La ‘mancha’ de corrupción de Segalmex con irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos comenzó a ventilarse en reportes periodísticos y por la Auditoría Superior desde 2020, y aunque el presidente López Obrador dice que le importa mucho aclarar lo ocurrido solo comenzó a referirse al caso dos años después, justo cuestionado por la prensa.
Otro hecho significativo es que de antemano ha exculpado a quien era el director del organismo de seguridad alimentaria, Ignacio Ovalle, diciendo en junio pasado que “lo engañaron”. Y hasta la fecha Ovalle sigue siendo parte de su gobierno, como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED).
“A mí me importa mucho este tema porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto, para poder decir ‘también en el gobierno de la transformación o donde se sostenían la cero corrupción, ahí está el caso Segalmex’, qué bueno que este señor se entregó para llegar al fondo”, dijo el mandatario en su conferencia del 8 diciembre, luego de que se le preguntara sobre la detención de René Gavira, exdirector de Finanzas de Segalmex.
Entre 2019 y 2020, Gavira fue el Director de Administración y Finanzas del organismo alimentario. Reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), medio que comenzó a publicar hace cuatro años una serie de reportajes sobre el caso Segalmex, lo ubican como “brazo derecho” de Ovalle.
Gavira señaló en una audiencia a la que tuvo acceso el medio N+ Focus que había sido Ovalle quien planeó una operación irregular con bonos bursátiles, y Animal Político documentó que fue él quien autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de dichos certificados, pero esto no significó que se iniciara un proceso en su contra.
Hasta la fecha no hay ningún funcionario sentenciado por la corrupción en Segalmex, que involucra contrataciones irregulares, pagos sin justificación, mercancías faltantes y hechos como “un fallido proyecto para llevar agua purificada a las zonas más pobres del país, pero solo se construyeron 25 de las 274 plantas pactadas y terminaron en el abandono”, según una investigación de N+ Focus.
Desde 2020 comenzó a destaparse la corrupción en Segalmex
En noviembre de 2020 la ASF refirió sobre la cuenta pública de 2019 que Segalmex no había acreditado el destino de 3,027 millones de pesos. Además se señaló que dicha instancia había ejercido 14.2% de su presupuesto en gastos de operación, cuando el límite máximo para ese tipo de gastos es de 5%.
Ya con ese antecedente, en febrero de 2021, el presidente López Obrador apareció en un evento en Zacatecas junto a Ignacio Ovalle. Y meses después, en julio del mismo año, un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Segalmex había otorgado casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU.
“El socio y operador de tres de esas compañías participa en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones”, refirió el texto de Iván Alamillo y Alejandra Barriguete.
Un reportaje posterior del mismo medio, en agosto de 2021, mostró que el gobierno de López Obrador había reclutado como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández, socio de una empresa acusada de corrupción en el sexenio anterior, grupo Kosmos.
En ese mismo año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya tenía abiertas investigaciones.
Pero fue hasta febrero de 2022 que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a hablar del tema en sus conferencias matutinas. Cuestionado por la prensa sobre que de nueva cuenta la ASF había hecho observaciones millonarias a Segalmex, el mandatario confirmó que ya había denuncias.
“Hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, dijo entonces.
Cuestionado por la permanencia de Ovalle, dijo: “Es que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie”, mencionó, aunque en otros momentos el mandatario ha acusado sin pruebas a opositores.
En dicha conferencia del 21 de febrero López Obrador dijo que sobre el caso “ya lleva más de seis meses que se presentaron denuncias incluso penales, creo que como un año”. Es decir, desde 2021, pero no había informado al respecto en sus conferencias matutinas.
Poco tiempo después, en abril, el gobierno federal anunció que Ignacio Ovalle salía de Segalmex, pero no del gobierno, ya que ahora sería coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En agosto de 2022, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó en la conferencia matutina que había 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, y que la Secretaría de la Función Pública tenía abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas.
Y ya en este año, en junio de 2023, López Obrador dio su visión del caso, considerando que Ovalle había sido engañado.
“Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los Precios de Garantía, o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas, y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche, para esto se creó Segalmex”, relató López Obrador.
“Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, agregó.
El 5 de diciembre pasado, al comparecer ante Diputados, el secretario de la Función Pública Roberto Salcedo dijo que del gasto irregular de 9,500 millones de pesos que se había detectado en 2019 y 2020, ya se habían solventado 2 mil 700 millones.
“Por lo que de 9 mil 500 se ha bajado a 6 mil 800, lo que está por aclarar”, refirió. “Para 2022 no tenemos ninguna observación pendiente”.
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La familia de origen iraquí había pedido asilo en varios países de Europa, pero dicen que se lo denegaron y les dijeron que iban a ser deportados.
Ahmed Alhashimi está en la playa, gritando a las olas que van y vienen, golpeándose y arañándose el pecho, entregándose al dolor, la rabia y la culpa, que no desaparecen.
“No pude protegerla. Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía”, solloza.
La semana previa, al amanecer, en ese mismo tramo de la costa francesa al sur de Calais, el hombre de 41 años se vio atrapado dentro de un bote inflable mientras gritaba para pedir ayuda, arremetía contra los cuerpos que lo rodeaban y rogaba a la gente que se moviera para darle espacio y poder agacharse.
Quería así rescatar a su hija Sara, de 7 años, de la oscuridad sofocante en la que había sido aplastada.
“Sólo quería que aquel hombre se moviera para poder levantar a mi bebé”, explica Ahmed.
Se refiere a un joven que era parte de un grupo más grande que embarcó en el último minuto, cuando el bote ya estaba alejado de la costa.
El hombre primero lo ignoró. Luego lo amenazó.
“Eso fue como la muerte misma. Vimos gente morir. Vi cómo se comportaban esos hombres. No les importaba a quién pisaban, fuera un niño o la cabeza de alguien, joven o viejo. La gente empezó a asfixiarse”, cuenta Ahmed con amargura.
Aunque Ahmed es iraquí, su hija ni siquiera conocía ese país. Nació en Bélgica y pasó la mayor parte de su corta vida en Suecia.
En total, cinco personas murieron en el mismo incidente, víctimas de lo que debió parecer una agonizante estampida a cámara lenta.
Un equipo de la BBC presenció lo que sucedió.
Los traficantes escoltaban a sus pasajeros a través de la playa hacia un pequeño bote mientras usaban fuegos artificiales y empuñaban palos para protegerse de un grupo de policías franceses que intentaba, sin éxito, impedir que el grupo abordara en el bote.
“¡Ayuda!”
A medida que el barco se alejaba mar adentro, escuchamos a alguien gritar débilmente desde a bordo. Pero en la penumbra que precede al amanecer era imposible saber qué estaba pasando.
Al amanecer, la policía se alejaba ya de la orilla junto a un presunto traficante de personas y algunos de los migrantes que no subieron al bote.
Ahmed confirmó más tarde que el hombre que gritaba pidiendo ayuda era él, implorando desesperadamente a quienes lo rodeaban que salvaran la vida de Sara.
La esposa de Ahmed, Nour AlSaeed, y sus otros dos hijos, Rahaf, de 13 años, y Hussam, de 8, también quedaron atrapados entre la gente, pero podían respirar.
“Soy un trabajador de la construcción. Soy fuerte. Pero ni siquiera yo podía sacar mi pierna, atrapada en la multitud. No me extraña que mi pequeña tampoco pudiera. Estaba bajo nuestros pies”, dice Ahmed.
El cuarto intento
Este era el cuarto intento de la familia para cruzar de Francia a Reino Unido desde que llegaron a la zona hace dos meses.
La policía los sorprendió dos veces en la playa cuando luchaban por el seguir el ritmo del resto de migrantes, que corrían hacia el bote de un traficante.
Ahmed cuenta que esta vez, los traficantes -que cobraban US$1.600 por adulto y la mitad por cada niño-, les habían prometido que sólo 40 personas subirían a su bote, pero se sorprendieron cuando otro grupo de migrantes apareció en la playa e insistió en subir a bordo.
Sara estuvo tranquila al principio. Sostenía la mano de su padre mientras caminaban desde la estación de tren de Wimereux la tarde anterior. Luego, durante la noche, se escondieron en unas dunas al norte de la ciudad.
Poco antes de las 6 de la mañana, el grupo ya había inflado su bote. Luego, los traficantes les ordenaron que lo llevaran a la playa y corrieran con él hacia el mar antes de que la policía los interceptara.
Dice Ahmed que, de repente, un bote de gas lacrimógeno de la policía explotó cerca de ellos y Sara comenzó a gritar.
Una vez que subieron a la embarcación, Ahmed sostuvo a Sara sobre sus hombros durante aproximadamente un minuto, pero luego la bajó para ayudar a subir a bordo a su otra hija, Rahaf.
Fue entonces cuando perdió de vista a Sara.
Solo más tarde, cuando los equipos de rescate franceses los interceptaron en el mar y desembarcaron a algunas de las más de 100 personas hacinadas en el bote, Ahmed pudo por fin llegar hasta el cuerpo de su hija.
“Vi su cabeza en la esquina del barco. Estaba toda azul. Ya estaba muerta cuando la sacamos. No respiraba”, explica entre sollozos.
Desde entonces, las autoridades francesas atienden a la familia mientras esperan para enterrar el cuerpo de Sara.
“Era la única opción que tenía”
Ahmed dice que es consciente de las fuertes críticas en las redes sociales que ha enfrentado por parte de personas que le acusan de poner a su familia en un riesgo innecesario. Parece debatirse entre aceptar y rechazar tales acusaciones.
“Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía. Todo lo que pasó fue en contra de mi voluntad. Se me acabaron las opciones. La gente me culpa y dice: ‘¿Cómo arriesgaste a tus hijas?’ Pero he estado 14 años en Europa y he sido rechazado”, dice Ahmed, y detalla los años de intentos fallidos para asegurar su residencia en la Unión Europea tras de haber huido de Irak después de lo que describió como amenazas de grupos de milicias.
Al parecer, Bélgica le denegó el asilo con el argumento de que Basora, su ciudad natal en Irak, estaba clasificada como zona segura.
Cuenta que sus hijos pasaron los últimos siete años con un pariente en Suecia, pero que recientemente le informaron que serían deportados, junto a él, a Irak.
“Si supiera que hay un 1% de posibilidades de quedarme con los niños en Bélgica, Francia, Suecia o Finlandia, me quedaría allí. Lo único que quería para mis hijos es que fueran a la escuela. No quiero ningún tipo de ayuda social. Mi esposa y yo podemos trabajar. Sólo quería protegerlos a ellos, a su infancia y a su dignidad”, continua.
“Si la gente estuviera en mi lugar, ¿qué harían? Aquellos que (me critican) no han sufrido lo que yo he sufrido. Ésta era mi última opción”, dice, apelando al gobierno británico en busca de solidaridad y apoyo.
Eva Jonsson, profesora de Sara en Uddevalla, Suecia, describe a la niña como “amable y buena” en un mensaje de vídeo enviado a la BBC.
“Tenía muchos amigos en la escuela. Jugaban juntos todo el tiempo… En febrero nos enteramos de que la deportarían y de que sería rápido. Nos avisaron con dos días de antelación”, explica.
Después de enterarse de su muerte, la clase se reunió en círculo y guardó un minuto de silencio.
“Es muy desafortunado que esto le pase a una familia tan agradable. He enseñado a (otros) niños de esta familia y me sorprendió mucho la deportación”, dice la maestra.
“Aún tenemos la foto de Sara delante de nosotros y la guardaremos aquí mientras los niños quieran”.
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