
“Usaron mi foto de la playa y con Inteligencia Artificial ‘me quitaron la ropa’”, publicó la periodista Johanna Villalobos en Twitter. “Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco”, tuiteó la cantante Rosalía. Ambas mujeres levantaron la voz y acusaron que fueron víctimas de fake porn o porno falso.
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Villalobos nos relató su testimonio desde Costa Rica y, además, consultamos a especialistas que nos explicaron mejor sobre este tipo de violencia digital que ha afectado, sobre todo, a las mujeres.
“Esto es un tipo de violencia digital, es el uso no consensuado de tu imagen. Creo que por eso es muy pertinente hablar de Inteligencia Artificial con perspectiva de género”, afirma Monserrat López, especialista en derechos digitales en México.
Ya lo dijo Rosalía en su canción, amix: “A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia”. Por eso, vayamos paso a paso en este tema:
Imagina que es Semana Santa, vas de vacaciones a la playa y subes una fotografía en bikini a tu Instagram. En las siguientes semanas notas más interacciones en esa imagen que compartiste y luego, una chica te manda un mensaje para avisarte que esa foto está circulando en chats de WhatsApp y otras redes sociales, pero ¡apareces completamente desnuda!
Eso le pasó a Johanna Villalobos con esta foto que publicó en su Instagram:
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“Yo veo la foto y digo: ¿pero qué es esto? Esta no soy yo, ¿verdad? Y le preguntaba ¿quién hizo esta foto? Entonces ella me cuenta que hay un grupo de personas que está haciendo fotografías con Inteligencia Artificial. Mi primera reacción fue sentirme en shock”, nos cuenta la periodista.
Mientras que en el caso de la motomami, el rapero español JC Reyes subió a sus historias de Instagram una imagen de Rosalía mostrando sus pechos, y él los cubrió con dos emojis.
Después aclaró: “A las mujeres estas que me estáis poniendo «qué haces», «qué asco das»… A la chavala sólo se le ve el escote. Respetad, eh. Es Photoshop… Photoshoped”.
Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo d violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena
— R O S A L Í A (@rosalia) May 23, 2023
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Ni Johanna ni Rosalía son las únicas que han sido víctimas de fake porn.
En febrero de 2023, Brandon Ewing, blogger de Twitch, hizo una transmisión en vivo donde se veía que estaba abierta una página de porno falso.
“Por cada persona que dice que no es para tanto, no sabes lo que se siente ver una foto tuya haciendo cosas que nunca has hecho enviada a tu familia”, reaccionó al respecto la streamer QTCinderella en un video.
¿Cómo es que un término como Inteligencia Artificial tiene tanto auge ahora? La clave está en la velocidad con la que está avanzando el desarrollo de esta tecnología, que tiene como objetivo realizar actividades que normalmente requerirían de inteligencia humana para automatizar ciertos procesos.
“Hay distintos tipos de algoritmos de Inteligencia Artificial y uno de esos son los que se conocen como deepfakes: fotografías o videos manipulados para sustituir personalidades”, nos explica Monserrat López, co-host del pódcast Hijas de Internet.
Basta recordar el video en el que Johanna Villalobos insistía en que no era ella quien aparecía desnuda en la imagen.
“Claramente no soy yo, la Inteligencia Artificial no puede reemplazar a una persona real. Se me ve todo pero no es mi cuerpo, es mi cara, pero no es mi cuerpo”, expresó.
El informe The State of Deepfakes: landscape, threats and impact publicado por Deeptrace Labs en 2019 ya advertía de la pornografía deepfake como un fenómeno mundial que daña, sobre todo, a las mujeres porque la gran mayoría de contenidos son acerca de ellas.
“La pornografía deepfake es el tipo de deepfake que más se crea y circula en la actualidad. Los efectos nocivos de la pornografía deepfake ya han afectado a un número significativo de mujeres, incluidas celebridades y particulares”, menciona el documento.
Aunque los algoritmos deepfake también existen desde hace años, el auge de la Inteligencia Artificial ha facilitado la creación de contenidos pornográficos (ya sea actos sexuales explícitos o eróticos, como los desnudos) “profundamente falsos”, muchas veces con la intención de perjudicar… o de beneficiarse de esto.
“Se busca generar este contenido íntimo de una persona porque sigue existiendo estos prejuicios alrededor de la exposición de los cuerpos de las mujeres, porque quieres dañar su reputación, generar un tema de dinero o extorsionar”, enlista Angie Contreras, integrante de la asociación civil feminista Cultivando Género.
Contreras insiste en la importancia de dejar claro que estas imágenes que aluden al contenido íntimo son falsas, porque las personas que aparecen en ellas no son reales, y las fotografías fueron creadas con los fines que ya te mencionamos.
En una transmisión en vivo, JC Reyes dio a entender que la cantante española había sido quien le envió la fotografía, pero en realidad fue un montaje de una publicación que la intérprete de “Bizcochito” hizo en marzo de 2023.
Además, el rapero también adelantó que su próxima canción se llamará “Rosalía”.
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“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing”, respondió la cantante afectada en Twitter.
El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de…
— R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023
En el caso de la costarricense Johanna Villalobos, cuando dejó de pensar en cuántos chats de WhatsApp y redes sociales estuvo su fotografía manipulada, se preocupó por limpiar su imagen.
“He tratado durante 10 años de carrera que tengo acá en Costa Rica, de hacerme una credibilidad, ¿verdad? Como periodista profesional me cuido muchísimo con estas cosas. Aparte me sentí muy avergonzada”, nos dice.
Tanto Monserrat López y Angie Contreras coinciden en que los casos de Johanna y Rosalía sientan un precedente para iniciar la conversación y tomar acciones.
“Creo que son discusiones desde la ética de la Inteligencia Artificial que ni siquiera hemos tenido y, ahora que se están violentando cuerpos, pareciera que también vamos para allá. No queremos hablar del tema y lo necesitamos porque ¿qué vamos a hacer cuando acompañemos estos casos?”, menciona Contreras, consultora en temas de comunicación con perspectiva de género y tecnología.
Parte de esa conversación es la regulación y la responsabilidad que tienen las propias plataformas ante el fake porn, a pesar de que estén en pleno desarrollo. Asimismo, determinar cómo este tipo de violencia digital puede tratarse de un delito y mirar más allá de lo punitivo: la reparación del daño, la no repetición y la capacitación para el uso de herramientas tecnológicas.
“Lo que sí pediría es que de ahora en adelante busquen regular esta situación, porque no voy a ser ni la primera ni la última chica a la que esto le va a pasar”, solicita Johanna en entrevista.
Antes de irte, checa: Así nos educa la pornografía: entre la fantasía y la realidad

La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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