Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara reinstalar a la brevedad el Programa Quédate en México para que solicitantes de asilo esperen su proceso en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre un plan de ayuda para migrantes mexicanos, “México te abraza”, pero ni ella ni Trump detallaron acciones de protección para aquellos provenientes de otras naciones. 

La mandataria dijo que “si hay una persona de otra nacionalidad que se encuentra en la frontera, en la intemperie, por razones humanitarias no se le puede negar la atención”, aunque de inmediato habló de que se les orientaría para “la repatriación voluntaria”, para “ayudarles” a regresar a sus países de origen. 

Para entender mejor: ¿Qué es el programa ‘Quédate en México’ y cómo va a impactar a personas migrantes y al gobierno de Sheinbaum?

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el concepto de “tercer país seguro” implica aplicar las garantías de la Convención de Ginebra firmada en 1951; la obligación de proteger a los refugiados, otorgarles estancia legal, impedir detenciones y arrestos arbitrarios, y satisfacer sus necesidades vitales.

Expertos consultados por El Sabueso coincidieron en que, hasta ahora, no se conoce ni se espera un acuerdo formal de tercer país seguro, porque implicaría que México acepte todos los costos de recibir y atender a los migrantes de otros países, les dé a todos la condición de refugiados y se comprometa a garantizar su seguridad y atención médica. 

En el inicio del sexenio de López Obrador, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles, el gobierno de México aceptó que solicitantes de asilo esperaran la resolución de sus casos en México, y mientras tanto el país les ofrecería “oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias… así como protección a sus derechos humanos”. 

Y organizaciones sociales denunciaron que la estancia de estos migrantes en la frontera del lado de México los expuso a riesgos como persecución, tortura, secuestros y otros delitos, sin que se pudiera garantizar sus derechos a la salud, educación y vida digna.

Algo similar pasó durante los primeros siete meses del gobierno de Biden, cuando se registraron 6 mil 356 casos de ataques violentos (secuestros, violaciones, tráfico de personas, tortura y más) contra personas migrantes obligadas a quedarse en México bajo el programa Quédate en México y el Título 42 –medida para frenar la migración con motivo de la pandemia de COVID-19–, según refiere Hispanics in Philanthropy.

A diferencia del compromiso que representaría ser un “tercer país seguro”, el programa Quédate en México no es un protocolo de protección, sino de “disuasión”, comentó en entrevista Gretchen Kunher, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

“No hay una definición aceptable por la que México pueda ser considerado un tercer país seguro a donde regresar a solicitantes de asilo. México es inseguro para un número significativo de personas migrantes y mexicanas; tiene un récord preocupante de violaciones graves a los derechos humanos; y niveles altos de crimen violento e impunidad”, refirió el Instituto en 2019.

Tercer País Seguro: Medida para atender la migración y el asilo

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define a un tercer país seguro como aquel “donde la persona solicitante de asilo será protegida de la devolución a un país donde su vida o libertad corra peligro, y podrá solicitar asilo de acuerdo con los estándares internacionales”. 

Los Acuerdos de Tercer País Seguro (ATPS) se basan en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que México forma parte.

De acuerdo con el IMUMI, un tercer país seguro contempla a países que no son generadores de refugiados, y/o en donde las personas refugiadas pueden disfrutar de esta protección sin riesgo. 

Estos países deben cumplir con algunos estándares como: garantizar la seguridad y no devolución de los solicitantes de asilo; servicios de salud, vivienda, educación, seguridad social, empleo, acceso a procedimientos de asilo justos; asegurar la unidad familiar y tomar en cuentas particularidades de los solicitantes. 

Además, el tercer país debe asumir todos los procesos y costos para brindar protección a las personas trasladadas bajo un ATPS. Y se debe garantizar que las personas no sean devueltas a sus países de origen, ni enviadas a un país en que sean perseguidas.

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Aunque en un caso como el de la relación entre EU y México, un programa como este requeriría de apoyos desde el país del norte para mejorar las condiciones para recibir a los solicitantes de asilo al sur de la frontera, consideró Daniel Muñoz Torres, internacionalista y académico de la FES Aragón de la UNAM. 

“Un programa de un país seguro implicaría también que el gobierno de Estados Unidos tendría que apuntalar, obviamente a petición del gobierno mexicano, para que se concedan inversiones y ayudas económicas que permitan desarrollar la zona donde están llegando estos migrantes, y puedan generarse condiciones de vida que sean favorables para que estas personas no quieran seguir intentando cruzar hacia EU”, comentó.

La legislación estadounidense establece que para devolver a una persona solicitante de asilo a un tercer país seguro, Estados Unidos debe tener un acuerdo bilateral con el país receptor. Sin embargo, hasta ahora no hay un acuerdo de este tipo con México. 

Actualmente EU sólo cuenta con un ATPS con Canadá, y tuvo acuerdos vigentes entre 2019 y 2021 con Guatemala, Honduras y El Salvador.

Durante el gobierno de López Obrador, México no otorgó la condición de refugiados a las personas que esperaban el trámite de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

 “México actuó en el sentido de recibir a los migrantes que estaban en el proceso de solicitar asilo. No es que México les estuviera ofreciendo el refugio, sino que podían esperar en el país”, comentó Rafael Alarcón, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

La postura del gobierno mexicano, hasta ahora planteada por Sheinbaum, es la de poner como prioridad el repatriar a las personas enviadas a México con motivo del programa Quédate en México, para lo cual incluso ya hay acuerdos con países de la región. 

“Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y de política exterior de retorno a sus países de origen. Por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, hay acuerdo con, prácticamente, todos los países centroamericanos; de hecho, hubo una reunión el viernes pasado para ello. Hay acuerdo con Cuba, hay acuerdo con otros países para el retorno de personas que no son mexicanas”, aseguró Sehinbaum en su conferencia del 21 de enero pasado.

Ello a pesar de que convenciones internacionales mencionan que los países no pueden retornar a una persona a un lugar donde es posible que sufra tortura o exista un patrón de violaciones a los derechos humanos, ni donde corra peligro su vida. 

Desde la primera vez que se implementó Quédate en México, el gobierno mexicano incumplió en dar a conocer oficialmente las medidas para atender a las personas en espera de resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos, lo cual representó una violación de un sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2022, la SCJN resolvió que las autoridades mexicanas fueron omisas en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el Protocolo “Quédate en México”, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacía esta población sin acceso a la justicia.

La ACNUR ha desaconsejado que se designe en general a un país como “tercer estado seguro”, sino que se hagan análisis individualizados, considerando el contexto de cada migrante.

“El país en el que se haya presentado la solicitud de asilo es el principal responsable de examinarla”, recomendó en el año 2000.

“Si este país quiere transferir esta responsabilidad a un tercero, además de asegurar la conformidad de este tercer país para recibir y considerar la solicitud de asilo, se debe demostrar que dicho tercer país es ‘seguro’ para este solicitante de asilo en particular”.