó cuando, a unos días de la intervención militar de EU y la captura de Maduro, el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez anunció que habría “un número importante de liberaciones”. Esto ocasionó que familias como la de Joel se dirigieran a distintos centros de reclusión con la esperanza de un reencuentro o, al menos, de obtener fe de vida. Desde entonces, han pasado noches enteras a las afueras de Zona 7 sin que ningún funcionario les ofrezca información.

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La organización Foro Penal dio a conocer este lunes 26 de enero, que al menos 266 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero  y advirtió que la cifra podría aumentar. Registros de organizaciones no gubernamentales y de fuerzas políticas de oposición estiman que en Venezuela hay más de 900 personas detenidas por motivos políticos. Las cifras sobre excarcelaciones varían dependiendo de la fuente. La diferencia responde, en buena medida, a la falta de transparencia estatal y al temor de muchas familias a denunciar. En algunos casos, los nombres de los detenidos ni siquiera figuran en registros judiciales o penitenciarios.

Sin embargo, quienes continúan esperando afuera de centros como Zona 7 o El Helicoide —sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), denunciado durante años como uno de los principales centros de tortura del país— no han recibido listas oficiales ni datos comprobables. La incertidumbre persiste.

Yaxzoadara y Evelyn recorrieron todos los centros de detención de Caracas sin obtener respuestas. En Zona 7 incluso les dijeron que el lugar estaba desmantelado y que ya no había reclusos allí. Días después, se enteraron de la muerte de Edison Torres, detenido en ese mismo centro, lo que acrecentó la angustia. El hecho no solo confirmó que hay personas recluidas, sino que puso en evidencia las condiciones en las que podrían encontrarse.

“Lamentablemente estamos viviendo tiempos duros en nuestro país, que nos han golpeado fuerte, sumados a la precariedad económica y al hecho de no poder expresarnos libremente”, dice Evelyn, sin apartar la mirada del edificio de ladrillos rojos donde podría estar su hijo.

“Mientras la gente sufre en las cárceles, nosotros sufrimos aquí afuera”

“Estas últimas horas han sido el rostro más cruel de un Estado que revictimiza a los familiares”, señala Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve).

Diego tiene 30 años y acompaña a familiares de presos políticos desde antes de la conformación formal del Comité, en 2024. Su compromiso comenzó cuando algunos amigos sindicalistas fueron detenidos de manera arbitraria. Desde entonces, su acompañamiento dejó de ser sólo personal y se volvió colectivo: compartir la espera, resistir y denunciar.

Ese ciclo se profundizó tras las protestas poselectorales. Cientos de personas fueron detenidas bajo acusaciones de “traición a la patria” o “terrorismo”. Entre ellas estuvo el hermano de Diego, quien fue excarcelado después de casi siete meses. Su caso, sin embargo, continúa en etapa de juicio, sin avances claros.

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Para Diego, la opacidad es parte de la política. “Es como si no quisieran dejar rastro de las críticas internas”, explica. Por eso, las voces de los familiares se han convertido en una de las pocas formas de romper el silencio.

Las familias, en su mayoría mujeres, han pasado 18 noches a la intemperie, soportando el frío, durmiendo en el suelo y casas de acampar. Se sostienen con la solidaridad de vecinas y vecinos que les llevan agua, comida, medicinas o abrigo. Se turnan en guardias para no perder un minuto de lo que pueda ocurrir, mientras unas duermen, las otras se mantienen alerta, vigilan los carros que entran y salen, atentas incluso para detectar si los vehículos llevan más peso del que tenían al entrar.

“Es una política de revictimización. No solo encarcelan a una persona, sino que someten a la familia a un proceso injusto: te niegan información, te maltratan en las instituciones del Estado. Acrecientan el dolor y el sufrimiento”, afirma Diego. “Mientras la gente sufre en las cárceles, nosotros sufrimos aquí afuera”.

Hablar sigue teniendo un costo

Víctor Borges, de 39 años, se encontraba en su lugar de trabajo —el Centro Infantil Vizcaya, en El Cafetal— cuando fue sacado por alrededor de diez presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el 26 de noviembre de 2025. Vestían de negro, estaban encapuchados, portaban armas largas y llegaron en camionetas negras. También se llevaron su moto. Las imágenes quedaron registradas en cámaras de seguridad cercanas y fueron vistas por su familia durante la búsqueda desesperada de alguna pista. Desde entonces, Víctor desapareció.

Su tía Mireya, de 58 años, y su madre Zayda Martínez, de 60, recorrieron centros de detención en Caracas sin obtener información. En todas las instancias oficiales escucharon lo mismo: su nombre no aparecía en el sistema y no tenía antecedentes penales.

Buscaron información de Víctor en El Helicoide, una estructura concebida en los años cincuenta como centro comercial y convertida, desde mediados de los ochenta, en sede de agencias de inteligencia. Actualmente funciona como uno de los principales centros de detención política del país, con cientos de denuncias por hacinamiento, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

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En los últimos días, El Helicoide ha cobrado aún más atención internacional después de que el presidente de los Estados Unidos se refiriera a la existencia de una “cámara de tortura en el corazón de Caracas” que, según él, estaría siendo clausurada en el marco del proceso político reciente. Aunque Trump no mencionó el edificio por su nombre, muchas voces interpretaron esas palabras como una referencia directa a El Helicoide, símbolo de represión para muchos venezolanos.

Tras casi dos meses de búsqueda sin respuestas, Zayda se trasladó a Zona 7, donde luego de doce días le confirmaron, de manera extraoficial, que su hijo sí se encuentra recluido allí. Desde entonces, junto a otras familias, permanece aferrada a la posibilidad de obtener fe de vida y a conseguir la liberación de sus seres queridos. A pesar de ello su preocupación continúa cada día porque Víctor requiere tratamiento médico: sufre de hipertensión, problemas de tiroides, afecciones en la columna y una hernia. Según Zayda, todas sus medicinas quedaron en casa y, desde su desaparición, no han podido suministrárselas.

“En estos momentos la palabra desesperación no cabe. Lo que sentimos es algo indescriptible. Nuestra vida cambió desde ese día. Aun así, la fe nos levanta y seguiremos en la calle denunciando hasta que nos den respuestas y todos los presos políticos queden en libertad”, dice Mireya, mientras sostiene una pancarta con información sobre su sobrino.

“Él no es alguien afecto al gobierno. Extraoficialmente nos dijeron que su detención se debe al seguimiento de mensajes en su teléfono. Víctor siempre manifestó su deseo de un cambio de gobierno. Al parecer, hablar sigue teniendo un alto costo”.

La vida continúa

Con el paso de los días, la llamada “Gran Caracas” volvió a ponerse en movimiento. A pesar del éxodo de la última década, la ciudad persiste como una urbe ajetreada, obligada a luchar a diario por la subsistencia. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia necesita hoy más de 150 salarios mínimos mensuales, alrededor de 450 dólares, o bien, unos 8 mil pesos mexicanos para cubrir apenas la canasta básica de alimentos. Esa desproporción ha moldeado nuestra forma de vivir: trabajar sin pausa, resolver sobre la marcha y seguir avanzando, incluso cuando todo parece frágil.

Son días marcados por la incertidumbre, por no saber qué nueva amenaza puede caer sobre nosotros ni cómo sortear el siguiente día, ese mañana que parece no llegar nunca y que, sin embargo, permanece abierto a cualquier posibilidad. Salir a la calle responde menos a una idea de normalidad que a una urgencia: la de generar ingresos para sobrevivir. Aquí la paz hace tiempo que dejó de ser una certeza; en el mejor de los casos, se ha convertido en una espera, porque no puede hablarse de ella mientras millones de venezolanos seguimos padeciendo los efectos de una política fallida.

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En Venezuela se vive bajo un Estado que instrumentaliza el sufrimiento para sostenerse en el poder, que infunde miedo y actúa de forma sistemática al margen de la ley, aún así siempre hay alguien aferrándose a la esperanza e intentando contagiarla. Son los presos políticos sobreviviendo en las celdas y sus familias pernoctando en las aceras, sosteniendo vigilias frente a centros de detención, bajo el asedio de cuerpos policiales y el silencio institucional. Son sus rezos, su insistencia y sus súplicas de libertad las que, en medio de la incertidumbre, siguen encendiendo una luz donde el Estado ha decidido no mirar.

* Narradora visual con interés en temas sociales, perspectiva de género, migración y construcción de memoria.