Nuevo registro de telefonía que propone el gobierno es innecesario y pone en riesgo datos personales: especialistas
Implementar un registro de usuarios de telefonía móvil pondría en riesgo los datos personales de la ciudadanía y es una medida innecesaria, porque actualmente las compañías telefónicas ya están obligadas a colaborar con las autoridades en casos de investigación de un delito, mencionaron especialistas sobre la iniciativa de seguridad pública que envió Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados.
En el pasado, los gobiernos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fallaron en sus intentos de crear un registro similar, y la Suprema Corte de Justicia ya consideró en 2022 que un padrón de ese tipo viola el derecho de la privacidad y la protección de datos personales.
Sin embargo, en su exposición de motivos la presidenta argumenta que el registro es necesario para combatir la incidencia de delitos como el secuestro y la extorsión, uno de los que más creció en el último sexenio.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de víctimas de extorsión reportadas en denuncias creció 57.3% entre 2018 y 2024, al pasar de 6 mil 895 a 10 mil 849.
Para entender mejor: Reviven registro de usuarios de telefonía móvil en iniciativa de seguridad de Sheinbaum
La iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación, una instancia del gobierno federal, cree y resguarde la información de los usuarios de telefonía móvil. Para ello, se asociarían las líneas telefónicas en uso con la CURP y una identificación oficial, un pasaporte o un documento migratorio.
Esto sin claridad sobre cómo las autoridades podrían tener acceso a la información, y con el contexto de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ponen en duda las herramientas que tendrá la ciudadanía para exigir el cuidado de su información personal.
”Hay un riesgo de que el gobierno o cualquier autoridad pueda intervenir una línea con una intención distinta a la que persigue, que es evitar las extorsiones”, mencionó en entrevista Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
“Esas bases de datos podrían ser accedidas por quién sabe qué autoridades, bajo quién sabe qué procedimientos, no sabemos si va a haber un procedimiento judicial para acceder a esa información, si va a haber algún tipo de control o si esa información va a ser accedida por autoridades que muchas veces están coludidas con la propia delincuencia, generando el efecto contrario de lo que se supone que se pretende hacer”, advirtió Luis Fernando García, director de la Red de Defensa de Derechos Digitales (R3D).
En el pasado bases de datos en poder de autoridades fueron filtradas en foros o sitios de internet, o se pusieron a la venta en sitios públicos, alertó el especialista, además de cuestionar si en verdad este registro podría tener un impacto significativo en el combate al delito de extorsión.
Tanto él como el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información recordaron que actualmente ya hay mecanismos de colaboración para que las compañías telefónicas den información a las instituciones de justicia, en caso de una investigación.
En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hay un capítulo completo sobre la colaboración con la justicia, donde se establece el registro de los datos de la persona usuaria de la línea telefónica, así como de los datos de las comunicaciones que realice.
Autoridades y especialistas señalan que miles de llamadas de extorsión se realizan desde centros penitenciarios, pero “es una absoluta falta de sentido común creer que la delincuencia organizada va a registrar sus teléfonos y a cometer delitos desde los teléfonos registrados”, consideró Luis Fernando García.
Para Jorge Bravo, el problema está en la falta de control en los centros penitenciarios, donde se permite el acceso de equipos telefónicos, y los inhibidores de señal no han cumplido su función.
Desde 2010, el gobierno federal activó la instalación de inhibidores como medida para frenar las llamadas de extorsión desde las cárceles, pero estas llamadas continuaron.
Además, alertó García, hay otros mecanismos tecnológicos para poder concretar las estafas o extorsiones, y que no se frenarán con un registro de usuarios, como el uso de teléfonos de otros países, o suplantar o clonar los números.
Riesgos institucionales
Aunado a los riesgos que representa que los datos personales estén en manos del gobierno, Bravo insistió en que la falta del INAI y la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, reducen las opciones para que la ciudadanía pueda actuar en caso de alguna violación a su privacidad.
En 2022, el INAI y senadores de oposición promovieron una acción de inconstitucionalidad que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor, ordenando suspender la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) por considerar que solicitar datos personales y biométricos a las personas para poder usar la telefonía celular representaba una violación a su privacidad.
La resolución de la Corte consideró que datos que contemplaba recopilar el Panaut, entre los que estaban domicilio, datos biométricos y esquema de contratación de la línea, permitían tener acceso a una “radiografía de la vida privada de las personas”.
Sin embargo, las reformas constitucionales recientes ponen en duda el papel que pueda tener la Suprema Corte, ante iniciativas de este tipo, que surgen desde el gobierno federal.
“Habrá una serie de obstáculos para combatir legalmente estas disposiciones. Sin embargo, nuestra responsabilidad es intentarlo, y elevar de alguna manera los costos políticos y advertir, al menos dejar el testimonio de lo irresponsable, lo demagógico y lo violatorio de derechos humanos, lo antidemocrático, lo autoritario que representa esta iniciativa”, refirió Luis Fernando García, de R3D.
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De acuerdo a los resultados oficiales habrá segunda vuelta el 13 de abril entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González, una reedición del balotaje de hace 14 meses.
El presidente Daniel Noboa obtiene una ligera ventaja sobre su rival Luisa González en las elecciones presidenciales de Ecuador de este domingo.
De acuerdo al resultado del 66 % de las actas escrutadas, Noboa suma el 44 % de los votos, lo que no le serviría para ganar ya la presidencia. Si los datos se mantienen, el 13 de abril habrá un balotaje entre Noboa y Luisa González, que obtiene el 43 % de votos.
Ambos ya se enfrentaron en las elecciones de 2023, hace casi 15 meses, y entonces ganó Noboa para terminar el mandato de su predecesor, Guillermo Lasso, y convertirse en el presidente más joven de la historia del país.
Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), tuvo la violencia en el país como principal reto en estos meses que ha sido como presidente.
Aplicó el estado de excepción, permitiendo la movilización de las Fuerzas Armadas en las calles y dentro de las cárceles, lo que, junto a otras medidas de seguridad, redujo las muertes violentas en un 15 % y llevó a una caída de la violencia en las prisiones y a la captura de importantes líderes criminales.
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Tras alcanzar altos niveles de popularidad al inicio de su mandato, la imagen de Noboa, sin embargo, se fue desinflando a lo largo de los meses.
Los resultados de su anunciado proyecto de seguridad, denominado Plan Fénix, quedaron lejos del giro radical que muchos auguraban.
“A nivel de indicadores hay algunas pequeñas mejoras, pero no ha sido un cambio significativo”, dijo a BBC Mundo antes de las elecciones el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.
El promedio de asesinatos diarios bajó de 22 en 2023 a 19 en 2024, según datos oficiales, una variación que muchos consideran insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de la campaña contra el crimen, financiada en parte con una subida de 3 puntos del IVA del 12 % al 15 %.
La criminalidad repuntó, además, con fuerza en enero de 2025, el mes más violento de los últimos tres años, con 731 asesinatos, un promedio de 23.5 por día, casi uno cada hora.
Ese es el principal argumento contra Noboa de González, una protegida del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y líder del izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Para ella, el crimen se debe combatir con operaciones militares y policiales permanentes, equipamiento de la fuerza pública, sanciones a jueces y fiscales supuestamente corruptos y con un plan de gasto social en las zonas más violentas del país.
“No se puede hablar de control a la violencia sin pensar en la justicia social, en construir un Ecuador de paz, no de guerra”, dijo González en su cierre de campaña el jueves en Guayaquil.
En lo económico, Ecuador sufrió en 2024 una recesión económica atribuida, entre otros factores, a una grave crisis energética que provocó apagones en todo el país.
En el cuarto trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 1.5 % interanual, uno de los peores datos desde la pandemia.
En esta situación, el FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobó en mayo de 2024 un préstamo de US$4.000 millones a 48 meses con un desembolso inmediato de US$1.000 millones, algo que dio un respiro al país y se interpretó como una victoria del gobierno de Noboa.
La tasa de pobreza aumentó del 26 % en diciembre de 2023 al 28 % en el mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Como dato positivo, la inflación se mantuvo a raya en la dolarizada economía ecuatoriana: en diciembre los precios variaron un 0.5% interanual.
Lo que sí es un gran problema, no solo económico sino también político y social, es la crisis energética.
Desde el pasado septiembre, Ecuador sufrió apagones programados que, en algunos casos, superaron las 12 horas diarias, una situación atribuida a la sequía que redujo la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía del país, y a la falta de inversión en infraestructuras en años anteriores.
Noboa anunció al final de la campaña varias políticas de último momento que parecían diseñadas para atraer la atención de los votantes, incluida la ayuda económica a los inmigrantes que regresen de Estados Unidos, aranceles a las importaciones mexicanas y un acuerdo comercial con Canadá.
