Pese a que contaban con necesidades de protección internacional, 243 personas refugiadas fueron devueltas por México a su país de origen durante 2024, según un reporte del Grupo de Trabajo de No Devolución. De las personas entrevistadas, 65 % fueron hombres y 35 %, mujeres; además, 92 % corresponde a adultos y 8 %, a niños, niñas y adolescentes (NNA), de acuerdo con el informe El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024. 

La gran mayoría de las víctimas que fueron devueltas a su país o bien puestas en inminente riesgo de devolución son personas refugiadas (131), seguidas en número por solicitantes de asilo (45). El resto corresponde a otro tipo de perfiles con documentación que acreditó que habrían expresado necesidades de protección internacional.

Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, explica en entrevista con El Sabueso que las autoridades migratorias mexicanas no solo desconocen los derechos de quienes solicitan asilo o ya cuentan con la condición de refugiados, sino que además invisibilizan de forma sistemática los riesgos de muerte que enfrentan al ser devueltos a sus países de origen.

El sur de México, un destino forzado para quienes buscan protección internacional

Este grupo, junto con otros actores, ha identificado la práctica de traslados de personas detenidas en estaciones migratorias o estancias provisionales de norte a sur, de centro a sur y de sur a sur. Esta estrategia busca contener los flujos migratorios y evitar superar el plazo máximo de 36 horas de detención, como resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Estas acciones vulneran la seguridad jurídica de las personas detenidas, quienes son reubicadas indiscriminadamente, desconocen su paradero y permanecen incomunicadas. Además, los procedimientos migratorios suelen concluir con un oficio de salida de la estación migratoria, que obliga a los individuos a regularizarse en un plazo específico —por lo general de diez días— a abandonar el país o derivan directamente en una deportación. 

El informe retoma casos de detenciones arbitrarias. Para ejemplificar, en Tapachula, Chiapas, se registraron devoluciones al país de origen tras redadas del Instituto Nacional de Migración (INM) en espacios públicos. En varios testimonios, las personas señalaron detenciones cuando acudían a las oficinas del INM a tramitar su tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH) o de residencia permanente. A pesar de mostrar su constancia de reconocimiento y la nota con la hora y fecha de la cita, fueron detenidas y sus documentos fueron destrozados.

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En tanto, en la frontera norte las condiciones climáticas extremas, los graves incidentes de inseguridad, donde se incluyen los secuestros y extorsiones, así como las malas condiciones de salud e higiene, representan riesgos para las personas migrantes.

“Esta política migratoria funciona como un máquina inhumana y deshumanizante”: Carrancá Álvarez

Según Carrancá, esta presión ha dado lugar a prácticas atroces. Ha documentado casos en los que agentes del INM destruyen documentos vigentes de personas refugiadas —como tarjetas de residencia y constancias de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de incorporarlas a la “maquinaria de deportación”, bajo la simulación de que carecen de papeles, como se mencionó al inicio de este texto.

“Actualmente llevamos un caso ante el Comité contra la Tortura y estamos por presentar un segundo. En ambos, las personas contaban con tarjeta de residente y documentos de la COMAR, pero las autoridades migratorias los destruyeron para deportarlas. Si nadie da seguimiento, estos actos no quedan registrados. En el sistema aparece que la persona no mostró documentación o se negó a colaborar, se determina su deportación y se ejecuta”, agrega.

El abogado denuncia la corrupción del INM en dos vertientes: por un lado, el cobro de altas cuotas “bajo la mesa” para la expedición de documentos que nunca se registran en las bases de datos oficiales; por otro, la presunta colusión de oficinas migratorias con grupos delictivos.

Esta política, centrada en la detención, ha alimentado la xenofobia en comunidades locales. Al mantener a las personas en la irregularidad forzada, se les empuja a la mendicidad y a la situación de calle, lo que genera un malestar social que podría evitarse con una política de integración laboral y recaudación de impuestos adecuada.

Para Carrancá Álvarez, la violación al principio de no devolución resulta equiparable a la tortura. Además, señala una falla grave del Poder Judicial en la protección de estas víctimas. Denuncia que jueces de distrito aplican criterios xenofóbicos y recurren a “salidas legales fáciles” para cerrar los casos, sin emitir sentencias de fondo que limiten el actuar del INM.

“Este problema existe porque el Poder Judicial también falla, y lo hace en dos niveles. Primero, porque obstaculiza el acceso a sentencias de fondo que analicen la violación al principio de no devolución. No hemos tenido una sentencia que reconozca como una violación de derechos humanos el incumplimiento del principio. Además, en los estados con mayores necesidades, como Chiapas, hemos identificado jueces profundamente xenofóbicos. El juez cuarto de distrito en materia administrativa ha emitido pronunciamientos preocupantes”, afirma.

Las infancias también son enviadas de vuelta a sus países

Sandra Mejía Martínez, abogada e integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI) y coautora del tercer informe El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024, subraya que ninguna niña, niño o adolescente (NNA) puede ser retornado sin antes pasar por el proceso de determinación del interés superior de la niñez ante la Procuraduría de Protección.

“Esta instancia es la responsable de definir si un menor puede regresar a su país de origen. No obstante, se han documentado numerosos casos en los que las procuradurías de protección recurren a formatos prediseñados para los retornos y omiten una investigación adecuada. Como resultado, devuelven de manera sistemática a NNA sin analizar si huyen de contextos de violencia estructural, familiar o de reclutamiento forzado, lo que constituye una grave violación de derechos”, explica.

De acuerdo con cifras compartidas por IMUMI a El Sabueso, entre enero y octubre de 2025, un total de 1,364 niñas, niños y adolescentes fueron retornados a sus países de origen. De este total, 608 eran mujeres y 756, hombres. En cuanto a la edad, 734 corresponden al rango de 0 a 11 años, mientras que 630 tenían entre 12 y 17 años.

Respecto a las nacionalidades, la distribución fue la siguiente: Honduras, con 677 casos; Guatemala, 340; Venezuela, 206; Colombia, 50; El Salvador, 35; Estados Unidos, 14; Ecuador, 13; Perú, 10; Costa Rica, 6; Nicaragua, 6, y Cuba, 4.

Asimismo, Sandra Mejía señala que, a pesar de las reformas legislativas de 2020 que cerraron una laguna legal que permitía la detención y devolución inmediata de NNA, los retos persisten, incluidos la falta de capacitación y herramientas para las procuradurías de protección.

“Las autoridades requieren más herramientas, protocolos operativos claros y una verdadera apropiación del enfoque de derechos de la niñez por parte de todas las instancias involucradas”, concluye. 

México enfrenta una contradicción en materia migratoria; mientras el discurso invita a quienes temen por su vida a buscar refugio en territorio nacional, en la práctica el acceso a esa protección encara múltiples obstáculos.

Datos oficiales, informes de organizaciones civiles y análisis de especialistas muestran que el Estado mexicano vulnera el principio de no devolución, el cual prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad están en riesgo por persecución, tortura u otros graves abusos de derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio.

Durante 2024 disminuyó 99 % la entrega de tarjetas humanitarias

“¿Tienes miedo de regresar a tu país porque tu vida, seguridad o libertad corren peligro? En México tienes derecho a pedir protección como persona refugiada”, refiere la guía de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, esta “promesa” choca con la caída del 99 % en la entrega de tarjetas de visitantes por razones humanitarias (TVRH) durante 2024, un documento que permite a extranjeros en vulnerabilidad (víctimas de delito, menores no acompañados, solicitantes de refugio, etcétera) tener una estancia regular, trabajar, acceder a servicios de salud y educación, la cual es gratuita y tiene una vigencia hasta de un año.

La reducción drástica de la emisión de TVRH ha llevado incluso a los migrantes a buscar amparos legales para acceder a sus beneficios y regularización.

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El informe “El principio de no devolución (non-refoulement) en México 2024”, elaborado por el Grupo de Trabajo de No Devolución —integrado por 11 organizaciones de la sociedad civil—, señala que el Instituto Nacional de Migración cerró 2023 con la entrega de 94,829 TVRH, después de que la COMAR recibió más de 140,000 solicitudes de refugio.

Un año después, la autoridad migratoria otorgó solo 618 tarjetas a personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado. Esto representa una disminución del 99.35 % o 153 veces menos que en 2023, según cálculos de El Sabueso con base en esos indicadores.

“Sin este documento, el ejercicio y acceso a derechos de las personas solicitantes de asilo se ve seriamente obstaculizado y, en consecuencia, se restringe el acceso a empleo formal, a servicios de salud y educación, a la vinculación bancaria, al RFC y a la CURP”, detalla el informe.

En contexto, la TVRH protege al individuo contra la devolución y cualquier tipo o forma de detención en estaciones migratorias, mientras se resuelve la solicitud de la condición de refugiado. Si la persona cuenta con este documento, no la pueden detener y, en caso de ser detenida, debe buscar representación legal a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) u organizaciones recomendadas.

En tan solo una década, las peticiones de refugio en México experimentaron un aumento del 3,596 %. El país pasó de recibir 2,137 solicitudes en 2014 a cerrar el año 2024 con 78,975, de acuerdo con datos de la COMAR. Este incremento de 37 veces refleja un cambio profundo: México ha pasado de ser un lugar principalmente de tránsito a ser un país receptor de personas con necesidad de protección internacional. A pesar de este aumento histórico, la respuesta institucional se ha contraído.

Por su parte, el “Diagnóstico 2024 sobre las condiciones de las estancias y estaciones migratorias del INM”, desplegado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), da un panorama más minucioso. La capital mexicana recibió más de 14,300 solicitudes de asilo en 2024, por lo que se convirtió en el segundo destino con mayor número de solicitantes, lo que generó que algunos albergues operaran a un 500 % de su capacidad y puso en riesgo la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.

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