Zaldívar también busca colocar a allegados en el Tribunal de Disciplina Judicial
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, no sólo busca colocar a personas allegadas en el máximo tribunal del país y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino también en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), mismo que vigilará y podrá sancionar a jueces, magistrados y ministros.
Se trata del magistrado Jaime Santana Turral y del juez José Artemio Zúñiga Mendoza, ambos aprobados como aspirantes para la elección del 1 de junio por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que el mismo Zaldívar presidió. Los dos fueron señalados en la investigación de presuntos actos de corrupción relacionados con Zaldívar dentro del PJF, como te contamos en esta nota.
Además de ellos, personajes ligados al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores así como cercanos a Morena también están entre los perfiles que llegarán a la boleta para pelear por un lugar en el TDJ.
Aunque se contemplaba un máximo de 45 aspirantes para conformar el nuevo Tribunal, 15 por cada Comité de Evaluación, en total sólo se confirmaron 36 candidaturas, luego de que el Poder Judicial sólo presentó ocho aspirantes –seis hombres y dos mujeres–, mientras que dos perfiles se repiten entre este y el Poder Ejecutivo.
De ellos, una veintena cuenta con experiencia en el PJF o en el Poder Judicial de alguna entidad. Ello aunque la reforma constitucional impulsada por López Obrador se planteó para renovar el Poder Judicial, y así supuestamente librarlo de corrupción.
Cercanos a AMLO y a Morena llegarán a la boleta
Uno de los perfiles que competirá en la elección del próximo 1 de junio para integrar el TDJ es Celia Maya, quien fue candidata de Morena al gobierno de Querétaro en 2021 y que llegó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2023, propuesta por López Obrador. En aquella ocasión, el presidente celebró su nombramiento por parte del Senado, pues consideró que la actual consejera es una mujer y una abogada “recta”.
Otro perfil vinculado a Morena es Juan Pedro Alcudia, quien actualmente es consejero jurídico del gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores.
También por el Poder Ejecutivo obtuvo la candidatura el defensor de derechos humanos y académico Miguel Ángel de los Santos Cruz, quien fue síndico del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con gobierno de Morena de 2018 a 2021. Tras esa experiencia buscó la candidatura para ese ayuntamiento, también por el partido guinda.
Por otro lado, el Comité del Poder Legislativo aprobó el perfil de Emanuel Montiel Flores, exfuncionario en el Tribunal Electoral de Tlaxcala y exsecretario técnico en la comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado, presidida por la senadora tlaxcalteca de Morena Ana Lilia Rivera, a cuya campaña donó recursos en 2018, según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, Montiel Flores aparece como afiliado a Morena desde 2013, y su nombre seguía en el padrón de militantes del partido en la última versión con corte a diciembre de 2023.
Excolaboradores de gobiernos de Morena también irán a la boleta
Entre los perfiles que llegarán a la boleta para el TDJ también hay cinco excolaboradores de los gobiernos de López Obrador a nivel federal, y de la CDMX cuando lo encabezaba Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, Mónica Sánchez Castillo trabajó en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Turismo encabezada por Miguel Torruco; aunque anteriormente también había colaborado en una posición similar en el Instituto Nacional de Cancerología, durante el sexenio de Vicente Fox.
También aparece Abigail Díaz de León Benard, quien trabajó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina durante el gobierno anterior.
Otra trabajadora del gobierno federal que busca llegar al Tribunal de Disciplina Judicial es Rosa María Salinas Silva, quien hasta septiembre pasado era coordinadora normativa en el IMSS, entidad donde trabaja desde 2015. Anteriormente trabajó en la extinta PGR durante el sexenio de Peña Nieto.
Además aparece Ariadna Camacho Contreras, quien fue subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX; anteriormente también colaboró con la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Mientras que Jazmín Gabriela Rivera Reyes fue titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A, Madero y Magdalena Contreras.
También llegará a la boleta Hasuba Villa Bedolla, que fue encargada de despacho del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), y fue directora general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Además, en 2016 trabajó en la Profepa.
Así como María Elisa Vera Madrigal, quien se desempeñó como directora general de Atención Inmediata de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR.
Igualmente figura Rufino León Tovar, magistrado presidente de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Anteriormente trabajó en el Gobierno de la Ciudad de México, así como en el gobierno de Hidalgo.
También con experiencia en un gobierno estatal, será candidata Indira Isabel García Pérez, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima. Anteriormente fue comisionada del Instituto de Transparencia estatal y abogada del Tribunal Electoral de Colima.
Candidatos al TDJ, con experiencia en el PJF
Del resto de los aspirantes al nuevo órgano del PJF, 13 tienen experiencia en ese poder, mientras que tres más han desarrollado su carrera en alguno de los poderes judiciales de las entidades.
Por ejemplo, Anabel Gordillo Argüello y Ma. Belén Reyes Oropeza, aprobadas por el Poder Legislativo, y Blanca Alicia Ochoa Hernández por el Ejecutivo, son juezas de distrito en el PJF.
Mientras que Gildardo Galinzoga Esparza, Jorge Antonio Cruz Ramos, Jorge Isaac Lagunes Leano y Juvenal Carbajal Diaz Masculino, todos aprobados por el Poder Ejecutivo, son magistrados en Tribunales de Circuito.
También serán candidatos María Isabel Rojas Letechipia, actual secretaria en un tribunal federal en Nuevo León; Luis Miguel Ceja González, secretario en un tribunal federal en Baja California Sur; y Octavio Ávila Martínez, quien es integrante de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia del CJF. Además, trabajó en distintas dependencias gubernamentales como la extinta PGR, la Semarnat y la Secretaría de Energía.
Del mismo modo, estarán en la boleta J. Guadalupe Jiménez López, quien se desempeña como asesor jurídico en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y Juan Carlos Salazar Soberanis, actuario en un juzgado de la CDMX.
Además, buscará ser magistrada del TDJ Martha Beatriz Pinedo Corrales, quien fue titular del Centro de Documentación de la Suprema Corte y coordinadora administrativa en la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán.
Con trayectoria en los poderes judiciales locales, participarán Jorge Alfredo Clemente Pérez, docente y quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chiapas. Así como Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, magistrada del Tribunal Superior de Veracruz; y Fany Lorena Jimenez Aguirre, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco y quien fue jueza en el Poder Judicial de esa entidad.
Por otro lado, con experiencia en la academia, competirá el abogado Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, académico de la UNAM, que anteriormente trabajó en el sector aéreo, en la empresa Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Dirección General de Aeronáutica Civil y el órgano Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). Además, desempeñó diversos cargos en el CJF y la SCJN.
Mientras que Adolfo Franco Guevara también fue académico en la Universidad Anáhuac y trabajó como asesor legislativo en el Congreso de Querétaro. Además, fue representante suplente del PAN ante el Instituto Electoral de esa entidad en 2011.
Finalmente, las abogadas Verónica Patricia Gómez Schulz, Liliana Hernández Hernández y Yolanda Otero García han desarrollado sus trayectorias principalmente en la iniciativa privada, en despachos jurídicos. Otero García además fue académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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La medida se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurara que quiere comprar Groenlandia, una isla autónoma con amplia autonomía pero que forma parte de Dinamarca.
Dinamarca ha anunciado que destinará 14.600 millones de coronas (US$2.050 millones) a reforzar la seguridad en la región ártica, en colaboración con sus territorios autónomos, Groenlandia y las Islas Feroe.
El acuerdo, con el que buscan “mejorar las capacidades de vigilancia y mantener la soberanía en la región”, incluye tres nuevos buques para el Ártico, más drones de largo alcance con capacidad avanzada de adquisición de imágenes y una mayor cobertura por satélite.
“Debemos afrontar el hecho de que existen serios desafíos en materia de seguridad y defensa en el Ártico y el Atlántico Norte”, declaró el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen.
La medida llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho en repetidas ocasiones que quiere adquirir Groenlandia, una isla que goza de amplia autonomía pero que sigue formando parte de Dinamarca.
Trump ha dicho que no puede descartar el uso de la fuerza militar o económica para perseguir su deseo de apoderarse del territorio.
La tensión desatada por la ambición expansionista de Trump sobre la isla llegó a su momento álgido la semana pasada en una explosiva llamada telefónica que mantuvo con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Ambos mandatarios conversaron durante unos 45 minutos, en los que Frederiksen dejó claro que Groenlandia no estaba en venta, aunque ofreció una mayor cooperación en defensa y en la explotación de los recursos naturales de la isla.
A pesar de ello, Trump estuvo “agresivo” y “confrontacional”, y la charla acabó mal, según dijeron funcionarios europeos que fueron informados de la conversación al Financial Times.
“(Trump) fue muy firme. Fue una ducha fría. Antes era difícil tomárselo en serio. Pero creo que es grave y potencialmente muy peligroso”, dijo uno de ellos al diario británico. Otro calificó la conversación de “horrorosa”.
Frederiksen ha pedido desde entonces a sus socios europeos que no inflamen más los ánimos, pero ha iniciado una gira por las capitales europeas para recabar apoyos.
Groenlandia, el territorio menos poblado del mundo, tiene unos 56.000 habitantes, en su mayoría indígenas inuit.
Estados Unidos mantiene desde hace tiempo un vínculo de seguridad con Groenlandia. Después de que la Alemania nazi ocupara Dinamarca continental durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invadió Groenlandia y estableció estaciones militares y de radio en todo el territorio. Desde entonces ha mantenido su presencia en la región.
Groenlandia se encuentra en la ruta más corta entre Norteamérica y Europa, lo que le confiere una importancia estratégica para Estados Unidos.
En los últimos años, ha aumentado el interés por los recursos naturales de Groenlandia, incluida la extracción de minerales de tierras raras, uranio y hierro.
“Groenlandia está entrando en una época de amenazas cambiantes”, declaró Vivian Motzfeldt, ministra de Independencia y Asuntos Exteriores de Groenlandia, en un comunicado en el que anunciaba el nuevo gasto en defensa.
“Me complace que con este acuerdo parcial hayamos dado el primer paso para reforzar la seguridad en Groenlandia y sus alrededores”.
Se espera que en el primer semestre de este año se anuncien nuevos fondos.
La nueva inversión se produce después de que Dinamarca anunciara por separado en diciembre que iba a destinar casi US$1.500 millones a la defensa de Groenlandia, incluida la compra de nuevos buques, aviones no tripulados de largo alcance y equipos adicionales de trineos tirados por perros.
Poulsen describió el momento del anuncio como una “ironía del destino”, justo después de que Trump dijera que la propiedad y el control de Groenlandia eran una “necesidad absoluta” para Estados Unidos.
El primer ministro de Groenlandia ha dicho que el territorio no está en venta, añadiendo que «Groenlandia pertenece al pueblo de Groenlandia».
Por su parte, la primera ministra danesa ha dicho a Trump que corresponde a Groenlandia decidir su propio futuro.
Trump ha redoblado sus intenciones desde entonces, a pesar de las advertencias de los países europeos de que no amenace a Groenlandia.
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