Iglesia cubana se ofrece como mediadora para solucionar tensión con EU ante la falta de petróleo
La Confederación de Obispos Católicos de Cuba advirtió este sábado que las amenazas de Washington sobre las ventas de petróleo a La Habana agravarán las condiciones de vida en la isla y ofreció su “disponibilidad” para mediar entre los dos países, según un comunicado.
“Las noticias recientes, que anuncian, entre otras, la eliminación de toda posibilidad de que entre petróleo al país, disparan las alarmas”, alertan los obispos cubanos en el mensaje, que muestra preocupación por los “menos favorecidos”.
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Después de cortar el flujo de petróleo y la ayuda procedente de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, al considerar que la isla supone una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En respuesta, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel denunció el viernes que la Casa Blanca “pretende asfixiar la economía cubana” con la nueva medida.
Cuba necesita cambios urgentes, señalan
Ante este escenario, los obispos cubanos consideraron que el riesgo de un “caos social” en Cuba es “real”.
“Cuba necesita cambios y son cada vez más urgentes”, afirmaron los representantes de la Iglesia y ofrecieron su “disponibilidad” para mediar entre las partes.
“La Iglesia Católica en Cuba continuará acompañando a este pueblo (…) y también ofreciendo su disponibilidad para, si así se lo solicitaran, contribuir a rebajar el tono a las hostilidades entre partes”, aseguraron los obispos.
Díaz-Canel reiteró recientemente la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer “ninguna concesión política”.
En el pasado, la Iglesia católica ha actuado a menudo como mediadora y canal de diálogo entre los dos países y tuvo un papel clave en el deshielo entre Washington y La Habana en 2015.
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Cuba atraviesa una severa crisis económica marcada por la escasez y los prolongados apagones, resultado del endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, la baja productividad de su economía centralizada y la caída del turismo.
A esta situación se suma el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano tras la operación militar estadounidense que concluyó con la captura de
Nicolás Maduro, principal aliado de la isla, lo que ha dejado a Cuba aún más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones.
Cubanos piden diálogo con EU
Los cubanos, agotados por las penurias y los prolongados apagones, expresan su alarma por la amenaza de Donald Trump de castigar a los países que vendan petróleo a Cuba y apuestan por una salida negociada para evitar un mayor deterioro de la situación que los agobia.
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“Creo que eso es lo mejor, que negocien y que se llegue a un acuerdo para todos salir lo mejor posible y no perjudicados más de lo que ya estamos”, declara a la AFP la farmacéutica Vivían Valdés, de 60 años.
Trump, que ya cortó el flujo de crudo y la ayuda de Venezuela hacia Cuba, firmó el jueves una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla comunista, al considerar que representa una “amenaza excepcional” a la seguridad nacional estadounidense.
“Si no negociamos, esto va a ser peor todavía de cómo estamos viviendo y el pueblo no está viviendo bien”, precisa Valdés, que llora mientras cuenta el trabajo que pasa para comprar los medicamentos que necesita su madre, que padece de alzheimer.
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El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
Parte de un gran aparato
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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