Nuevos motivos para negar información pública; así operará “Transparencia para el Pueblo”, sustituto del Inai
Al desaparecer el INAI, la presidenta Claudia Sheinbaum propone la creación de un nuevo órgano llamado “Transparencia para el Pueblo”, aunque a la par su iniciativa aumenta las razones por las que instancias de gobierno pueden ocultar información, como considerar que los datos solicitados por la ciudadanía comprometen la paz social, o el desarrollo de proyectos prioritarios.
La iniciativa de Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, enviada al Senado el pasado 20 de febrero, establece que será la propia presidenta quien nombre a la o el titular de “Transparencia para el Pueblo”, y también que los órganos internos de control de las distintas instituciones públicas federales y de las entidades serán los encargados de atender los recursos de revisión y denuncias, cuando la gente considere que se está vulnerando su derecho a la información.
Esta nueva legislación es consecuencia de la reforma que desapareció los órganos autónomos, incluido el INAI. Aunque el gobierno federal ha asegurado que existirá mayor transparencia, organizaciones civiles han señalado que transferir las labores del INAI a una secretaría subordinada a la Presidencia genera dudas sobre su independencia y el acceso a la información, es decir, que el gobierno sería juez y parte en la transparencia de información.
“Es un gran retroceso porque se están ampliando los supuestos de reserva con una redacción por lo menos discrecional; tendiente a que más documentos sean susceptibles de clasificarse y no proporcionarse a las personas”, criticó en entrevista Gabriel Espinoza, especialista en Transparencia, Acceso a la Información y Privacidad.
Para entender mejor: Desaparición del INAI: ¿Qué datos tiene la Plataforma Nacional de Transparencia y qué preocupa sobre su seguridad?
Más causales para negar información
Con esta reforma, también se permitirá a las autoridades negar información sobre materiales o instalaciones nucleares, sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o defensa operados por el gobierno federal.
Y en caso de que consideren que la información ponga en riesgo proyectos, planes o servicios estratégicos, prioritarios y de defensa, los datos se podrán reservar por cinco y hasta 10 años.
Para Espinoza, esto puede dar lugar a que se reserve información de cualquier proyecto, sobre todo de actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta dependencia, por ejemplo, durante el sexenio pasado estuvo a cargo de obras como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya.
Dentro de la iniciativa, se establece que no se podrá reservar información de casos de violaciones a los derechos humanos, así como actos de corrupción acreditados, es decir, que tengan una sentencia por parte de un tribunal. En contraste, la ley anterior en materia de transparencia permitía conocer información de casos de corrupción aunque aún no hayan sido acreditados por un tribunal.
“Por ejemplo, el caso Segalmex, en el cual existían denuncias, pero todavía no existe un tribunal que confirmara que hubo un caso de corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidad Administrativa, no se podría conocer esta información. Esta cuestión de casos acreditados podría ser un elemento que coarte el derecho de conocer, en principio, casos de corrupción”, mencionó Espinoza.
Habrá medios de impugnación
La iniciativa mantiene la posibilidad de interponer recursos de impugnación contra decisiones de las dependencias públicas y resoluciones de las autoridades garantes, tales como el recurso de revisión y el recurso de inconformidad.
El recurso de revisión se interpondrá ante la autoridad garante cuando la información o respuesta de las dependencias esté incompleta o se declare inexistente, entre otras causales.
Mientras que el recurso de inconformidad se debe interponer ante “Transparencia para el Pueblo” o tribunales especializados en materia de transparencia. Este recurso se utiliza cuando se está en desacuerdo con la respuesta de la autoridad garante.
Aunque a diferencia de lo que pasaba con el INAI, que revisaba recursos de inconformidad para cualquier tipo de solicitud de información a nivel local, “Transparencia para el Pueblo” sólo resolverá recursos de inconformidad de casos relacionados con uso de recursos públicos federales a través de los estados o municipios.
La presidenta nombrará a la persona titular de Transparencia para el Pueblo
Como “Transparencia para el Pueblo” se contempla como un órgano descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, es decir, parte del gabinete federal, un aspecto importante es que la persona titular de este nuevo órgano será designada directamente por la presidenta, a diferencia de los consejeros del INAI, que eran nombrados a través de un procedimiento de selección en el Senado abierto a toda la población.
“Genera suspicacias dejar esta importante responsabilidad en una secretaría subordinada al Ejecutivo Federal y que carece de independencia, toda vez que su actuación estará supeditada a las propias directrices del Ejecutivo. En otras palabras, será juez y parte al decidir si entrega o no la información”, señaló la organización Fundar.
Por otro lado, la iniciativa crea el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, el cual coordinará las acciones relativas a política de transparencia y acceso a la información pública, y emitirá acuerdos para autorizar a “Transparencia para el Pueblo” a resolver recursos contra resoluciones de las autoridades estatales.
Además de “Transparencia para el Pueblo”, la iniciativa considera como autoridades encargadas de garantizar el acceso a la información pública y resolver los recursos de revisión (autoridades garantes) a los propios órganos de control de cada órgano autónomo, y los Poderes Judicial y Legislativo; los Centros de Conciliación y Tribunales de Conciliación para los sindicatos; el Instituto Nacional Electoral para los partidos políticos.
A nivel estatal, contempla los órganos de contraloría de los poderes ejecutivos de los estados, quienes también revisaron asuntos de transparencia de municipios, así como los órganos de control de los organismos autónomos y poderes estatales.
¿Qué pasará con la PNT?
La Secretaría Anticorrupción será responsable de la administración y funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Dentro de la iniciativa se contempla que las autoridades federales, estatales y municipales sigan publicando sus obligaciones de transparencia de forma trimestral en dicha plataforma.
Estas obligaciones incluyen declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, estados financieros, contratos de publicidad, auditorías presupuestales, resultados de procedimientos de contratación, planes de desarrollo urbano, versiones públicas de expedientes de contratación, entre otros.
De acuerdo con la iniciativa, el funcionamiento de la PNT debe seguir operando con normalidad y con ello deberían continuar disponibles la información que contiene.
¿Y la protección de datos personales?
En cuanto a la protección de datos personales y la garantía del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), la Secretaría Anticorrupción también será la autoridad competente.
Esta iniciativa incluye un nuevo apartado de delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales, donde señala la imposición de hasta tres años de prisión a las personas que provoquen una vulneración de seguridad en las bases de datos bajo su custodia.
Y también considera castigos penales contra personas que traten datos personales mediante el engaño, o se aprovechen del error de las personas.
“Me parece que sí debería de haber al menos una supervisión de carácter externo por parte de especialistas en la materia, para buscar la mejor forma de tratar los datos personales”, concluyó Espinoza.
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El gobierno de Donald Trump confía en que los aranceles tendrán un mínimo impacto en la economía local y que luego se transformarán en crecimiento económico para el país. Pero ¿quién paga esos aranceles?
“En Estados Unidos no podemos cultivar mucho café. Importamos unos US$8.500 millones al año. Los aranceles anunciados ayer ascenderán a al menos US$1.250 millones. Eso es un aumento de impuestos del 15% en tu café de la mañana”.
Ese mensaje, publicado el jueves por el jefe de políticas de la Cámara de Comercio de EE.UU., Neil Bradley, en la red social X, muestra el sentimiento de muchos en el sector privado de ese país ante los aranceles anunciados un día antes por el presidente Donald Trump para casi todos los países del mundo.
El arancel es una tasa que un país cobra por importar un producto de otro país.
Por ejemplo, si una empresa estadounidense quiere importar madera por un valor de US$100 y el país de donde proviene tiene asignado por el gobierno de Washington un arancel del 10%, la empresa debe pagar US$10 en la aduana.
Así, el arancel lo paga la empresa importadora estadounidense, que luego deberá decidir si traslada ese costo al precio que pagan los consumidores por sus productos.
Es por eso que la mayoría de analistas han vaticinado que la decisión de Trump de imponer aranceles al comercio exterior llevará a que los consumidores de su país tengan que pagar más por los productos importados que compran, y que eso generará inflación.
Pero desde la Casa Blanca lo ven diferente.
Trump dice que los demás países deben pagar lo que denominó como “aranceles recíprocos” para equilibrar unas relaciones comerciales que considera injustas y señala que a lo sumo puede haber ligeras consecuencias negativas, con la contrapartida de que se generará más empleo en las industrias de su país.
¿Qué dice el gobierno de EE.UU.?
Trump ya había recurrido a los aranceles en su primer mandato (2017-2021) en su guerra comercial con China.
Entonces, dijo frases como “miles de millones de dólares están entrando a las arcas de Estados Unidos debido a los aranceles que le estamos cobrando a China” y “nosotros no estamos pagando los aranceles; China está pagando los aranceles”.
No tardaron en contestarle muchos economistas, recordándole que los aranceles los pagarían las empresas estadounidenses que importan productos chinos.
También impuso aranceles a los productos provenientes de sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México y Canadá, aunque luego una parte importante fue eliminada tras firmar un nuevo acuerdo, conocido como T-MEC.
“Los aranceles tienen como objetivo hacer que EE.UU. vuelva a ser rico y grande otra vez”, dijo en marzo de este año Trump en un discurso ante el Congreso.
“Y está sucediendo. Y sucederá bastante rápido. Habrá una pequeña perturbación, pero estamos bien con eso. No será mucho”, agregó, sin especificar de qué manera afectarán negativamente.
Días más tarde, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó ante el Club Económico de Nueva York que los aranceles podían tener impacto en los precios, aunque acotado.
“¿Pueden los aranceles tener un ajuste de precios por una única vez? Sí (…)”, señaló, pero “nada es más transitorio que los aranceles si se trata de un único ajuste de precios”.
“Y para aquellos que dicen, ‘oh, los aranceles son un impuesto, son inflacionarios’, entonces están diciendo que los impuestos son inflacionarios, algo en lo que me gusta desafiar a muchos de mis amigos demócratas”, agregó.
Bessent aseguró que no está preocupado por que esto genere inflación y que “el acceso a bienes baratos no es la esencia del sueño americano”.
“El sueño americano se basa en el concepto de que cualquier ciudadano puede alcanzar la prosperidad, el ascenso social y la seguridad económica”, subrayó.
Asesores del gobierno afirmaron que solo la cuarta parte del arancel se traslada a precios, según un documento oficial que cita un estudio del Harvard Business School titulado “El traspaso de aranceles en la frontera y en las tiendas: evidencia de la política comercial de EE.UU.”, publicado en 2021.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a mediados de marzo que el país se estaba acercando a tener controlada la inflación —que a febrero se ubicaba en el 2,8% anual— pero que, “con la llegada de la inflación arancelaria”, su reducción “puede verse retrasada”.
Este viernes insistió en el tema y señaló que evitar “efectos persistentes” de los aranceles en la inflación dependerá de “cuánto tiempo lleve para que pasen completamente a precios”.
“Nuestra obligación es (…) asegurarnos de que un aumento por única vez en el nivel de precios no se convierta en un problema de inflación permanente”, expresó, dando por sentado que la nueva tasa arancelaria será transferida al consumidor.
¿Qué piensa el sector empresarial de EE.UU.?
Por lógica, las empresas no quieren perder dinero.
Si el exportador en el extranjero disminuye los precios a los que vende —ya sea porque la moneda de su país se devalúa frente al dólar o porque absorbe el costo de los aranceles para que el producto llegue al mismo precio al importador en EE.UU.—, nada cambia.
Pero si eso no ocurre, las compañías estadounidenses tienen que tomar una decisión.
“Lo que hemos escuchado de empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, de todo el país, es que estos amplios aranceles suponen un aumento de impuestos que elevará los precios para los consumidores estadounidenses y perjudicará la economía”, aseguró Neil Bradley, de la Cámara de Comercio de EE.UU.
“EE.UU. debería empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales para abrir más mercados a empresas y trabajadores, lo que generará más empleos en EE.UU. y reducirá los precios”, agregó.
En una nota dirigida a los socios de la Cámara de Comercio, Bradley recordó un informe de la Casa Blanca de 2019 que afirmaba que ponerles aranceles a todos los productos de forma indiscriminada hace que, para aquellos bienes que EE.UU. no produce o produce en pequeñas cantidades, “aumenten los precios que pagan los consumidores estadounidenses, pero no provoca un aumento en la producción estadounidense” de esos bienes.
Lo mismo dicen los jefes de algunas de las principales compañías del país.
La directora ejecutiva de la cadena de tiendas de electrónica Best Buy, Corie Barry, advirtió sobre la subida de precios.
“Prevemos que los proveedores de todo nuestro inventario transferirán algún nivel de costos arancelarios a los minoristas, lo que hace que los aumentos de precios para los consumidores estadounidenses sean muy probables”, dijo Barry a inversores semanas atrás.
Una alternativa que tienen los importadores es buscar otros proveedores, comprar a un país con menos aranceles o cambiar a productos similares más baratos, para no tener que incrementar los precios al consumidor.
Pero eso no siempre es posible.
En el rubro automotriz, Volkswagen ya anunció que cobrará una “tasa de importación” en EE.UU. a partir de fines de abril, de acuerdo a medios estadounidenses.
Según una estimación del Peterson Institute for International Economics publicada en mayo de 2024, aranceles universales del 10% y del 60% para China le costarían unos US$1.700 al año al hogar promedio estadounidense.
¿Qué ocurrió en el pasado cuando se impusieron aranceles?
El estudio del Harvard Business School que fue tomado como referencia por la Casa Blanca analizó qué ocurrió después de que Trump le impusiera aranceles a China en su primer gobierno.
Los autores compararon los precios de importación antes y después de los aranceles y hallaron que, por ejemplo, que ante una tasa de 20%, hubo una disminución de 1,1% en el precio por parte del proveedor y un aumento de 18,9% en el precio total pagado por el importador estadounidense.
Además, mostraron que “la depreciación del yuan chino frente al dólar estadounidense durante el verano de 2019 hizo poco para compensar el impacto de los aranceles en términos de los precios pagados por los importadores estadounidenses, lo que implica que la incidencia de los aranceles de importación en los precios recae en gran medida en EE.UU.”
Luego estudiaron qué pasó con los precios que tuvieron que pagar los consumidores finales de los productos importados en dos grandes cadenas minoristas.
“Sorprendentemente, a pesar de observar un marcado aumento en el costo total pagado por los importadores estadounidenses por ciertos productos chinos, detectamos solo un pequeño aumento en los precios establecidos por los dos minoristas para estos productos en comparación con aquellos no afectados por los aranceles”, indicaron.
De acuerdo a sus estimaciones, un arancel del 20% implicó un aumento del 0,7% en los precios minoristas relativos de los productos afectados.
“Esto sugiere que los minoristas están absorbiendo una parte significativa del aumento en el costo de las importaciones afectadas al obtener menores márgenes de beneficio”, dijeron.
De todas formas, señalaron que estas cadenas minoristas incrementaron sus compras al exterior antes de que los aranceles entraran en vigor y acumularon stock, lo que les permitió amortiguar el impacto.
“Otra posibilidad (…) es que, en respuesta a los aranceles, los productores nacionales aumenten sus precios a los minoristas para los productos que compiten con las importaciones. O, alternativamente, los minoristas podrían simplemente estar aumentando los precios de los productos no directamente expuestos a los aranceles, compensando con mayores márgenes en estos productos”, explicaron.
Una salvedad que hicieron es que era posible que solo hubieran visto la respuesta del mercado de corto plazo.
En marzo de este año, uno de los autores de la investigación, el argentino Alberto Cavallo, se refirió a este trabajo en la red social X y escribió: “Si los aranceles persisten y las empresas ya no pueden absorber los costos, es probable que se produzcan precios más altos para el consumidor” y que la transferencia sea prácticamente completa.
Después de ver que los asesores del gobierno se habían basado en su estudio, volvió a tuitear y dijo: “No está del todo claro cómo utilizan nuestros hallazgos”.
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