Segalmex: el principal caso de corrupción en el sexenio ventilado por la prensa y en el que AMLO exculpa a Ovalle
La ‘mancha’ de corrupción de Segalmex con irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos comenzó a ventilarse en reportes periodísticos y por la Auditoría Superior desde 2020, y aunque el presidente López Obrador dice que le importa mucho aclarar lo ocurrido solo comenzó a referirse al caso dos años después, justo cuestionado por la prensa.
Otro hecho significativo es que de antemano ha exculpado a quien era el director del organismo de seguridad alimentaria, Ignacio Ovalle, diciendo en junio pasado que “lo engañaron”. Y hasta la fecha Ovalle sigue siendo parte de su gobierno, como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED).
“A mí me importa mucho este tema porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto, para poder decir ‘también en el gobierno de la transformación o donde se sostenían la cero corrupción, ahí está el caso Segalmex’, qué bueno que este señor se entregó para llegar al fondo”, dijo el mandatario en su conferencia del 8 diciembre, luego de que se le preguntara sobre la detención de René Gavira, exdirector de Finanzas de Segalmex.
Entre 2019 y 2020, Gavira fue el Director de Administración y Finanzas del organismo alimentario. Reportajes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), medio que comenzó a publicar hace cuatro años una serie de reportajes sobre el caso Segalmex, lo ubican como “brazo derecho” de Ovalle.
Gavira señaló en una audiencia a la que tuvo acceso el medio N+ Focus que había sido Ovalle quien planeó una operación irregular con bonos bursátiles, y Animal Político documentó que fue él quien autorizó el uso de 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de dichos certificados, pero esto no significó que se iniciara un proceso en su contra.
Hasta la fecha no hay ningún funcionario sentenciado por la corrupción en Segalmex, que involucra contrataciones irregulares, pagos sin justificación, mercancías faltantes y hechos como “un fallido proyecto para llevar agua purificada a las zonas más pobres del país, pero solo se construyeron 25 de las 274 plantas pactadas y terminaron en el abandono”, según una investigación de N+ Focus.
Desde 2020 comenzó a destaparse la corrupción en Segalmex
En noviembre de 2020 la ASF refirió sobre la cuenta pública de 2019 que Segalmex no había acreditado el destino de 3,027 millones de pesos. Además se señaló que dicha instancia había ejercido 14.2% de su presupuesto en gastos de operación, cuando el límite máximo para ese tipo de gastos es de 5%.
Ya con ese antecedente, en febrero de 2021, el presidente López Obrador apareció en un evento en Zacatecas junto a Ignacio Ovalle. Y meses después, en julio del mismo año, un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Segalmex había otorgado casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares en el ISSSTE y en la SEDATU.
“El socio y operador de tres de esas compañías participa en una facturera identificada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones”, refirió el texto de Iván Alamillo y Alejandra Barriguete.
Un reportaje posterior del mismo medio, en agosto de 2021, mostró que el gobierno de López Obrador había reclutado como directivo de Segalmex a Bernardo Fernández, socio de una empresa acusada de corrupción en el sexenio anterior, grupo Kosmos.
En ese mismo año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya tenía abiertas investigaciones.
Pero fue hasta febrero de 2022 que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a hablar del tema en sus conferencias matutinas. Cuestionado por la prensa sobre que de nueva cuenta la ASF había hecho observaciones millonarias a Segalmex, el mandatario confirmó que ya había denuncias.
“Hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la Cuenta Pública, sino por otras formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar”, dijo entonces.
Cuestionado por la permanencia de Ovalle, dijo: “Es que no se puede todavía concluir nada y siempre yo he dicho y voy a seguir sosteniendo que, si no hay pruebas, si no se demuestra de que se cometió un delito, no se puede juzgar a nadie”, mencionó, aunque en otros momentos el mandatario ha acusado sin pruebas a opositores.
En dicha conferencia del 21 de febrero López Obrador dijo que sobre el caso “ya lleva más de seis meses que se presentaron denuncias incluso penales, creo que como un año”. Es decir, desde 2021, pero no había informado al respecto en sus conferencias matutinas.
Poco tiempo después, en abril, el gobierno federal anunció que Ignacio Ovalle salía de Segalmex, pero no del gobierno, ya que ahora sería coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En agosto de 2022, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó en la conferencia matutina que había 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, y que la Secretaría de la Función Pública tenía abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas.
Y ya en este año, en junio de 2023, López Obrador dio su visión del caso, considerando que Ovalle había sido engañado.
“Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los Precios de Garantía, o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas, y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche, para esto se creó Segalmex”, relató López Obrador.
“Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios”, agregó.
El 5 de diciembre pasado, al comparecer ante Diputados, el secretario de la Función Pública Roberto Salcedo dijo que del gasto irregular de 9,500 millones de pesos que se había detectado en 2019 y 2020, ya se habían solventado 2 mil 700 millones.
“Por lo que de 9 mil 500 se ha bajado a 6 mil 800, lo que está por aclarar”, refirió. “Para 2022 no tenemos ninguna observación pendiente”.
Relacionado
La propuesta de Donald Trump tiene enormes implicaciones legales, financieras y logísticas. Los defensores de los migrantes también advierten de los costes humanos.
Donald Trump se convertirá este lunes en el 47 presidente de los Estados Unidos. Ahora se podrá ver si el republicano cumple todas las promesas que hizo en su campaña, como la deportación masiva de aquellos que no tienen permiso para permanecer en ese país.
Tras ganar las elecciones de noviembre, aseguró que planea declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense para llevar a cabo su plan.
El costo de hacerlo no será un elemento disuasivo, dijo Trump, señalando que su prioridad al asumir el cargo es hacer que la frontera sea “fuerte y poderosa”.
“No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción”, dijo Trump en una entrevista hace unas semanas.
Durante la campaña, su equipo respondió de distintas formas a la pregunta de cuántos migrantes podrían terminar siendo expulsados.
Pero su compañero de fórmula, el vicepresidente electo JD Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló.
Esta idea está contemplada en la plataforma electoral de Trump bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”. Los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo con las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EU complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales será fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, que aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé presentarán las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EU lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se enfocaron en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno de Donald Trump en los lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EU ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100 mil anuales, después de haber alcanzado su máximo —230 mil— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dijo a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20 mil agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso a una fracción de esa cantidad a la que apunta el equipo de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señaló que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y al ejército para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time hace unos meses, el republicano dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que aquellos que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
Además, Tom Homan, el “zar fronterizo” designado por Trump, dijo hace unas semanas que el uso de centros de detención familiar para migrantes está “sobre la mesa”, planteando la posibilidad de que la práctica terminada por la administración Biden pueda regresar próximamente.
“Es algo que estamos considerando”, dijo en una entrevista Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante la primera administración Trump.
Homan también ha dicho que la prioridad de las deportaciones serán los 1.4 millones de inmigrantes que han recibido órdenes de deportación después de no calificar para un estatus legal en EU.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
“Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agregó que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subrayó. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trump en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de US$420 millones, y expulsó del país a cerca de 140 mil personas.
De acuerdo con el plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidas y se prevé construir grandes campamentos para albergarlas.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explicó Reichlin-Melnick.
Además, tendrían que sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: seguir construyendo el muro en la frontera con México, un bloqueo naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y el traslado de miles de soldados a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump a nivel de relaciones públicas.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explicó.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remató.
Otro factor limitante es la capacidad o voluntad de los países de aceptar de vuelta a los deportados.
Incluso los países que cooperan con ICE, como México, Honduras y Guatemala, no tienen en la actualidad la capacidad de recibir a muchas más personas de las que ya están aceptando.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
El único programa comparable con el que propone Trump sería quiza el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1.3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centrara en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señaló Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añadió.
“Son situaciones incomparables”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
