
La iniciativa de reforma al poder judicial de Morena plantea agilizar los procesos penales y fiscales con la presión centrada en jueces, magistrados y ministros de la Corte, imponiendo plazos de hasta un año para resolver los casos que les asignen, con la posibilidad de ser inhabilitados o hasta destituidos en caso de no cumplirlos.
“¿Sabías que la reforma al poder judicial propone que los juicios penales se resuelvan en menos de un año y los fiscales en menos de 6 meses? Si los jueces no cumplen con esos plazos, podrán ser hasta destituidos por el mismo tribunal de disciplina judicial”, dijo el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, en un video en redes sociales.
Sin embargo, jueces y abogados consultados por El Sabueso explicaron que hay distintos factores que retrasan la resolución de los procesos penales y fiscales, una vez que se presentan, como la carga excesiva de trabajo tienen las personas juzgadoras, o el desempeño que tengan los ministerios públicos.
Y que implementar las sanciones puede derivar en incertidumbre laboral y en que se afecte la independencia en las decisiones de las y los juzgadores.
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Otro punto es que la iniciativa se centra en el Poder Judicial de la Federación. Mientras que los procesos por delitos del fuero común como homicidio, feminicidio o robo con violencia se desahogan en los juzgados locales, que dependen de los poderes judiciales estatales y que, para ver cambios, tendrán que ajustarse en cada entidad a los planteamientos de la reforma.
En el primer semestre de 2024, el 96.3% de los delitos reportados ante las fiscalías eran del fuero común y sólo 3.6% correspondieron a los procesos penales federales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Eso corresponde a los poderes judiciales de los estados. Veo imposible que cumplan con los plazos por la razón tan sencilla de que el número de procedimientos que se llevan en la sede local es inmenso”, expuso en entrevista la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Juana Fuentes Velásquez.
La iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero plantea cambios a los artículos 17 y 20 de la Constitución para fijar los plazos de resolución de procesos fiscales y penales, respectivamente, en los juzgados y tribunales federales.
En ambos casos se explica que si los casos fiscales establecidos en la ley secundaria no tienen sentencia después de seis meses, se tendrá que informar al Tribunal de Disciplina judicial.
Mientras que para los procesos penales, se plantea que los órganos que conozcan del asunto deberán avisar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora.
La misma reforma plantea en el artículo 100 la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos que cumplirán sus tareas administrativas y disciplinarias: un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Dicha instancia, según Gutiérrez Luna, será la encargada de sancionar a las personas juzgadoras que no cumplan con los plazos para los juicios penales y fiscales.
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La iniciativa precisa que este Tribunal de Disciplina se conformará por cinco magistrados que se elegirán por votación popular, con requisitos similares a los planteados para ser ministro de la Suprema Corte, su encargo durará seis años, y sus resoluciones serán inatacables. Incluidas estas en relación con las sanciones a los jueces y magistrados.
Sin embargo, en la iniciativa de reforma no se detallan las causales específicas para cada tipo de sanción hacia las personas juzgadoras. El Sabueso consultó al diputado Gutiérrez Luna para conocer cómo se establecerían estas sanciones, y se mantiene en espera de una respuesta.
Sobre este último punto, la directora nacional de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, consideró que “se corre el riesgo de que esa certeza jurídica que se tiene de una sentencia quede condicionada a una valoración, con todo respeto, subjetiva de quienes integren esa comisión de disciplina”.
Jueces y abogados consultados por El Sabueso explicaron que la demora de los procesos judiciales en México tiene distintas causas y no todas son atribuibles a las personas juzgadoras, como se entiende a partir de la iniciativa de reforma judicial.
Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los procesos penales a nivel federal demoraron en 2023 en promedio 803 días entre el inicio de la causa y la sentencia, es decir, más de dos años.
Pero en el proceso, hay varias etapas que pueden retrasar su resolución y que no tienen relación con las personas juzgadoras, como el desahogo de pruebas, a cargo de los ministerios públicos, o los medios de impugnación.
“En ocasiones los procedimientos van más allá de los términos que la ley nos concede pero mucho obedece no a una actitud reprochable al juzgador de dilación, sino propiamente a las cargas excesivas de trabajo. O a que en ocasiones se promueve un amparo y ahí paraliza el procedimiento hasta que se resuelve”, comentó Juana Fuentes Velázquez.
A ello se suma la carga de trabajo que tienen las personas juzgadoras. Mientras que el promedio de jueces en los países de la OCDE es de 65 por cada 100 mil habitantes, en México esa cifra es de 4 jueces, por lo que también se registra un déficit de jueces y magistrados en el país.
En ese sentido, Mariano Calderón, abogado del despacho Santamarína & Steta, explicó que la única etapa que es responsabilidad completa de la persona juzgadora es el dictado de la sentencia, por lo que planteó que los plazos relacionados con una sanción a los jueces tendría que contar a partir de ese momento.
“Hasta que el expediente esté completamente integrado, cerrada la instrucción del juicio correspondiente, lo único que está pendiente es el dictado de la sentencia, que esa sí es responsabilidad del juzgador. Pero todo lo que sucede antes, desahogo de pruebas, presentación de alegatos y testigos, etcétera, todo lo que es la instrucción del juicio propiamente, no necesariamente es responsabilidad del juez”, mencionó.
Por ello, ambos especialistas coincidieron en que la reforma al Poder Judicial también debe apuntar a las fiscalías e incluso a las policías, que también participan en el inicio de los procesos penales. Y confiaron en que la ley secundaria que reglamente estos procesos sea lo suficientemente detallada para no dejar en indefensión a jueces y magistrados.
Mientras que en el caso de los procesos fiscales, primero hay que aclarar que estos se tramitan primero ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), también contemplado en la reforma aunque se trata de una entidad separada del Poder Judicial de la Federación. Y es hasta que se tramitan amparos, mismos que al igual que en los procesos penales retrasan su resolución, cuando pasan a órganos del Poder Judicial.
En los registros del TFJA no se detallan los tiempos de respuesta para los casos.

Irán ya ha vivido protestas antes, las más recientes en 2022, pero ¿por qué las manifestaciones actuales se consideran diferentes en alcance y objetivos?
Las protestas antigubernamentales en Irán, que, según corresponsales de la BBC y un funcionario iraní ya han dejado al menos dos mil muertos, han alcanzado un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica, según numerosos expertos y testigos presenciales.
Jiyar Gol, corresponsal de la BBC en persa, aseguró que el número de muertos debe ser de miles, y añade que, si bien el gobierno ya ha recurrido antes a la fuerza, esta vez no tiene precedentes.
La agencia de noticias Reuters, por su parte, informó que un funcionario de seguridad iraní afirmó que el número de muertos podría rondar las 2.000 personas. La fuente indicó que la estimación incluía tanto a personal de seguridad como a civiles, y culpó a “terroristas” de las muertes.
Mientras la gente sale a las calles en ciudades de todo el país, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “dar duro donde más duele” si las autoridades reprimen a los manifestantes y ha afirmado que EE.UU. “está listo para ayudar”.
Si eso ocurre, las autoridades iraníes han prometido responder con ataques a los aliados e intereses estadounidenses en la región.
Pero ¿en qué se diferencian estas protestas —y la respuesta del gobierno iraní a los levantamientos— de las manifestaciones anteriores en el país?
Los expertos sostienen que la escala y la extensión de las protestas de este año no tienen precedentes.
El investigador en sociología Eli Khorsandfar afirma que, si bien se han producido manifestaciones en las principales ciudades iraníes, también se han extendido a pequeñas localidades, “cuyos nombres quizá muchos desconozcan”.
Irán ya ha vivido protestas. El llamado Movimiento Verde de 2009 lideró la protesta de la clase media contra el presunto fraude electoral. Aunque fue de gran magnitud, se centró en las grandes ciudades. Otras protestas importantes en 2017 y 2019 se limitaron a las zonas más pobres.
Las protestas recientes más comparables se produjeron en 2022, cuando estallaron manifestaciones tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, de 22 años.
La joven había sido detenida por la policía moral iraní por su forma de llevar el velo.
Esas protestas se intensificaron rápidamente tras la muerte de Amini, pero alcanzaron su punto álgido seis días después, según múltiples informes.
En cambio, las protestas actuales parecen más grandes, más amplias y parecen crecer de manera más consistente desde que comenzaron el 28 de diciembre.
Al igual que las protestas de 2022, los levantamientos actuales tienen sus raíces en un reclamo específico que pronto se transformó en demandas de un cambio sistémico profundo.
“El movimiento de 2022 comenzó con el problema de las mujeres. Pero también se reflejaron en él otras reivindicaciones… Las protestas de diciembre de 2025 comenzaron con cuestiones que parecían económicas y, en muy poco tiempo, llegaron a transmitir mensajes compartidos”, afirma Khorsandfar.
A finales de diciembre, los comerciantes del bazar se declararon en huelga en el centro de Teherán, en respuesta a las fuertes fluctuaciones del tipo de cambio del rial iraní frente al dólar estadounidense.
Las protestas se extendieron a las regiones más pobres del oeste del país. Al igual que en 2022, las provincias de Ilam y Lorestán fueron algunos de los principales epicentros.
Hacia finales de diciembre, se llevaron a cabo marchas en las que participaron miles de personas mientras millones de iraníes, también de clase media, se enfrentaban a una grave crisis económica y a un rápido aumento de los precios. Desde entonces, la gente que marcha por las calles corea “¡Muerte al dictador!”.
Exigen la destitución del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y del régimen que preside.
Las protestas de 2022 parecieron no tener líderes y pronto se desvanecieron.
En cambio, las manifestaciones actuales cuentan con figuras —algunas como el exiliado Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado en 1979— que intentan moldear o liderar las marchas desde la distancia.
Esto podría explicar en parte por qué se mantienen durante más tiempo.
En las protestas actuales, los cánticos que exigen el regreso de los Pahlavi se han escuchado más que nunca.
Pahlavi se autoproclamó sha de Irán durante su exilio en Estados Unidos.
Sus llamamientos a corear consignas en las calles han sido ampliamente compartidos. Los jóvenes iraníes se han animado indirectamente a unirse a las manifestaciones a través de las redes sociales.
La magnitud de las recientes protestas en ciudades como Teherán demuestra la eficacia del llamamiento de Pahlavi.
Analistas afirman que, como resultado, la presencia de una figura conocida de la oposición parece haber reforzado para algunos manifestantes la idea de que existe una alternativa viable en caso de la caída del gobierno actual.
Otros indican que cualquier indicio de apoyo a Pahlavi no implica necesariamente un deseo de retorno a la monarquía.
Más bien, es una expresión de desesperación por encontrar cualquier alternativa al gobierno clerical, sobre todo ante la ausencia de figuras visibles y laicas de la oposición dentro del país.
Otro factor que distingue a las protestas de 2025, incluso de las de 2022, es Estados Unidos.
Las manifestaciones de este año, a diferencia de las anteriores, parecen contar con el apoyo de la Casa Blanca.
Trump ha amenazado con atacar las posiciones del gobierno en apoyo a los manifestantes, algo que nunca había ocurrido antes.
Durante el movimiento de protesta de 2009 contra el presunto fraude en las elecciones presidenciales, los manifestantes coreaban: “¡Obama, Obama, o con ellos o con nosotros!”.
El expresidente estadounidense Barack Obama, que asumió el cargo en 2009, lamentó más tarde no haber apoyado de forma más visible a los manifestantes en las calles en aquel momento.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que las manifestaciones están siendo manipuladas por “los enemigos de Irán”.
Sin embargo, el problema para él es que su país tiene menos amigos que en los últimos años.
Las autoridades iraníes han perdido aliados clave: Bashar al Assad ha sido derrocado como presidente de Siria y Hezbolá en Líbano también se ha visto significativamente debilitado por la acción militar israelí.
A diferencia de las manifestaciones de 2022, las protestas de este año se concretaron meses después de la guerra de 12 días con Israel y de los posteriores ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
El periodista Abbas Abdi cree que estos incidentes brindaron a las autoridades iraníes la oportunidad de forjar cierto tipo de solidaridad y cohesión social, pero que el gobierno no la aprovechó.
Algunos expertos también sugieren que el duro golpe al ejército iraní el año pasado ha destrozado el aura y el prestigio de la Guardia Revolucionaria Islámica como principal institución militar del país ante los ojos de los iraníes.
Inspirándose en el espíritu de las manifestaciones de 2022, Khorsandfar ve un cambio duradero en las protestas actuales: en entrevistas con mujeres que salieron a las calles hace tres años, muchas le dijeron que su mayor logro fue superar el miedo a un estado represivo.
*Con información y análisis de BBC News Persian, BBC Global Journalism y Neda Sanij, periodista de Oriente Medio.
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