La periodista María Luisa Ruíz fue detenida en el municipio de Santiago Miahuatlán, en Puebla, por presunta usurpación de funciones, luego que no acreditara el medio para el que labora, y grabara a los policías durante un operativo en la vía pública.

La reportera se encontraba en el centro de Santiago Miahuatlán, cuando comenzó a documentar con su teléfono una movilización policial. Elementos municipales se aproximaron para exigirle “acreditación” y cuestionar su labor; posteriormente, ordenaron su detención y la trasladaron en una patrulla a la comandancia pese a que les dijo en diversas ocasiones que era periodista y sólo estaba haciendo su trabajo.

De acuerdo con el testimonio recabado por Artículo 19, la periodista denunció jaloneos, empujones y golpes durante su ingreso a instalaciones municipales, así como amenazas de ser remitida al Ministerio Público.

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“Estos hechos resaltan la importancia de que las autoridades atiendan los riesgos diferenciados, particularmente cuando se trata de mujeres periodistas y adultas mayores que enfrentan barreras adicionales para denunciar y acceder a protección”, destacó Artículo 19.

Para la organización, una de las cosas más preocupantes de su caso es la amenaza de judicialización por “usurpación de funciones”, argumento utilizado para justificar el aseguramiento y disuadir la documentación de un asunto de interés público.

“Condicionar el ejercicio periodístico, o el derecho de cualquier persona a registrar hechos noticiosos en espacios públicos, a exhibir una credencial, ‘registro’ o vínculo formal con un medio viola estándares nacionales e internacionales. En contextos de violencia contra la prensa, estos requisitos se convierten en herramientas de control, censura indirecta y riesgo, al exponer a periodistas a detenciones arbitrarias y represalias”.

La organización pidió a la Fiscalía del estado de Puebla y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), iniciar y conducir, de manera coordinada, una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente sobre la detención arbitraria, las agresiones y las amenazas perpetradas contra María Luisa Ruiz;  así como determinar y sancionar la responsabilidad de autores materiales y mandos involucrados, reconociendo el vínculo directo de los hechos con su labor periodística y el impacto intimidatorio para el ejercicio de la prensa en el ámbito local.

También solicitó otorgar medidas de protección urgentes, eficaces e integrales a favor de María Luisa Ruiz y, en su caso, de su núcleo familiar, tomando en cuenta el riesgo derivado de la agresión por agentes estatales/municipales, el contexto local de hostilidad, así como sus condiciones específicas de vulnerabilidad (edad y salud).

En tanto, al ayuntamiento de Santiago Miahuatlán y a su dirección de Seguridad Pública, le exigió garantizar el libre ejercicio periodístico en el municipio; cesar prácticas de intimidación; y emitir una disposición clara y pública a sus corporaciones para que se abstengan de exigir acreditaciones como condición para grabar, documentar o cubrir hechos de interés público.