Para entender mejor
El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) no retira la candidatura a 26 aspirantes a la elección judicial, los cuales han sido señalados por tener presuntos nexos criminales, presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).
“El INE no ha resuelto, ya resolverá, y se resuelve rechazarlos. Tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral, yo no veo mayor problema. Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral”, afirmó Fernández Noroña.
En entrevista con medios, retó al órgano electoral a que le diga dónde se encuentra la atribución legal de que el Senado tenga facultades para poder desechar dichas candidaturas.
“Yo reto al INE a que nos diga dónde está esa atribución legal en la Constitución. Yo no creo que tengamos esa atribución (…) es una interpretación. Yo no creo que tengamos esa atribución”, afirmó.
Dijo que han recorrido el camino legal que es la presentación de dichas impugnaciones por lo que consideró que, si el Tribunal Electoral tampoco resuelve, “nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer”.
“Asunto resuelto, la elección va a salir, una extraordinaria elección. Además, el pueblo está muy atento al proceso. Yo creo que va a decidir muy bien con su voto”, comentó Fernández Noroña.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, secundó a Fernández Noroña y dijo que mientras no exista una resolución oficial por parte del órgano electoral, no pueden hablar sobre casos particulares.
“Nosotros esperaremos a la determinación, en todo caso y lo que he platicado con el presidente Noroña, lo único que nosotros podemos referir es en todo caso qué acción jurídica se toma y nada más, porque decir algo más allá de ello implicaría no adecuarnos a lo que establece la Constitución y la ley, que podría implicar pronunciarnos sobre alguien en particular”, precisó.
En conferencia de prensa, el legislador morenista indicó que habrá una ruta legal a seguir, la cual la plateará junto a Fernández Noroña.
“Lo único que nosotros podemos referir es en todo caso qué acción jurídica se toma y nada más”, añadió.
El pasado domingo, legisladores impugnaron 26 candidaturas a la elección judicial porque “no gozan con buena reputación” y están vinculados a investigaciones penales vigentes.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló el legislador Gutiérrez Luna.
Un ejemplo es el candidato Ángel Antonio Villegas, quien busca ser juez de Distrito del Poder Judicial, y fue presuntamente imputado por el delito de amenazas y lesiones.
Por su parte, el INE dio a conocer que dará un plazo de tres días para defenderse a los aspirantes a jueces, ministros y magistrados que participan en la elección judicial que sean denunciados por posibles irregularidades.
En un comunicado, el organismo hizo un llamado a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil a aportar información sobre posibles incumplimientos constitucionales de aspirantes, como el “8 de 8 contra la violencia”.
Explicó que una vez recibida, el Instituto, a través de un grupo interdisciplinario, realizará una revisión de la información y en caso de que existan irregularidades, notificarán a la persona candidata, quien tendrá tres días para su defensa.
“En el micrositio, la ciudadanía y las OSC podrán conocer y llenar el formulario, adjuntando la información que considere necesaria para allegar a la autoridad electoral elementos para el análisis del caso de aquellas personas candidatas a juzgadoras que podrían encontrase en alguno de los 10 supuestos”, dice el comunicado.
El 23 de abril, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que tanto los comités de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fueron quienes evaluaron a los aspirantes y eligieron sus candidaturas, y no el instituto.
Aseguró que la reforma establece los requisitos a cumplir y que ya se llevó a cabo una revisión a través de los comités de evaluación.
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“No. A ver, aquí tendremos que hacer más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma. La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los tres comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral”, mencionó.
Aseguró que una vez terminada la votación y definidos los resultados, se deberá dar parte al Senado y al Tribunal Electoral, para que sean quienes resuelvan en caso de encontrarse algún requisito no cubierto de legibilidad.
“Entiendo que el presidente del Senado deberá de estar de acuerdo porque está en la reforma, que le toca al Senado de la República ser receptor de alguna situación que se presentará una vez concluida la jornada, los cómputos y que tengamos los resultados”, añadió.
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