Marisela Escobedo fue asesinada un 16 de diciembre frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, México, cuando colocaba una manta para pedir justicia por el feminicidio de su hija Rubí. A 15 años de ese hecho, el Estado aún tiene deudas específicas en el caso, pero también en torno a las condiciones estructurales que facilitaron ese desenlace.

Además, una petición presentada en 2019 aguarda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún en la etapa inicial de admisibilidad. Es decir, el proceso todavía no ha sido acogido por esa instancia. Esto porque el Estado mexicano sigue valorando la posibilidad de reparar a las víctimas antes, e introducir garantías de no repetición y medidas estructurales para evitar que los hechos se repitan.

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La abogada destaca que la petición internacional y la familia no buscan solo la reparación individual que merecen, y que hasta hoy no han obtenido en su totalidad, por el desplazamiento y todas sus graves consecuencias, sino que son parte, al mismo tiempo, de la continuidad de una lucha que inició Marisela y que tiene que ver con mejorar las respuestas judiciales frente a las violencias por razones de género, en particular en Chihuahua.

Ante eso, las medidas absolutamente necesarias por parte del Estado son revisar las respuestas en los centros de justicia y las fiscalías especializadas en género, en el abordaje y tiempos de manejo de los casos, en la diligencia y oportunidad de las investigaciones, así como la investigación frente a los ataques, amenazas y riesgos de las personas defensoras de derechos humanos, papel que terminó desempeñando Marisela. 

“Hay un punto central que tiene que ver con la región, más allá de México, y es que muchos de estos hechos de este nivel de gravedad exponen patrones de criminalidad que van mucho más allá de la autoría material. Es necesario para nosotras que este tipo de investigaciones, para que no se repitan y para que de verdad representen desarticular la impunidad, tienen que poner una mirada sobre las autorías intelectuales, sobre las participaciones y las estructuras de macrocriminalidad vinculadas a esos casos”, señala Sánchez. 

La abogada considera que no es suficiente una investigación que además de ser inoportuna, parcial, llegar a destiempo y no tener un resultado definitivo, no aborda la complejidad de los hechos y sigue dejando personas tan responsables como las autorías materiales en una absoluta impunidad. Eso permite que hechos similares se sigan repitiendo. 

La expectativa de las organizaciones litigantes y de la familia de Marisela es recibir una respuesta estatal voluntaria, que llegue antes de la admisibilidad del caso en la Comisión. Este periodo procesal representa una oportunidad para que el Estado admita su responsabilidad junto con una propuesta de reparación individual y estructural que aborde de manera seria las deficiencias en materia de investigación, desplazamiento y protección de personas defensoras. 

“Sin explicación y en impunidad”: las deudas específicas en el caso

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Mexicanos en el exilio son las otras dos organizaciones que, junto con CEJIL, continúan acompañando a la familia de Marisela y el proceso ante el Sistema Interamericano. Sin embargo, la primera, basada en Chihuahua, también ha encabezado esfuerzos locales, como ese tribunal, para mantener la memoria y la petición de justicia. 

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En torno al caso particular, los grandes pendientes son dos, subraya en entrevista Ruth Fierro, del Cedehm: la primera es la necesidad de explicar de forma clara, exhaustiva y completa la realidad de las investigaciones en el caso de Marisela, y la segunda determinar responsabilidades respecto a las violencias que vivió su familia tras su asesinato.

En la investigación de este, una de las grandes incertidumbres gira en torno a las dos versiones que en su momento dio el gobierno chihuahuense sobre dos posibles asesinos materiales. En el expediente sigue sin quedar claro cuál ha sido la investigación y las acciones determinantes para dar con la verdadera persona responsable. 

“En cuanto al responsable es una de las enormes dudas, pero como esto hay muchas cosas que no sostienen una versión que deje satisfecha a la familia ni a sus representantes sobre las investigaciones y la determinación de las personas responsables”, sostiene. Por otro lado, persiste la duda de cuál es oficialmente el estado de la carpeta de investigación, aunque la versión oficial es que sigue abierta.

Fierro cuestiona, en ese caso, qué líneas de investigación se siguen actualmente, pues si el asesino material supuestamente falleció —el segundo al que finalmente señalaron como responsable, conocido como “El Wicked”—, qué proceso es el que continúa ahora, cuestiona. 

“Hay todo un tema de la necesidad de aclarar o explicar a las familias todas las inconsistencias, incongruencias o cosas que llaman la atención de la investigación por el homicidio de Marisela, y eso incluye determinar también si hay personas responsables por omisión… No solo quién participa o tiene alguna responsabilidad o autoría en el crimen directo, sino también si hay responsabilidades administrativas de algún funcionario por el actuar frente al caso de Marisela o a la falta de protección”, precisa. 

Lo anterior se relaciona con el antecedente de que Marisela había interpuesto una denuncia por amenazas antes de ser asesinada. Además, está la violencia que sufrió la familia y derivó en su exilio internacional. Al respecto, hay una responsabilidad estatal que sigue sin resolverse. Por lo tanto, 15 años después queda pendiente determinar la verdad completa de todos los hechos que rodean el asesinato de Marisela, las amenazas previas, las inconsistencias y la violencia a la familia: “Todo eso se mantiene sin explicación y en impunidad”, subraya Fierro.

“En el caso de Rubí no tenemos duda de que falló, porque Marisela se encargó de decirlo todo el tiempo cuando todavía estaba aquí, pero todo lo demás ya no, y eso sigue siendo una de las principales deudas del Estado, al menos dar esas respuestas a la familia y sus representantes”, añade.

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Medidas estructurales, otra deuda del Estado

Las organizaciones se enfocan principalmente en tres deficiencias estructurales que mantienen las condiciones para que las violencias contra las mujeres como la que vivieron Rubí y Marisela sigan siendo tan frecuentes: el presupuesto insuficiente para atender la violencia de género, la protección a personas defensoras y la atención al desplazamiento o exilio por violencia. 

“Decimos una y otra vez que donde está el interés del gobierno es donde está su presupuesto, y definitivamente no está, de este gobierno y de ningún otro, no estoy hablando de uno en particular, nunca termina siendo una asignación de recursos que de manera significativa o sustantiva pueda hacer frente al problema que se buscó remediar con la creación de instituciones”, señala. 

Fierro subraya que pese a que hoy existen protocolos especializados para juzgar con perspectiva de género, fiscalías especializadas y otros mecanismos, no se les dota de recursos suficientes para garantizar su eficacia. Tan solo en Chihuahua, ejemplifica, la fiscalía especializada en la atención de delitos contra las mujeres por razones de género es, de entre sus pares, la que menos recursos recibe en proporción al trabajo que hace. 

Respecto al segundo punto, la abogada describe que tiempo después de ocurrido el homicidio de Marisela, comenzó a crearse el diseño institucional para la protección de personas defensoras y periodistas, con una ley general y un mecanismo de protección. Sin embargo, esta instancia se encuentra rebasada por sobresaturación; en ningún caso los riesgos han cesado como para remover las medidas de protección, pero sí ha ocurrido que las personas sean asesinadas incluso con el mecanismo.

“Es una política pública que no toma en cuenta o no considera o no atiende el problema como más de origen o de fondo, sino a lo mejor superficial, o sea, más para atenuar el riesgo inmediato, pero eso termina no resolviendo nada en realidad, y sigue siendo una limitación importante”, indica. 

En cuanto al desplazamiento —que en este caso es un exilio internacional—, la abogada recuerda que cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación por el caso de Marisela, que ella misma había iniciado antes de ser asesinada, incluyó la responsabilidad del Estado por ambos feminicidios, pero también por el desplazamiento forzado de la familia. 

Hoy en nuestro país el tema ha adquirido mayor relevancia, pero ha costado mucho ponerlo en el centro de la discusión pública, pues frecuentemente es ignorado ante las expresiones más extremas de la violencia. Fue apenas en 2020 cuando se reconocieron oficialmente más de 70 mil personas desplazadas dentro del país por violencia, aunque persiste la resistencia, sobre todo de carácter político, para aprobar una ley general en la materia.

“No queremos dejar de poner el dedo en el renglón, en la forma como se vincula con el caso de Marisela, aunque hoy en día no haya alguien de su familia exactamente en esa calidad de desplazado, sino más bien de asilado o en solicitud de asilo… Lo más mínimo es que haya alguna ley para que se pueda garantizar un marco jurídico que atienda ese tema”, reclama. 

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Para Sánchez, del CEJIL, el Estado tiene ahora mismo en su cancha la posibilidad de dar la respuesta seria y contundente que merece la familia, la memoria y la lucha de Marisela, y con ello reparar los daños en el proceso y evitar que se repitan los hechos. En caso de que no sea así, continuará el proceso de litigio en la Comisión con el análisis de fondo, la toma de decisión y el seguimiento del caso ante la Corte Interamericana. 

En tanto, Fierro destaca que el caso de Marisela es vigente porque aún pone de relieve que en este país muchas víctimas tienen que asumir la investigación con sus propios medios —por ello insiste en la falta de recursos—, lo que las coloca en un enorme riesgo, como ocurre hoy con las madres buscadoras.

“Su caso y sus reclamos de justicia siguen siendo vigentes, porque las condiciones que lo propiciaron se mantienen aquí, aunque con algunos avances… Todavía sigue siendo grande la brecha entre la realidad y las garantías que establecen los marcos jurídicos”, concluye.