
Los cubanos, agotados por las penurias y los prolongados apagones, expresan su alarma por la amenaza de Donald Trump de castigar a los países que vendan petróleo a Cuba y apuestan por una salida negociada para evitar un mayor deterioro de la situación que los agobia.
“Creo que eso es lo mejor, que negocien y que se llegue a un acuerdo para todos salir lo mejor posible y no perjudicados más de lo que ya estamos”, declara a la AFP la farmacéutica Vivían Valdés, de 60 años.
Trump, que ya cortó el flujo de crudo y la ayuda de Venezuela hacia Cuba, firmó el jueves una orden ejecutiva con la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla comunista, al considerar que representa una “amenaza excepcional” a la seguridad nacional estadounidense.
“Si no negociamos, esto va a ser peor todavía de cómo estamos viviendo y el pueblo no está viviendo bien”, precisa Valdés, que llora mientras cuenta el trabajo que pasa para comprar los medicamentos que necesita su madre, que padece de alzheimer.
La presión que ejerce Trump preocupó a los cubanos que han visto agudizarse durante las últimas semanas los apagones que sufren, actualmente de más de 10 horas diarias en la capital, así como las dificultades para comprar combustible.

Las filas en las gasolineras de La Habana que venden el combustible en dólares eran este viernes de varias cuadras, constató la AFP.
Cuba enfrenta desde hace seis años una grave crisis económica, con escasez de todo tipo de productos y prolongados apagones, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.
En el último lustro, el PIB cubano cayó un 11% y el gobierno enfrenta una severa escasez de divisas para garantizar los servicios sociales básicos, en particular el funcionamiento de su red eléctrica, el mantenimiento de su sistema sanitario y el suministro de productos subvencionados a la población.
El universitario Jorge Grosso, de 23 años, también es partidario del diálogo con Washington: hay que “negociar y ver cuáles son las condiciones que tiene (Trump), porque al final nos están asfixiando”, advierte.
Para este estudiante de tercer año de contabilidad, que llevaba “casi 24 horas” en una fila para comprar gasolina, si Trump lograra cortar el suministro de petróleo al país, “lo que se viene va a estar duro, muy duro”.
Desde el ataque del 3 de enero en Venezuela, con el que depuso al presidente Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y tomó el control del sector petrolero venezolano, el magnate republicano ha multiplicado sus amenazas contra la isla.
Trump también instó a La Habana a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar consecuencias no especificadas, y llegó incluso a repostear un mensaje de redes sociales de un usuario desconocido que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, fuera presidente del país.
Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, habla abiertamente de un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (PCC, único).
Hace tres semanas, Trump dijo que su gobierno mantenía un diálogo con La Habana, lo que fue desmentido por el presidente Miguel Díaz-Canel.
Sin embargo, a mediados de este mes, Díaz-Canel reiteró la disposición de su país a dialogar con Estados Unidos, pero sin hacer “ninguna concesión política”.

Tras enfrentar a 13 administraciones estadounidenses en un clima mayoritariamente hostil, Cuba solo experimentó un acercamiento con Washington durante el segundo mandato de Barack Obama.
Ese efímero deshielo diplomático concluyó precisamente tras la primera llegada a la Casa Blanca de Trump (2017-2021), quien reforzó como ningún otro presidente estadounidense el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.
Pero no todos los cubanos apoyan un diálogo con Estados Unidos.
Rolando González, de 81 años, cree que “Trump es “un individuo que mentalmente tiene problemas” y que “miente”. “Decir que Cuba es una amenaza para Estados Unidos, eso nadie se lo cree”, acota.
Otros isleños se preguntan si Cuba podrá contar con China y Rusia, sus tradicionales aliados.
“Ellos apoyan a Cuba diplomáticamente, pero las palabras no resuelven los problemas”, dice el ingeniero Jorge Martínez (60), que considera “muy cautelosos” los pronunciamientos de Pekín y de Moscú ante las amenazas de Trump.
“Ellos no quieren tener problemas con Trump”, concluye.
Las filas para cargar gasolina se alargan y los apagones alcanzan ya unas 10 horas en la capital de Cuba, que acusa a Estados Unidos de querer “asfixiar” la economía de la isla comunista.
El presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves un decreto que amenaza con aranceles a los países que venden petróleo a La Habana, y que asegura que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.
El anuncio preocupa a la población de la isla, sumida desde hace años en una grave crisis económica y con grandes dificultades para cubrir sus necesidades de combustible y electricidad.
“Eso impactará directamente la vida del cubano, más tarde o más temprano, eso va a influir, esa es la intención”, dijo a la AFP Jorge Rodríguez, un informático de 60 años, frente a una gasolinera con largas filas para cargar combustible en La Habana. “Hay que sentarse a negociar” con Trump, opinó.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró el viernes que la amenaza de aranceles de Trump a países que vendan crudo a La Habana “pretende asfixiar la economía cubana”.
“Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales”, añadió en X el jefe de Estado. Es una clara alusión al secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano y quien no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo país todavía entrega petróleo a Cuba, afirmó este viernes que la medida de la Casa Blanca podría desencadenar “una crisis humanitaria de gran alcance“, con impacto directo en “hospitales, alimentación y otros servicios básicos” para la isla caribeña de 9,6 millones de habitantes.
México buscará establecer contacto inmediato con el Departamento de Estado norteamericano con el objetivo de “conocer con precisión los alcances del decreto” de Trump, refirió la presidenta.

“Tenemos que saber los alcances porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas”, explicó Sheinbaum.
China protestó también contra la amenaza de aranceles de Trump. El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, dijo el viernes que su país “apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales y en el rechazo a la injerencia externa”.
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“China se opone firmemente a medidas que privan al pueblo cubano de su derecho a la subsistencia y al desarrollo”, añadió.
El jueves por la noche, el canciller cubano Bruno Rodríguez ya había denunciado el “brutal acto de agresión” contra el pueblo cubano que “durante más de 65 años” ha sido sometido “al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación”.
La isla, dirigida por el Partido Comunista de Cuba (PCC, único), está sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, que Trump reforzó considerablemente desde su primer mandato (2017-2021).
Según su texto, el decreto se basa en la declaración de un “estado de emergencia” en relación con la “amenaza excepcional” que representa Cuba para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Washington reprocha en particular a las autoridades cubanas “alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás o Hezbolá.
Cuba también es acusada de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia”, al tiempo que “propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas”.
A principios de enero, Trump ya había amenazado al gobierno cubano. “!NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!”, aseguró, una semana después de la sorpresiva captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
Tras la captura de Maduro, Trump puso bajo control estadounidense al sector petrolero de Venezuela, que fue el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado, durante el último cuarto de siglo.

El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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