Tras presentar su renuncia a participar en la elección de 2025, siete ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizaron que recibirán su haber de retiro, un pago similar a una pensión tras cumplir con su encargo, mismo que desde el gobierno de Morena se eliminó con la reforma al Poder Judicial.
Sin embargo, la reforma publicada el pasado 15 de septiembre señaló que si los ministros en funciones renunciaban a su puesto antes del pasado 31 de octubre, garantizaban recibir este derecho.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en su conferencia del 29 de octubre pasado que los ministros presentarían su renuncia para mantener el pago por el haber de retiro.
“Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero”, afirmó la presidenta.
Para entender mejor: Ocho ministros renuncian a la Suprema Corte; declinan participar en elección extraordinaria de 2025
Pero ¿a cuánto asciende este monto? ¿Y cuánto le corresponde a cada ministro? En El Sabueso revisamos la reglamentación sobre este pago y te presentamos cómo se calcula ese pago y las condiciones que hay para recibirlo.
Cabe aclarar que según la reforma, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien termina su encargo el próximo 30 de noviembre, no tiene derecho a este haber de retiro. Sin embargo, no ha informado si promoverá algún recurso para exigir esos derechos.
El haber de retiro es un pago vitalicio que reciben mensualmente las ministras y ministros de la Suprema Corte en retiro. Dicho pago estaba contemplado en la Constitución antes de la Reforma al Poder Judicial, y se mantiene en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual está pendiente de reformarse.
Este corresponde al pago de una especie de pensión equivalente al ingreso mensual que corresponde a las ministras o ministros en activo.
Según ha explicado la Suprema Corte en solicitudes de transparencia, este monto contempla el salario mensual de los ministros según el manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, mismo que se actualiza cada año.
Para 2024 dicho monto es de 206 mil 948 pesos mensuales. Pero, ese monto cambia cada año según se actualice el manual de remuneraciones. Y de acuerdo con la reforma constitucional en materia de austeridad, en los años posteriores a la elección del Poder Judicial no podrá ser superior al ingreso mensual de la presidenta de la República.
No. De acuerdo con la Ley, el haber de retiro se paga al 100% sólo los primeros dos años. Después de ese periodo, se reduce al 80% del monto correspondiente a cada ministro.
Además, si la ministra o el ministro al momento de su retiro no cumplió con el periodo de 15 años para el que fue electo, el haber se pagará de forma proporcional al tiempo que desempeñó su cargo. Es decir, que si sólo estuvo 7.5 años, se le pagará el 50% del monto correspondiente.
Para el próximo 31 de agosto de 2025, sólo el ministro Pardo Rebolledo, nombrado en febrero de 2011, estará cerca de completar el periodo de 15 años para el que fue electo, con el 97% del tiempo de su encargo.
Mientras que los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena habrán cumplido con el 85% de su encargo.
Por otro lado, la ministra presidenta Norma Piña y el ministro Javier Laynez culminarán con el 64.8% de su encargo.
Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, nombrado en diciembre de 2018, y Ana Margarita Ríos Farjat, designada en diciembre de 2019 terminarán su encargo con menos de la mitad del tiempo transcurrido.
Es decir, que los ministros que sí acepten el haber de retiro recibirán durante los primeros dos años el monto proporcional al tiempo que ocuparon el cargo. Mientras que a los dos años, su haber de retiro será del 80% del monto recibido inicialmente.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información por transparencia, además del “haber de retiro”, las ministras y ministros reciben durante los dos primeros años otras prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y pago por riesgo. Después de ese tiempo, sólo reciben la prestación de aguinaldo, el cual se paga anualmente.
Hasta antes de la reforma, dichos beneficios se pagaban a 10 exministras y ministros, incluidos el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar, quien es colaborador del gobierno de Claudia Sheinbaum e integrará el comité de evaluación de perfiles para contender por una candidatura en la elección del Poder Judicial en junio de 2025.
Igualmente recibe este pago la exministra Olga Sánchez Cordero, y los exministros Mariano Azuela, Juan Silva Meza, Margarita Luna Ramos, Genaro Góngora, Guillermo Ortiz Mayagoitia, José Ramón Cossío, Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora.
Además, la Corte informó que se mantiene el pago de seguro de gastos médicos mayores, el cual reconoció en la misma solicitud de información, que se paga a las 10 ministras y ministros en retiro.
De acuerdo con datos de la Suprema Corte hasta 2019, el pago de póliza de seguros representó 77.7 millones de pesos para dar cobertura a 3 mil 999 trabajadores. Es decir, un costo promedio de 22 mil 863 pesos anuales por cada trabajador con seguro de gastos médicos mayores, incluidos las y los ministros.
Aunque no se han revelado muchos detalles sobre la nueva agencia, un repaso a la trayectoria del fundador de Tesla puede dar algunas pistas.
Donald Trump le ha encargado a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, la dirección del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Trump afirmó en redes sociales que Musk y Vivek Ramaswamy, excandidato en las primarias del Partido Republicano, “desmantelarán la burocracia gubernamental, reducirán las regulaciones excesivas, recortarán los gastos innecesarios y reestructurarán las agencias federales”.
El empresario tecnológico cuenta con una larga experiencia de liderazgo corporativo para cumplir ese objetivo que lleva meses defendiendo.
Pero su rol también le otorgaría una importante influencia sobre la política gubernamental y el entorno regulatorio en el que operan sus compañías, lo que plantea dudas razonables.
De momento se conocen pocos detalles concretos sobre el próximo Departamento de Eficiencia Gubernamental, al que Trump llamó en un comunicado “el Proyecto Manhattan de nuestro tiempo”.
El presidente electo ha adelantado que el DOGE funcionará como una especie de consejo asesor que operará de forma externa mediante una asociación con la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB).
El departamento, anunció Trump, “brindará asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto para impulsar una reforma estructural a gran escala y crear un enfoque empresarial para el gobierno nunca antes visto”.
“Espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia y, al mismo tiempo, para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de US$6,5 billones”, agregó.
Y, en principio, no será permanente: Trump estima que el órgano completará su trabajo en 18 meses, y Musk cree que lo hará “mucho más rápido”.
Por su parte, Musk afirmó en un mitin del entonces candidato republicano en octubre que el presupuesto del gobierno estadounidense podría reducirse en “al menos” US$2 billones de un total de US$6,5 billones.
También ha sugerido con frecuencia que el número de empleados gubernamentales se puede reducir de forma significativa.
Por su parte, Ramaswamy expresó en el pasado su deseo de eliminar una serie de oficinas federales, entre ellas el Departamento de Educación, la Comisión Reguladora Nuclear, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.
En todo caso, la forma en la que Musk ha dirigido sus propias empresas puede dar pistas de lo que los estadounidenses pueden esperar que haga en el DOGE.
En octubre de 2022 se hizo cargo de la plataforma de redes sociales Twitter, a la que rebautizó como X, en un acuerdo de US$44.000 millones.
Musk renunció a las políticas de moderación de contenido y eliminó el veto a los usuarios considerados infractores de las reglas sobre discurso de odio y desinformación.
Uno de los usuarios a los que restituyó fue Trump, cuyo perfil había sido censurado tras el motín del Capitolio en enero de 2021 por seguir afirmando que las elecciones de 2020 habían sido amañadas en su contra.
La adquisición de Musk trajo cambios radicales a X, como la reducción de plantilla de unas 8.000 personas a 1.500.
En abril de 2023 le dijo a la BBC que su razonamiento para tomar esta medida era que “si toda la empresa se hunde, entonces nadie tendrá trabajo”.
“Su idea de eficiencia era despedir a mucha gente”, afirma Alex Waddan, profesor de política estadounidense en la Universidad de Leicester.
Como respuesta al éxodo de anunciantes por relajar las políticas de libertad de expresión de la plataforma, el empresario monetizó algunas funciones para aumentar los ingresos.
Convirtió las marcas azules, que antes indicaban que una cuenta de una figura pública era auténtica, en un modelo de suscripción y vinculó los pagos de publicidad a usuarios “verificados” con la cantidad de interacciones recibidas.
Pero estos cambios tuvieron algunas consecuencias no deseadas.
Tras un aluvión de críticas, X asignó marcas de oro o plata a las cuentas oficiales para evitar que se confundieran con falsas, lo que significa que las marcas azules solo indican que una cuenta es de pago.
Incentivar a los usuarios con una parte de los ingresos publicitarios también aportó una vía para que las llamadas “granjas de bots” ganaran dinero con interacciones a su contenido generado automáticamente. Musk ha dicho que su equipo ha eliminado de forma repetida las cuentas de bots.
Los críticos sostienen que sus cambios han dado prominencia al discurso de odio y la desinformación, aunque él sostiene que la red social es políticamente neutral.
“Como ’empresario en serie’, Musk ha sido implacable en su intento de mejorar la eficiencia institucional en sus propias compañías”, evalúa Thomas Gift, profesor de Ciencias Políticas y director del Centro de Política Estadounidense en el University College de Londres.
Añade que, aunque el papel principal de Musk será “reducir la maraña de burocracia que es el gobierno federal de Estados Unidos”, su puesto también le aportará influencia en la nueva administración.
“Si bien su papel en el Departamento de Eficiencia Gubernamental será más informal, no hay duda de que Trump lo escucha, al menos por el momento”, sentencia.
Elon Musk “es extremadamente antirregulaciones y odia que el gobierno o cualquier otra persona le diga qué hacer“, describió la periodista de investigación Kristen Grind en el podcast The Daily del diario estadounidense The New York Times.
El acrónimo DOGE ideado por Musk hace referencia a un meme de un perro Shiba Inu que luego dio su nombre a la criptomoneda Dogecoin. Él ha mencionado ambos con frecuencia.
Christopher Phelps, profesor de historia política moderna de Estados Unidos, interpreta que el nombre es “un guiño a la desregulación de las criptomonedas como parte de sus planes”.
Los precios de las criptomonedas aumentaron después de la elección de Trump, lo que hace pensar que el presidente entrante creará un entorno regulatorio relajado.
Pero los llamamientos desregulatorios de Musk también pueden atribuirse en parte a las frustraciones que ha padecido con sus otras empresas comerciales: la compañía de vehículos eléctricos Tesla y la firma de cohetes SpaceX.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado repetidamente a Tesla de intentar evitar que sus trabajadores se sindicalicen, lo que en algunos casos podría infringir la ley federal.
Musk, cuyo patrimonio neto estimado alcanza los US$290.000 millones, ha afirmado anteriormente que “no está en contra de todos los sindicatos”, pero que el sindicato de trabajadores automotrices “tiene un historial de destrucción de productividad que impide a una empresa competir”.
En septiembre, Musk amenazó con demandar a la Administración Federal de Aviación por sus planes de multar a su compañía SpaceX con US$633.000 por supuestas infracciones de licencias relacionadas con algunos de sus lanzamientos de cohetes desde Cabo Cañaveral, en Florida.
Acusó a la agencia de “extralimitación regulatoria”.
También ha dicho en repetidas ocasiones que quiere colonizar Marte, y el programa Starship de SpaceX es un intento de hacer esto posible.
Pero en septiembre escribió que esto solo era una posibilidad “siempre que no se vea sofocada por la burocracia” y afirmó que la creación del DOGE era “el único camino para extender la vida más allá de la Tierra”.
Entonces, ¿hasta qué punto su motivación para asumir el rol en el gobierno responde a sus intereses comerciales?
Musk “se beneficiará personalmente de gran parte de la desregulación que promociona”, opina el profesor Phelps.
“Creo que poner a alguien que es multimillonario y dirige grandes corporaciones a cargo de un proyecto federal de desregulación es algo, por naturaleza, lleno de conflictos de intereses“.
Por su parte, el profesor Gift apunta que “no hay duda de que Musk tiene importantes intereses creados en el panorama regulatorio de Estados Unidos como resultado de sus muchas empresas comerciales”.
Al mismo tiempo, matiza, “es difícil afirmar que este sea el único motivo que lo impulsa”.
“Musk ha asumido enormes riesgos personales y políticos al salir del armario a favor de Trump, y muchas de sus actividades y retórica parecen mostrar a un individuo ideológicamente comprometido con causas en las que cree”.
El profesor Waddan coincide con este punto de vista: “es evidente que tiene algo en juego y un interés propio, pero igualmente puede creer sinceramente que hay demasiada regulación y demasiada burocracia gubernamental”.
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