Violencia agrava desplazamiento forzado: Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo los estados más afectados
Para entender mejor
El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones acompañantes advierten sobre un incremento de casos de desplazamiento forzado interno en distintas regiones del país, en un contexto de violencia e inseguridad que, sostienen, se ha intensificado en entidades como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
De acuerdo con el pronunciamiento, el fenómeno se ha agudizado ante la operación de grupos criminales con alta capacidad de fuego y control territorial en diversas regiones. Las organizaciones señalan que las personas en condición de desplazamiento enfrentan incertidumbre jurídica y falta de atención integral por parte de los distintos órdenes de gobierno.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Chihuahua. El 24 y 25 de febrero, en menos de 24 horas, más de 200 familias fueron desplazadas de manera forzada desde la zona serrana de la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, región colindante con Durango y Sinaloa, sostiene el colectivo.
Las familias, encabezadas en su mayoría por mujeres, niñas y niños, se trasladaron hacia la ciudad de Hidalgo del Parral. Hasta el cierre de febrero, el número de personas desplazadas continuaba en aumento, según el recuento de las organizaciones.
El colectivo indicó que desde noviembre de 2025 organizaciones civiles en Chihuahua han documentado un “éxodo silencioso”, con la llegada diaria de una o dos familias provenientes de comunidades serranas hacia centros urbanos del estado.
Sin embargo, subrayan que la atención institucional ha resultado insuficiente y limitada, al considerar que autoridades municipales y estatales han minimizado la gravedad de las emergencias.
En el comunicado, las organizaciones también refieren otros casos recientes. En el municipio de Apatzingán, Michoacán, señalan que existe un reglamento municipal especializado para la atención de emergencias por desplazamiento forzado interno, publicado el 30 de octubre de 2024, que no ha sido aplicado por el gobierno local desde su entrada en vigor.
En Guerrero, mencionan un evento ocurrido en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica, dos semanas antes de un operativo federal para detener a un líder criminal, Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, El Mencho.
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En esa zona, afirman, una comunidad completa salió de manera precipitada ante enfrentamientos armados, pese a la presencia de la Guardia Nacional y elementos militares. A la fecha, sostienen, no existe un registro oficial de las personas desplazadas ni planes de atención humanitaria o de reasentamiento temporal.
Piden garantías de protección y atención humanitaria
El colectivo advierte que, aunque en años recientes se han desarrollado instrumentos a nivel federal y estatal para evaluar riesgos y necesidades de poblaciones desplazadas, México no cuenta con una ley general en materia de desplazamiento forzado interno ni con políticas públicas integrales que garanticen protección efectiva, investigación de los hechos de violencia y condiciones adecuadas para la atención humanitaria inmediata.
Las organizaciones sostienen que la actuación de los gobiernos locales, estatales y federal influye en el aumento de nuevos eventos de desplazamiento, debido a la ausencia de esquemas preventivos, de atención o mitigación integral, así como por la negación del fenómeno en diversas entidades.
Ante este escenario, el colectivo hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para reconocer la dimensión del problema y establecer rutas de atención institucional claras.
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Entre sus exigencias se encuentran: garantías de protección y atención humanitaria para las familias desplazadas en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo; acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de comunidades; y, en el caso de Chihuahua, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y organizaciones acompañantes, con el fin de definir criterios operativos y de evaluación de retornos que garanticen la seguridad de las familias y la construcción de soluciones duraderas.
El colectivo subrayó que los instrumentos legales especializados resultan insuficientes si no se traducen en acciones concretas, partidas presupuestales adecuadas, personal especializado y mecanismos sistemáticos de atención.
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Pese a contar con un alto el fuego desde octubre. la tensión entre Pakistán y Afganistán se ha recrudecido en los últimos días.
Pakistán lanzó ataques contra la capital de Afganistán, Kabul, y la ciudad de Kandahar en la madrugada de este viernes, según funcionarios del gobierno pakistaní.
Un portavoz del Talibán en Afganistán escribió en la red social X que fuerzas afganas respondieron con nuevos ataques contra las tropas pakistaníes a lo largo de su frontera común, aunque la publicación ya ha sido eliminada.
Representantes de ambos países se culpan mutuamente de haber elevado la tensión desde el pasado domingo.
Las autoridades de Pakistán defienden que su ofensiva contra las ciudades afganas es una respuesta a “ataques afganos no provocados”, pero los talibanes alegan que aquellos ataques eran, a su vez, una respuesta a ataques pakistaníes anteriores.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo este viernes que su país tiene “plena capacidad para aplastar cualquier ambición agresiva” y el ministro de Defensa, Khwaja Asif, advirtió que estaban en una “guerra abierta” con Afganistán.
Un portavoz del gobierno del Talibán, Zabiullah Mujahid, dijo a la BBC que las fuerzas afganas habían destruido 19 puestos fronterizos paquistaníes y detenido a varios soldados de ese país.
También afirmó que más de 50 soldados paquistaníes habían muerto. La BBC no ha podido confirmar de manera independiente esas cifras.
Mientras tanto, Pakistán aseguró haber destruido 27 puestos fronterizos pertenecientes a los talibanes e insistió que había infligido muchas bajas a las fuerzas talibanes.
Ambos países acordaron un frágil alto al fuego en octubre tras mortales enfrentamientos transfronterizos, pero los combates se han recrudecido en los últimos días.
Los funcionarios de la ONU han pedido una desescalada inmediata de los combates, mientras que Irán se ha ofrecido a mediar.
Residentes de Kabul oyeron fuertes explosiones en toda la ciudad este viernes, informó AFP, en tanto habitantes de las regiones fronterizas de Pakistán declararon a la BBC que sintieron estruendos y se les pidió que se pusieran a salvo.
Cruce de acusaciones
Ambas partes afirman haberse infligido grandes pérdidas durante los choques recientes.
Pakistán informó antes que dos de sus soldados murieron después de que fuerzas afganas lanzaran una operación contra posiciones militares a lo largo de su frontera común a última hora de este jueves.
Tres personas más resultaron heridas cuando las fuerzas pakistaníes respondieron al fuego no provocado, declaró el ministro de Información, Attaullah Tarar.
Los talibanes en Afganistán afirmaron haber lanzado la operación a gran escala en respuesta a los ataques de principios de esta semana, que, según afirmaron, causaron la muerte de al menos 18 personas.
Islamabad indicó que el objetivo eran presuntos campamentos y escondites de milicianos.
La operación de represalia de Afganistán se lanzó alrededor de las 20:00 hora local (15:30 GMT) de este jueves y llevó a la muerte de numerosos soldados pakistaníes y la captura de otros, informó el gobierno.
Pakistán lo negó, refutó que los talibanes capturaran 15 puestos militares y dijo que toda agresión recibiría una respuesta inmediata y efectiva.
El portavoz talibán Zabihullah Mujahid escribió en X que, “en respuesta a las reiteradas violaciones fronterizas y a la insurgencia de círculos militares paquistaníes, se lanzaron operaciones preventivas a gran escala contra centros e instalaciones militares del ejército paquistaní” a lo largo de la frontera.
Islamabad afirmó que los talibanes “calcularon mal y abrieron fuego sin provocación contra múltiples puntos” al otro lado de la frontera, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, lo que recibió una “respuesta inmediata y efectiva” por parte de sus fuerzas de seguridad.
“Los primeros informes confirman numerosas bajas en el lado afgano, con múltiples puestos y equipos destruidos”, según un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión pakistaní compartido en X.
“Pakistán tomará todas las medidas necesarias para garantizar su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos”, agregó.
Funcionarios locales del Talibán en Afganistán han denunciado que se atacó un campo de refugiados en Nangarhar, que alberga a ciudadanos afganos que habían llegado al país desde Pakistán.
El servicio afgano de la BBC citó a los funcionarios diciendo que al menos 9 personas resultaron heridas: siete mujeres y dos hombres.
El estado de uno de los heridos es crítico, añadieron las autoridades.
Los residentes cercanos a la ciudad fronteriza paquistaní de Torkham fueron urgidos a desalojar la zona.
Además, las autoridades suspendieron la repatriación de ciudadanos afganos deportados a través de la frontera.
El cruce también se cerró para los refugiados afganos.
Kabul había advertido de represalias “en el momento oportuno” tras los ataques ocurridos el pasado domingo.
Mientras que Pakistán declaró que ese día atacó siete presuntos campamentos y escondites de milicianos cerca de la frontera luego de atentados suicidas en territorio pakistaní, Afganistán afirmó que atacaron viviendas civiles y una escuela religiosa, con mujeres y niños entre los muertos.
Pakistán y Afganistán comparten una frontera montañosa de 2.574 kilómetros.
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