Caso Ana Amelí: CIDH exige a México intensificar esfuerzos para localizar a la joven a 5 meses de su desaparición en el Ajusco
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano intensificar esfuerzos para localizar a Ana Amelí García Gámez, quien desapareció el 12 de julio pasado tras acudir al Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.
Ante la ausencia de resultados tras cinco meses de la desaparición de la joven estudiante de biología de la UNAM, la CIDH emitió la resolución 92/2025 en la que determinó otorgar medidas cautelares a favor del caso de Ana Amelí, al “considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos humanos”.
El organismo internacional solicitó que las autoridades dejen de lado las acciones rutinarias y ejecuten un plan de investigación que garantice medidas diferenciadas debido al género.
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Sin avances en el caso de Ana Amelí a 5 meses de su desaparición
La CIDH enfatizó que desde que Ana Amelí fue vista por última vez hace cinco meses, su familia ha denunciado la ausencia de avances sustantivos en el caso y la carencia de líneas de investigación sólidas por parte de autoridades locales.
En ese sentido, la comisión señaló que, a pesar de que el Estado han llevado a cabo mesas de trabajo y un plan de la Comisión de Búsqueda de la CDMX, no se ha logrado ubicar a la joven ni se ha cumplido con las recomendaciones previas del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mediante la Acción Urgente 2133/2025, la cual se exigió la localización y protección inmediata de Ana Amelí.
El organismo enfatizó que “el paso del tiempo puede dificultar la eventual ubicación de la beneficiaria” y aumentar el riesgo de daños irreparables a su integridad, por lo que la respuesta estatal debe ser inmediata y efectiva.
La resolución también protege el derecho a la verdad de la familia de Ana Amelí. En ese sentido, la CIDH instruyó a México a mantener canales de comunicación fluidos y a explicar claramente por qué se incluyen o descartan ciertas líneas de investigación, incluida la hipótesis de posible participación estatal en los hechos.
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Asimismo, se exigió que el plan de búsqueda atienda los cuestionamientos de los familiares, asegurando que su participación sea activa y digna.
Desaparición de Ana Amelí llega a la ONU
En octubre, la falta de una línea de investigación y la ausencia de resultados en el caso llevaron a los padres de Ana Amelí a presentar una denuncia en el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ante las posibles omisiones del Estado en la desaparición de la joven.
Como respuesta, el Comité emitió el pasado 22 de septiembre una Acción Urgente dirigida al Estado mexicano, exigiendo medidas inmediatas para la búsqueda, localización y protección de Ana Amelí García, de 20 años de edad.
Entre las exigencias destacaron investigar la participación de agentes estatales, analizar el contexto criminal de la zona del Ajusco, donde se ha reportado la desaparición de personas, establecer una estrategia integral para la búsqueda de Ana Amelí y recopilar evidencias forenses, así como entrevistar a testigos y a las últimas personas que la vieron.
El sábado 12 de julio la joven acudió al Parque Nacional Cumbres del Ajusco para ascender hasta el Pico del Águila, un destino popular para hacer senderismo dentro de la ciudad. Tenía planeado subir con un grupo de amigos, pero ya no los alcanzó, así que se unió a un grupo que encontró en el ascenso.
Al llegar a la cima envió otro mensaje y una fotografía para avisar a su familia que alcanzó el punto más alto. Desde entonces, no se sabe nada de ella.
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De acuerdo con su padre, los supuestos amigos con los que se quedó de ver nuca contactaron a la familia y solo la Fiscalía capitalina ha tenido comunicación con el grupo de senderistas con los que estuvo y las últimas personas que la vieron. Las autoridades le han dicho que las llamadas que hizo y recibió no llevan a ningún indicio, a ninguna línea de investigación.
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Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la suspensión comenzará el 21 de enero y que la medida busca que se nieguen visas a personas que puedan depender de recursos públicos en algún punto.
El gobierno de EE.UU. congelará de manera indefinida el procesamiento de visados de inmigrante para al menos 75 países, según confirmó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado dijo que el objetivo era poner fin al “abuso” del sistema “por parte de quienes pretenden obtener beneficios económicos a costa del pueblo estadounidense” mediante el uso de programas de asistencia social y beneficios públicos.
Según informó previamente la cadena Fox News, la suspensión entrará en efecto el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indeterminada hasta que el Departamento de Estado “revise sus procedimientos” migratorios.
El reporte indica que dentro de los 75 países hay varios de América Latina y el Caribe, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay.
También están incluidos en la lista Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, y Yemen, entre otros países.
Tommy Pigott, del Departamento de Estado, señaló: “El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a los posibles inmigrantes que pudieran convertirse en una carga pública para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense.
Y añadió: “El procesamiento de visas de inmigrante provenientes de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar la entrada de ciudadanos extranjeros que harían uso de la asistencia social y los beneficios públicos”.
Tras la detención en noviembre de un inmigrante afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., la administración prohibió o restringió la entrada de ciudadanos de 19 países.
En diciembre, amplió la prohibición de viajes a personas de otros cinco países y a quienes viajaban con documentos emitidos por la Autoridad Palestina.
Los casos de asilo, la tramitación de la ciudadanía y las solicitudes de residencia permanente para inmigrantes de los 19 países inicialmente afectados por la prohibición también han sido suspendidos.
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