Las empresas Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI) y High Tech Services, relacionadas con Xóchitl Gálvez, recibieron en conjunto al menos cuatro contratos de entidades de gobierno, por un monto de al menos 5.8 millones de pesos, tras procesos en los que participaron ambas, lo que representa simulación de competencia.

Ello debido a que tienen representantes y funcionarios en común, entre ellos la hija de la candidata presidencial de oposición, Diana Vega Gálvez.

Ambas empresas guardan relación con la candidata a la Presidencia de Fuerza y Corazón por México. Pues la primera fue creada junto con su esposo, Rubén Sánchez Manzo, quien se mantiene como socio mayoritario junto con su hija, Diana Vega Gálvez, a quien cedió sus acciones en 2011, según afirmó Gálvez en febrero pasado.

Mientras que la segunda la fundó la propia exsenadora; pero al comenzar su actividad como funcionaria en Miguel Hidalgo en 2015, cedió la administración a su hija. Lo anterior, según consta en el Registro Público de la Propiedad (RPC).

Según el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contratos con empresas que tengan vínculos entre sí por algún asociado y se presenten a un mismo proceso de contratación.

En el caso de High Tech Services y OMEI, Diana Vega Gálvez aparece según documentos consultados en el Registro Público de Comercio, como apoderada legal de ambas empresas.

El pasado martes, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, cuestionó la legalidad de los contratos que recibieron las empresas y mostró tres casos en que participaron ambas empresas en procesos de contratación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

“Es en 2017 al Senasica, es una invitación restringida a cuando menos tres personas. Pero, resulta que hubo dos empresas participantes, nada más, Omei y High Tech Services. Es decir, la candidata del PRI compitiendo contra ella misma, si sus dos empresas compitiendo entre ellas y, ¿quien creen que ganó? Pues ella misma”, comentó el líder morenista.

El Sabueso verificó dichos procesos y corroboró que en dos, las únicas empresas participantes fueron las relacionadas con Gálvez. Mientras que en un tercero, también se invitó a la empresa Kodo Consulting Services, que al final decidió no presentar una oferta, según consta en la convocatoria del contrato IA-006A20001-E39-2017 con el INEE.

El Sabueso consultó con especialistas en materia de combate a la corrupción que explicaron que en las invitaciones restringidas, no hay impedimento para la participación de sólo dos licitantes, como ocurrió en los dos procesos que ganó OMEI.

Además, El Sabueso identificó que un contrato con el INAI, por un monto de entre 1.4 y 3.5 millones de pesos, que se concedió por adjudicación directa a OMEI derivó de una licitación que se declaró desierta en la que participó también High Tech Services.

En la autorización para la adjudicación AA-006HHE001-E151-2018 del expediente OA/C015/17 por el servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos del INAI, se observa que en una licitación previa participaron ambas empresas relacionadas con Gálvez y que representaba Diana Vega Gálvez.

Según Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en casos como estos, tanto los participantes de las licitaciones como el Órgano Interno de Control (OIC) de las entidades contratantes tuvieron que estar atentos al procedimiento y detectar este tipo de irregularidades.

“La responsabilidad es del licitante pero también del Órgano, que es independiente del contratante. En las actas del procedimiento, el OIC pudo pronunciarse sobre el tema”, señaló a consulta de El Sabueso.

Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) coincidió en que la principal responsabilidad de detectar estas situaciones recae en la entidad contratante.

Además, explicó que en todo el país es común que se presenten escenarios de falta de competencia y simulación para las compras de gobierno.

“En ocasiones lo que hacen las empresas es ponerse de acuerdo para simular una licitación, pero hay un acuerdo secreto o escondido para repartirse de alguna forma por así decirlo el objeto contractual y que pueda beneficiarse. Aunque se haga la licitación y participen dos o tres empresas, al final no hay una competencia y el efecto negativo es para la institución contratante”, comentó.

Y acotó que en caso de reportarse alguna irregularidad, se tiene que investigar la responsabilidad para definir si hubo alguna acción intencional como ocultamiento de información por parte de las empresas, para no identificar la relación entre ellas.

En una revisión de los proveedores sancionados, El Sabueso no encontró referencia ni a estos procedimientos ni a alguna de las empresas, así como tampoco que se haya señalado responsabilidad de funcionarios públicos por estas contrataciones.

Morena prometió el martes en la misma conferencia que presentaría las denuncias correspondientes; sin embargo, hasta este momento, las denuncias siguen pendientes, según confirmó el equipo de Mario Delgado.

El Sabueso también consultó al equipo de Xóchitl Gálvez para saber si hay alguna precisión en relación con estos procesos, y se mantiene en espera de una respuesta.