Congreso de Jalisco rechaza la Ley de Infancias Trans pese a ordenamiento de la Suprema Corte
El Congreso de Jalisco rechazó la reforma a la Ley del Registro Civil, mejor conocida como Ley de Infancias Trans, que eliminaría la limitante de edad para que cualquier niño o niña pueda modificar su género en su acta de nacimiento para que corresponda con el que se autoperciben.
Le reforma obtuvo 21 votos en contra, 13 votos a favor y una abstención, por lo que no obtuvo la mayoría de votos requerida para su aprobación.
La iniciativa había sido presentada para cumplir con una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se solicitaba garantizar el derecho de las personas menores de edad a tener una identidad acorde a como ellas y ellos se perciben. Esto definiendo un proceso para realizar el trámite de cambio, el cual no existe en Jalisco.
En la discusión los legisladores aseguraron que buscaban proteger los derechos humanos de niñas y niños. Sin embargo, aquellos que se opusieron al dictamen señalaron que los menores no estaban preparados para decidir sobre su identidad. Mientras que quienes estaban a favor detallaron en lo positivo de ser pervivido socialmente por el género con el cual se identifican los menores.
Las posturas en el Congreso de Jalisco sobre la Ley de Infancias Trans
Antes de iniciar la discusión del dictamen se le negó el acceso Congreso a colectivos y asociaciones con el argumento de salvaguardar la seguridad e integridad de las personas interesadas en la discusión y para que las y los diputados no vean interrumpida su participación a causa de alguna confrontación. Esto a pesar de que la diputada Brenda Carrera solicitó que se les permitiera ingresar.
“La decisión de que esta sesión fuera con las y los diputados exclusivamente es un acuerdo tomado en conjunto con todas y todos los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias”, dijo la presidenta del Congreso, la diputada presidenta Mónica Paola Magaña Mendoza, de MC.
El diputado del PAN, César Octavio Madrigal, señaló que su partido votaría en contra ya que, desde su punto de vista, el dictamen viola el derecho de madres, padres y tutores de representar a menores de edad, al no contar con un mecanismo para garantizar que estos autorizan los cambios solicitados por el menor.
Además, aseguró que se viola el derecho al consentimiento informado de la niñez, así como el derecho al acompañamiento oficio del gobierno a los menores y al derecho de las infancias de ser escuchados.
“Considera la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional que esta iniciativa es violatoria de 43 artículos de diversas leyes federal y estatales que regulan el derecho la familiar vamos a emitir el voto en contra”, concluyó.
En el mismo sentido, la diputada del PRI, María del Refugio señaló que la reforma no cumple con lo señalado por la SCJN al no establecer un proceso para resolver conflictos respecto al consentimiento por parte de los responsables del menor en sede judicial.
“El grupo parlamentario del PRI votará en contra porque esta adición a la Ley del Registro Civil no da certeza legal al interés superior de la niñez”, declaró.
La diputada de Morena, Itzul Barrera, calificó al gobierno de Jalisco como un gobierno de derecha y señaló al gobernador, Pablo Lemus, de malinformar a la ciudadanía.
De igual forma, Mariana Casillas, de Futuro, acusó a Lemus de desconocer el significado de identidad de género y de ignorar los criterios de organismos internacionales, así como de tener miedo a la reacción de grupos conservadores.
En tanto, el diputado de Hagamos, Itzcoatl Tonatiuh, aseguró que el derecho a la identidad ya está reconocido y “es más perjudicial no contar con un procedimiento que indique cómo” hacerlo válido.
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De parte de MC, la diputada Lourdes Celenia se posicionó en contra, pues argumentó que en el dictamen existe una falta de legalidad, pero “sobre todo de sentido común”.
“Buscar dotar de un derecho a menores de edad quienes aún no cuentan con un desarrollo cognitivo suficiente, adelantar casi de forma obligada su proceso de madures, ¿no es acaso una forma de violentar su derecho a vivir una infancia digna y conforme a su edad?”, cuestionó en su posicionamiento al argumentar que los menores no están listos para tomar decisiones sobre su identidad.
¿Qué diputados votaron en contra y favor de la Ley de Infancias Trans en Jalisco?
Los diputados que votaron en contra fueron:
- Alfaro García Alberto de Morena
- Buenrostro Martínez José Guadalupe del PVEM
- María del Refugio Camarena Jáuregui del PRI
- Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez de MC
- Brenda Guadalupe Carrera García de Morena
- Omar Enrique Cervantes Rivera de MC
- Isaías Cortés Berumen del PAN
- José Aurelio Fonseca Olivares del PRI
- Ana Fernanda Hernández Sanmiguel de MC
- Alejandra Margarita Giadans Valenzuela de MC
- Verónica Magdalena Jiménez Vázquez de MC
- César Octavio Madrigal Díaz del PAN
- Mónica Paola Magaña Mendoza de MC
- Sergio Miguel Martín Castellanos del PT
- Adriana Gabriela Medina Ortiz de MC
- Alondra Getsemany Fausto de Leon del PRI
- Marco Tulio Moya Díaz del PAN
- Claudia Murguía Torres del PAN
- José Luis Tostado Bastidas de MC
- Luis Octavio Vidrio Martínez de MC
- Lourdes Celenia Contreras González de MC
Los diputados que votaron a favor de la Ley de Infancias Trans fueron:
- Leonardo Almaguer Castañeda de PT
- Valeria Ávila Gutiérrez de HAGAMOS
- Alejandro Barragán Sánches de Morena
- Itzul Barrera Rodríguez de Morena
- Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla de Hagamos
- Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez de Futuro
- Mariana Casillas Guerrero de Futuro
- Miguel De La Rosa Figueroa de Morena
- Martín Franco Cuevas de Morena
- Norma López Ramírez de Morena
- María Candelaria Ochoa Ávalos de Morena
- Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias, quien no tiene partido
- Edgar Enrique Velázquez González de Hagamos
En tanto, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona se abstuvo.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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