Reforma judicial: Fechas clave y siguientes pasos para su implementación en el país
Para entender mejor
Ya que la aprobó el Congreso federal y más de la mitad más uno de los congresos estatales, ¿qué pasos siguen para la implementación de la reforma al Poder Judicial? El proceso legislativo marca que primero debe hacerse la declaratoria de Reforma Constitucional, conforme al artículo 135 de la Constitución.
La instancia que realizará el cómputo de las votaciones en congresos estatales para hacer esa declaratoria es el Senado de la República, que tiene prevista una sesión para ese objetivo este viernes 13 de septiembre. Los senadores de oposición adelantaron que no asistirán.
Al cumplir esa etapa, la reforma se envía al Poder Ejecutivo para que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entre en vigor.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la reforma constitucional se publicará el 15 de septiembre, justo coincidiendo con la conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia.
Aunque la oposición aún busca recursos para impugnar la reforma, acusando que se cometieron irregularidades en el proceso legislativo.
Para entender mejor: Amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad: ¿proceden para impugnar la reforma judicial?
Las leyes secundarias, el siguiente paso de la reforma judicial
La reforma al Poder Judicial propone, entre otras cosas, la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Entonces, se necesita de la creación de una ley secundaria que defina la estructura del tribunal, sus procedimientos internos, y los requerimientos específicos para sus integrantes.
Conforme al octavo transitorio del dictamen de la reforma, el Congreso de la Unión tendrá 90 días a partir de la entrada en vigor para hacer adecuaciones a las leyes federales necesarias y crear leyes secundarias para complementar la reforma al Poder Judicial, mientras que las legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días para hacer lo propio con sus constituciones y leyes locales.
Cuando se promulga una ley o una reforma, se requieren leyes secundarias para detallar y poner en práctica los aspectos técnicos o administrativos de este cambio legislativo.
Pero a diferencia de la aprobación de una reforma constitucional, que requiere de mayoría calificada -dos terceras partes- de los congresos, las leyes secundarias sólo requieren de una mayoría absoluta -la mitad de legisladores más un voto- en las Cámaras para su aprobación. Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, cuentan con esa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
¿Cuándo se lanzan las convocatorias de jueces, magistrados y ministros?
La reforma establece que el Senado tendrá un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor para publicar la convocatoria del proceso de elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. Por lo que si entra en vigor al día siguiente de su publicación, prevista para el 15 de septiembre, la convocatoria tendrá que estar lista a más tardar el 15 de octubre. Esta debe integrar las etapas del procedimiento, fechas, plazos y cargos por elegir.
A su vez, la reforma dicta que el Senado tiene hasta el 12 de febrero del año entrante para entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de las personas candidatas.
La reforma también marca que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 comienza al día siguiente de su publicación, es decir, comenzaría el 16 de septiembre.
A la par, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que sesionar en los siete días siguientes para dar inicio a los trabajos para la organización de esta elección extraordinaria. Hasta ahora, el órgano electoral tiene previsto sesionar el sábado 21 de septiembre.
Los artículos transitorios también facultan al INE a aprobar los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo y cómputo de las elecciones del primer paquete de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Y permiten que, de manera excepcional y en contra el artículo 105 de la Constitución, las leyes electorales que se modifiquen para adecuarse a la reforma, puedan aplicarse aun cuando los cambios se realicen después del inicio del proceso electoral.
¿Cuándo serán las elecciones de personas juzgadoras?
El proyecto de decreto establece que las elecciones extraordinarias para la renovación de la mitad de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial se realizarán el domingo 1 de junio de 2025. En ellas se elegirán 9 ministros de la Suprema Corte (SCJN) -la reforma reduce la cantidad de ministros, de 11 a 9-, a la vez que se elegirán los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los integrantes del nuevo Órgano de Administración y la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito del país.
Mientras que en 2027 se elegirá y renovará a la mitad restante de los magistrados de circuito y jueces de distrito, así como los siete magistrados de la sala superior del TEPJF. Se estima que en total la elección popular será de más de 1,600 cargos judiciales, ya que abarcan tanto a los jueces federales como locales.
“En tres años se podrían destituir a todas las personas que están en los poderes judiciales, en la elección de 2025 o 2027”, comentó el jurista Martín Reyes, doctor en derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
¿Se puede impugnar el proceso de reforma?
El Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que impugnarán la reforma constitucional una vez sea publicada a través de acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo.
Como te contamos en esta nota, la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo que permite que partidos políticos y minorías parlamentarias (33% de los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores) puedan llevar ante la SCJN un juicio contra una reforma, ya que se ha considerado transgrede la Constitución o viola derechos humanos.
Sin embargo, personajes como el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, defienden que ese tipo de impugnaciones no proceden ante reformas constitucionales.
Además, es posible promover quejas formales ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pero las juezas y jueces deben agotar antes las instancias internas, de acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.
En el juicio internacional, la CIDH puede determinar que existe una violación a los derechos humanos, y obligar al Estado mexicano a retraer la reforma y sus efectos. Aunque también sobre este punto Morena defiende que no hay tales violaciones.
Incluso la CIDH emitió este 12 de septiembre un comunicado en el que expresaba su preocupación por la aprobación de este proyecto por sus posibles efectos negativos en el acceso a la justicia.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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