Fin de sexenio: Emisiones de TV pública privilegiaron la propaganda a favor de Morena y AMLO
“A ver, Lord Molécula, saca la mula”, dice al comunicador Carlos Pozos la persona que interpreta al presidente Andrés Manuel López Obrador en un sketch. “A mí no me van a sacar a ningún lado”, contesta la actriz que personifica a la periodista Reyna Ramírez. “Reyna, estamos hablando de la mula de seis, del dominó”, continúa la actuación.
La burla a la prensa que incurre en la violencia de género, según especialistas consultadas por El Sabueso, es parte de “La última mañanera de AMLO”. Una cápsula de más de 20 minutos que transmitió Operación Mamut, un programa de humor que forma parte de la programación de Canal Once, y que también ridiculizó de manera recurrente a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y a la columnista Denise Dresser.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los canales Once, Catorce y 22 —los principales de la televisión pública en México— se caracterizaron por difundir narrativas en contra de opositores y periodistas críticos, mientras privilegiaron la propaganda a favor del gobierno con funcionarios de Morena acaparando los programas de análisis político, y dando un espacio desproporcionado a favor de la candidata morenista Claudia Sheinbaum en las campañas presidenciales, como documentó el monitoreo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esto a pesar de que la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, del que forman parte los canales, establece que deben difundir información imparcial, objetiva, oportuna y veraz, que facilite el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales.
“Aun siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía, el propósito es informar profesionalmente”, se comprometió el presidente en enero de 2019, cuando realizó los nombramientos de medios del Estado.
Sin embargo, la revisión de programas, el monitoreo del INE y expedientes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidencian que la televisión pública actuó con parcialidad hacia el oficialismo e incluso recurriendo a la desinformación, contraviniendo lo que estipula la ley sobre su funcionamiento.
El Sabueso documentó que de 2019 a septiembre de 2023 los medios y cuentas en redes del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), que se encarga de guiar a los canales de televisión pública, difundieron por lo menos 40 frases falsas, engañosas y sin sustento sobre salud, economía, energía, la actuación de las fuerzas armadas y organismos autónomos, al replicar dichos del presidente y de las secciones Quién Es Quién en las Mentiras e Infodemia Mx, pero también en mesas de análisis y cortes informativos.
No dejes de leer: Medios públicos difunden mentiras o frases sin sustento, propaganda y narrativas a favor del gobierno
Afines y dirigentes de Morena acaparan emisiones de contenido político
Edy Smol, exvocero de precampaña de Clara Brugada; Rafael Pineda, conocido como monero Rapé y quien fue parte del consejo asesor de la entonces candidata de Morena a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rumbo a las elecciones de 2024; así como Daniela Cordero, esposa del jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, estrenaron en febrero de 2024 Respondes o resbalas, un programa de Canal Once.
La emisión dominical, que apareció en pleno proceso electoral, a unos días del inicio de las campañas presidenciales, incluía preguntas a personajes de la agenda pública, para poner a prueba sus conocimientos. Sin embargo, fue cancelada tras tres capítulos al aire.
Además de las y los conductores, todas y todos los invitados a dicho programa tuvieron relación con Morena y hasta obtuvieron candidaturas de ese partido. Por ejemplo, Ernestina Godoy, un día después de participar en el programa concluyó su registro como candidata de Morena al Senado.
La segunda invitada fue Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal. Y la tercera fue Camila Martínez, quien contendió por una diputación local de la Ciudad de México y recientemente fue designada secretaria de Comunicación de Morena.
Este programa fue suspendido, pero afines al partido guinda y funcionarios del gobierno federal prevalecieron en la programación de los canales de televisión pública.
Por ejemplo, en Chamuco TV, una emisión sobre conversaciones con figuras de la vida pública, uno de los conductores es Rafael Barajas “El Fisgón”, caricaturista y desde 2018 titular del Instituto de Formación Política de Morena.
El Sabueso revisó los últimos 10 programas de Chamuco TV, es decir, del 21 de julio al 22 de septiembre de este año, y encontró que entre las y los invitados estuvieron: Lenia Batres, ministra de la SCJN afín a Morena y cuyo hermano es Martí Batres.
También Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; Carlos Martínez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); Octavio Romero, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Pablo Iglesias, politólogo que se ha reunido con López Obrador y que es director de Canal Red, medio al que le concedió una entrevista exclusiva.
Además Julieta Ramírez, legisladora federal morenista, Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia; y Hamlet Aguilar, consejero nacional de Morena.
En los últimos 10 programas de Versiones Públicas, la emisión de entrevistas para Canal 14 que conduce Jenaro Villamil, titular de SPR, estuvieron como invitados del 11 de septiembre al 14 de julio funcionarios como Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Iñaki Echevarría, arquitecto y director del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco en el gobierno de Delfina Gómez; afines a Morena como “El Fisgón” y Helio Flores, además de Gustavo Jalkh, presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia, para promover la reforma judicial.
La única excepción entre personajes conocidos por ser afines a Morena o trabajar como funcionarios del gobierno de López Obrador fue Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai).
Canal 14 también retransmite Diálogos por la democracia, un programa conducido por John Ackerman, casado con Irma Eréndira Sandoval, quien formó parte del gabinete de López Obrador como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hasta junio de 2021.
En Canal 14 forma parte de la programación Largo Aliento, conducido por Sabina Berman, al que también asistieron recientemente Pablo Iglesias y la escritora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente López Obrador, para promocionar su libro Feminismo silencioso. Aunque en este caso sí se observaron invitados de la oposición, como el panista Damián Zepeda, la priista Dulce María Sauri; además de periodistas como Marcela Turati y Pepe Mujica, expresidente de Uruguay.
Berman, en emisiones de su programa y en comentarios en redes, ha defendido que los programas de televisión pública cumplen con una función de equilibrio ante lo que considera una actuación predominantemente de derecha de parte de los medios hegemónicos o tradicionales.
“En los medios de comunicación hay 4 neoliberales por 1 persona de izquierda… en los medios comerciales los periodistas de izquierda son una minoría”, criticó en X. “Los medios públicos tratan de abrir una vía para la postura de izquierda”.
Entre los espacios con una visión crítica hacia las acciones de gobierno y que se mantuvo durante el sexenio en Canal Once estuvo Primer Plano, donde María Amparo Casar comparte micrófonos con Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Leonardo Curzio, Lorenzo Meyer y Francisco Paoli Bolio. Los episodios semanales persistieron, aunque morenistas exigieron en redes su salida del aire y con la llegada de Renata Turrent a la dirección del canal no han sido notificados de si el programa continuará al aire.
Además para los canales públicos este sexenio se optó por presentar programas que replicaran los dichos del presidente López Obrador durante el día, así como elogiar sus políticas, como Mañanera 360, un resumen de la conferencia matutina en Canal Catorce; Sembrando Vida, una serie acerca del programa social del gobierno federal también en Canal Catorce, y Me canso ganso, una revista de Canal 22 que lleva por nombre una frase de López Obrador.
Violencia de género y discursos de odio en TV Pública
A través de un documento dirigido a Claudia Sheinbaum y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 17 de septiembre pasado 107 organizaciones y colectivas, y 385 activistas personas de las poblaciones trans, no binaries y aliadas de la diversidad sexogenérica rechazaron el nombramiento de Renata Turrent como próxima directora de Canal Once, acusándola de promover discursos transodiantes como conductora de El Aquelarre, programa de Canal 21, que forma parte del Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de la Ciudad de México.
Esto porque, en septiembre de 2022, Turrent invitó a su programa al “filósofo” Mauricio Dimeo, quien deslegitimó las identidades trans y no binaries.
Canal 21 emitió entonces un comunicado en el que aseguró defender la libertad de expresión y pidió formular observaciones y quejas contra el programa a través de medios electrónicos, para que fueran evaluadas por su Defensoría de Audiencias.
Aunque mes y medio después ofrecieron una disculpa pública reconociendo que la negación de la existencia de identidades de género no debía ser parte del debate ni de la libertad de expresión.
El 20 de septiembre de 2024, Turrent escribió en X que había leído con detenimiento las felicitaciones, comentarios y sugerencias por su nombramiento como directora de Canal Once, y se comprometió a abrir un canal de comunicación directa. “El objetivo último es seguir construyendo, voz a voz, una televisión cada vez más pública”, señaló.
Sin embargo, las organizaciones, colectivas y activistas personas de las poblaciones trans, no binaries y aliadas de la diversidad sexogenérica convocaron a una manifestación el próximo 4 de octubre afuera de las instalaciones de Canal Once contra el nombramiento de Turrent como directora.
En entrevista, la vocería de Hola Amigue, colectivx formada por personas trans y no binaries en México que difundieron el documento contra el nombramiento de Renata Turrent, explicó que es importante que se respeten los derechos de las audiencias que son parte de la diversidad sexogenérica.
“Lo de Mauricio Dimeo es un antecedente del por qué ahorita estamos exigiendo que no se le dé entrada a Renata Turrent como directora de Canal 11 en el nuevo sexenio, pero no se debe de quitar el renglón al respecto”, mencionó le entrevistade.
En abril de 2024, el Canal 22 fue señalado por un programa de la emisión Debate 22, titulado “¿Es misógino El Temach?”, un creador de contenido digital que, pese a ser señalado por promover discursos de odio y misoginia, fue considerado como invitado. Finalmente, ante las críticas, el canal suspendió la emisión.
En 2020, Canal Once terminó anticipadamente la tercera temporada del programa John y Sabina, luego de que su coconductora, Sabina Berman, acusó públicamente a John Ackerman de acoso laboral y actitudes machistas.
En el último programa transmitido, donde participó Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP), Berman habló abiertamente de que Ackerman no le turnaba la palabra. Esto fue una queja de las audiencias que registró la ASF.
“En el programa “John y Sabina”, los presentadores tuvieron constantes enfrentamientos, en los que el conductor incitó la violencia de género contra su compañera al ignorar sus participaciones y, aunado a lo último, el descontento por la decisión de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once de otorgarle a dicho conductor la dirección de un nuevo programa, en lugar de imponer una sanción por su comportamiento”, menciona la auditoría.
Sobre Operación Mamut, donde personajes como Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN, y la periodista Reyna Ramírez han sido ridiculizadas de manera recurrente, la académica e investigadora Sara Lovera explica que podría tratarse de violencia de género.
“Es usar los medios públicos para violentar a las mujeres en general, independientemente de que tenga un respaldo político”, comentó en entrevista la editora de género de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
La periodista feminista señaló que, a pesar de que en otros sexenios la apuesta por los medios públicos no había sido una prioridad, el Canal Once “nunca estuvo al servicio del presidente de la República”.
“La polarización es una consecuencia de esta administración y está reflejada en los medios públicos, lo cual es muy grave, porque debieran responder a las necesidades de la ciudadanía. El Canal Once era un referente cultural, el presidente usó todos los medios públicos para sus fines políticos, de la misma manera como en la mañanera”.
Aumentaron las quejas de audiencias sobre Canal Once
Una auditoría de desempeño a la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, revela que las quejas tuvieron un incremento porcentual de 311.7% al pasar de 34 en 2018 a 140 en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador; ya en 2020 la cifra fue de 129 quejas.
Las observaciones también tuvieron una aumento de 55.1%, al pasar de 29 en 2018 a 45 en 2019; aunque para 2020 hubo 27.
Algunas de las quejas fueron sobre “la falta de imparcialidad y pluralismo ideológico y político en las intervenciones de los conductores de diversos programas informativos y de noticias, ya fuera a favor o en contra en gobierno”.
También “sobre la salida de conductores de la barra de noticiarios de Canal Once; la percepción de censura hacia comentaristas cuyas opiniones no favorecían las decisiones del gobierno en turno”, según lo documentado por la ASF.
Al respecto, se dieron casos como el del periodista Javier Solórzano confirmó que después de seis años prescindieron de sus servicios en el noticiario nocturno de Canal Once.
Por el contrario, los informes de actividades de la Defensoría de las Audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano destacaron las felicitaciones al menos desde el segundo semestre de 2022 como segundo comportamiento de interacción de la ciudadanía, después de las opiniones. Aunque también hubo críticas.
“Los comentarios de Jairo Calixto Albarrán, se salen de contexto y no tienen la seriedad del canal, que representa a una excelente casa de estudios, y la mentada 4 ‘Operación Mamut’, tampoco me gusta, es falta de seriedad y objetividad, en cuanto a la totalidad de su programación es excelente”, mencionó uno de los comentarios de las audiencias en el Informe Defensor de la Audiencia Canal Once enero – marzo 2023.
Ante ello, en el informe, sobre la sección “Mujer, casos de la Piña real”, dentro del programa Operación Mamut, sólo se señaló que había sido “motivo de controversia entre ciertos sectores de la opinión pública”.
TV pública favoreció precampaña y campaña de Sheinbaum
El monitoreo del INE confirmó que los medios públicos favorecieron la campaña de Claudia Sheinbaum, pues le dieron 82 horas ocho minutos y tres segundos al aire. Esto equivale a 37.4% de las más de 219 horas que en total tuvieron las y el candidato.
Xóchitl Gálvez contó con alrededor de 3.8 horas menos que su contrincante al acumular 35.6% del total, es decir, 78 horas 19 minutos y 7 segundos. Mientras que Jorge Álvarez Máynez sólo ocupó 26.8% del tiempo, con 58 horas 59 minutos y 12 segundos al aire.
Las actividades en radio y televisión públicas contemplaron diversos géneros periodísticos, entre los que destacan las entrevistas. Sheinbaum recibió 2.5 veces más tiempo que sus contrincantes en 250 diálogos.
Tanto a Xóchitl Gálvez (134 entrevistas) como a Jorge Álvarez Máynez (106) les otorgaron poco más de una hora y media, mientras Sheinbaum sumó cuatro horas con tres minutos en los medios públicos.
Para saber más: Sheinbaum recibió 5 veces más comentarios positivos que Xóchitl en medios públicos y 3.8 horas más al aire: monitoreo INE
El monitoreo ubicó 33 valoraciones negativas contra Xóchitl Gálvez, según el monitoreo de medios que realiza el INE. En contraste, sólo cuatro fueron hacia Claudia Sheinbaum.
El propio Jenaro Villamil reconoció el uso de recursos del SPR para difundir biografías y semblanzas de quienes aspiraban a la candidatura presidencial de Morena, previo a las campañas.
“En el @SPRInforma y en el @canalcatorcemx se han hecho biografías y semblanzas con el mismo tiempo y duración de todos los aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Deja de tergiversar @Polemista4T”, escribió en su cuenta de Twitter.
Esto a pesar de que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) establece que un funcionario público está en riesgo de cometer un delito si usa recursos públicos para apoyar candidatos.
Para entender mejor: Jenaro Villamil reconoce uso de radio y tv públicas para difundir biografías de aspirantes de Morena; lo acusan de violar ley electoral
Denuncias y sanciones contra la TV pública
El Sabueso realizó una búsqueda en el Repositorio de Quejas y Denuncias y encontró al menos cuatro de 2021 a 2024 en contra de Canal 11, Canal 22 y Jenaro Villamil, presidente del SPR, presentadas por el PAN y el PRI.
Aunque, según los acuerdos, las medidas cautelares como brindar una cobertura equitativa y eliminar o suspender transmisiones fueron declaradas improcedentes, las quejas y denuncias muestran las inconformidades sobre la cobertura electoral en la televisión pública.
Por ejemplo, una de las denuncias es la presunta utilización de recursos públicos y violación al principio de equidad en la contienda electoral, atribuibles a un audiovisual difundido a través de Canal Once que llama a no votar por “el PRIAN”.
Otra fue presentada por el PAN acerca de que Villamil publicó un mensaje en X sobre el #JuicioAExPresidentesVa #ConsultaPopular2021 y un video caricaturizado.
Una denuncia más es por un video dentro del programa denominado “Chamuco TV”, de Canal 22 que, a juicio del PRI generó un beneficio a Delfina Gómez, pues en la grabación se mostró la leyenda “¡Fraude 2018!”, mientras aparecía un dinosaurio que carga un costal con la palabra “Edomex”.
La pieza aludió a que el PRI presuntamente robó la contienda por la gubernatura en la que Delfina Gómez compitió y perdió frente a Alfredo del Mazo. Sin embargo, esos comicios fueron en 2017, no en 2018.
Y, a propósito de la cobertura en medios públicos que favoreció a Sheinbaum, el PAN denunció la presunta violación al modelo de comunicación política por el uso de recursos públicos con fines político-electorales y vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda.
No olvides revisar: El PRI del Edomex denuncia presunto uso de Canal 22 a favor de la campaña de Delfina Gómez
Asimismo, en los archivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hay al menos 13 expedientes que mencionan como partes involucradas a Canal Once, a su concesionario, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a Canal 22 y a Jenaro Villamil o al propio SPR.
Incluso, la Sala Superior confirmó una sentencia contra Villamil por infracciones consistentes en la vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos, derivado de la conferencia de prensa matutina en marzo de 2024 cuando el presidente habló del “Plan C”, es decir, un llamado a no votar por la oposición.
“#ConferenciaPresidente. Destaca @lopezobrador_ que ‘hay un Plan C’ para que no se le dé ni un voto al bloque conservador”, publicó a través de X el titular del SPR, replicando los dichos del presidente.
Jenaro Villamil es encargado de despacho del SPR, mientras el Senado de la República decide si lo ratifica como presidente por otros cinco años. Aunque él aseguró que ya tiene el aval de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, tras haber asistido a su casa de transición el 11 de septiembre de 2024.
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La BBC visita la frontera entre China y Myanmar, donde una guerra hace estragos a las puertas de la potencia asiática.
“Un pueblo, dos países” solía ser el lema de Yinjing en el extremo suroeste de China.
Un viejo cartel turístico presume de una frontera con Myanmar formada únicamente por “vallas de bambú, zanjas y surcos de tierra”, una señal de la fluida relación económica que Pekín había tratado de construir con su vecino.
Ahora, la frontera que visitó la BBC está marcada por una alta valla metálica que atraviesa el condado de Ruili, en la provincia de Yunnan. En algunos puntos, está rematada por alambre de púas y cámaras de vigilancia, atraviesa campos de arroz y divide calles que antes estaban unidas.
Las duras medidas de confinamiento impuestas por China durante la pandemia obligaron inicialmente a la separación, pero desde entonces ésta se ha consolidado debido a la guerra civil en Myanmar, desencadenada por un sangriento golpe de Estado en 2021.
El régimen militar ahora está luchando por el control de amplias zonas del país, incluido el estado de Shan, a lo largo de la frontera con China, donde ha sufrido algunas de sus mayores pérdidas.
Esta crisis a las puertas de China –comparten una frontera de casi 2.000 kilómetros– está resultando costosa para el país asiático, que ha invertido millones de dólares en Myanmar para construir un crucial corredor comercial.
El ambicioso plan pretende conectar el suroeste de China, que no tiene salida al mar, con el océano Índico a través de Myanmar, pero el corredor se ha convertido en un campo de batalla entre los rebeldes de Myanmar y el ejército de ese país.
Advertencia
Pekín tiene influencia sobre ambas partes, pero el alto al fuego que negoció en enero se vino abajo.
Ahora ha recurrido a ejercicios militares a lo largo de la frontera y a palabras severas. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha sido el último diplomático en visitar la capital de Myanmar, Nay Pyi Taw, y se cree que ha lanzado una advertencia al gobernante del país, Min Aung Hlaing.
Los conflictos no son nuevos en el empobrecido Shan. El estado más grande de Myanmar es una de las principales fuentes de opio y metanfetaminas del mundo. A su vez, ha sido hogar de ejércitos étnicos opuestos al gobierno centralizado desde hace tiempo.
Pero las vibrantes zonas económicas creadas por la inversión china lograron prosperar… hasta que se desató la guerra civil.
Un altavoz advierte ahora a los habitantes de Ruili de que no se acerquen demasiado a la valla metálica, pero eso no impide que un turista chino meta el brazo entre los barrotes para hacerse una selfie.
Dos niñas con camisetas de Disney gritan a través de los barrotes: “¡Eh abuelo, hola, mira para acá!”, mientras lamen unas bolas de helado rosa. El anciano que arrastra los pies descalzos al otro lado apenas levanta la vista antes de darse la vuelta.
Refugio en Ruili
“Los birmanos viven como perros”, dice Li Mianzhen. Su puesto de la esquina vende alimentos y bebidas de Myanmar -como té con leche- en un pequeño mercado a pocos pasos del puesto de control fronterizo de la ciudad de Ruili.
Li, quien luce como de unos 60 años, solía vender ropa china a lo largo de la frontera en Muse, una gran fuente de comercio con China. Pero dice que ya casi nadie en su pueblo tiene suficiente dinero.
La junta militar de Myanmar sigue controlando la ciudad, uno de sus últimos reductos en el estado de Shan. Pero las fuerzas rebeldes han tomado otros pasos fronterizos y una zona comercial clave en el camino a Muse.
La situación ha desesperado a la gente, dice Li. Sabe de algunos que han cruzado la frontera con el objetivo de ganar tan sólo 10 yuanes -no mucho más de un dólar- para poder regresar a Myanmar y “alimentar a sus familias”.
La guerra ha restringido gravemente los viajes dentro y fuera de Myanmar, y la mayoría de los relatos proceden ahora de quienes han huido o han encontrado la forma de cruzar las fronteras, como Li.
Imposibilitados de conseguir los permisos de trabajo que les permitirían entrar en China, la familia de Li está atrapada en Mandalay, mientras las fuerzas rebeldes se acercan a la segunda ciudad más grande de Myanmar.
“Siento que me muero de ansiedad”, dice Li. “Esta guerra nos ha traído tantas desgracias. ¿En qué momento acabará todo esto?”.
Zin Aung (nombre que ha sido cambiado), de 31 años, está entre los que lograron salir. Él trabaja en un parque industrial a las afueras de Ruili, que produce ropa, electrónica y piezas de vehículos que se envían a todo el mundo.
Trabajadores como él son reclutados en grandes cantidades desde Myanmar y son trasladados por firmas respaldadas por el gobierno chino que están ávidas de mano de obra barata. Se calcula que ganan unos 2.400 yuanes (US$450 dólares) al mes, lo que es menos que sus colegas chinos.
“Todo el mundo tiene que huir”
“No tenemos nada que hacer en Myanmar a causa de la guerra”, dice Zin Aung. “Todo es caro. El arroz, el aceite de cocina. Se combate intensamente en todas partes. Todo el mundo tiene que huir”.
Sus padres son demasiado mayores para huir, así que él lo hizo. Envía dinero a casa siempre que puede.
Los hombres viven y trabajan en los pocos kilómetros cuadrados del complejo gestionado por el gobierno en Ruili. Zin Aung dice que es un santuario, comparado con lo que dejaron atrás: “La situación en Myanmar no es buena, por eso nos refugiamos aquí”.
Aung también escapó al reclutamiento obligatorio, que el ejército de Myanmar ha estado haciendo cumplir para compensar las deserciones y las pérdidas en el campo de batalla.
Una tarde, cuando el cielo se teñía de escarlata, Zin Aung corría descalzo por el barro hasta un campo empapado por la temporada de lluvias, preparado para otro tipo de batalla: un feroz partido de fútbol.
Birmanos, chinos y el dialecto local de Yunnan se mezclaban mientras los espectadores reaccionaban a cada pase, patada y tiro. Esto es algo cotidiano en su nuevo hogar temporal, una liberación tras un turno de 12 horas en la cadena de montaje.
Muchos de los trabajadores proceden de Lashio, la ciudad más grande del estado de Shan, y de Laukkaing, hogar de familias criminales apoyadas por la junta. Laukkaing cayó en manos de las fuerzas rebeldes en enero y Lashio fue cercada, en una campaña que ha cambiado el curso de la guerra y la participación de China en ella.
Pekín en apuros
Ambas ciudades se encuentran a lo largo del preciado corredor comercial chino y el alto el fuego negociado por Pekín dejó Lashio en manos de la junta. Pero en las últimas semanas, las fuerzas rebeldes han penetrado en la ciudad, convirtiéndose en su mayor victoria hasta la fecha. El ejército ha respondido con bombardeos y ataques de aviones no tripulados, restringiendo las redes de internet y de telefonía móvil.
“La caída de Lashio es una de las derrotas más humillantes en la historia del ejército”, afirma Richard Horsey, asesor en Myanmar del International Crisis Group.
“La única razón por la que los grupos rebeldes no presionaron en Muse es que probablemente temían que eso molestara a China”, afirma Horsey. “Luchar allí habría afectado a las inversiones que China espera reiniciar desde hace meses. El régimen ha perdido el control de casi todo el norte del estado de Shan, con la excepción de la región de Muse, que está justo al lado de Ruili”.
Ruili y Muse, ambas designadas zonas especiales de comercio, son cruciales para la ruta comercial de 1.700 km financiada por Pekín, conocida como el Corredor Económico China-Myanmar. La ruta también apoya las inversiones chinas en energía, infraestructuras y minería de tierras raras, que son cruciales para la fabricación de vehículos eléctricos.
Pero su núcleo es una línea ferroviaria que conectará Kunming -capital de la provincia de Yunnan- con Kyaukphyu, un puerto de aguas profundas que los chinos están construyendo en la costa occidental de Myanmar.
Este puerto, situado en el golfo de Bengala, permitirá a las industrias de Ruili y sus alrededores acceder al océano Índico y, por ende, a los mercados mundiales. El puerto es también el punto de partida de oleoductos y gasoductos que transportarán energía a través de Myanmar hasta Yunnan.
Pero estos planes están ahora en peligro.
El Presidente Xi Jinping llevaba años cultivando los lazos con su vecino rico en recursos, cuando la líder electa del país, Aung San Suu Kyi, fue obligada a abandonar el poder.
Xi se negó a condenar el golpe y siguió vendiendo armas al ejército. Sin embargo, tampoco reconoció a Min Aung Hlaing como Jefe de Estado, ni le ha invitado a China.
Tres años después, la guerra ha matado a miles y desplazado a millones de personas, pero no se vislumbra el final.
Obligado a luchar en nuevos frentes, el ejército ha perdido desde entonces entre la mitad y dos tercios de Myanmar en favor de una oposición dividida.
Pekín se encuentra en un punto muerto. “No le gusta esta situación” y considera “incompetente” al jefe militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, afirma Horsey. “Están presionando para que se celebren elecciones, no porque necesariamente quieran volver a un régimen democrático, sino más bien porque piensan que es una forma de volver a cómo eran las cosas”.
El régimen de Myanmar sospecha que Pekín juega a dos bandas: mantiene la apariencia de apoyar a la junta mientras sigue manteniendo una relación con los ejércitos étnicos del estado de Shan.
Los analistas señalan que muchos de los grupos rebeldes están utilizando armas chinas. Las últimas batallas son también un resurgimiento de la campaña lanzada el año pasado por tres grupos étnicos que se autodenominaron Alianza de la Hermandad. Se cree que la alianza no habría hecho su jugada sin la aprobación tácita de Pekín.
Sus logros en el campo de batalla supusieron el fin de conocidas familias mafiosas cuyos centros de estafa habían atrapado a miles de trabajadores chinos. Pekín, frustrada desde hace tiempo por el aumento de la ilegalidad en su frontera, valoró su caída, así como de las decenas de miles de sospechosos entregados por las fuerzas rebeldes.
Para Pekín, el peor escenario posible es que la guerra civil se prolongue durante años. Pero también temería un colapso del régimen militar, que podría presagiar un mayor caos.
Aún no está claro cómo reaccionará China ante uno u otro escenario; lo que tampoco está claro es qué más puede hacer Pekín, más allá de presionar a ambas partes para que acepten entablar conversaciones de paz.
Planes en pausa
Esta compleja situación es evidente en Ruili, con kilómetros de tiendas cerradas. Una ciudad que antes se benefició de su situación fronteriza sufre ahora las consecuencias de su proximidad a Myanmar.
Golpeados por algunos de los confinamientos más estrictos de China durante la pandemia, los comercios de la zona sufrieron un nuevo golpe al no reactivarse el tráfico y el comercio transfronterizos.
También dependen de la mano de obra del otro lado, que según varios agentes que ayudan a los trabajadores birmanos a encontrar empleo, se ha detenido. Dicen que China ha endurecido sus restricciones a la contratación de trabajadores del otro lado de la frontera y que también ha deportado a cientos de personas acusadas de estar trabajando ilegalmente.
El propietario de una pequeña fábrica, que no quiso ser identificado, dijo a la BBC que las deportaciones significaban que su “negocio no va a ninguna parte… y no hay nada que yo pueda cambiar”.
La plaza junto al puesto de control está llena de jóvenes trabajadores, entre ellos madres con sus bebés, que esperan a la sombra. Muestran su documentación para asegurarse de que tienen lo necesario para conseguir un empleo. Los que lo consiguen reciben un pase que les permite trabajar hasta una semana o ir y venir entre los dos países, como Li.
“Espero que algunas buenas personas puedan decir a todas las partes que dejen de pelearse”, dice Li. “Si no hay nadie en el mundo que nos defienda, es realmente trágico”.
Li sostiene que a menudo su entorno le asegura que los combates no estallarán demasiado cerca de China. Pero no está convencida: “Nadie puede predecir el futuro”.
Por ahora, Ruili es una opción más segura para ella y Zin Aung. Entienden que su futuro está en manos chinas, al igual que los chinos.
“Tu país está en guerra”, le dice un turista chino a un vendedor de jade de Myanmar con el que regatea precios en el mercado. “Tú sólo toma lo que yo te doy”.
