El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos
“Creí que iba a haber muertes”. Así describe Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), aquel jueves 29 de septiembre de 2022, en el que más de 400 mujeres privadas de la libertad sufrieron una fuerte intoxicación dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16, mejor conocido entre las reclusas como “el cementerio de las vivas”.
“Esa cosa parecía de verdad, perdón, pero parecía película de zombies. Las chavas iban en grupos de dos, tres, cuatro, abrazándose unas a otras para ayudarse a caminar, con fiebre”, relata el ex funcionario, quien presenció aquella escena, en la que el 75% de la población penitenciaria del penal presentó también un fuerte cuadro de diarrea aguda, acompañada de dolor abdominal, escalofríos y vómito.
La intoxicación ocurrió apenas dos días después de que el gobierno federal decidió trasladar, sin previo aviso y de manera irregular, a un grupo de mujeres que estaban en diversos centros penitenciarios estatales de Sonora para llevarlas al “CPS Femenil de Morelos”, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.
Pero este traslado no fue un caso aislado, forma parte de una estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que, bajo el pretexto de seguir el principio de “austeridad republicana”, busca llenar las ocho cárceles privadas que hay en el país y que acumulan observaciones por violaciones graves a derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El turbio negocio de las prisiones privadas en México, creado en la administración del expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, y fuertemente criticado por el presidente López Obrador, sigue vigente hoy en día.
El día del traslado
La mañana del lunes 26 de septiembre de 2022, Karla, Jazmín, Flor, Carina, Diana, Fernanda y Ana —nombres ficticios para cuidar las identidades de las víctimas—, entre otras mujeres, se encontraban trabajando dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, cuando unas custodias les informaron que las llevarían a una “revisión médica”.
La orden, según les dijeron, provino de Ramón Colorado, director del Cereso desde septiembre del 2015, quien ya las esperaba afuera del pabellón del penal rodeado de “personas uniformadas”.
En ese momento, las mujeres se dieron cuenta de que la “revisión médica” era una mentira, pues las empezaron a subir a un camión sin darles a conocer a dónde las trasladarían, ni mucho menos la oportunidad de hablarle a algún familiar o abogado para informar que serían cambiadas de centro penitenciario.
“No le dieron chanza ni de agarrar sus medicamentos que tiene que tomar a sus horas para tener controlado el diabetes”, relató meses después un familiar de Flor, una de las mujeres trasladadas arbitrariamente, quien a través de una carta dirigida al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió ayuda del mandatario, sin recibir ninguna respuesta.
Otras familias que también mandaron sus testimonios al gobernador informaron que el primer traslado de sus familiares se realizó a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, trayecto durante el cual las mujeres sufrieron maltratos por parte de los uniformados.
“Solo por pedir agua y comida las golpearon. En el transcurso del viaje las cincharon de sus manos, no les permitieron ir al baño por 24 horas: fue brutal el maltrato tanto físico como psicológico”, escribió un familiar de una mujer llamada Karla, otra de las trasladadas. Al menos en tres testimonios se relata que las esposas que les colocaron iban tan ajustadas que les provocaron “sangrado en las muñecas”.
Al llegar a Hermosillo, las mujeres privadas de la libertad fueron reunidas con más mujeres provenientes del Cereso 1 de la capital del estado y de Nogales, Sonora. A partir de ahí, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de llevarlas al aeropuerto donde tomaron destino hacia Morelos.
“Pasaron días para saber dónde las habían trasladado porque las aislaron sin derecho alguno, solas, como si fueran presas de alto riesgo”, denunciaron familiares de Flor, la mujer con diabetes, quien incluso asegura que estuvo más de siete días sin atención médica, justo en medio de una de las peores crisis sanitarias por las que atravesó el penal: la intoxicación de tres cuartas partes de la población penitenciaria del penal femenil de Morelos.
Datos recabados por la organización CEA Justicia Social, que ha documentado graves violaciones a derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, señalan que de enero a julio de este año la administración de López Obrador trasladó a más de dos mil 846 personas privadas de su libertad, mismas que se suman a las 8 mil 740 personas que fueron trasladas de 2019 a 2022, según datos del propio gobierno.
“A ese lugar tan lejos que se la llevaron nunca podré ir a verla”
A 70 kilómetros de distancia de Cuernavaca, Morelos, en el municipio de Coatlán del Río, se levanta en medio de un terreno inhóspito el gran complejo penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, mejor conocido como “CPS Femenil Morelos”.
De no ser por los cuatro guardias de seguridad que resguardan la entrada y por trabajadores del estado que hacen reparaciones en la carretera, el lugar parecería sólo un cúmulo de edificios grises rodeados por una malla ciclónica con alambre de púas. Un lugar totalmente deshabitado.
Afuera, un camión de la Guardia Nacional y militares vestidos de verde detrás de una barricada resguardan la zona. A unos metros de distancia, un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos duerme dentro de una camioneta blanca que tiene el logo de la institución. El reloj marca la una de la tarde de un viernes de agosto.
Habitantes de Michapa, una localidad cercana al penal, aseguran que llegar a este lugar no es difícil. Desde Cuernavaca, un camión puede llevarlos por 80 pesos, pero el único hotel que tiene la zona ofrece habitaciones cuyo costo más económico varía entre 500 y 600 pesos la noche, mismos que no siempre son costeables por las familias de las reclusas, menos si se trasladan desde otro estado, pues el costo aproximado, según familiares, es de 9 mil a 15 mil pesos por viaje.
Testimonios de las familias de las mujeres trasladadas al Cefereso 16, a los que tuvo acceso Animal Político, así lo demuestran: “No es justo para todos nosotros no poderla ver porque tendríamos que vender lo poco que tenemos para recabar el dinero para un viaje”.
“No es lo mismo hablar con ella (por teléfono) 10 minutos a la semana que verla 3 horas 2 veces a la semana”. “Le pido por favor que me regresen a mi hermana […] la situación económica no me permite visitarla”.
De acuerdo con el exsecretario técnico contra la tortura, Salvador Leyva, una situación similar ocurre en el caso de los penales federales para hombres, pero en el caso del Cefereso 16 de Morelos, el único penal federal construido solo para mujeres, se ha implementado “un sistema de opresión que lo que busca es despersonalizar a estas mujeres”.
“A las mujeres las tienen aisladas, sin visitas, un abandono de más del 95% de familiares y de círculos sociales o círculos de apoyo por la distancia, por el costo que implica trasladarse hasta el penal, porque las familias tienen que decidir entre darles de comer a sus hijos o hijas o visitarlas, entonces las tienen sin actividad, las tienen sin contacto con el exterior, las tienen en confinamiento, la mayoría de ellas pasan 23 horas en la celda, más o menos, entre 22 y 23 sin hacer ninguna actividad. Eso te destruye como persona”, asegura.
En este caso, las implicaciones de separar a las personas privadas de la libertad de sus círculos familiares y sociales se hizo evidente dos días después de que llegaran al penal, pues las mujeres no solo fueron maltratadas durante su traslado y por las guardias después de arribar a lugar por “ser las nuevas”, sino que además sufrieron en carne propia lo que implica que un penal de tal magnitud no cuente siquiera con la capacidad para atenderlas ante una emergencia médica colectiva.
El día de la intoxicación
El 29 de septiembre de 2022, varias mujeres dentro del Cefereso 16 se acercaron al personal del penal para señalarles que se encontraban enfermas del estómago, con dolor en todo el cuerpo y fiebre. Acusaron que la comida había sido la causa de sus malestares, por lo que solicitaron atención médica urgente, pero las autoridades del penal les negaron el servicio. Ni siquiera había médicos en el lugar.
Entre las personas afectadas se encontraba una mujer trasladada desde el Cereso 1 de Hermosillo. Así lo señaló uno de sus familiares en una de las cartas enviadas al gobernador Durazo: “cuando mi hermana llegó al Cefereso 16 se enfermó, tenía mucho dolor de estómago y cabeza, y dice que no la miró ningún doctor hasta que pasó una semana y ella seguía igual. Después le hicieron un estudio y salió que tenía una bacteria en el estómago”.
Mientras esto ocurría adentro del penal, más de 20 defensoras y defensores públicos del IFDP se disponían a entrar al lugar cuando bajó el director jurídico del reclusorio para decirles a los funcionarios que no tenía sentido que entraran, pues aseguró que habían algunas mujeres que “se sentían mal” y por la misma razón “no iban a salir de sus estancias”.
La Secretaría Técnica estaba esa mañana ahí porque, mientras el gobierno ponía en marcha su estrategia para “depurar” los centros penitenciarios estatales del país, el IFDP presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un caso colectivo para defender a 22 mujeres privadas de libertad en el Cefereso 16 con problemas de salud graves o no atendidos y que llevaban entre 4 y 12 años encerradas bajo la figura de prisión preventiva.
El recurso fue admitido y de resultar positivo se convertirá en el primer caso contra México de mujeres privadas de libertad resuelto por la ONU.
Derivado de esa comunicación, defensoras y defensores federales acudieron, junto con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, a hacer una visita inicial a esas y otras mujeres que tenían peticiones, ya sea ante las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tal fue el caso de Juana Hilda y Brenda Quevedo, mujeres implicadas en el caso Wallace, quienes fueron víctimas de tortura. Se realizaron unas brigadas para entrevistar a todas las mujeres privadas de la libertad, no tanto en relación con sus casos, sino a su condición de vida dentro del penal.
Para hacer esas brigadas, las y los defensores públicos, entre ellos una científica forense, acudieron durante semanas al Cefereso 16, de miércoles a viernes, donde pasaron entre seis y ocho horas levantando testimonios, porque la idea era entrevistar a todas las mujeres del penal, para después hacer una ‘estrategia de litigio estructural’ en cada uno de estos rubros para defenderlas a todas.
Ya dentro del penal, el día de la intoxicación, las y los defensores públicos preguntaron a las mujeres qué habían comido. Todas respondieron que habían ingerido diferentes alimentos, pero el elemento común fue la ingesta de chicharrón. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene conocimiento sobre qué ocasionó la intoxicación. No existe una respuesta formal por parte de las autoridades.
“Durante las entrevistas, después de estar así parados haciendo las entrevistas afuera de las celdas, el personal de custodia del penal se enojó, dijo que no podíamos hacer eso, que ellas estaban fingiendo, que no tenían nada, que se estaban haciendo. Una cosa indignante”, agrega Leyva.
El pasado 31 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 59/2023 por violaciones al derecho a la alimentación, protección a la salud y al trato digno en agravio de 404 mujeres intoxicadas dentro del penal.
Si bien la Comisión acudió al lugar dos días después de la denuncia, pudo constatar que en el penal solo estaban adscritos un médico y cuatro enfermeras, aunque el día de la contingencia sanitaria “no había personal médico alguno”, sólo tres enfermeras. Además, documentó la falta de medicamentos para atender las necesidades médicas de las reclusas.
Sin embargo, hubo un elemento que hizo que las y los defensores públicos llegaran a la conclusión de que la intoxicación había sido algo intencionado: una semana atrás, los días que estaban ahí, el personal del penal le daba también comida a las defensoras y a los defensores, porque pasaban ahí toda su jornada de trabajo, sin poder salir, y siempre era la misma comida tanto para el personal del penal, las internas y la Defensoría Pública, pero el miércoles anterior a la intoxicación la comida que le dieron al personal de la Defensoría fue distinta a la del personal del penal y de las presas.
El primer día, al terminar de recabar todos los testimonios, un defensor público presentó una demanda de amparo por la intoxicación en contra de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la directora del penal, María de los Ángeles García Martínez.
La demanda fue por omisiones en la atención médica, porque a pesar de la crisis no había personal suficiente para brindar la atención médica dentro del penal. De acuerdo con los litigantes, eso, a su vez, constituyó un trato inhumano respecto a la manera en la que las autoridades manejaron la crisis sanitaria.
Salvador recuerda que saliendo de un módulo pasó un camión con mujeres que estaban regresando del área médica. Entre ellas estaban Verónica Raso —mujer torturada y detenida desde hace más de 10 años sin recibir una sentencia firme—, Brenda Quevedo y María Higinia Estrosa —una señora de más 65 años que lleva en prisión preventiva desde hace más de 10 años—. Curiosamente eran solo mujeres que estaban dentro de la petición a la CEDAW o que tenían algún caso a nivel internacional.
Reportes oficiales refieren que solo cinco de las 404 mujeres fueron atendidas en el servicio hospitalario.
“(En el caso de Brenda), comentamos que les habían dado un Ibuprofeno y un suero. Esa había sido la solución del penal: otorgar sueros, Ibuprofenos, selectivamente a sólo algunas de las mujeres que estaban intoxicadas, muchas de ellas con diarrea”, dice.
Más tarde, la jueza Quinta de Distrito en Morelos mandó personal del juzgado para que revisaran la situación del penal, pero las autoridades de la cárcel les negaron el acceso, lo que constituye un delito conforme a la Ley General en Materia de Tortura que indica que es ilegal negar injustificadamente el acceso a cualquier área donde se pudieran estar cometiendo actos de tortura o tratos crueles e inhumanos.
Una vez que lograron ingresar al penal, más de 300 mujeres ratificaron la demanda e incluso algunas de ellas escribieron en los documentos qué es lo que tenían y el personal del juzgado anotó que fue lo que vio. Lo anterior fue crucial, porque en los días siguientes el personal penitenciario -de acuerdo con Leyva- se dedicó a “coaccionar” a las mujeres para que se desistieran de esta demanda, logrando que algunas de ellas lo hicieran e incluso que dijeran que todo había sido una mentira.
Dentro de la demanda de amparo, el IFDP también señaló a la empresa privada encargada del Cefereso 16, Grupo Inbursa, un caso que lleva ya medio año en juzgados sin ninguna sentencia.
“Esta privatización o semi-privatización de cárceles termina convirtiendo las cárceles en un negocio donde todos ganan excepto las internas o los internos porque los servicios son mínimos, se vuelven especies de centros de trabajo forzado”, dice.
Gasto de reclusorios privados, equivalente a “un hotel de cinco estrellas”
El 13 de enero de 2021, casi dos años antes de la intoxicación en el Cefereso 16 de Morelos, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se presentó en Palacio Nacional para informar que, por instrucción presidencial, tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia revisaron los ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país, entre ellas el Cefereso 16.
“Decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12 mil 284 total (de personas privadas de la libertad) en estos ocho centros privados de todo el país, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados”, dijo.
Quien dio la orden de revisar esos contratos que calificó de “leoninos” fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que estos resultaron “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública”, mismos que firmados en la administración de expresidente Felipe Calderón entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares para la construcción y operación del mismo número de penales.
Ahí, por primera vez, la Secretaría de Seguridad tomó la palabra para hablar sobre el Cefereso 16 y ponerlo de ejemplo como uno de esos contratos con irregularidades, en el que estaban albergadas 899 personas privadas de su libertad, 32% de sus capacidad hasta ese día, y que según sus cálculos implicaban un costo de dos millones 308 mil pesos por persona al año; es decir, 192 mil pesos al mes, seis mil 411 pesos al día.
Tres meses y nueve días después, la funcionaria se presentó nuevamente en Palacio Nacional, pero esta vez para festejar que se habían conseguido diversas modificaciones a los ocho contratos celebrados con particulares que culminaron en ahorros por 41 mil 496 millones de pesos.
“El trato (antes de las modificaciones) representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, dijo.
Salvador Leyva considera que el dicho de la secretaria se trató de un comentario “muy reactivo” que lo único que buscaba era conseguir un discurso entre “buenos y malos”, pero que es falso.
Datos sobre el CPS 16 Femenil de Morelos obtenidos por la organización CEA Justicia señalan que hasta agosto de 2022 había un total de mil 138 mujeres, de las cuales 539 eran procesadas (109 del fuero común y 430 del fuero federal) y 599 eran sentenciadas (394 del fuero común y 205 del fuero federal).
Es decir, el 47% de las mujeres privadas de libertad en el Cefereso de Morelos no tienen una sentencia: 150 de 1 a 2 años; 98 de 3 a 5 años; 69 de 6 a 8 años y 222 entre 9 y 11 años.
El Cefereso 16 tiene una capacidad para 2,528 mujeres. En junio de 2018 el número de mujeres privadas de libertad fue 995, sin embargo, en marzo de 2023, el número de internas pasó a 1,217, es decir, 222 más.
La organización señala que hasta diciembre del año 2021 hubo una reducción considerable de mujeres, ese año se registraron 777 internas. El incremento en el número de mujeres en el Cefereso 16 ocurrió durante el 2022 y 2023, se trató de un aumento del 44% en 15 meses.
Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2023 refieren que el número de mujeres trasladadas al CPS Femenil Morelos en el año 2022 fue de 517 (449 por delitos del fuero común y 68 por delitos del fuero federal). Estos traslados, a su vez, representan el 11% del total de los 4,555 traslados que se llevaron a cabo a Centros Federales en el año 2022.
Cabe mencionar que, en términos generales, el 55% del total de los traslados fueron a Centros Federales de Reclusión Penitenciaria con administración privada y el restante 45% fueron trasladadas a Centros Federales con administración pública.
“Son cosas inhumanas”
Durante las brigadas que realizó el personal del IFDP dentro del penal, las y los defensores públicos incluyeron una batería de preguntas que tenían que ver, más allá de los casos particulares de las mujeres, sobre la calidad del agua, los alimentos, cuando fue la última atención médica general que habían recibido, cuando fue la última atención médica especializada, la última vez que lo hicieron un papanicolaou, si tenían también deficiencias o quejas respecto al servicio de asistencia legal de la propia Defensoría y si tenían alguna petición particular.
En esas visitas, la Defensoría Pública también identificó cuestiones “sistemáticas” de violaciones graves a derechos humanos dentro de este penal, pero una de las situaciones “más graves” fue la identificación de una práctica de tortura que el exsecretario técnico nombró como “el caso de Laura”.
En agosto pasado, Salvador Leyva publicó un artículo titulado “El Cementerio de las vivas: Mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO No. 16”, en el que describió que durante una de estas visitas, el 24 de septiembre de 2022, mujeres comentaron al personal del IFDP que es común que las funcionarias penitenciarias sometan a las personas “revoltosas” o “indisciplinadas” a una práctica conocida como “cuatro puntos”, que consiste en colocar a la mujer en una cama del área médica esposada de manos y pies por días.
Además, según los testimonios que recabó el personal del IFDP durante estas brigadas, la única opción laboral que existe -y es limitada en el cupo- es la conocida como ‘industria’ -que hace referencia a la industria textil-, donde las mujeres trabajan aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde por alrededor de 250 pesos. El dinero no lo pueden cobrar y se les “abonan” en una especie de puntos en un lugar al que llaman “tienda”.
“Una tienda donde además, un garrafón de agua te puede costar 80 pesos, donde si es que hay una pechuga de pollo te cuesta 120 pesos. Es decir, los precios están inflados a más del triple de lo que cuestan fuera”, explica.
Otro de los problemas dentro del penal es que algunas de las reclusas ni siquiera tienen acceso a luz solar, están encerradas 24 horas. Apenas tienen un patio pequeño por el que pasa un poco de luz, pero no la que el estándar internacional dice que es la saludable, lo que se suma al hecho de que existe un tema grave de falta de atención psiquiátrica, entre muchas otras problemáticas.
“El modelo de los Ceferesos y en particular los CPS no deberían existir, no han sido la respuesta, son violatorios en sí de Derechos Humanos, empezando por la distancia de donde están las personas, porque no hay criterios claros ni lógicos de por qué se manda a las personas ahí. Entonces lo que termina siendo es eso: un negocio turbio que viola los derechos humanos de las mujeres”, concluye Salvador Leyva.
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En el Caribe colombiano hay un pueblo atravesado por la migración que, lejos de sumirse en una crisis, capitaliza el fenómeno.
Los migrantes lo llaman “el paquete” porque por US$350 pagan alojamiento, comida, transporte en lancha y un guía hasta las puertas del Tapón del Darién, la difícil selva que atravesarán a pie camino de Estados Unidos.
El venezolano José Gutiérrez lo compró y parece satisfecho.
“Todo está muy bien organizado. El guía nos recogió en la terminal de buses, nos buscó dónde dormir, comer y abastecernos”, dice este migrante joven y vigoroso, listo para emprender la travesía.
Gutiérrez aguarda sobre las 10 de la mañana junto a uno de los dos muelles de Necoclí, un remoto pueblo del norte de Colombia ubicado a pocos kilómetros del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.
Hoy el mar está bravo, así que aún no sabe si zarpará la lancha que lo llevará al otro lado del Golfo de Urabá para adentrarse en la tupida selva entre Colombia y Panamá, en la que cada año mueren decenas de personas.
Solo en 2024 murieron al menos 55, según estiman autoridades panameñas. Se teme que muchos otros desaparecen en el intento.
Por ubicación, servicios e infraestructuras, Necoclí se ha convertido en un paradero donde cada año cientos de miles de migrantes recuperan fuerzas y fondos antes de reemprender su odisea.
Uno podría pensar que este fenómeno mantiene en crisis a esta población de alrededor de 70.000 habitantes.
Pero desde que en 2019 aumentó el flujo de personas hacia el Darién, el poblado prosperó, no sin retos, con la industria de la migración.
Se disparó la oferta hotelera y de restaurantes, aparecieron decenas de tiendas que surten al migrante, se ampliaron y construyeron nuevas casas, se multiplicaron las motos y los viajes en bote. La economía se dinamizó.
“Aquí en Necoclí hay absolutamente de todo”, me explica Gutiérrez.
Cuando el mar se calma, se acaba la incertidumbre para el venezolano. Más migrantes se le unen hasta superar la veintena.
Un guía da las últimas indicaciones y los abraza uno por uno. Les desea suerte. Un oficial de migración pasa lista. Los pasajeros toman asiento, poniendo a sus pies las pertenencias. El timonel enciende el motor.
La lancha zarpa, sortea las olas de la orilla y se mete mar adentro. Todo está coordinado.
La de los botes es una de las áreas que más lucro genera, de acuerdo a la secretaría de Turismo.
En Necoclí operan dos y cobran 170.000 pesos (US$38) por trayecto de ida y vuelta.
El migrante, aunque solo realice el viaje de ida, paga lo mismo.
De pueblo remoto a epicentro migratorio
Dicen en Necoclí que hasta 2019 o 2020 no llegaron migrantes en masa. Los necoclicenses vivían de cultivar banano o coco, de la pesca, del ganado y, sobre todo, de un turismo atraído por sus casi 100 kilómetros de playa.
Aparte de eso no era un municipio muy diferente a otros remotos colombianos, marcados históricamente por falta de recursos, difícil acceso, debilidad institucional y la presencia de grupos armados.
En este caso, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una organización paramilitar que en los últimos tiempos rechaza el nombre con el que más se le conoce, el Clan del Golfo, al que gobierno y expertos vinculan con economías ilícitas como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tránsito migratorio.
Todo cambió tras explotar la crisis migratoria en 2021.
“El mar entre Necoclí y el otro lado del Golfo es más tranquilo y aquí, por el turismo, ya había hoteles, restaurantes y transportadoras marítimas que nos convirtieron en un punto expedito para la migración”, me explica el secretario de Turismo del municipio, Carlos Rojas.
Algo más de 60 kilómetros de agua, alrededor de dos horas de navegación, separan Necoclí de Capurganá y Acandí, los últimos municipios colombianos antes del Darién.
Estos también, me cuentan locales, consiguen sacar rédito del flujo migratorio, aunque no de una forma tan establecida como la de Necoclí.
Se calcula que en 2019 cruzaron la selva alrededor de 22.000 personas. En 2020, con la pandemia, el número se desplomó a menos de 10.000. Un año después, superó los 130.000.
Según el gobierno panameño, un récord de más de 500.000 personas la atravesaron en 2023.
En 2024, si bien se redujo a casi la mitad, entre otros motivos por el mayor control de fronteras impuesto por el gobierno panameño, se cree que al menos 300.000 personas cruzaron el paso.
Y de acuerdo a una evaluación del secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Wachter Espitia, la mayoría pasó antes por allí.
Cuando los flujos se dispararon, el pueblo apenas dio abasto. Colapsó.
Decenas de miles de migrantes quedaron varados. Muchos acamparon en las playas. Algunos se quedaron años.
Según se apaciguó la crisis, en Necoclí hicieron números.
“Aprendimos que, si bien la migración es un fenómeno que no estábamos preparados para asumir, se podía recibir con cierta positividad: generó buenas divisas e ingresos para muchas familias y comercios del municipio”, cuenta Rojas, quien además de su cargo institucional también es empresario turístico.
Boom hotelero
Los martillazos y soldaduras son constantes en Necoclí.
Son decenas las nuevas construcciones y renovaciones que uno se encuentra por las calles.
Muchas de estas obras, me cuentan locales, serán nuevos hoteles y hostales para atender la demanda de migrantes y turistas.
Miriam Valdelamar me abre las puertas de su casa, convertida en hostal.
“En 2020, debido a la cantidad de personas que tuvimos en Necoclí, desocupé esta casa de cuatro habitaciones. Pusimos tres a rentar y toda la familia nos metimos aquí, en la pieza grande”, cuenta mientras me enseña las instalaciones, que cobra a 35.000 pesos la noche (US$8).
La hostalera defiende que su hostal, a menor precio que la media, se enfoca en albergar a los migrantes con más necesidades económicas, como las mujeres con niños y las personas con discapacidades.
Rojas, el secretario de Turismo, también tiene un hotel donde renta habitaciones a migrantes cuando se disparan los flujos.
Estos son intermitentes. Dependen de coyunturas como las crisis que en los últimos años se vive en países como Ecuador, Venezuela, Cuba o Haití, provocando un éxodo de sus nacionales que no para.
Pero cada vez más también llegan desde Asia y África.
“Antes del fenómeno migratorio, teníamos unos 86 alojamientos. Hoy hay más de 240 documentados. Si contamos los informales, tenemos una oferta de entre 300 y 320 alojamientos”, le dice Rojas a BBC Mundo.
Hay hospedajes para todo bolsillo: tipo boutique de 350.000 pesos (US$68,40) por noche, 3 o 4 estrellas de 150.000 pesos (US$34), ecohoteles y hostales por menos de 80.000 pesos (US$18).
Eso también muestra cómo el pueblo consigue hacer convivir sus rentas principales: migración y turismo.
Por lo general, los asiáticos, provenientes de países como China, Vietnam, Bangladesh o India, pagan por los alojamientos más equipados.
Haitianos o venezolanos, con menos recursos, se hospedan en los más humildes.
Si no les alcanza, acampan en la playa, como la venezolana Marisela Bellorín, que duerme en una tienda con su esposo e hijos desde hace semanas.
“Los precios de Necoclí no son para todos”, me dice mientras actualiza a su familia en Venezuela por videollamada sobre cómo transcurre la travesía.
En su caso, espera continuar su camino lo antes posible.
No todos lo logran. BBC Mundo conoció a un venezolano que lleva más de un año en Necoclí intentando reunir el dinero necesario para la siguiente fase.
Valdelamar me explica que con lo que ganó en su hostal, ahorró e invirtió en nuevas habitaciones en su patio trasero, en las que puede alojar hasta a 20 personas.
Si tiene las camas llenas, gana US$160 en una sola noche- en Colombia el salario mínimo equivale a US$390 mensuales en febrero de 2025.
Ahora está haciéndole un segundo piso a la casa.
Quiere más cuartos, pero le preocupa no recuperar lo invertido con la ralentización migratoria.
“Estamos preocupados porque ya no hay tantos como hace un año, pero confiamos en que por otro lado aumente el turismo”.
Turismo vs migración
Aunque la migración dinamiza la economía municipal, la secretaría de Gobernación de Necoclí asegura que la masiva llegada de migrantes dañó el turismo, la fuente de ingresos tradicional de los necoclicenses.
“Si bien lo que consume el migrante contribuye a que se mueva la economía, el hecho de que haya algunos quedándose en la playa porque no tienen recursos suficientes afecta de alguna forma al turista”, le dice a BBC Mundo Wachter Espitia, el secretario de Gobernación.
Es común que aquellos en el pueblo que no han capitalizado el fenómeno migratorio se quejen de que los medios han alimentado una “mala fama” para la llegada de turistas.
“Entendiendo la migración como un derecho y algo que nos acompañará los próximos 30 o 40 años, debemos tener la capacidad de hacer coincidir migración y turismo”, opina Wachter Espitia.
Para muchos negocios locales los límites entre turismo y migración son cada vez más borrosos. Paradójicamente, demandan casi los mismos servicios.
Pero los que sacan buenas rentas de la migración defienden que es ese, y no el turismo, el verdadero negocio.
“El turista de aquí es el migrante. Yo no distingo”, dice el cubano Léster Vidal, quien llegó hace unos años con su esposa para cruzar el Darién, pero se quedó sin recursos.
También los peligros de la selva los hicieron cambiar de plan.
“Decidimos entonces quedarnos, trabajar y reunir dinero para intentar ir por una vía más segura, quizás a España en vez de a Estados Unidos”, le cuenta a BBC Mundo.
Vidal tiene un pequeño carrito ambulante que aparca junto a uno de los muelles desde donde parten migrantes y turistas hacia el otro lado del Golfo.
Vende medicamentos, fosforeras, mascarillas, repelentes: pequeños objetos que pueden ser útiles para la travesía por la jungla.
Junto a los embarcaderos hay decenas de puestos como el suyo y en el centro del pueblo me encuentro con establecimientos que venden tiendas de campaña, botas de caucho, machetes, ollas y fogones portátiles.
“Antes del flujo migratorio uno podía ganarse un millón o millón y medio de pesos (US$336) vendiendo al turista y ya con la migración se puede ganar unos cuatro o cuatro millones y medio de pesos al mes (US$1.000)”, me cuenta Fredy Ruiz, propietario de una de esos locales.
La convivencia entre turismo y migración alcanza límites insospechados en estos bazares.
Justo al lado del de Ruiz, la trabajadora de otro comercio me dice que por el suyo recientemente pasaron unos turistas colombianos a comprar todo lo que se lleva el migrante para “vivir la experiencia de cruzar el Darién en forma de tour”.
Ruiz señala que con lo ganado dio “para mejorar la casa y comprarse una motico”. También multiplicó a sus empleados.
La desgracia y la felicidad
El contexto en que se generan sus ganancias no es ajeno a los necoclicenses.
No se le escapa que muchos de sus clientes huyen de la violencia y la precariedad, dejando vidas y familias atrás.
También saben que decenas de personas mueren cada año en la selva.
Le pregunto a varios comerciantes cómo manejan el hecho de que su negocio dependa de un drama que sufren cientos de miles.
Muestran simpatía, pero también pragmatismo. Al final, dicen, no es algo que puedan controlar.
“La felicidad de uno es la desgracia del otro. Ellos buscan su sueño americano y a nosotros nos hacen mucho por la economía”, indica Ruiz desde el mostrador de su tienda.
Los migrantes con los que pude conversar no se sienten utilizados.
Aunque algunos reclaman precios más bajos, en general agradecen que en medio de tan larga y dura ruta exista un pueblo enfocado en brindarles todos estos servicios.
Nadie habla mucho del supuesto papel del “Clan de Golfo” en la economía de la zona.
Un reporte de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia afirma que por su “control hegemónico”, el grupo interactúa con redes nacionales y transnacionales de tráfico de migrantes.
Según el estudio, el Clan realiza una tributación forzada en actividades vinculadas con la migración, contiene la violencia contra los migrantes y autoriza y restringe el uso de rutas marítimas y terrestres.
Pero ninguno de los comerciantes que entrevisté admite que eso suceda. Y el secretario de gobernación, Wachter Espitia, dice que se trata de especulaciones.
“Nosotros nos relacionamos y conversamos con las empresas, los actores regulados, y no los secundarios. Si hay rentas irregulares, eso le corresponde tratarlo a las autoridades competentes”, indica el secretario.
Los migrantes que transitan por Necoclí permanecen ajenos a estas dinámicas.
Quienes duermen en la playa por semanas o meses esperando reunir dinero parecen casi instalados en la cotidianidad.
La familia de la venezolana Marisela Bellorín aguarda cerca de una fogata donde otros migrantes cocinan.
Sus niños se recuestan sobre un bote, adormecidos, mientras bares junto a la playa recogen las sillas donde se sentaron los turistas, permitiendo que decenas de familias monten las carpas donde dormirán por un número de noches aún indeterminado.
Los necoclicenses desconocen si los migrantes a los que acogen, alimentan, abastecen y transportan cruzarán con éxito la peligrosa selva y llegarán a su destino.
Pero mientras, su paso por Necoclí engorda los bolsillos locales.
Como me dice una emprendora a pie de playa, “en Necoclí sale el sol para todos”.
Incluso para los migrantes de la playa, que desde el alba salen a ganar fondos en el pueblo que prospera bajo la peor crisis migratoria de América Latina en décadas.
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