Keren: libertad pospuesta
“Tenemos mucha esperanza de que la sentencia sea absolutoria, no hay nada en mi contra, yo no cometí ningún delito, pero también sé que el sistema es muy injusto; estoy en un estado en donde la mayoría de sentencias son condenatorias aunque no haya pruebas, pero tengo esperanza, tengo una hija que me espera…”.
Esto dijo Keren Selsy Ordoñez a Animal Político, entrevistada desde la cárcel de Tlaxcala, unos días antes de que se dictara nueva sentencia en su caso. Lamentablemente, la esperanza de Keren fue defraudada de nuevo: en su contra se emitió una sentencia injusta que la condena a 50 años de prisión por un delito que no cometió.
Después de nueve años de un proceso plagado de irregularidades y dilaciones injustificadas, el juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del Juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, optó por validar las pruebas ilícitas obtenidas mediante tortura y condenó a Keren como responsable de un secuestro probablemente cometido por su expareja y otro cinco hombres que hoy se encuentran en libertad sin ser investigados, confirmando que en México la justicia se ceba contra las mujeres y protege los hombres.
La sentencia contra Keren es una muestra de las falencias de la justicia mexicana. Evidencia a fiscales y policías estatales que torturan para fabricar pruebas con el propósito de subir sus estadísticas de acusaciones, y a jueces locales que aún hoy ignoran lo que es juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, el caso acredita que es ahí en el ámbito local y no en la justicia federal donde están los principales problemas del Poder Judicial; de hecho, este injusto caso sólo pudo ser reabierto gracias a un juicio federal de amparo.
El juez que sentenció a Keren incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para condenar a una joven mujer inocente, a pesar de que la evidencia muestra que ella no participó en el delito, pues se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención, dado que acababa de ser mamá: unos días antes se la había practicado una cesárea para el nacimiento de su pequeña hija; estaba en etapa de puerperio y lactancia. Peor aún: las autoridades tlaxcaltecas le arrebataron a su bebé de menos de 30 días de nacida, a quien durante más de nueve horas mantuvieron absurdamente en “calidad de detenida” y alejaron luego de su madre por varias semanas, siendo esta retención ilegal utilizada para coaccionar a Keren, obligándola a emitir una declaración autoincriminatoria.
Pese a este fallo aberrante, la esperanza de Keren resiste y subsiste. En los próximos días, la defensa de Keren, a cargo del Centro Prodh, apelará esta sentencia, esperando que en segunda instancia se revierta esta gravosa condena. El Poder Judicial de Tlaxcala, encabezado por la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses, todavía puede mostrar que hay justicia para las mujeres y que la afortunada circunstancia de que el estado cuente con gobernadora, procuradora (fiscal) y magistrada presidenta puede realmente significar algo para las mujeres injustamente presas.
El caso de Keren no es aislado. En todo el país, hay casos de mujeres que deben ser revisados con urgencia, como el de Florencia Jovita Herrera y tantos otras. Esta premura se vuelve más acuciante si además de las violaciones a debido proceso, se consideran las condiciones penitenciarias que enfrentan las mujeres, en prisiones donde el Estado mexicano no garantiza condiciones mínimas de salud física y emocional. La crisis de suicidios de mujeres en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 de Morelos, visibilizada y documentada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), es una muestra de esta indolencia, como hace unos días se acreditó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este 25 de noviembre conmemoraremos de nuevo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mientras se nos distrae de lo esencial con una costosa y peligrosa reforma judicial que bajo la vaporosa promesa de democratizar la judicatura deja de lado del verdadero y profundo problema de acceso a la justicia, estamos obligados a regresar a los básicos y seguir llamando la atención sobre estos casos que –como el de Keren, el de Jovita, el de las mujeres del CEFERESO 16 y tantas otras más– muestran los problemas reales de la justicia mexicana.
La libertad de Keren no ha sido perdida de modo irremediable: ha sido pospuesta por un penoso fallo, limitado en su entendimiento del derecho y de la perspectiva de género. La pequeña hija de Keren seguirá esperando a reunirse con su mamá y no podrá estar con ella esta Navidad, pero ella y toda su familia siguen abrazando la esperanza de que finalmente triunfe la justicia. En ese empeño, ni ella ni Jovita ni las mujeres del CEFERESO 16 están solas.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
“Una crisis de gestión”
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
Resiliencia en medio del caos
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Impacto más allá del bolsillo
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
Estrés en el tráfico
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
“Volver al siglo 18”
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Voz de aliento
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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