La organización internacional ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) registró 540 incidentes de violencia contra actores políticos entre septiembre de 2023 y junio de 2024, 330 de los cuales ocurrieron en el periodo de campaña (marzo a junio).
Estos datos, contrario a lo que afirma el gobierno federal, confirman que el proceso electoral 2023-2024 fue el más violento de la historia, con más agresiones, asesinatos e incidentes que los de 2018 y 2021.
“El nivel de violencia durante esta campaña electoral marca un máximo histórico que eclipsa la violencia registrada en las elecciones generales de 2018 y las federales de 2021, que tuvieron 254 y 257 eventos, respectivamente”, señala el informe presentado ayer por ACLED.
En dicho informe, los especialistas Sandra Pellegrini y Tiziano Breda detallan que, de los 330 incidentes violentos registrados en campaña, 216 fueron eventos contra candidatos, seguidores o familiares, y al menos 95 incidentes provocaron una o más muertes.
Los autores del informe “Cinco conclusiones clave de las elecciones 2024 en México” enumeran así sus principales hallazgos:
“Aunque la competencia entre grupos del crimen organizado impulsa gran parte de la violencia política, al menos el 30% de los incidentes incluyeron disturbios y destrucción de propiedades, lo que sugiere que las luchas de poder locales y los reclamos comunitarios de irregularidades durante el proceso, o el rechazo de los resultados, también pueden desencadenar violencia contra figuras políticas”, añade.
Los datos de ACLED coinciden con los del proyecto Votar entre balas, de las organizaciones Data Cívica y México Evalúa, con colaboración de Animal Político, en el que también se concluye que éste fue un proceso electoral más violento que los de 2018 y 2021.
Datos del monitoreo de Data Cívica indican que 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas fueron atacadas presuntamente por grupos del crimen organizado entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024. De éstas, 34 fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas tangibles (en mantas, videos, u otras que provocaron la renuncia a la candidatura), 10 personas candidatas fueron secuestradas, y en 14 ataques armados la persona candidata sobrevivió, pero alguien más murió.
“Además de los asesinatos, es importante visibilizar otros ataques por parte del crimen organizado a candidatos y a otros actores políticos durante el proceso electoral”, explicó Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar entre Balas de Data Cívica.
Los datos también coinciden en general con los registros de Animal Político, que contabilizó 35 asesinatos de aspirantes, precandidatos y candidatos entre octubre de 2023 y el 2 de junio de 2024, a los que habría que sumar el de Salvador Villalba, alcalde electo de Copala, Guerrero, por el partido local México Avanza, quien fue asesinado el pasado 16 de junio.
Estas cifras superan los homicidios de aspirantes y candidatos registrados por el Instituto Nacional Electoral en 2018 (29 casos) y 2021 (31 casos).
Sin embargo, hace una semana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que el registro oficial es de 12 asesinatos de personas que ya estaba registradas legalmente como candidatas. Una cifra menor a los 15 casos que la misma funcionaria había reconocido el 3 de abril, luego del homicidio de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato.
Durante la presentación del informe de ACLED, las especialistas coincidieron en que el asesinato de personas candidatas es sólo una de las facetas -la más extrema- de la violencia político criminal en los procesos electorales.
Data Cívica, por ejemplo, ha registrado desde 2018 siete tipos distintos de ataques a personas involucradas en el proceso político, que van desde aspirantes y candidatas, hasta funcionarios en funciones, dirigentes partidistas, funcionarios electos y en funciones, policías y familiares de estos actores políticos.
Las amenazas, las agresiones, los secuestros son otras formas en las que se intimida a las diferentes personas involucradas en los procesos electorales.
Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad de México Evalúa, comentó ayer que los números recientemente compartidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difieren de los reportados por Votar entre Balas, porque el gobierno federal omite el periodo de precampaña y los meses previos, y sólo se enfoca en asesinatos de candidatos.
Y coincidió en que los asesinatos son sólo una de las formas en las que el crimen organizado usa la violencia para influir en las elecciones.
De acuerdo con un análisis estadístico de México Evalúa, enfocado en la reducción de participación electoral de los municipios con mayor concentración de violencia político-criminal, por cada ataque contra autoridades a nivel municipal, la participación se redujo, en promedio, en dos puntos porcentuales en la elección local en la jornada electoral de junio de 2024.
“Para tener un balance completo de la violencia en la elección de 2024, debe tomarse en cuenta el período de precampaña. Además, debe considerarse que no sólo las personas candidatas fueron afectadas, también una amplia variedad de actores, como funcionarios, activistas de campaña y familiares”, añadió Sandra Ley.