“No ha habido problemas”: Sheinbaum y Buenrostro defienden programas de entregas directas, pero sí hay irregularidades
La Presidenta Claudia Sheinbaum y la nueva secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, defendieron la estrategia de entrega directa de apoyos sociales, e incluso la mandataria aseguró que con el programa La Escuela es Nuestra no se han registrado fallas.
Pero reportes periodísticos y oficiales han señalado irregularidades en la operación de diversos programas sociales, entre los que se aplican entregan directas desde el sexenio anterior, tales como falta de información sobre su padrón de beneficiarios; ausencia de justificación para no entregar la totalidad de los apoyos, y la inclusión de servidores públicos en estos programas.
“Es una manera más eficiente, no ha habido problemas, no hay corrupción y la ciudadanía decide directamente cómo administra estos recursos”, dijo Sheinbaum en la conferencia matutina del 24 de octubre, sobre La Escuela es Nuestra.
“Entre las estrategias que se hicieron, de las primeras estrategias que se utilizaron para ir abatiendo la corrupción fue la entrega directa de los recursos de los apoyos sociales”, dijo Buenrostro el 17 de octubre, también en Palacio Nacional.
En el caso de La Escuela es Nuestra, Animal Político documentó las acusaciones de beneficiarios contra servidores de la nación de robarse el dinero destinado para mejorar las escuelas, además de haber sido amenazados e intimidados para entregar los recursos públicos.
“Los servidores de la nación que no son licenciados, que no son absolutamente nada, son los que se meten y te echan a la gente encima (…) en el pueblo dicen que yo me quedé con el dinero y la servidora de la nación me dijo que me iba a echar hasta a los de la plaza (grupos de la delincuencia organizada), yo tengo todo grabado”, detalló Claudia, tesorera de un comité de padres de familia en Guadalajara, Jalisco.
En este caso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) recibió 606 denuncias por el mal manejo de recursos del programa La Escuela Es Nuestra, sin que se haya sancionado a ningún servidor público.
Aunque el gobierno de López Obrador priorizó la entrega de apoyos directos a los comités de escuelas, los servidores de la nación se adjudicaron responsabilidades que no les correspondían, lo que se tradujo no solo en el mal uso de los recursos públicos de este programa social, sino también, en la fractura de comunidades escolares y hasta de las comunidades.
Además, La Escuela Es Nuestra se ha caracterizado por ser un programa carente de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sin evidencia detallada sobre cómo se usaron 89 mil millones de pesos que se invirtieron durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se ha repetido que disminuyó la corrupción en programas sociales, pero no existe la evidencia concreta de esto. Se han mantenido irregularidades”, mencionó Natalia Campos, Coordinadora de Gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en entrevista con El Sabueso de Animal Político.
“Un análisis necesario sería ver en qué van estas denuncias contra servidores de la nación, como terminaron las investigaciones que llegaron a la Función Pública y si se establecieron los mecanismos para evitar que se repitan estos hechos”, agregó.
Riesgos de corrupción en programas sociales
En 2022, la auditoría 2022-0-20100-19-0251-2023 sobre la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente documentó que 8 mil 762 personas fallecidas no fueron dadas de baja en el padrón de beneficiarios, por lo que continuaron las transferencias.
Además, el sistema informático del registro y control de los beneficiarios del programa no advirtió si los beneficiarios incumplen con los requisitos de CURP y edad señalados en las Reglas de Operación del programa.
En ese año, la ASF reportó que al menos 242 funcionarios estaban inscritos al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” y cobraron la beca por un monto total de 5 millones 110 mil pesos.
El documento también señala que la dependencia no reportó al Banco del Bienestar que perdió 355 tarjetas bancarias para que fueran canceladas y no se hiciera mal uso de los recursos, además de que no gestionaron la desvinculación de los beneficiarios del programa de las cuentas bancarias de 5 mil 491 tarjetas no entregadas.
En cuanto al programa jóvenes construyendo el Futuro, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en la nota informativa Alcances del programa jóvenes construyendo el futuro 2019 – 2022, concluyó: “La pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
Otro ejemplo fue que, en 2022, la ASF reportó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) otorgó apoyos por medio del programa Bienpesca al 56.7% de las solicitudes recibidas sin que la Comisión justificara la falta de apoyos a la totalidad de solicitudes.
Asimismo, detalló que el 76.8% de los apoyos otorgados en 2022 no fueron debidamente documentados.
Por otro lado, se ha señalado el uso de programas sociales con fines electorales, donde los servidores de la Secretaría de Bienestar recordaron que estos apoyos fueron creados por el ex presidente López Obrador.
“Las transferencias monetarias ayudan a promover la equidad y a evitar que la pobreza en los hogares más pobres se profundice y se mantenga en el tiempo. Por esta razón, el diseño, implementación y evaluación de los programas sociales requiere asegurar la mayor rigurosidad posible”, señaló el IMCO.
Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que los programas sociales están diseñados para ser identificados con el presidente.
“Desde los primeros años, con la construcción de padrones que llamaron ‘Censo del Bienestar’ y una estructura a nivel operativo que llamaron ‘Servidores de la Nación’ que venía de la defensa del voto de Morena, o sea, pasaron la estructura del partido a la Secretaría del Bienestar, le pusieron el color del partido a sus chalecos, al inicio hasta el nombre del presidente, y empezaron con el discurso de que les mandaba una transferencia”.
Otro caso de irregularidades se dieron con el gobierno veracruzano de Cuitláhuac García.
Entre 2020 y 2023, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el Instituto de Espacios Educativos, el DIF estatal, la Secretaría de Salud y hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz entregaron al menos 439 millones de pesos a cuatro empresas creadas poco antes de recibir los contratos y cuyos propietarios son, en realidad, beneficiarios de programas sociales, y también a siete jóvenes que supuestamente contrataron, aun cuando tienen entre 20 y 28 años de edad y también son beneficiarios.
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El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
El anuncio
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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