Fin de sexenio: Emisiones de TV pública privilegiaron la propaganda a favor de Morena y AMLO
“A ver, Lord Molécula, saca la mula”, dice al comunicador Carlos Pozos la persona que interpreta al presidente Andrés Manuel López Obrador en un sketch. “A mí no me van a sacar a ningún lado”, contesta la actriz que personifica a la periodista Reyna Ramírez. “Reyna, estamos hablando de la mula de seis, del dominó”, continúa la actuación.
La burla a la prensa que incurre en la violencia de género, según especialistas consultadas por El Sabueso, es parte de “La última mañanera de AMLO”. Una cápsula de más de 20 minutos que transmitió Operación Mamut, un programa de humor que forma parte de la programación de Canal Once, y que también ridiculizó de manera recurrente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y a la columnista Denise Dresser.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los canales Once, Catorce y 22 —los principales de la televisión pública en México— se caracterizaron por difundir narrativas en contra de opositores y periodistas críticos, mientras privilegiaron la propaganda a favor del gobierno con funcionarios de Morena acaparando los programas de análisis político, y dando un espacio desproporcionado a favor de la candidata morenista Claudia Sheinbaum en las campañas presidenciales, como documentó el monitoreo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto a pesar de que la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, del que forman parte los canales, establece que deben difundir información imparcial, objetiva, oportuna y veraz, que facilite el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales.
“Aun siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía, el propósito es informar profesionalmente”, se comprometió el presidente en enero de 2019, cuando realizó los nombramientos de medios del Estado.
Sin embargo, la revisión de programas, el monitoreo del INE y expedientes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidencian que la televisión pública actuó con parcialidad hacia el oficialismo e incluso recurriendo a la desinformación, contraviniendo lo que estipula la ley sobre su funcionamiento.
El Sabueso documentó que de 2019 a septiembre de 2023 los medios y cuentas en redes del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que se encarga de guiar a los canales de televisión pública, difundieron por lo menos 40 frases falsas, engañosas y sin sustento sobre salud, economía, energía, la actuación de las fuerzas armadas y organismos autónomos, al replicar dichos del presidente y de las secciones Quién Es Quién en las Mentiras e Infodemia Mx, pero también en mesas de análisis y cortes informativos.
No dejes de leer: Medios públicos difunden mentiras o frases sin sustento, propaganda y narrativas a favor del gobierno
Afines y dirigentes de Morena acaparan emisiones de contenido político
Edy Smol, exvocero de precampaña de Clara Brugada; Rafael Pineda, conocido como monero Rapé y quien fue parte del consejo asesor de la entonces candidata de Morena a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2024; así como Daniela Cordero, esposa del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, estrenaron en febrero de 2024 Respondes o resbalas, un programa de Canal Once.
La emisión dominical, que apareció en pleno proceso electoral, a unos días del inicio de las campañas presidenciales, incluía preguntas a personajes de la agenda pública, para poner a prueba sus conocimientos. Sin embargo, fue cancelada tras tres capítulos al aire.
Además de las y los conductores, todas y todos los invitados a dicho programa tuvieron relación con Morena y hasta obtuvieron candidaturas de ese partido. Por ejemplo, Ernestina Godoy, un día después de participar en el programa concluyó su registro como candidata de Morena al Senado.
La segunda invitada fue Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal. Y la tercera fue Camila Martínez, quien contendió por una diputación local de la Ciudad de México y recientemente fue designada secretaria de Comunicación de Morena.
Este programa fue suspendido, pero afines al partido guinda y funcionarios del gobierno federal prevalecieron en la programación de los canales de televisión pública.
Por ejemplo, en Chamuco TV, una emisión sobre conversaciones con figuras de la vida pública, uno de los conductores es Rafael Barajas “El Fisgón”, caricaturista y desde 2018 titular del Instituto de Formación Política de Morena.
El Sabueso revisó los últimos 10 programas de Chamuco TV, es decir, del 21 de julio al 22 de septiembre de este año, y encontró que entre las y los invitados estuvieron: Lenia Batres, ministra de la SCJN afín a Morena y cuyo hermano es Martí Batres.
También Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; Carlos Martínez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Octavio Romero, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Pablo Iglesias, politólogo que se ha reunido con López Obrador y que es director de Canal Red, medio al que le concedió una entrevista exclusiva.
Además Julieta Ramírez, legisladora federal morenista, Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia; y Hamlet Aguilar, consejero nacional de Morena.
En los últimos 10 programas de Versiones Públicas, la emisión de entrevistas para Canal 14 que conduce Jenaro Villamil, titular de SPR, estuvieron como invitados del 11 de septiembre al 14 de julio funcionarios como Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Iñaki Echevarría, arquitecto y director del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco en el gobierno de Delfina Gómez; afines a Morena como “El Fisgón” y Helio Flores, además de Gustavo Jalkh, presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia, para promover la reforma judicial.
La única excepción entre personajes conocidos por ser afines a Morena o trabajar como funcionarios del gobierno de López Obrador fue Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
Canal 14 también retransmite Diálogos por la democracia, un programa conducido por John Ackerman, casado con Irma Eréndira Sandoval, quien formó parte del gabinete de López Obrador como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hasta junio de 2021.
En Canal 14 forma parte de la programación Largo Aliento, conducido por Sabina Berman, al que también asistieron recientemente Pablo Iglesias y la escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente López Obrador, para promocionar su libro Feminismo silencioso. Aunque en este caso sí se observaron invitados de la oposición, como el panista Damián Zepeda, la priista Dulce María Sauri; además de periodistas como Marcela Turati y Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Berman, en emisiones de su programa y en comentarios en redes, ha defendido que los programas de televisión pública cumplen con una función de equilibrio ante lo que considera una actuación predominantemente de derecha de parte de los medios hegemónicos o tradicionales.
“En los medios de comunicación hay 4 neoliberales por 1 persona de izquierda… en los medios comerciales los periodistas de izquierda son una minoría”, criticó en X. “Los medios públicos tratan de abrir una vía para la postura de izquierda”.
Entre los espacios con una visión crítica hacia las acciones de gobierno y que se mantuvo durante el sexenio en Canal Once estuvo Primer Plano, donde María Amparo Casar comparte micrófonos con Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Leonardo Curzio, Lorenzo Meyer y Francisco Paoli Bolio. Los episodios semanales persistieron, aunque morenistas exigieron en redes su salida del aire.
Sin embargo, con la llegada de Renata Turrent a la dirección del canal, el lunes 30 de septiembre Sergio Aguayo y Leonardo Curzio dieron a conocer en X que grabaron el último programa.
Además para los canales públicos este sexenio se optó por presentar programas que replicaran los dichos del presidente López Obrador durante el día, así como elogiar sus políticas, como Mañanera 360, un resumen de la conferencia matutina en Canal Catorce; Sembrando Vida, una serie acerca del programa social del gobierno federal también en Canal Catorce, y Me canso ganso, una revista de Canal 22 que lleva por nombre una frase de López Obrador.
Violencia de género y discursos de odio en TV Pública
A través de un documento dirigido a Claudia Sheinbaum y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 17 de septiembre pasado 107 organizaciones y colectivas, y 385 activistas personas de las poblaciones trans, no binaries y aliadas de la diversidad sexogenérica rechazaron el nombramiento de Renata Turrent como próxima directora de Canal Once, acusándola de promover discursos transodiantes como conductora de El Aquelarre, programa de Canal 21, que forma parte del Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de la Ciudad de México.
Esto porque, en septiembre de 2022, Turrent invitó a su programa al “filósofo” Mauricio Dimeo, quien deslegitimó las identidades trans y no binaries.
Canal 21 emitió entonces un comunicado en el que aseguró defender la libertad de expresión y pidió formular observaciones y quejas contra el programa a través de medios electrónicos, para que fueran evaluadas por su Defensoría de Audiencias.
Aunque mes y medio después ofrecieron una disculpa pública reconociendo que la negación de la existencia de identidades de género no debía ser parte del debate ni de la libertad de expresión.
El 20 de septiembre de 2024, Turrent escribió en X que había leído con detenimiento las felicitaciones, comentarios y sugerencias por su nombramiento como directora de Canal Once, y se comprometió a abrir un canal de comunicación directa. “El objetivo último es seguir construyendo, voz a voz, una televisión cada vez más pública”, señaló.
Sin embargo, las organizaciones, colectivas y activistas personas de las poblaciones trans, no binaries y aliadas de la diversidad sexogenérica convocaron a una manifestación el próximo 4 de octubre afuera de las instalaciones de Canal Once contra el nombramiento de Turrent como directora.
En entrevista, la vocería de Hola Amigue, colectivx formada por personas trans y no binaries en México que difundieron el documento contra el nombramiento de Renata Turrent, explicó que es importante que se respeten los derechos de las audiencias que son parte de la diversidad sexogenérica.
“Lo de Mauricio Dimeo es un antecedente del por qué ahorita estamos exigiendo que no se le dé entrada a Renata Turrent como directora de Canal 11 en el nuevo sexenio, pero no se debe de quitar el renglón al respecto”, mencionó le entrevistade.
En abril de 2024, el Canal 22 fue señalado por un programa de la emisión Debate 22, titulado “¿Es misógino El Temach?”, un creador de contenido digital que, pese a ser señalado por promover discursos de odio y misoginia, fue considerado como invitado. Finalmente, ante las críticas, el canal suspendió la emisión.
En 2020, Canal Once terminó anticipadamente la tercera temporada del programa John y Sabina, luego de que su coconductora, Sabina Berman, acusó públicamente a John Ackerman de acoso laboral y actitudes machistas.
En el último programa transmitido, donde participó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), Berman habló abiertamente de que Ackerman no le turnaba la palabra. Esto fue una queja de las audiencias que registró la ASF.
“En el programa “John y Sabina”, los presentadores tuvieron constantes enfrentamientos, en los que el conductor incitó la violencia de género contra su compañera al ignorar sus participaciones y, aunado a lo último, el descontento por la decisión de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once de otorgarle a dicho conductor la dirección de un nuevo programa, en lugar de imponer una sanción por su comportamiento”, menciona la auditoría.
Sobre Operación Mamut, donde personajes como Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, y la periodista Reyna Ramírez han sido ridiculizadas de manera recurrente, la académica e investigadora Sara Lovera explica que podría tratarse de violencia de género.
“Es usar los medios públicos para violentar a las mujeres en general, independientemente de que tenga un respaldo político”, comentó en entrevista la editora de género de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
La periodista feminista señaló que, a pesar de que en otros sexenios la apuesta por los medios públicos no había sido una prioridad, el Canal Once “nunca estuvo al servicio del presidente de la República”.
“La polarización es una consecuencia de esta administración y está reflejada en los medios públicos, lo cual es muy grave, porque debieran responder a las necesidades de la ciudadanía. El Canal Once era un referente cultural, el presidente usó todos los medios públicos para sus fines políticos, de la misma manera como en la mañanera”.
Aumentaron las quejas de audiencias sobre Canal Once
Una auditoría de desempeño a la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, revela que las quejas tuvieron un incremento porcentual de 311.7% al pasar de 34 en 2018 a 140 en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador; ya en 2020 la cifra fue de 129 quejas.
Las observaciones también tuvieron una aumento de 55.1%, al pasar de 29 en 2018 a 45 en 2019; aunque para 2020 hubo 27.
Algunas de las quejas fueron sobre “la falta de imparcialidad y pluralismo ideológico y político en las intervenciones de los conductores de diversos programas informativos y de noticias, ya fuera a favor o en contra en gobierno”.
También “sobre la salida de conductores de la barra de noticiarios de Canal Once; la percepción de censura hacia comentaristas cuyas opiniones no favorecían las decisiones del gobierno en turno”, según lo documentado por la ASF.
Al respecto, se dieron casos como el del periodista Javier Solórzano confirmó que después de seis años prescindieron de sus servicios en el noticiario nocturno de Canal Once.
Por el contrario, los informes de actividades de la Defensoría de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano destacaron las felicitaciones al menos desde el segundo semestre de 2022 como segundo comportamiento de interacción de la ciudadanía, después de las opiniones. Aunque también hubo críticas.
“Los comentarios de Jairo Calixto Albarrán, se salen de contexto y no tienen la seriedad del canal, que representa a una excelente casa de estudios, y la mentada 4 ‘Operación Mamut’, tampoco me gusta, es falta de seriedad y objetividad, en cuanto a la totalidad de su programación es excelente”, mencionó uno de los comentarios de las audiencias en el Informe Defensor de la Audiencia Canal Once enero – marzo 2023.
Ante ello, en el informe, sobre la sección “Mujer, casos de la Piña real”, dentro del programa Operación Mamut, sólo se señaló que había sido “motivo de controversia entre ciertos sectores de la opinión pública”.
TV pública favoreció precampaña y campaña de Sheinbaum
El monitoreo del INE confirmó que los medios públicos favorecieron la campaña de Claudia Sheinbaum, pues le dieron 82 horas ocho minutos y tres segundos al aire. Esto equivale a 37.4% de las más de 219 horas que en total tuvieron las y el candidato.
Xóchitl Gálvez contó con alrededor de 3.8 horas menos que su contrincante al acumular 35.6% del total, es decir, 78 horas 19 minutos y 7 segundos. Mientras que Jorge Álvarez Máynez sólo ocupó 26.8% del tiempo, con 58 horas 59 minutos y 12 segundos al aire.
Las actividades en radio y televisión públicas contemplaron diversos géneros periodísticos, entre los que destacan las entrevistas. Sheinbaum recibió 2.5 veces más tiempo que sus contrincantes en 250 diálogos.
Tanto a Xóchitl Gálvez (134 entrevistas) como a Jorge Álvarez Máynez (106) les otorgaron poco más de una hora y media, mientras Sheinbaum sumó cuatro horas con tres minutos en los medios públicos.
Para saber más: Sheinbaum recibió 5 veces más comentarios positivos que Xóchitl en medios públicos y 3.8 horas más al aire: monitoreo INE
El monitoreo ubicó 33 valoraciones negativas contra Xóchitl Gálvez, según el monitoreo de medios que realiza el INE. En contraste, sólo cuatro fueron hacia Claudia Sheinbaum.
El propio Jenaro Villamil reconoció el uso de recursos del SPR para difundir biografías y semblanzas de quienes aspiraban a la candidatura presidencial de Morena, previo a las campañas.
“En el @SPRInforma y en el @canalcatorcemx se han hecho biografías y semblanzas con el mismo tiempo y duración de todos los aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Deja de tergiversar @Polemista4T”, escribió en su cuenta de Twitter.
Esto a pesar de que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) establece que un funcionario público está en riesgo de cometer un delito si usa recursos públicos para apoyar candidatos.
Para entender mejor: Jenaro Villamil reconoce uso de radio y tv públicas para difundir biografías de aspirantes de Morena; lo acusan de violar ley electoral
Denuncias y sanciones contra la TV pública
El Sabueso realizó una búsqueda en el Repositorio de Quejas y Denuncias y encontró al menos cuatro de 2021 a 2024 en contra de Canal 11, Canal 22 y Jenaro Villamil, presidente del SPR, presentadas por el PAN y el PRI.
Aunque, según los acuerdos, las medidas cautelares como brindar una cobertura equitativa y eliminar o suspender transmisiones fueron declaradas improcedentes, las quejas y denuncias muestran las inconformidades sobre la cobertura electoral en la televisión pública.
Por ejemplo, una de las denuncias es la presunta utilización de recursos públicos y violación al principio de equidad en la contienda electoral, atribuibles a un audiovisual difundido a través de Canal Once que llama a no votar por “el PRIAN”.
Otra fue presentada por el PAN acerca de que Villamil publicó un mensaje en X sobre el #JuicioAExPresidentesVa #ConsultaPopular2021 y un video caricaturizado.
Una denuncia más es por un video dentro del programa denominado “Chamuco TV”, de Canal 22 que, a juicio del PRI generó un beneficio a Delfina Gómez, pues en la grabación se mostró la leyenda “¡Fraude 2018!”, mientras aparecía un dinosaurio que carga un costal con la palabra “Edomex”.
La pieza aludió a que el PRI presuntamente robó la contienda por la gubernatura en la que Delfina Gómez compitió y perdió frente a Alfredo del Mazo. Sin embargo, esos comicios fueron en 2017, no en 2018.
Y, a propósito de la cobertura en medios públicos que favoreció a Sheinbaum, el PAN denunció la presunta violación al modelo de comunicación política por el uso de recursos públicos con fines político-electorales y vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda.
No olvides revisar: El PRI del Edomex denuncia presunto uso de Canal 22 a favor de la campaña de Delfina Gómez
Asimismo, en los archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hay al menos 13 expedientes que mencionan como partes involucradas a Canal Once, a su concesionario, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a Canal 22 y a Jenaro Villamil o al propio SPR.
Incluso, la Sala Superior confirmó una sentencia contra Villamil por infracciones consistentes en la vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos, derivado de la conferencia de prensa matutina en marzo de 2024 cuando el presidente habló del “Plan C”, es decir, un llamado a no votar por la oposición.
“#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ que ‘hay un Plan C’ para que no se le dé ni un voto al bloque conservador”, publicó a través de X el titular del SPR, replicando los dichos del presidente.
Jenaro Villamil es encargado de despacho del SPR, mientras el Senado de la República decide si lo ratifica como presidente por otros cinco años. Aunque él aseguró que ya tiene el aval de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, tras haber asistido a su casa de transición el 11 de septiembre de 2024.
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En el mundo solo Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular, algo que México implementará a partir del próximo año.
En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.
El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de “conquista de derechos”, pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
“En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo”, explica Rojas.
El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.
“Que los elija la gente”
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como “ajeno” al pueblo.
“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.
“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.
Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.
“La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia”, explica Farit Rojas. “Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos”.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
La cuestión de la preselección
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).
La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos”.
“Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.
Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: “La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije”.
En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.
En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.
Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.
Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.
“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.
Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.
En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.
La complicada votación
Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.
“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.
“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.
En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.
Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.
Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.
Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.
Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.
“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.
¿Más influencia del crimen organizado?
Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.
En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. “Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar”, explica Rojas.
“Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo”, añade.
Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.
También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.
Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).
¿Mejoró la justicia en Bolivia?
Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.
Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.
Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.
“Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas”, argumenta.
“En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas”.
Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.
“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.
El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.
“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.
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