Más de 100 árboles, como aguacates, ahuehuetes, eucaliptos, jacarandas, laureles y palmas canarias, fueron talados, podados y trasplantados para dar paso a la construcción de un centro comercial en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Este arbolado en la calle José María Rico No 221, colonia Acacias, incluía también duraznos, ciruelos, mimosas, fresnos, dos palmeras y sangre libanesa, que es vital para el equilibrio ambiental de la zona, pues brinda servicios ecosistémicos como la filtración del aire y del agua, la regulación térmica y el resguardo de fauna silvestre.

Ximena Galicia es una de las ciudadanas que se percató de la tala de los árboles y recuerda que una de sus vecinas dijo: “No podemos permitir que se maltraten, poden o talen los árboles. Son árboles sanos, ¿no? Y son demasiados…153”. También rememora cómo surgió la idea de protestar: “Era viernes 4 de julio. Les dije: ‘Voy a pararme el sábado (5 de julio) a hacer una clausura ciudadana simbólica, para mostrar nuestro descontento por lo que está pasando con los árboles y porque, hasta el día de hoy, no sabemos cuál es el futuro de algunos de ellos… Por eso nació la clausura simbólica’”.

El descontento también surgió por modificaciones en el proyecto, como el aumento en la altura de una barda que inicialmente sería de 9 metros y ahora mide 18.5. “Las personas de mi edificio no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque va a tapar la luz natural de una parte del edificio, entonces empiezan a ver ya problemas de inconsistencias, de falta a los acuerdos de un inicio y pues eso está llevando al descontento”, dice Ximena.

El pasado 15 de julio, vecinas y vecinos de la colonia Acacias se reunieron en la alcaldía Benito Juárez con representantes de la desarrolladora del supermercado Fresko el Grupo VYG S.A. de C.V. y autoridades locales para aclarar dudas sobre la clausura del proyecto, su impacto ambiental, la tala de árboles y el uso del agua.

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Ante la pregunta sobre la clausura, los representantes dijeron no saber los motivos. Hasta el cierre de esta edición, la SEDEMA solo había emitido un breve comunicado en su cuenta de X (antes Twitter). La empresa argumentó, sobre la legalidad del proyecto, que el predio está sobre Eje 8 Sur, lo que permite construcciones de uso mixto, según normativas publicadas en la Gaceta Oficial en mayo de 2025.

Una representante afirmó que ya no existen medidas de mitigación ambiental, sino “medidas de integración”, como exige la nueva Ley Ambiental vigente desde julio de 2024, que obliga a destinar el 3% del presupuesto a acciones ambientales desde la planeación. No obstante, vecinas y vecinos criticaron la falta de consulta real y cuestionaron la legitimidad del proceso.

Como respuesta a la incertidumbre, la tala masiva y las afectaciones al entorno, vecinas y vecinos de la colonia Acacias elaboraron un pliego petitorio fechado el 15 de julio de 2025, en el que exigen la protección del arbolado urbano, la transparencia en los permisos de construcción y tala, la entrega del estudio de impacto ambiental y la creación de una mesa de diálogo obligatoria con participación ciudadana. También demandan medidas de mitigación claras, auditorías independientes y responsabilidad legal en caso de afectaciones al drenaje, al considerar que la construcción de esta tienda compromete no solo el paisaje, sino la habitabilidad de su comunidad.

Hace tres años, a 1.7 kilómetros de distancia, en la intersección de Miguel Laurent y Amores, vecinos de la colonia Del Valle promovieron un amparo colectivo en 2022, firmado por 650 residentes, y presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU) con el objetivo de detener la tala de árboles y solicitar la revisión del proyecto de construcción del supermercado La Comer.

La movilización se activó tras un intento de derribo de una jacaranda sana de más de 30 años en la calle Amores, como denunció María de Lourdes Vega. Entre finales de abril y los primeros días de mayo de 2022, en el predio de 24,695 metros cuadrados, La Comer Del Valle taló entre 15 y 17 árboles durante la madrugada, incluyendo más de 10 ejemplares dentro del terreno y varios más en la calle Miguel Laurent. Estos derribos se registraron principalmente el 30 de abril y 1 de mayo, generando una fuerte presión colectiva.

Para proteger los árboles, María de Lourdes fundó la iniciativa “Jacarandas de Mis Amores”, con el objetivo de defender el patrimonio verde del barrio. Durante mayo de 2022, ella y otros vecinos lograron detener in situ la tala cuando observaron a trabajadores preparados para derribar un árbol saludable. Al no presentar permisos de SEDEMA ni de la alcaldía, los vecinos se colocaron bajo los árboles y llamaron al 911. Gracias a la presión pública y la intervención de la Fiscalía de Delitos Ambientales, la obra fue detenida para investigación.

Posteriormente, se promovió un amparo colectivo que derivó en una prohibición legal para talar los árboles, obligando a La Comer a modificar su proyecto para protegerlos. Sin embargo, a pesar de que el proyecto fue presentado como sustentable, los vecinos denunciaron un daño ecológico importante y la ausencia de medidas de compensación o mitigación ambiental.

En total, se derribaron más de 20 árboles dentro del predio y entre cinco y siete en la calle Miguel Laurent. Según la ley, por cada árbol talado se deben plantar al menos cinco ejemplares de más de cinco metros de altura, es decir, mínimo 125 nuevos árboles. Hasta la fecha no existen evidencias de que La Comer haya cumplido con estas obligaciones, lo que genera preocupación entre la comunidad.

Además del daño ambiental, María de Lourdes destaca el impacto psicológico que la pérdida de áreas verdes genera en la población. Comenta que los árboles contribuyen a reducir estrés, ansiedad y violencia, y constituyen un patrimonio natural para heredar a futuras generaciones.

El principal obstáculo para la defensa vecinal fue, según los residentes, el poder económico y la influencia en las autoridades, en un contexto donde intereses económicos dificultan la protección ambiental. A pesar de ello, la acción comunitaria logró mitigar parcialmente el daño.

Finalmente, la tienda La Comer, con 6,575 metros cuadrados de área de venta y estacionamiento para 258 vehículos, fue inaugurada el 17 de mayo de 2023. Su construcción fue autorizada mediante una manifestación tipo C vigente del 15 de marzo de 2022 al 15 de marzo de 2025 para un edificio de cuatro niveles, dos sótanos y una superficie total de 24,695.30 metros cuadrados. Se ha reportado un monto de 851,658 pesos como compensación ambiental por el derribo de árboles; sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado registro público oficial que confirme dicho pago ni los detalles de la resolución correspondiente por parte de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA).

Hasta ahora, María de Lourdes señala que lo único que ha hecho la empresa es “sembrar algunos arbolitos alrededor y dorarles la píldora a los vecinos”. Relata que incluso organizaron recorridos para que las personas eligieran dónde plantar, colocaron un par de “casitas” para aves y promovieron su imagen como empresa ecológica. “Ahora tenemos otro problema: los repartidores de La Comer —Didi, Uber, Rappi, etc.— circulan en sentido contrario sobre Miguel Laurent y se suben a las banquetas, poniendo en riesgo a los peatones”, advierte.

Sin inventario, sin control

Entre enero de 2024 y lo que va de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a través de su Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), ha documentado casos de afectaciones al arbolado urbano vinculados a proyectos de construcción, muchos de ellos iniciados sin autorización previa.

Toda intervención en arbolado urbano requiere autorización conforme a la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015. Documentos revisados confirman autorizaciones para la tala de más de 600 árboles en distintos puntos de la Ciudad de México, así como la presentación de Estudios de Daño Ambiental (EDA) en casos sin autorización previa.

Los promoventes deben compensar el impacto mediante la plantación de árboles, mantenimiento de áreas verdes por al menos dos años o, si no es viable, mediante una aportación al Fondo Ambiental Público.

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El marco normativo incluye la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y las normas técnicas NADF-001-RNAT-2015 y NADF-006-RNAT-2016, que regulan la poda, tala, trasplante y restitución. Aunque las alcaldías tienen atribuciones, suelen remitir los casos a SEDEMA, lo que fragmenta la gestión.

Desde marzo de 2022, la Ventanilla Digital y Única centraliza los trámites ante la Comisión de Impacto Único (CIU), que sesiona al menos cuatro veces al mes. Este sistema digital es el canal oficial para solicitudes, notificaciones y resoluciones.

Antes de julio de 2024, la compensación por daño ambiental en la CDMX se regía por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y solo permitían aportación económica al Fondo Ambiental Público en caso justificado. Con la nueva Ley Ambiental de la CDMX, vigente desde el 19 de julio de 2024, se estableció que los proyectos deben destinar el 3 % de su presupuesto a medidas ambientales desde la planeación. También se consolidó la Manifestación Ambiental Única (MAU). La Ley de Responsabilidad Ambiental, en vigor desde la misma fecha, establece sanciones administrativas, penales y económicas por daño comprobado.

Al presentar manifestaciones como la MIAG o los EDA —a menudo después del inicio de obras— se asigna un folio e inicia la evaluación. La veracidad de la información es responsabilidad conjunta del promovente y los Prestadores de Servicios Ambientales (PSA).

Las resoluciones tienen una vigencia de un año y pueden revalidarse hasta dos veces, salvo cambios sustanciales. El incumplimiento puede derivar en la cancelación de autorizaciones y en sanciones administrativas o penales.

Documentos revisados entre 2024 y 2025 muestran una tendencia hacia la regularización expost en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. En un caso, el impacto económico estimado fue de 576,640.21 pesos. La Dirección de Infraestructura Verde de SEDEMA informó que entre el 1 de enero de 2018 y el 11 de octubre de 2022 se autorizaron 4,403 derribos de árboles, principalmente por “alto riesgo” o enfermedades. A través del programa “Reto Verde” se reportó la plantación de 13,728,823 árboles hasta 2023.

Los expedientes incluyen autorización para la tala de 673 árboles en ubicaciones como Periférico 2840 (57 árboles), AVA Canal Nacional (51), Alto Polanco (13), Pleamares 55 (12), Callejón Abasolo (12), Hospital Ángeles Polanco (5) y una agencia automotriz (18). Se registraron además 358 árboles saneados en un proyecto y remociones puntuales, como la de un árbol muerto en la Universidad Rosario Castellanos.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) hasta julio de 2025, se han registrado 2,546 denuncias ciudadanas por afectaciones al arbolado urbano y 6,065 por daños a áreas verdes. Las alcaldías con mayor número de denuncias son Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició 34 carpetas de investigación por tala ilegal en Magdalena Contreras, Tláhuac y Venustiano Carranza entre diciembre de 2018 y febrero de 2023. En Cuauhtémoc se reportaron 207 personas puestas a disposición por delitos vinculados a tala ilegal.

Desde 2016, la Ciudad de México carece de inventario actualizado del arbolado urbano, que en ese año se estimaba en aproximadamente 3.5 millones de ejemplares. SEDEMA indica que las alcaldías son responsables del censo local del arbolado, lo que también ha generado una gestión fragmentada. El último conteo general fue en 2010, elaborado por el Instituto de Geografía de la UNAM. En 2023, el Congreso local exhortó a las alcaldías a remitir sus diagnósticos y censos arbóreos, sin que hasta la fecha se haya publicado un consolidado general.

La Secretaría del Medio Ambiente supervisa áreas de valor ambiental y vialidades principales, mientras las alcaldías gestionan parques, plazas y calles secundarias.

Organización vecinal frente a la tala de árboles

Ximena relata que la defensa de los árboles de en Eje 8 Sur y Patricio Sanz, comenzó con un ambiente de confusión: “Había mucha desorganización dentro del chat. Sin embargo, empezó a crecer la comunicación, empezó a haber descontento. Mencioné que el uso de suelo del predio es habitacional, no es comercial, y de ahí empezó a crecer todo”.

Esa preocupación colectiva fue tomando forma: “Afortunadamente, ese viernes —un día antes de la clausura— se determinó que íbamos a realizar un pliego petitorio que se leería en la clausura simbólica del sábado.

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Para las y los vecinos, las redes sociales han sido una herramienta fundamental tanto para la organización interna como para la visibilización pública del conflicto. Una vecina lo explica así: “Creo que ha funcionado muy bien, digo, con sus reservas, la comunicación mediante WhatsApp, pero también el impacto que han tenido las redes sociales”.

Frente a talas o podas injustificadas, la respuesta ha sido organizarse, tomar evidencia, subirla a redes sociales y hacer alianzas con otras luchas como las del pueblo de Xoco y el proyecto inmobiliario Mítikah, las luchas en Tlalpan o el árbol Laureano.

En el caso del complejo inmobiliario Mítikah, pese a las solicitudes ciudadanas para conocer detalles sobre la tala de árboles y sanciones aplicadas, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) clasificó esta información como reservada por encontrarse en litigio por tres años o hasta una resolución definitiva.

Álvaro Rosales, representante del pueblo de Xoco, señala que, aunque SEDEMA reconoció la remoción oficial de 58 árboles, fueron “más de 100”, ya que muchos fueron retirados con raíz, lo que impidió su contabilización. Denunció que la calle fue despojada de su arbolado para convertirse en un “lobby” del complejo, perdiéndose ejemplares de más de 200 años.

“Primero actuamos, luego ellos reaccionan”

Gabriela Ortega, integrante de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) en la colonia Villa de Cortés, forma parte de una red de vecinas que han asumido la defensa del arbolado como una estrategia de supervivencia ante el abandono institucional. “La defensa del arbolado ha sido una respuesta de supervivencia, no de planeación”, sentencia, en alusión directa a la falta de acción de las autoridades locales y ambientales.

Desde hace más de una década, Gabriela y otras vecinas han realizado acciones directas para cuidar camellones, glorietas y banquetas arborizadas. Empezaron recuperando espacios públicos tomados por automóviles y plantando árboles en glorietas sin autorización oficial. “Primero actuamos, luego ellos reaccionan. Y luego se adjudican que Benito Juárez es un buen lugar para vivir, cuando son los vecinos que resisten los que mantienen las colonias en el mejor estado posible”, denuncia.

Aunque los marcos normativos contemplan procesos como el Aviso de Poda o las inspecciones de la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial), Ortega considera que estos “fueron diseñados para la simulación, no para la participación efectiva”. Señala que la mayoría de las talas se realizan “sin dictamen técnico o con justificaciones falsas”. Para las vecinas, lograr frenar la tala muchas veces implica confrontar directamente a cuadrillas de poda o empresas privadas. “He llegado tarde muchas veces, para poder salvarlos”, confiesa.

La COPACO, que en papel tiene voz en decisiones comunitarias, en la práctica es minimizada por las autoridades. “Tenemos voz, pero no voto. Y muchas veces, ni siquiera eso”. Pese a esta limitación, el trabajo vecinal ha logrado frenar —al menos temporalmente— obras que pretendían remover árboles o modificar espacios públicos sin consulta previa. “Documentar, exigir dictámenes, convocar a la prensa o cerrar calles. Eso sí funciona”, afirma.

Gabriela fue parte del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México en 2019, donde propuso una iniciativa ecofeminista que exigía a las alcaldías garantizar al menos 9.2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, como lo recomienda la OMS. “No como sugerencia, sino como obligación legal”, aclara. La propuesta fue archivada sin discusión.

Su evaluación de los programas institucionales como Reto Verde es clara: “Es propaganda. Puro conteo de árboles sin mantenimiento. Plantaron miles donde no hay agua, los dejaron morir”. Considera que el nuevo Plan Ambiental 2025–2030 “dice muchas palabras bonitas”, pero no detiene los proyectos que destruyen calles o talan árboles con permisos discrecionales.

Reto Verde es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), con el objetivo de “revegetar la capital, aumentar los espacios públicos con naturaleza y reducir los efectos del cambio climático”.

Sobre los conflictos entre desarrollo urbano y conservación del arbolado, señala: “El patrón es clarísimo: primero se tala, luego se construye. O bien, vecinos que abren cocheras falsas para evitar estacionamiento y luego talan árboles”. En colonias como Del Valle, Portales y Narvarte, ha documentado la sustitución sistemática de árboles por concreto: “Los árboles están en medio de la guerra inmobiliaria”.

Gabriela sostiene que esta situación es producto de una “lógica institucionalizada de corrupción”. Asegura que los permisos de tala se otorgan sin consulta, se maquillan cifras, y que incluso exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente ahora trabajan para constructoras. “Es un negocio redondo”, dice, y añade: “La información pública está manipulada. Los censos de árboles están desactualizados y los reportes ambientales se ocultan o minimizan”.

Pese a los obstáculos, Gabriela insiste en que la organización barrial funciona. “Nosotras aprendimos solas. No somos ONG ni partido. Solo somos vecinas que amamos nuestros árboles”. Para ella, la defensa del arbolado es también una forma de cuidar la salud mental, la calidad del aire y el derecho al espacio público. “Un árbol viejo no se reemplaza con uno nuevo. Y la violencia ambiental se traduce en violencia cotidiana”, concluye.