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¿Castigar a jueces agilizará la justicia? Especialistas cuestionan reforma al Poder Judicial
¿Castigar a jueces agilizará la justicia? Especialistas cuestionan reforma al Poder Judicial
Con imagen de Pixabay / VBlock
6 minutos de lectura

¿Castigar a jueces agilizará la justicia? Especialistas cuestionan reforma al Poder Judicial

La iniciativa de reforma al Poder Judicial plantea sancionar a jueces, magistrados y ministros en caso de incumplir con plazos para resolver los casos penales y fiscales, pero expertos señalan que hay otras causas que retrasan la justicia.
10 de julio, 2024
Por: Luis Fernando Lozano
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La iniciativa de reforma al poder judicial de Morena plantea agilizar los procesos penales y fiscales con la presión centrada en jueces, magistrados y ministros de la Corte, imponiendo plazos de hasta un año para resolver los casos que les asignen, con la posibilidad de ser inhabilitados o hasta destituidos en caso de no cumplirlos.

“¿Sabías que la reforma al poder judicial propone que los juicios penales se resuelvan en menos de un año y los fiscales en menos de 6 meses? Si los jueces no cumplen con esos plazos, podrán ser hasta destituidos por el mismo tribunal de disciplina judicial”, dijo el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, en un video en redes sociales.

Sin embargo, jueces y abogados consultados por El Sabueso explicaron que hay distintos factores que retrasan la resolución de los procesos penales y fiscales, una vez que se presentan, como la carga excesiva de trabajo tienen las personas juzgadoras, o el desempeño que tengan los ministerios públicos. 

Y que implementar las sanciones puede derivar en  incertidumbre laboral y en que se afecte la independencia en las decisiones de las y los juzgadores.

Otro punto es que la iniciativa se centra en el Poder Judicial de la Federación. Mientras que los procesos por delitos del fuero común como homicidio, feminicidio o robo con violencia se desahogan en los juzgados locales, que dependen de los poderes judiciales estatales y que, para ver cambios, tendrán que ajustarse en cada entidad a los planteamientos de la reforma.

En el primer semestre de 2024, el 96.3% de los delitos reportados ante las fiscalías eran del fuero común y sólo 3.6% correspondieron a los procesos penales federales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Eso corresponde a los poderes judiciales de los estados. Veo imposible que cumplan con los plazos por la razón tan sencilla de que el número de procedimientos que se llevan en la sede local es inmenso”, expuso en entrevista la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velásquez. 

¿Qué dice la reforma sobre los plazos para los juicios?

La iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero plantea cambios a los artículos 17 y 20 de la Constitución para fijar los plazos de resolución de procesos fiscales y penales, respectivamente, en los juzgados y tribunales federales.

En ambos casos se explica que si los casos fiscales establecidos en la ley secundaria no tienen sentencia después de seis meses, se tendrá que informar al Tribunal de Disciplina judicial.

Mientras que para los procesos penales, se plantea que los órganos que conozcan del asunto deberán avisar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora.

La misma reforma plantea en el artículo 100 la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos que cumplirán sus tareas administrativas y disciplinarias: un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.

El Tribunal de Disciplina Judicial podrá sancionar a jueces si exceden los plazos para procesos penales y fiscales.
Fuente: Gobierno de México

 

Dicha instancia, según Gutiérrez Luna, será la encargada de sancionar a las personas juzgadoras que no cumplan con los plazos para los juicios penales y fiscales. 

La iniciativa precisa que este Tribunal de Disciplina se conformará por cinco magistrados que se elegirán por votación popular, con requisitos similares a los planteados para ser ministro de la Suprema Corte, su encargo durará seis años, y sus resoluciones serán inatacables. Incluidas estas en relación con las sanciones a los jueces y magistrados.

Sin embargo, en la iniciativa de reforma no se detallan las causales específicas para cada tipo de sanción hacia las personas juzgadoras. El Sabueso consultó al diputado Gutiérrez Luna para conocer cómo se establecerían estas sanciones, y se mantiene en espera de una respuesta.

Sobre este último punto, la directora nacional de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, consideró que “se corre el riesgo de que esa certeza jurídica que se tiene de una sentencia quede condicionada a una valoración, con todo respeto, subjetiva de quienes integren esa comisión de disciplina”.

¿Cuánto y por qué tardan los juicios en México?

Jueces y abogados consultados por El Sabueso explicaron que la demora de los procesos judiciales en México tiene distintas causas y no todas son atribuibles a las personas juzgadoras, como se entiende a partir de la iniciativa de reforma judicial.

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los procesos penales a nivel federal demoraron en 2023 en promedio 803 días entre el inicio de la causa y la sentencia, es decir, más de dos años.

Pero en el proceso, hay varias etapas que pueden retrasar su resolución y que no tienen relación con las personas juzgadoras, como el desahogo de pruebas, a cargo de los ministerios públicos, o los medios de impugnación.

“En ocasiones los procedimientos van más allá de los términos que la ley nos concede pero mucho obedece no a una actitud reprochable al juzgador de dilación, sino propiamente a las cargas excesivas de trabajo. O a que en ocasiones se promueve un amparo y ahí paraliza el procedimiento hasta que se resuelve”, comentó Juana Fuentes Velázquez.

A ello se suma la carga de trabajo que tienen las personas juzgadoras. Mientras que el promedio de jueces en los países de la OCDE es de 65 por cada 100 mil habitantes, en México esa cifra es de 4 jueces, por lo que también se registra un déficit de jueces y magistrados en el país.

En ese sentido, Mariano Calderón, abogado del despacho Santamarína & Steta, explicó que la única etapa que es responsabilidad completa de la persona juzgadora es el dictado de la sentencia, por lo que planteó que los plazos relacionados con una sanción a los jueces tendría que contar a partir de ese momento.

“Hasta que el expediente esté completamente integrado, cerrada la instrucción del juicio correspondiente, lo único que está pendiente es el dictado de la sentencia, que esa sí es responsabilidad del juzgador. Pero todo lo que sucede antes, desahogo de pruebas, presentación de alegatos y testigos, etcétera, todo lo que es la instrucción del juicio propiamente, no necesariamente es responsabilidad del juez”, mencionó.

Por ello, ambos especialistas coincidieron en que la reforma al Poder Judicial también debe apuntar a las fiscalías e incluso a las policías, que también participan en el inicio de los procesos penales. Y confiaron en que la ley secundaria que reglamente estos procesos sea lo suficientemente detallada para no dejar en indefensión a jueces y magistrados.

Mientras que en el caso de los procesos fiscales, primero hay que aclarar que estos se tramitan primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), también contemplado en la reforma aunque se trata de una entidad separada del Poder Judicial de la Federación. Y es hasta que se tramitan amparos, mismos que al igual que en los procesos penales retrasan su resolución, cuando pasan a órganos del Poder Judicial.

En los registros del TFJA no se detallan los tiempos de respuesta para los casos.

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Imagen BBC
Cuba se declara en “economía de guerra” y anuncia nuevas medidas que impactarán a la población
6 minutos de lectura

Mientras la isla está pasando por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, el gobierno de Díaz-Canel anuncia un nuevo paquete de medidas para intentar salir a flote.

03 de julio, 2024
Por: BBC News Mundo
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En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, que ha provocado un éxodo sin precedentes de ciudadanos hacia el exterior, el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas para intentar revertir la situación.

Las medidas pretenden ajustar el presupuesto público “a las condiciones de economía de guerra”, dijo la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, en una reunión del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo del país, según informó este lunes el medio oficialista Granma.

Los testimonios de los cubanos que no tienen acceso a medicinas o a productos básicos para sobrevivir, evidencian las duras condiciones con las que deben lidiar diariamente, calificadas por analistas como peores que las vividas durante los años 90 durante el llamado “Período Especial”.

La situación se ha vuelto tan crítica, que a fines de febrero el gobierno solicitó oficialmente ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de 7 años.

“Todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo”, argumentó el presidente Díaz-Canel en la reunión.

¿Cuáles son las medidas?

Personas comprando en La Habana
Getty Images
Las medidas incluyen un recorte de presupuesto, control de precios, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos.

Además de un recorte presupuestario, que implicará suspender inversiones, el anuncio incluye medidas como establecer una política de precios únicos y reducir la evasión fiscal, con el objetivo de “corregir distorsiones”.

La idea, explicó Granadillo, es enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos, entre otras cosas.

Una de las medidas que más ha llamado la atención, aunque se desconocen los detalles, es el control de precios, el cual teóricamente se aplicaría “en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.

Si se implementa, el anuncio afectaría a las empresas privadas que fueron autorizadas para operar en el país luego que en 2021 se levantara la prohibición que les impedía realizar actividades comerciales, la cual existía desde el inicio de la revolución

Fuentes extraoficiales señalan que el gobierno ha establecido contactos con el sector privado para comunicarles la aplicación de topes de precios en productos básicos como la leche en polvo, el detergente, el pollo o el aceite, aunque se desconoce la lista completa y la fecha en que el control de precios entraría en vigor.

Cubana en su casa
Getty Images
El gobierno argumenta que en época de crisis es cuando más se necesita “ejercer control”.

Como el país se encuentra en una “economía de guerra”, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, sostuvo que en esa situación “es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control”.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2% en 2023, mientras que la inflación alcanzó el 30%.

El nuevo paquete de medidas se suma a un severo plan de ajuste anunciado por el gobierno en diciembre, que incluyó un aumento de 500% del precio de los combustibles, una subida en el precio de las tarifas de electricidad y un incremento en el costo del gas natural licuado.

El ajuste encareció aún más la vida para los cubanos, que en los últimos años han visto caer su poder adquisitivo por la inflación, la devaluación del peso cubano frente al dólar y la disminución del turismo, el principal motor económico de la isla.

En paralelo, el mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla.

La crisis económica, según las autoridades cubanas, se debe al endurecimiento del embargo estadounidense en los últimos años, el efecto de la pandemia de covid en el turismo y la ola inflacionaria que ha afectado al mundo.

Línea gris
BBC

Un indicio de urgencia

Pascal Fletcher

Analista de BBC Monitoring

Hombre mayor en su casa
Getty Images
Los cubanos han estado experimentando apagones y una escasez crónica de productos alimenticios, medicinas y otros artículos de consumo básico.

Las medidas anunciadas por el gobierno esta semana fueron sólo el último indicio de alarma y urgencia oficial ante los problemas económicos crónicos que enfrentan el país y sus gobernantes.

Una vez más, el énfasis estuvo puesto en la idea de ejercer control. En ninguna parte hubo ninguna intención declarada de lanzar reformas liberalizadoras significativas en la economía estatal cubana para crear incentivos para la producción, por ejemplo, en el importante sector agrícola, que sigue estancado y es incapaz de abastecer a la población.

Los líderes de Cuba argumentan que la base de la “economía de guerra” es la respuesta necesaria a lo que llaman “un acto de guerra en tiempo de paz”, infligido en la isla por las prolongadas sanciones económicas de Estados Unidos, descritas durante mucho tiempo por La Habana como “el bloqueo”.

En los últimos meses, los líderes comunistas han estado utilizando cada vez más el término “economía de guerra” para describir lo que los expertos dicen que es la situación económica más catastrófica jamás experimentada por la isla sancionada por Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución de Fidel Castro en 1959.

Calle de la Habana
Getty Images
La isla depende en gran medida de las remesas que reciben las familias desde el extranjero.

Desde hace varios años, los cubanos comunes y corrientes han estado experimentando cortes de energía a diario que van de mal en peor -exacerbados en los calurosos meses de verano-, combinados con una escasez crónica de productos alimenticios, medicinas y una serie de artículos de consumo básico, en medio de un escenario de colapso generalizado de la agricultura y producción industrial, lo que hace que la isla, con problemas de liquidez, dependa en gran medida de importaciones que apenas puede permitirse, a menos que sean donadas o subsidiadas por los aliados políticos de La Habana.

La inflación real, que ha alcanzado niveles récord, ha dejado incluso los alimentos y artículos de primera necesidad más básicos fuera del alcance de muchos cubanos, a menos que tengan acceso a dólares de familiares en el extranjero, trabajen en el incipiente sector privado o tengan privilegios o acceso especiales en la jerarquía del Estado.

“Economía de guerra” o no, todo apunta a que los cubanos enfrentarán otro verano prolongado, caluroso y difícil, incluida la siempre presente posibilidad de que Cuba, a pesar de la persistente represión de las autoridades contra la disidencia y la oposición política, pueda ver una repetición de las protestas gubernamentales que se extendieron por toda la isla en julio de 2021.

Línea gris
BBC

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