Casi seis años después de la fecha en que debió terminarse la obra, y con toda una ‘carga’ de irregularidades, retrasos y fallas en el proyecto, se inaugurará este viernes un primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, el de Zinacantepec a Lerma. El Tren comenzará a operar incompleto, ya que solo funcionarán cuatro de siete estaciones contempladas en los 57.7 kilómetros de recorrido, con la expectativa que en marzo del 2024 ya estén listos todos los tramos.
El proyecto que pretende beneficiar a 230 mil personas al día se presentó en 2014, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. En ese entonces se dijo que estaría listo en diciembre de 2017 y con un costo estimado de 38 mil 608.9 millones de pesos, según este documento de la Auditoría Superior de la Federación.
Pero casi una década después, y luego de que instancias como la Auditoría Superior de la Federación señalaran diversas fallas en la planeación –como no consultar a los habitantes de las zonas donde pasaría la obra para prevenir protestas y juicios que suspendieron en distintos momentos la construcción-, se anticipa que la obra termine costando por lo menos 110 mil millones, es decir, un 186% más de lo proyectado.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refieren que a partir del 2020 y hasta el 2023 un 81.42 de los recursos destinados al proyecto provinieron del Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN (81.42%), y el resto del gasto lo ejecutó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Para 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé destinar a la obra 4 mil millones de pesos, incluyéndola entre los “proyectos prioritarios”.
Desde el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refirió que de acuerdo con el análisis costo-beneficio la obra dejaría de ser rentable si había un incremento superior al 50% en la proyección original.
Y aunque ya se ha rebasado ese porcentaje, por mucho, la administración de López Obrador decidió impulsar su conclusión, refiriendo que ya se había gastado demasiado.
Respecto al sobrecosto y otras irregularidades, quien era titular de la Secretaría de la Función Pública en 2019, Irma Eréndira Sandoval, dijo en ese entonces que había investigaciones abiertas, sin embargo, hasta la fecha no se conoce de funcionarios sancionados por lo ocurrido con el Tren.
La idea del proyecto de conectar al Valle de Toluca con el antiguo Distrito Federal se anunció el primero de diciembre del 2012 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y desde entonces hubo varios cambios y retrasos.
El proyecto de la construcción del Tren interurbano muestra 37 contratos que se firmaron hasta agosto del 2018, mismos que aparecen en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aunque después de esa fecha no existen contratos registrados en la actual Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En 2014 se registraron cuatro modificaciones del proyecto, que van desde ajuste presupuestal y plazos en entrega de trabajos, y liberación de derechos de vía para los tramos 1 y 2, así como la modificación para agregar cláusulas.
Mientras que en 2015, se refirieron cambios en la elaboración de ingeniería básica en tramo 1, además de una suspensión de trabajo durante 389 días naturales, debido al conflicto con los pobladores, ajuste de programa de ejecución y una ampliación adicional, así como un ajuste de gerencia de proyecto que provocó la adjudicación directa de un contrato con la empresa Senemex Ingeniería y Sistemas SA de CV.
En el último año de la administración peñista, para el tramo 4 se modificaron especificaciones técnicas así como el programa de ejecución de trabajos, lo que volvió a aplazar el tiempo de entrega.
En 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que no estaba claro el destino de mil 102 millones 29 mil 500 pesos destinados a la obra, así como fallas en la rendición de cuentas del proyecto, mala calidad en la obra y falta de liberación del derecho de vía, entre otras.
En su estudio de 2018, el IMCO refirió que los procesos de contratación para la obra habían sido desorganizados y opacos, con la SCT y Hacienda reportando no encontrar documentos como dictámenes de excepción a la licitación pública, y oficios de preinversión.
Además las irregularidades no se limitaron al sexenio peñista, pues en 2022 la ASF encontró nuevamente que la SICT no justificó presuntos pagos por más de 7 millones de pesos por trabajos de mala calidad y 2.2 millones de pesos de pagos en exceso realizados al consorcio Vise.
Habitantes de comunidades aledañas como Ocoyoacac y Acopilco han reclamado el incumplimiento de medidas de reforestación y para atender la escasez del agua, por lo que apenas en abril pasado realizaron un bloqueo.
Pagos de indemnizaciones y reestructuración de rutas también aumentaron el costo del proyecto, pues en un principio el tren estaba contemplado llegar a la estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro de Cuatro Caminos, en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el fin de conectar directamente al Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, de Toluca.
Sin embargo, habitantes se opusieron acusando los problemas ambientales que generaría.
“La SCT careció tanto de un estudio de factibilidad en el que se diagnosticaran los efectos sociales derivados de la construcción y operación del TIMT (Tren Interurbano), como de un instrumento en el que se definiera, socialmente, el problema o asunto de interés público en el que pretendió incidir con el tren”, refirió la ASF en 2018.
La Secretaría de Comunicaciones, agregó, “se limitó a definir los beneficios que tendrían los potenciales usuarios, la problemática de la movilidad de personas y del uso de transporte, pero no analizó las condiciones sociales de los habitantes de los municipios y alcaldías por los que cruzará el TIMT, contrario a lo señalado en los lineamientos”.
Trayecto completo que hará el Tren en 2024 proyectando la séptima estación de Vasco de Quiroga. Captura de pantalla: SCHP
Cientos de venezolanos regresan a su país tras desistir de llegar a EU. El trayecto más difícil y más costoso en su camino es el que hay entre Panamá y Colombia.
“Si pudiera devolver el tiempo, jamás pasaría por eso”, dice Carlos*, un migrante venezolano, refiriéndose a la ruta que hizo en lancha desde Panamá hasta Colombia.
Él es uno de los cientos de migrantes que decidieron regresar a su país a raíz de que Donald Trump eliminara las opciones que tenían para cruzar la frontera de Estados Unidos legalmente como solicitantes de asilo.
La lancha en la que iba este lunes con su esposa y sus hijos de 8 y 12 años desde Puerto Obaldía, Panamá, hasta Capurganá, Colombia, se quedó varada en mar abierto.
“Le entró agua al motor y quedamos flotando a mar abierto”, relata Carlos para BBC Mundo. “Llamaron a un lanchero para que nos fuera a rescatar, pero cuando llegó, chocó con nuestra lancha, se montó encima de nosotros y casi nos volteamos”.
El choque le abrió un hueco a la lancha, por el que se empezó a entrar el agua. Afortunadamente, otra embarcación los rescató y los llevó de vuelta a Puerto Obaldía.
Más tarde, y tras algunas reparaciones, Carlos y su familia volvieron a zarpar en la misma lancha y lograron llegar a Capurganá.
El trayecto entre Panamá y Colombia es el más complicado del viaje entre Norteamérica y Suramérica porque no hay carreteras que unan a los dos países.
La gran mayoría de los migrantes atravesaron de ida la peligrosa selva del Darién, una travesía en la cual murieron 84 personas en 2023 y 55 en 2024, según cifras del gobierno de Panamá.
Ahora, para evitar hacerlo de nuevo y por las fuertes restricciones que ha implementado Panamá al tránsito por el Darién, están cruzando por mar.
Para Carlos, lo que vivió en la lancha fue mucho peor que vivió hace seis meses en la selva. La define como una experiencia “traumática”.
“La lancha en mar abierto brinca más de un metro y cae como si estuvieran tirándote de golpe al piso. Sientes como si te estuvieran dando un golpe con un palo en la espalda, en las piernas”.
El choque no fue el único incidente que vivió en la ruta. En un momento, se quedaron sin combustible. Y en otro, el patrón perdió el control del volante y la lancha se ladeó tanto que Carlos quedó parcialmente sumergido en el agua.
Su prioridad cuando iba en la lancha, sin embargo, era mantener agarrados a sus hijos y distraerlos del miedo que sentían.
“Yo lo pienso ahorita y digo: ¿cómo pudimos exponer nuestras vidas así?”.
Según el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, más de 2.200 migrantes llegaron a ese país durante febrero en su camino de regreso hacia Venezuela.
No se sabe cuántos de ellos han salido en lanchas hacia Colombia, pero estas se han convertido en el principal medio de transporte para los migrantes que regresan.
El sábado 22 de febrero una lancha que zarpó de Cartí, en la comarca indígena Guna Yala, naufragó con 21 pasajeros —19 de ellos migrantes— en medio de la noche.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá confirmó que logró rescatar a 20 de ellos, pero una niña venezolana de 8 años falleció.
Según un experto consultado por BBC Mundo, la ruta que siguen las lanchas que transportan migrantes no es particularmente difícil.
Sin embargo, los vientos alisios, que son más intensos entre enero y abril, sí provocan mareas altas que pueden ser amenazantes para las lanchas abiertas, como aquellas en las que se trasladan los migrantes. No son embarcaciones diseñadas para trayectos tan largos.
A pesar de los riesgos, en TikTok y grupos de WhatsApp, cientos de migrantes venezolanos se alientan mutuamente a realizar el viaje y se felicitan cuando logran llegar al otro lado.
“Es una tranquilidad que no tiene precio llegar a Necoclí (Colombia)”, escribe uno de ellos. “Ni aunque me pagaran $5.000 (unos US$245) semanales, me quedaba un día más en México”, escribe otro.
Las rutas marítimas improvisadas que han usado cientos de migrantes en las últimas semanas para llegar a Colombia arrancan desde dos puntos: uno en la comarca de Guna Yala y otro en la provincia de Colón, en Panamá.
Guna Yala es una comarca indígena en el noreste del país que se extiende a lo largo de la costa Caribe desde la frontera con Colombia. Es, por ende, el lugar más cercano desde donde llegar por mar a Necoclí.
Desde que ocurrió el naufragio del 21 de febrero, sin embargo, dejaron de zarpar lanchas desde Guna Yala y se trasladó todo el transporte de migrantes a la provincia de Colón, según informan fuentes en el terreno.
Las autoridades indígenas de Guna Yala le dijeron a BBC Mundo que, desde antes del naufragio, habían advertido de que a su territorio estaban llegando decenas de migrantes en carros particulares, taxis y a pie para embarcarse en las lanchas.
“Lamentablemente, Gunayala no está en condiciones de recibir y atender a esos seres humanos en condiciones adecuadas, y nos sorprende que ni las Naciones Unidas ni el gobierno de Panamá hayan puesto recursos para un albergue, botes, carros o alimentación para atender estas personas”, decía un comunicado del Congreso General Gunayala.
Las embarcaciones desde Guna Yala zarpaban en Cartí y llegaban hasta Puerto Obaldía, un corregimiento muy cerca de la frontera con Colombia. Ese trayecto toma al menos 7 horas.
A pesar de que la instrucción expresa de las autoridades de Guna Yala es no navegar después de las 5:00 pm, la lancha que naufragó el 22 de febrero viajaba en medio de la noche.
BBC Mundo contactó con las autoridades panameñas para saber cuál ha sido su papel en el transporte de los migrantes que van de norte a sur, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, fotos que tomó la agencia de noticias AFP en Puerto Cartí el 21 de febrero mostraban a miembros de la fuerza pública panameña vigilando el muelle mientras los migrantes embarcaban.
Ese mismo día y de ese mismo lugar zarpó la embarcación que naufragó.
La otra ruta, que es por la que avanzan hacia su destino casi todos los migrantes desde que ocurrió el naufragio, arranca en Miramar, un corregimiento en la provincia de Colón.
Ahí, los migrantes abordan una primera lancha que para en Gaigirgordub, una isla en la comarca de Guna Yala, y llega hasta Puerto Obaldía. Es un viaje que toma aproximadamente unas 9 horas.
“Realmente hay que vivirlo para poder entenderlo”, le contó a BBC Mundo Rafael*, otro migrante que realizó la travesía.
“Tu vida depende depende de otra persona, a a la que no le importan tus miedos o los golpes que estás sufriendo. Ellos solo quieren llegar”.
“Había un conductor de una lancha que iba a toda mecha y tomando licor”, agregó.
Según los testimonios que recogió BBC Mundo, en Puerto Obaldía los migrantes se quedan una noche. Ahí, hay un puesto de control de las autoridades panameñas donde les revisan los documentos.
Los transportistas les dicen que la comida y el hospedaje de esa noche están incluidos en el precio que pagan, pero eso no es así, según Rafael.
“No te dan agua, ni siquiera agua dulce para que te puedas bañar”, le dijo a BBC Mundo.
Al día siguiente, otra lancha los lleva desde allí hasta Capurganá, un trayecto que toma unos 25 minutos.
En Capurganá, cambian nuevamente de lancha a otra más grande para ir hacia Necoclí o Turbo, dos municipios colombianos relativamente bien conectados desde donde los migrantes pueden continuar su camino por tierra.
Según Carlos, la lancha que lo llevó de Capurganá a Necoclí tenía capacidad para 63 personas, pero en ella iban 68.
En grupos de Whatsapp, algunos migrantes afirman que los patrones de las lanchas les habían vendido un paquete que supuestamente los llevaría hasta Necoclí pero terminaron dejándolos en Puerto Obaldía, a mitad de camino.
El paso entre Panamá y Colombia es lo más caro de todo el viaje desde México hasta Venezuela.
Las lanchas cobran aproximadamente unos US$300 por persona por llevar a los migrantes desde el Caribe panameño hasta Necoclí.
A eso se suman otros US$200 que les cuesta más o menos a cada uno llegar desde Tapachula, México, hasta Panamá, un trayecto que hacen en autobús y toma más o menos cinco días.
Reunir ese dinero en México, sobre todo para las familias con niños, es muy difícil, según los testimonios que recogió BBC Mundo.
Por ende, muchos que no tienen cómo pagar el precio de las lanchas han quedado varados en albergues en la provincia del Darién.
Es el caso de Adrianyela, una migrante que logró llegar con su hija de dos años hasta Panamá con el dinero que ganó vendiendo dulces, pidiendo en la calle y limpiando vidrios en el camino.
Como no tiene la cantidad necesaria para seguir, lleva dos semanas en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de Lajas Blancas, de donde no tiene como salir y donde la infraestructura es muy precaria.
El presidente Mulino ha dicho en varias ocasiones que está trabajando para llegar a un acuerdo con Colombia que permita que los migrantes venezolanos que se encuentran en albergues panameños, como Adrianyela, sean trasladados en vuelos humanitarios hasta Cúcuta.
Sin embargo, por el momento no se conoce ningún acuerdo binacional para que Colombia reciba a migrantes provenientes de Panamá.
BBC Mundo consultó a Migración Colombia y a la Cancillería colombiana en qué punto se encuentra esa negociación y qué medidas se están tomando ante la llegada de migrantes de regreso, pero no recibió respuesta.
A muchos de los migrantes, la alternativa que les queda es pedirles a sus familiares y amigos que les envíen dinero dinero para poder continuar su camino.
“Los familiares por nosotros hasta se endeudan con tal de vernos a nosotros bien”, decía uno de los migrantes en un grupo de Whatsapp.
“Cuando uno anda loco por irse, no le importa el costo ni de los pasajes de bus ni de las lanchas. Lo importante es llegar bien, abrazar a la familia y a los hijos”, escribía otro.
Con todo y los riesgos, subirse a una de esas lanchas es el mayor deseo de muchos migrantes en la medida en que los acercan a la posibilidad de rehacer su vida luego de meses viajando, sin poder llegar a su destino final, EE.UU.
A pesar de que la situación económica y política en Venezuela por la que decidieron migrar sigue igual, volver para muchos de los migrantes es la manera de dejar atrás meses en los que se han enfrentado a xenofobia, robos, estafas e incluso secuestros.
“Por todo lo que viví, estoy superemocionado de llegar a Venezuela”, dice Carlos.
“Los migrantes solo queremos regresar a casa y dejar atrás tantas penurias y frustraciones”, concluye Rafael.
*Los nombres fueron cambiados por petición de los migrantes.
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