En Mérida, los árboles son talados para dar paso a la construcción de casas, oficinas, calles, plazas comerciales o bodegas. En medio de este proceso, solo 26 tienen derecho a ser protegidos.
La ceiba es considerada un árbol sagrado por la cultura maya y en esta capital del estado hace una década aún era común encontrar una en cada esquina. No obstante, conforme el paso del tiempo se ha vuelto más difícil hallar espacios verdes dentro de la mancha urbana, pese a que una ley estatal manda a que, al menos, el 30 % de los fraccionamientos conserven dicha vegetación.
El palacio municipal de Mérida está ubicado frente a la plaza principal de la ciudad, de donde fueron retirados 40 árboles endémicos en 2024, para dar paso a la remodelación de la zona, con una inversión de 120 millones de pesos y con la promesa de sembrar otros ejemplares.
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Una medida derivada de estrategias de conservación del Ayuntamiento es la declaratoria de protección de 26 árboles por sus características específicas, mencionó Raúl Fernando Escalante Aguilar, director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento. Por ejemplo: miden más de 15 metros y tienen más de 50 años de antigüedad.
“Se trata de árboles que tienen muchos años, y aunque a su alrededor gira el crecimiento de los fraccionamientos aún se conservan, además de que son un banco de germoplasma gigantesco (parte de las plantas que puede generar una nueva)”, describió.
Para su cuidado, las autoridades municipales realizan programas de educación ambiental en las comunidades donde están los árboles elegidos para que las personas que ahí habitan los cuiden y los rieguen de ser necesario.
Mientras tanto, cada mes, en diversos puntos de la ciudad, hay una nueva construcción. El funcionario municipal reconoció que elegir 26 ejemplares entre miles que necesitan protección no es suficiente, por eso el trabajo principal se hace con las empresas constructoras.
“Hemos tenido reuniones con varios desarrolladores y les pedimos que lleguen a su meta del 20 % de conservación de vegetación, sobre todo, porque en la ciudad tenemos zonas con mayores temperaturas por la falta de árboles. Nosotros para dar permisos de construcción municipal pedimos el 20 % a cada proyecto”, expuso Escalante.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) clasifica como desarrollos inmobiliarios proyectos a gran escala que pueden ser categorizados de tipo vertical, horizontal, industrial, comercial, corporativos, residencia y mixtos.
A pesar de que la Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán en su artículo 16 señala que en cada nuevo desarrollo deberá preservar un mínimo de 30 % para áreas verdes urbanas, el Ayuntamiento de Mérida solo exige el 20 % a cada proyecto de forma individual. Expertos indican que las empresas constructoras no respetan ninguna de ambas.
La doctora María Elena Torres Pérez, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), es testigo de que el crecimiento urbano se basa en la deforestación constante: un área con vegetación se convierte de un día para otro en concreto total.
“Se trata de construcción de viviendas, nuevas calles y poca o nula área verde queda. En los fraccionamientos se observa que en las casas cuando mucho dejan un cuadro con césped, pero de ahí no hay más vegetación. Entonces, en realidad, en cada fraccionamiento se deja un área del 90 % no permeable y nos dejan un escaso 10 % de áreas permeables que no necesariamente es área verde. En Mérida se tiene deforestación masiva”, indicó.
Lo que atribuye la investigadora es posible sustentarlo mediante registros que hace el Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal en la península de Yucatán (SICAMFOR), los cuales indican que para el 2016 la cobertura forestal de Mérida era de 41 mil 750 hectáreas y para 2023 esta cifra se redujo a 38 mil 816 hectáreas. Así, en siete años disminuyó en un 7.03% la vegetación en la ciudad.
De acuerdo con el informe de Greenpeace “Reverdecer las ciudades. Los espacios urbanos y su impacto en la salud y el bienestar”, la regla 3-30-300 para la silvicultura urbana, elaborada a partir de propuestas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), propone que toda la ciudadanía vea al menos tres árboles desde su casa, que las empresas desarrolladoras proporcionen un 30 % de cubierta vegetal o de copas de árboles en cada barrio y una distancia de 300 metros entre las viviendas y el área verde más próxima.
“Celebramos que haya estas 26 joyas botánicas, pero me parece que es muy poco. Además, en 2012 había un catálogo del Patrimonio Natural, Maya y Cultural del municipio y en ese entonces había 100 árboles en la lista, pero seguro muchos de ellos ya no están”, refirió la doctora María Elena.
Los árboles de Mérida han ido desapareciendo por la deforestación que causó la construcción de 300 desarrollos, mismos que la vicepresidenta ejecutiva de la AMPI, Claudia Pérez Aguilar, confirmó que están activos, es decir, casas, departamentos, oficinas o bodegas actualmente ocupadas, en venta o renta.
En agosto de 2023 había 203 proyectos recién construidos y en sólo un año se sumaron otros 100 más, de acuerdo con un registro de la AMPI.
Además de las construcciones de tipo residencial, el sector industrial actualmente se expande en la ciudad, sobre todo en la zona metropolitana que colinda con los municipios de Umán y Kanasín, a 30 minutos y 20 minutos de Mérida, respectivamente, sostuvo Pérez Aguilar.
“Hay leyes que indican el porcentaje que se tiene que ceder en una construcción, pero lo ideal es que ya no se tenga que acatar a lo mínimo, sino que debemos ir hacia una ciudad más sustentable y sostenible. Tenemos que maximizar los espacios verdes porque por la falta de árboles está el tema del calor. A mayor construcción, menos árboles”, recalcó.
La deforestación conlleva que mamíferos, aves, reptiles, anfibios y otro tipo de fauna pierdan su hábitat. Tal es el caso de una lagartija o iguana (Cachryx defensor, conocida como ‘chop’ en maya), que está en riesgo debido al desarrollo inmobiliario.
Se trata de una especie endémica de la región que, de continuar los desarrollos como hasta ahora, se extinguirá, comentó Luis Fernando Díaz Gamboa, integrante de la Red para la Conservación de Anfibios y Reptiles de Yucatán.
“Pierde su hábitat porque ella habita en los troncos de los árboles y ahí se guardan”, explicó.
Estos animales desplazados de su hogar no tienen a dónde ir y se vuelven blanco de las personas que habitan en los fraccionamientos.
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Durante 2023 y 2024 se registraron temperaturas mayores a los 40 grados centígrados (ºC) en Mérida. Especialistas advirtieron que hay un alto riesgo de experimentar mucho más calor en los próximos años debido al ritmo de desmonte que existe.
El doctor Gerardo Carrillo Niquete, del área de Investigación asociado a proyectos de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), investiga el aumento de temperatura en zonas como Mérida y los municipios de Umán, Kanasín, Ucú, Conkal y Progreso. Compara imágenes satelitales para distinguir las zonas en las que se pierde de forma acelerada la cobertura vegetal.
“Hemos encontrado que entre 2007 y 2012 ocurrió la mayor deforestación de la zona metropolitana de Mérida y tiene bastante coincidencia con el desarrollo de zonas habitacionales y comerciales”, comentó.
Durante sus indagaciones hace pruebas y mide con un termómetro qué temperatura había en un terreno con follaje forestal y otro sólo de concreto: la diferencia es de 16ºC. Con sus observaciones comprueba que cuando se deforesta una zona se da paso a una ‘isla de calor’.
Su compañera, la doctora Celene Espadas Manrique, técnica de investigación de la Unidad, explicó que algo recurrente es que en estacionamientos de plazas comerciales o en las zonas de camellones de fraccionamientos sólo se colocan palmeras que, por muy bonitas que lucen, en realidad aportan mínima sombra y contribuyen poco a mitigar los efectos de las altas temperaturas del pavimento o cemento.
“Lo ideal sería sembrar plantas y árboles que sean adaptadas al clima de la zona y debemos tener presente que la vegetación es nuestra principal aliada para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Tampoco perdamos de vista el papel que la vegetación tiene en el ciclo del agua”, señaló.
Este artículo fue originalmente publicado en Causa Natura Media
En 2024, el 51 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se produjeron en el Sahel, según el Índice Global del Terrorismo.
La región africana del Sahel se ha convertido en el “epicentro del terrorismo mundial” y, por primera vez, es responsable de “más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo”.
Así lo expone el Índice Global de Terrorismo (GTI), que en su informe más reciente señala que, en 2024, “el 51% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo” se produjeron en el Sahel, es decir, 3.885 de un total mundial de 7.555.
El informe del GTI añade que, si bien la cifra mundial ha disminuido desde un máximo de 11.000 en 2015, la cifra correspondiente al Sahel se ha multiplicado casi por diez desde 2019, ya que los grupos extremistas e insurgentes “siguen desplazando su objetivo” hacia la región.
El índice lo publica el Instituto para la Economía y la Paz, un think tank dedicado a investigar la paz y los conflictos mundiales.
Define el terrorismo como la “amenaza o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por parte de un actor no estatal para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coacción o la intimidación”.
Situado justo al sur del desierto del Sahara, el Sahel se extiende desde la costa occidental de África hacia el este, a lo largo de todo el continente. La definición de la GTI de la región incluye partes de 10 países: Burkina Faso, Mali, Níger, Camerún, Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Chad y Mauritania.
El Sahel tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, y casi dos tercios de la población tiene menos de 25 años.
A diferencia de Occidente, donde “el terrorismo de actor solitario va en aumento”, el Sahel ha sido testigo de la rápida expansión de grupos yihadistas militantes, según el informe.
La mayoría de los atentados fueron perpetrados por dos organizaciones: la filial del grupo Estado Islámico en el Sahel y Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM, por sus siglas en inglés, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), una rama de al Qaeda.
“Intentan introducir nuevos ordenamientos jurídicos”, explica Niagalé Bagayoko, presidente de la Red Africana del Sector de la Seguridad. “Intentan administrar sobre todo justicia basándose en la sharia”.
Y en el proceso, dice, “compiten entre sí” por la tierra y la influencia.
El Estado Islámico del Sahel habría duplicado el territorio que controla en Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, principalmente en el este del país, cerca de las fronteras con Burkina Faso y Níger, al tiempo que el JNIM ha seguido ampliando su alcance, según un grupo de expertos de la ONU sobre Mali.
El informe del GTI señala que ambos grupos han reclutado más combatientes, entre ellos niños soldados en el caso del EI.
“En algunos casos, la gente suele estar en una situación en la que no tienen elección cuando deciden unirse a un grupo militante”, afirma Beverly Ochieng, analista especializada en África francófona de Control Risks, una consultora de riesgos geopolíticos. “Son comunidades muy vulnerables”.
El informe del GTI explica cómo la inestabilidad política y la precariedad del gobierno están creando las condiciones ideales para que proliferen los grupos insurgentes, y señala la guerra como “el principal motor del terrorismo”.
A veces se hace referencia al Sahel como el “cinturón golpista” de África.
Desde 2020 se han producido seis golpes de Estado con éxito en la región: dos en Mali, dos en Burkina Faso, uno en Guinea y uno en Níger. Todos estos países están ahora gobernados por juntas militares.
“El Sahel ha experimentado un desmoronamiento de la sociedad civil”, apunta Folahanmi Aina, experto en la región de la Universidad SOAS de Londres.
“Ha sido el resultado de años de abandono por parte de los líderes políticos, que no han priorizado la gestión pública centrada en las personas, lo que ha agravado los problemas locales y ha dado lugar a que los grupos terroristas traten de aprovecharse de ellos”.
Se ha tenido la impresión de que los gobiernos civiles eran incapaces de combatir las amenazas a la seguridad de los grupos insurgentes, “pero a pesar de que estas juntas han asumido el poder, no han mejorado necesariamente la percepción sobre el terreno y, de hecho, la inseguridad ha empeorado”, sostiene Aina.
“Las juntas no están profesionalmente preparadas para hacer frente al rigor de la gestión pública”.
De hecho, en 2024, Burkina Faso “seguía siendo el país más afectado por el terrorismo por segundo año consecutivo”, según la GTI.
En los 14 años transcurridos desde el inicio del informe, es el único país que encabeza la lista que no es Irak o Afganistán.
Los grupos yihadistas sostienen sus operaciones en el Sahel con diversas actividades económicas ilícitas, como el secuestro para exigir rescates y el robo de ganado, según el informe del GTI.
El Sahel se ha convertido también en una ruta clave para los narcotraficantes que llevan cocaína de Sudamérica a Europa, y el informe señala que “el narcotráfico representa una de las actividades ilícitas más lucrativas vinculadas al terrorismo en el Sahel”.
Sin embargo, señala que algunos grupos evitan participar directamente en el crimen organizado y prefieren “ganar dinero imponiendo impuestos o proporcionando seguridad y protección a cambio de un pago”.
“Este modelo no sólo genera ingresos, sino que también ayuda a estos grupos a integrarse en las comunidades locales, reforzando su influencia”, prosigue el informe.
Los grupos insurgentes también compiten por el control de los ricos recursos naturales del Sahel.
Níger es el séptimo productor mundial de uranio, y las minas de oro no reguladas y de tipo artesanal que se encuentran por toda la región suelen ser aprovechadas por grupos como Estado Islámico en el Sahel y JNIM.
Tras la reciente oleada de golpes de Estado, los gobiernos del Sahel se han alejado de sus aliados occidentales, como Francia y Estados Unidos, y se han acercado a China y Rusia en busca de apoyo para hacer frente a los militantes.
“En estos momentos, Rusia está asumiendo un control más firme sobre los paramilitares rusos de la región, conocidos como Africa Corps (antes Wagner)”, explica Ochieng.
“Su labor es entrenar y apoyar a los ejércitos locales para que puedan contrarrestar la insurgencia en la región, pero hasta ahora no han sido eficaces”.
En consecuencia, el informe del GTI advierte del riesgo de que el llamado “epicentro del terror” se extienda a los países vecinos.
En Togo se registraron 10 atentados y 52 muertes en 2024, el mayor número desde que se empezó a elaborar el índice. Estos atentados se concentraron principalmente a lo largo de la frontera del país con Burkina Faso.
Ochieng coincide con esta valoración y afirma que “la expansión de grupos militantes dentro de la región en países como Benín o Togo u otros estados costeros de África Occidental parece inminente”.
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