Sexenio de AMLO sumó 188 mil 986 asesinatos, según datos del Secretariado, ¿es el más violento?
La administración de Andrés Manuel López Obrador cerró con 188 mil 986 víctimas de homicidio doloso en 70 meses, de acuerdo con datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mayor acumulado del que se tenga registro en un sexenio.
En el periodo de enero a septiembre de 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registraron 25 mil 273 víctimas de asesinato, y en el mismo lapso de 2024, al cierre del sexenio de López Obrador, se contabilizaron 22 mil 754.
La reducción fue de 9.9%. Menor al 50% que prometió lograr el exmandatario en su Plan Nacional de Desarrollo, como te explicamos en esta nota.
“Si vemos los hallazgos en materia estadística, encontramos que sí hubo una ligera disminución en el comportamiento de los homicidios desde el arranque de la administración hacia el final. No obstante, esa disminución fue tan marginal que este es el gobierno por mucho más violento de la historia de nuestro país”, dijo Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en conferencia de prensa este jueves.
En 2019, se registraron 34 mil 723 asesinatos; en 2020, 34 mil 569; en 2021, la cifra bajó a 33 mil 361, para 2022 fueron 30 mil 976; y en 2023, 29 mil 710. Se registró una tendencia a la baja, pero al comparar con enero-septiembre de 2023 con 2024, se observa un alza del 0.53%.
Comparativa entre sexenios
El conteo de víctimas del Secretariado Ejecutivo, que construye su base a partir de los registros de las fiscalías estatales, sólo está disponible desde 2014, por lo que con ese indicador no se puede hacer la comparación entre sexenios.
Otra fuente es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que cuenta con datos desde 1990 y para su conteo se basa en los certificados y actas de defunción, y realiza una confronta con reportes de la Secretaría de Salud. Aunque su actualización más reciente es hasta 2023.
En total, en sus seis años, según los datos del Inegi, el gobierno de Calderón sumó 120 mil 463 asesinatos; y el de Peña Nieto 156 mil 006. Mientras que en los primeros cinco años, el sexenio de López Obrador contabilizó 176 mil 574 homicidios.
Entonces, incluso sin sumar los asesinatos de su último año de gobierno, el sexenio de López Obrador fue el de más homicidios acumulados.
NL, Morelos y Aguascalientes, con los mayores aumentos de homicidios
Al comparar los periodos de enero a septiembre de 2018 y 2024, en 10 entidades creció el número de víctimas de homicidios dolosos. Nuevo León, Morelos y Aguascalientes son las entidades con el mayor aumento, de acuerdo con datos del Secretariado.
En contraste, los estados que tuvieron mayor reducción son Nayarit, Baja California Sur y Tamaulipas.
Bajan feminicidios, pero crecen otros delitos de violencia de género
Al final del sexenio de López Obrador, los feminicidios se redujeron 6%, de enero a septiembre de 2024 en comparación con los primeros nueve meses de 2018.
Pero este delito creció en 18 estados al comparar esos mismos intervalos. Durango, Coahuila y Tlaxcala son los estados que tuvieron un mayor aumento, mientras que Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa tuvieron las mayores bajas en este ilícito.
En los datos del Secretariado se observa que los delitos clasificados como ”violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar” aumentaron en el periodo de entre enero a septiembre de 2024 (4 mil 996 casos) frente al mismo periodo de 2018 (mil 771).
El SESNSP no presenta un desglose sobre estos delitos, pero se les distingue de la violencia familiar y feminicidios.
También los delitos de violación simple y equiparada, cuyas víctimas son principalmente mujeres, presentaron un aumento durante el gobierno de López Obrador, al pasar de 11 mil 613 en 2018 a 16 mil 398 en el presente año. Es decir, crecieron 41%.
Aumentaron delitos contra la libertad personal y extorsión
Las víctimas de secuestro bajaron 47% entre 2018 y 2024, pero es uno de los delitos con mayor cifra negra. En 2023 el 95% de los casos no fueron denunciados, de acuerdo con el INEGI.
Otro punto clave es que a la par de la baja en el indicador de secuestro se dio un incremento de los casos clasificados como “delitos contra la libertad personal”, que contemplan el rapto y el tráfico de personas.
De enero a septiembre del 2024, se registraron 24 mil 541 víctimas, y en el mismo periodo de 2018 se reportaron 17 mil 215, es decir 42% más.
En ese mismo lapso se incrementaron 49% los catalogados en la categoría de “otros delitos que atentan contra la libertad personal”.
Como te contamos en esta nota, expertos en seguridad han identificado irregularidades y subregistro en los casos de secuestro en el país, que coincide con el alza en la categoría de “otros”.
Sobre las víctimas de extorsión, aumentaron 59% en el periodo enero-septiembre de 2024 frente a este periodo de 2018. Aunque este delito disminuyó 3% al compararlo con los casos de este periodo de 2023, cuando sumaron 8 mil 461 víctimas.
El año con más víctimas de extorsiones registradas fue 2022 con 11 mil 39. Sin embargo, la cifra del periodo enero-septiembre de 2024, 8 mil 151 víctimas, ya supera el total de registros por este delito en 2018.
En febrero de 2024, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, entonces Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó acerca de la elaboración de una propuesta para que la extorsión sea considerada delito grave. Mientras que en julio, el expresidente López Obrador reconoció que su administración no fue capaz de disminuir ese delito.
Lee más: “Es una asignatura pendiente”: AMLO admite que la extorsión no ha disminuido en su gobierno
Disminuye robo
Uno de los delitos que disminuyó durante la gestión de López Obrador fue el robo.
Entre 2018 y 2024, este ilícito bajó un 49%, de acuerdo con los datos del SESNSP. Y entre enero y septiembre del presente año alcanzó su cifra más baja desde el 2015, con 405 mil 956 carpetas de investigación iniciadas.
Como te contamos en esta verificación, el robo y otros siete ilícitos tuvieron una disminución durante el gobierno de López Obrador, sin embargo, otros 32 subieron durante su gobierno.
En específico, el robo de automóviles y motocicletas disminuyó 36% al comparar los periodos enero-septiembre de 2018 y 2024. De la misma manera, el robo a transeúnte en espacios abiertos y vía pública bajó 37%.
Mientras que el robo a casa-habitación disminuyó 45%, y el robo a transportistas tuvo una reducción del 36%.
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El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
El anuncio
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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