Sin datos sobre consumo, gobierno federal lanza campaña “el fentanilo mata”
Para entender mejor
La campaña “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata” presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum utilizará imágenes de jóvenes solos, en sobredosis y hospitalizados para advertir sobre los riesgos de este opioide en su uso no médico y no regulado, aunque sin contar con datos públicos actualizados sobre el consumo de narcóticos a nivel nacional.
La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encuesta Nacional de Adicciones, Encodat) que se realizó en México corresponde al 2016. El gobierno de López Obrador decidió suspender su aplicación en 2022, argumentando razones presupuestales.
Ante la presión de organizaciones de la sociedad civil, se anunció que se volvería a hacer una encuesta, denominada Enasama y a cargo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), con el apoyo del Conahcyt para el muestreo. El 1 de mayo pasado anunciaron que ya había terminado el levantamiento, pero hasta ahora no se presentan los resultados.
Al presentar la nueva campaña, la presidenta aseguró que el país no tiene un problema de fentanilo como el de Estados Unidos, donde murieron 70 mil personas anualmente a causa de esa droga entre 2021 y 2023. Aunque hay regiones de México, sobre todo en las ciudades fronterizas, en donde el consumo del fentanilo ha quedado demostrado, con una tendencia creciente en la atención de casos.
Durante la presentación de la campaña en Palacio Nacional un reportero preguntó si México contaba con estadísticas sobre el consumo de fentanilo y si existía el registro de alguna muerte asociada a esta droga. La presidenta preguntó si alguna de las autoridades presentes quería responder. Quien atendió fue el secretario de Salud, David Kershenobich. Sin embargo, el secretario no dio una respuesta puntual y ante la insistencia del reportero Kershenobich se limitó a decir que los opioides sintéticos son capaces de producir la muerte de una muerte de una persona, pero que “afortunadamente nosotros no tenemos un problema de fentanilo, como lo tienen otros países”.
Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), menciona que “el problema de que no hubo datos durante todo el sexenio anterior es precisamente que no podemos determinar bien a bien de qué tamaño es el problema … Hasta donde tenemos acceso a los datos es verdad que México refleja en esas encuestas un nivel de consumo y adicción de sustancias ilícitas menor a la media latinoamericana y menor a los registrados en países desarrollados”. Sin embargo, advierte que “eso no quiere decir que México no tenga fuertes problemas de atención a las adicciones, como es la incapacidad de tener la capacidad pública para solventar los tratamientos de superación de las adicciones”.
Sánchez dice que la encuesta Encodat se dejó de levantar debido a que el tema de adicciones “no se percibe como un tema prioritario”, por lo que “le tocó entrar dentro del saco de un montón de ejercicios estadísticos que se cancelaron”, en aras de la denominada austeridad republicana.
“Aquellos problemas que no se miden son problemas que por definición no crecen, no necesitan una atención inmediata, no tienes riesgo de que la opinión pública de alguna manera te llame a cuentas. Entonces, tú simple y sencillamente puedes controlar el discurso alrededor de eso que no quieres que se vuelva un problema público”, señala Sánchez.
“Hay qué recordar además que va a ser una encuesta que no va a ser comparable con las encuestas anteriores porque se decidió tener un enfoque más cualitativo que cuantitativo, de nuevo para que no salieran ahí resultados que no fueran favorecedores al gobierno”, menciona la directora ejecutiva de MUCD, sobre la Enasama.
Otros especialistas consultados señalan que el nuevo esfuerzo de prevención tiene también algunos aspectos positivos, aunque responde a tensiones políticas con Estados Unidos y mantiene rasgos de estigmatización del consumo.
La campaña contempla sesiones pedagógicas y eventos informativos para estudiantes, docentes y familias, pero también clases de box, espectaculares y carteles con la frase: “El fentanilo te mata, lo ponen en otras drogas para engancharte”.
Presión de EU y consumo en la frontera
Las campañas antidrogas en otros sexenios han sido cuestionadas por especialistas. Como te contamos en esta investigación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó más de 74 millones de pesos en campañas criminalizantes y sin evidencia de que sirvieran para reducir el consumo de drogas.
En ese sentido, Lisa Sánchez, señala que “estas campañas han existido en todos los sexenios y siempre han tenido un componente de responder a la presión estadounidense sobre el tráfico ilícito de drogas, sea la sustancia en voga que sea, ahora es el fentanilo, antes lo fueron otras drogas”.
Estudios como este publicado por The Lancet en 2023 advierten que las campañas que buscan una abstinencia estricta son menos eficaces que aquellas que fomentan una elección informada desde la perspectiva de reducción de daños.
Silvia Cruz, farmacóloga y especialista en neurobiología de las adicciones, señaló que, en efecto, el consumo de fentanilo en México es diferente al de Estados Unidos y Canadá, pues en territorio estadounidense comenzó a popularizarse en 2008 con la prescripción indiscriminada de opioides. Pero esto no significa que no haya un consumo preocupante al norte del país.
En México informes como el de la Conasama y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA) concentran el consumo y los casos de atención por fentanilo en los estados del norte, con un aumento del 30% en las atenciones entre 2022 y 2023, como te contamos en esta nota.
“En 2023 se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo, mientras que en 2022 fueron 333, los cuales se concentran en estados del norte del país como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora”, refirió el informe sobre demanda y oferta de Fentanilo en México, publicado por Conasama este año.
“Desde el segundo semestre de 2023, en la atención a urgencias se utiliza el código emergente U94 en todo el sistema de salud para hacer un monitoreo preciso de las atenciones relacionadas con la intoxicación por fentanilo. Mediante este sistema de monitoreo se registraron nueve atenciones hospitalarias de junio de 2023 a enero de 2024 por intoxicación por fentanilo, de las cuales desafortunadamente tres personas fallecieron”.
A la par de estos datos, un monitoreo del Instituto Nacional de Psiquiatría en colaboración con organizaciones —como Verter y Prevencasa A.C. — expuso que en 93% de 80 muestras de residuos de heroína en jeringas recabadas en 2020 tenían fentanilo. Para 2023, se identificó un aumento rápido del consumo de fentanilo y encontraron “siete de cada diez muestras contenían este opioide, policonsumo de drogas con metanfetaminas, aunado a sobredosis, que la población intentó revertir sin éxito con agua y sal”.
En julio de 2022, Semefo de Baja California inició un programa piloto en Mexicali, autorizado por el Poder Judicial del estado, para realizar pruebas y determinar cuáles son las drogas más consumidas entre las personas que perdieron la vida en la ciudad.
Dicho estudio realizado hace dos años y medio determinó que alrededor del 30% de las personas que murieron en Mexicali tenían restos de fentanilo en el cuerpo y en el 50% de los casos se identificaron otro tipo de sustancias psicoactivas.
Baja California comparte problemáticas con el estado de California en Estados Unidos, mismo que en 2022 registró 10 mil 179 muertes por fentanilo, lo que representó el 10% de decesos relacionados al consumo de dicha sustancia en el país.
“En los estados fronterizos, sobre todo, aunque no únicamente, sí tienen un problema de consumo de fentanilo y de drogas sintéticas, sobre todo en una población que estaba habituada al consumo de heroína inyectable y que encuentra en el fentanilo una alternativa de mayor potencia”, destaca la directora ejecutiva de MUCD.
Se estigmatiza a consumidores
Said Slim, coordinador de proyectos de Verter A.C., y la especialista Silvia Cruz, mencionan que este esfuerzo de prevención focalizado en estudiantes de secundaria y educación media superior tiene aspectos rescatables, aunque sigue apostando por el miedo para desincentivar el consumo.
“Sí es una campaña que está abordando cosas positivas como el ‘habla con tus hijos’ y el autocuidado, pero que tiene obviamente muchos de estos elementos de miedo. Decir ‘el fentanilo te mata’ es parcialmente cierto, hay un punto que hay que matizar y es que los opioides son también muy eficaces como medicamentos”, señala la especialista sobre las acciones anunciadas por el gobierno de Sheinbaum.
Este tipo de discurso, agrega, puede alentar un rechazo al fentanilo de uso médico, que sí está regulado para el dolor. Además Slim destacó que los diseños de esta campaña colocan a los consumidores de drogas como infelices, cuando hay personas que tienen vida productiva, familias o un consumo recreativo.
Lisa Sánchez dice que “si bien cuidaron que el lenguaje en sí mismo no fuera tan estigmatizante como fue en la campaña ‘Las drogas no tienen un final feliz’ o ‘Juntos por la paz’ (…) el tono sigue siendo amarillista y las imágenes podrían ser incluso revictimizantes”.
Destaca además que “no hay en los pilares de la estrategia un componente fundamental que se ubica entre la prevención y el tratamiento que es la reducción de riesgos y daños, y que es un área de oportunidad donde más claramente podría tener resultados positivos el gobierno mexicano”.
En este sentido, los especialistas coinciden en que reproducir la caracterización de “zombies” en este tipo de campañas puede obstaculizar el acceso a la salud, justicia y otros servicios a los consumidores.
El gobierno imprimirá un millón de guías para docentes, 10 millones de cuadernillos de orientación para familiares, mil 448 espectaculares y 500 mil carteles que serán distribuidos por todo el país, como parte de su campaña.
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BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
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