Para entender mejor
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó la orden ejecutiva para designar a cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que no sólo tendría consecuencias en temas de seguridad, sino también en posibles bloqueos financieros contra organizaciones o personas, según advierten especialistas.
En la orden no se menciona a un grupo criminal mexicano en específico, aunque se acusa que “en ciertas partes de México”, los cárteles “funcionan como entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad”, y que sus actividades, “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense”.
En los próximos 14 días, según la orden ejecutiva de Trump, su Secretario de Estado tomará las medidas “para hacer una recomendación con respecto a la designación de cualquier cártel u otra organización” que Estados Unidos considere una amenaza.
Del lado mexicano, el anuncio de estas acciones desde la campaña electoral del republicano han despertado alertas sobre una posible intervención de fuerzas armadas estadounidenses, en contra de la soberanía. La presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que se colaboraría con Estados Unidos para mejorar la seguridad, pero sin sumisión. Cuestionado sobre si la orden para designar a los cárteles podría significar el envío de tropas, Trump simplemente mencionó que “podría pasar, cosas extrañas pueden pasar”.
Para entender mejor: “Devolveremos a millones”: deportaciones masivas y declarar terroristas a los cárteles, las primeras acciones de Trump en EU
Especialistas consultados por El Sabueso aún consideraron poco probable que la declaratoria implique ataques directos contra ciertos grupos criminales en México, aunque sí observan que puede ser una medida de presión para renegociar puntos del T-MEC, exigir mayores acciones de las propias autoridades mexicanas contra cárteles y para frenar la migración.
“Es un grave error de Trump referirse a las organizaciones criminales mexicanas asimilándolas a terrorismo porque en realidad les está dando una connotación político-ideológica que no tienen. Cualquier estudio te dice que el crimen organizado, la delincuencia común, se mueven por la obtención fácil de dinero a través del delito”, consideró Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional.
“Declarar a una organización como terrorista significa que está actuando en contra de los intereses de Estados Unidos. Eso le brinda la posibilidad de defender sus intereses con las herramientas que considera adecuadas”, explicó Artemisa Montes, especialista en Derecho de la Universidad LaSalle.
“Esta declaratoria abre la posibilidad de que se puedan realizar acciones encubiertas. Por ejemplo, en el caso de Bin Laden, Al-Qaeda estaba declarada como organización terrorista y se realizó con una acción encubierta”, añadió.
Diversas regulaciones de Estados Unidos definen al terrorismo como actividades violentas o que pongan en riesgo a las personas, la propiedad o la infraestructura, y que busque presionar o influir en una acción de gobierno, algo que hasta ahora no se ha reportado de parte de los cárteles. Dichas acciones deben ser “violentas, premeditadas, motivadas políticamente, y perpetradas contra objetivos no combatientes por parte de grupos subnacionales o agentes clandestinos”.
Entre las prácticas que se consideran terrorismo están el secuestro de medios de transporte, un magnicidio, la retención o amenaza contra una persona protegida internacionalmente, o contra un grupo de personas con el fin de presionar una decisión política o gubernamental, el uso de armas biológicas, nucleares o explosivas para dañar o poner en peligro a personas o la propiedad privada.
En el caso del financiamiento y apoyo al terrorismo, la ley estadounidense contempla la posibilidad de realizar diligencias para la investigación de casos fuera de su territorio si se encuentra que sus efectos o alguna etapa del delito se comete en territorio estadounidense. Algo que sucede con el tráfico de drogas.
Tanto para el presidente Trump como para representantes de su partido, los cárteles mexicanos representan un riesgo para la seguridad de su país por el tráfico masivo de drogas como el fentanilo, que ha causado cerca de 80 mil muertes anuales desde 2021, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU.
Además, los asocian con la comisión de otros delitos como el tráfico de personas y la migración irregular desde el sur de la frontera.
Incluso, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró la semana pasada en el Senado estadounidense que los cárteles tienen control sobre grandes regiones en la frontera, y consideró importante que su país pueda perseguirlos.
Del lado mexicano, funcionarios de gobierno insisten en que debe darse una colaboración entre países, pero respetando la soberanía, y con Estados Unidos también aplicando acciones para reducir el tráfico de armas y el consumo de drogas en ese país.
Pero en la orden ejecutiva firmada este lunes por Trump, se afirma que los cárteles representan una amenaza a la seguridad nacional de EU pues no sólo desestabilizan países importantes para sus intereses, sino por el flujo de drogas, criminales y pandillas a su territorio.
“Los cárteles han emprendido una campaña de violencia y terror en todo el hemisferio occidental que no sólo ha desestabilizado a países de gran importancia para nuestros intereses nacionales, sino que también ha inundado a Estados Unidos con drogas mortales, criminales violentos y pandillas viciosas”, refiere la orden.
Especialistas mencionaron que la designación como organizaciones terroristas implicaría mayor control y vigilancia sobre los movimientos financieros que pudieran estar relacionados con los cárteles.
Si bien, actualmente ya hay acciones para congelar las cuentas de personas relacionadas o sospechosas de pertenecer a los grupos criminales, la regulación contra el financiamiento de grupos terroristas es más estricta.
“Los bancos mexicanos e internacionales tendrían la obligación de confirmar que no tienen transacciones ni con esas organizaciones criminales ni terceros que utilizan a la banca mexicana o extranjera para hacer operaciones con recursos de procedencia ilícita”, comentó Gerardo Rodríguez, docente de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas de Puebla.
Esto contempla incluso bloquear las cuentas de gobiernos, como ocurrió con el congelamiento de los bienes de Venezuela en Estados Unidos en 2019.
“Un país en el que existen FTO puede quedar sujeto a medidas de suspensión de beneficios de acuerdos comerciales o la imposición de sanciones comerciales, congelamiento de activos de connacionales o empresas mexicanas en EEUU, la suspensión de relaciones interbancarias con bancos estadounidenses, a la regulación y control de remesas”, escribió en su cuenta de X el exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, el pasado 23 de diciembre.
La intención de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas no es nueva, pues al menos desde la administración de Barack Obama se ha analizado esta medida para frenar el impacto de estos grupos. Pero ahora toma más impulso, ya que las dos cámaras del Congreso estadounidense cuentan con mayoría del Partido Republicano.
Aunque el presidente Trump anunció el envío de la orden ejecutiva este mismo lunes, el proceso para hacer efectiva la declaración demoraría al menos una semana, pues requiere la aprobación del Congreso, mismo que cuenta con un plazo de siete días para avalarla.
Javier Oliva consideró que esta declaratoria es un instrumento para presionar al gobierno mexicano ante otras demandas del nuevo presidente estadounidense, como la revisión del T-MEC en 2026, la exigencia de reducir la migración a través de la frontera con México y el cese del tráfico de drogas.
Como te contamos en esta nota, desde su periodo anterior como presidente (2017-2021), Donald Trump propuso enviar militares a México para reforzar las labores de seguridad, e incluso realizar acciones contra los laboratorios de producción de drogas.
Esto aunque el marco legal mexicano no permite el ingreso de tropas extranjeras con esos fines, y hacerlo podría desatar un conflicto entre ambos países.
“En el caso mexicano, nos basamos en principios como la no injerencia de ningún país sobre el territorio mexicano, el tema de la soberanía. Entonces, difícilmente creo que lo pudiesen llegar a implementar”, consideró Raúl Flores, internacionalista y académico de la Universidad del Valle de México.
Un hotel de lujo en la capital panameña se transformó en un sitio de “custodia temporal” para 299 migrantes deportados desde EE.UU. Muchos piden auxilio por las ventanas, incluidos niños.
“Por favor, ayúdennos”, dice el mensaje escrito en un trozo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación del lujoso hotel Decápolis, en Ciudad de Panamá.
Un hotel que ofrece a sus clientes habitaciones con vistas al mar, dos exclusivos restaurantes, piscina, spa, transporte privado, pero que de pronto se transformó en un centro de “custodia temporal” que alberga a 299 migrantes deportados desde EE.UU., según informó el martes el gobierno de Panamá.
Algunos migrantes levantan los brazos y los cruzan a la altura de las muñecas como tratando de decir que se encuentran privados de libertad. Otros cuelgan pequeños carteles con mensajes como “no estamos seguros en nuestro país”.
En un día normal, los turistas podrían entrar y salir del hotel sin ningún inconveniente, pero bajo las actuales circunstancias, con miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá fuertemente armados custodiando el exterior y estrictas medidas de seguridad en el interior, el edificio parece más un improvisado búnker que un centro vacacional.
Desde la calle, se ven perchas con ropa lavada colgadas en la ventana. Una de las prendas es una camiseta amarilla de basketball con el número 24 de los Lakers, la que vestía el legendario jugador Kobe Bryant.
En otra, un grupo de adultos y tres niños levantan un brazo con el dedo pulgar metido en la palma, haciendo un gesto de auxilio internacional utilizado por quienes se sienten amenazados. En el vidrio está escrito con letras rojas la frase help us (“ayúdennos”).
Y un poco más allá, dos menores de edad con el rostro cubierto sostienen contra el vidrio unas hojas con el mensaje: “Por favor, salva a las niñas afganas”.
Estos migrantes, enviados por el gobierno de Donald Trump como parte de su política de deportación de personas indocumentadas, llegaron a Panamá en tres vuelos la semana pasada, luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino aceptara convertirse en un país “puente” para los deportados en tránsito hacia otros países.
Sin embargo, de los 299 migrantes -entre los cuales hay ciudadanos provenientes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka que viajaron en el primero de los tres vuelos-, solo 171 aceptaron regresar a sus naciones.
Los otros 128 migrantes que no desean ser enviados de regreso a su país de origen enfrentan, al menos hasta ahora, un destino incierto.
Según informaron las autoridades panameñas, este grupo será trasladado a un campamento en la provincia del Darién, que ha servido hasta el momento para recibir temporalmente a los migrantes irregulares que cruzaban la selva con destino a EE.UU.
Una mujer iraní que vive en Panamá hace años le dijo a BBC Mundo que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel Decápolis y describió que están “aterrados” por la posibilidad de que los lleven a Irán.
A través de un celular escondido, dado que no les permiten tener ningún contacto con el exterior del hotel, el migrante le contó a la mujer que hay “varios menores atrapados” allí, que les han negado tener un abogado y que no les dejan salir del cuarto ni siquiera para comer.
La mujer fue hasta el hotel para ofrecer su ayuda como traductora de farsi a español, pero le dijeron que ya tenían uno, algo que según su conversación con el migrante dentro del hotel no era cierto.
BBC Mundo se puso en contacto con el hotel Decápolis para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pero no accedieron a responder preguntas.
Después de que la historia de los deportados fuera dada a conocer el martes en la prensa, se extremaron las medidas de seguridad bajo las que permanecen los migrantes y les cortaron el acceso a internet, dijo la mujer iraní.
Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una de las migrantes relatando en farsi que fueron detenidos luego de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que les informaron que serían trasladados a Texas, pero terminaron en Panamá.
La mujer en el video insistía que sus vidas corren peligro en caso de regresar a Irán por las posibles represalias que podría tomar el gobierno de ese país.
Su intención, dice, es pedir asilo político.
Un asilo político difícil de obtener sin acceso a un abogado. Más difícil aún cuando el gobierno panameño anunció que no ha ofrecido ni ofrecerá esa protección a los deportados.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, informó este martes que los migrantes están de manera transitoria en ese país. El funcionario rechazó que los extranjeros estén en condición de detención y añadió que están bajo protección de las autoridades panameñas.
“Lo que acordamos con el gobierno de EE.UU. es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”.
Preguntado sobre la imposibilidad de salir del hotel, Ábrego respondió que se trata de una medida de prevención y añadió que su gobierno debe garantizar la seguridad y la paz de los panameños.
Y advirtió que aquellos migrantes que no desean regresar a su nación de origen, deberán elegir un tercer país.
En ese caso, relató, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) serán los responsables de su repatriación.
Panamá, dijo Ábrego, “recibió a estos señores migrantes, les dimos la acogida en un hotel de la localidad, en el hotel Decápolis, pues es el que tiene en este momento la capacidad de recibirlos”.
El jefe de la Seguridad Pública también informó que “no se espera la llegada de más migrantes” porque no se han acordado más vuelos de este tipo.
Panamá aceptó ser un país “puente” para las deportaciones después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las tensiones por las amenazas de Trump para “recuperar” la soberanía del Canal de Panamá.
Según han informado las autoridades panameñas, parte del acuerdo consiste en que Panamá facilitará la pista de aterrizaje y los albergues de las zonas urbanas de la provincia de Darién, donde está la peligrosa selva que atraviesan los migrantes rumbo a EE.UU., para que los migrantes deportados transiten hacia su destino final.
Un portavoz de la OIM le dijo a BBC Mundo que la organización está encargada de “brindar apoyo esencial” a las personas deportadas desde EE.UU.
“Estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes lo solicitan e identificando alternativas seguras para otros”, apuntó.
“Si bien no tenemos una participación directa en la detención o restricción de movimiento de personas, estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con las normas internacionales”.
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, comentó que muchos de los deportados provienen de naciones conocidas como países “recalcitrantes”; es decir, países que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU.
“Eso implica constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos”, dijo en diálogo con BBC Mundo.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto”, agregó. “Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”.
Una de las grandes preguntas en este momento se refiere a cuál será el futuro de los 128 migrantes que no desean volver a su país de origen porque temen represalias.
Esta semana se espera que llegue un vuelo con deportados desde EE.UU. a Costa Rica, otro país centroamericano que ha hecho un acuerdo con la Casa Blanca para convertirse en “puente” en el camino de los migrantes hacia un destino incierto.
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