Las iniciativas de Morena para reformar el Poder Judicial y eliminar siete órganos autónomos y organismos reguladores pueden afectar el cumplimiento del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), coincidieron especialistas consultados por El Sabueso.

El dictamen que aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales para pasar al pleno de la Cámara de Diputados plantea la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Te sugerimos: Dictamen del ‘Plan C’: ¿qué órganos autónomos propone eliminar Morena y cómo lo justifica?

Sin embargo, no se explica cuál será la forma en que operarán en el futuro. Sólo se menciona que distintas secretarías de Estado y otros órganos autónomos existentes asumirán sus funciones, quedando bajo control del Poder Ejecutivo.

Te contamos a detalle: 

¿Qué dice el T-MEC de los órganos autónomos?

“Para México, el organismo regulador de telecomunicaciones es autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, en los términos establecidos en la ley mexicana existente”, dice el Capítulo 18 del acuerdo.

Mientras que en el apartado de Buenas Prácticas Regulatorias está el compromiso de que cada país miembro “adoptará o mantendrá aquellos procesos o mecanismos para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: (…) fomentar enfoques regulatorios que eviten restricciones innecesarias a la competencia en el mercado”. En el caso de México, coincide con las funciones de la Cofece.

Además, el capítulo 22 establece lineamientos de las políticas antimonopolios y empresas propiedad del Estado.

“Cada Parte asegurará que cualquier órgano administrativo que la Parte establezca o mantenga que regule una empresa propiedad del Estado, ejerza sus facultades discrecionales de regulación de manera imparcial con respecto a las empresas que regula, incluidas las empresas que no son empresas propiedad del Estado”, señala el acuerdo.

En tanto que sobre la protección de datos personales, el T-MEC sólo menciona el compromiso de garantizar este derecho en el marco del comercio electrónico, pero no da precisiones sobre el tipo de entidad encargada de esas acciones.

Smith acotó que si bien en el corto plazo las reformas no podrían causar la suspensión del T-MEC, sí generan dudas en los mercados sobre la confianza en la inversión en el país. Además de que podrían iniciarse controversias por parte de Estados Unidos y Canadá en el marco del acuerdo comercial.

“Antes de que se esté aprobando la reforma, está generando muchísimo nerviosismo en los mercados internacionales. El día de ayer (jueves), con la discusión que hubo entre el embajador de Estados Unidos y ahora la respuesta que tiene el gobierno de México, eso genera incertidumbre”, comentó a El Sabueso.

También lee: Falso que eliminar órganos autónomos permite ahorrar 100 mil mdp al año, como afirma AMLO

¿Las secretarías cumplirán las mismas funciones?

El pasado 31 de julio la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reforma que contempla la eliminación de los órganos autónomos permitiría que esas funciones se mantengan pero desde el Poder Ejecutivo.

“La idea de la Reforma es que no desaparece su función, sino que se incluyen dentro de las Secretarías”, dijo.

El propio dictamen de la reforma que se discutió el viernes 23 de agosto afirma que “el proyecto de Decreto no viola las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC, toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, pues las disposiciones constitucionales como las legales mantienen la prohibición de los monopolios, de las prácticas monopólicas, y pugnan por la libre competencia y concurrencia; salvas las restricciones constitucionales establecidas”.

Sin embargo, el hecho de que las funciones de estas entidades pasen al gobierno pone en riesgo su autonomía de decisión como órganos reguladores. Por lo que la especialista Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, pidió que haya un replanteamiento del dictamen.

“Pensar que podemos eliminar la Cofece sería desestimar la profesionalización de la Cofece de los últimos 30 años de integración comercial sobre la base de la competencia económica”, comentó. 

Además, aclaró que precisamente el carácter autónomo que perderá al integrarse al gobierno, impediría que se les considerara equivalentes. Por lo que planteó la necesidad de un rediseño de los mismos en la iniciativa, para garantizar de alguna manera su autonomía, como el nombramiento colegiado de sus comisionados.

En el caso del sector energético, la integración a la Secretaría de Energía (Sener) de los órganos reguladores CRE y la CNH implica un conflicto de interés, toda vez que la persona titular de esa dependencia preside los consejos de administración de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO.

“Hay un riesgo muy claro y alto de que quieras beneficiar a la CFE o a Pemex sobre, por ejemplo, otros jugadores en la generación eléctrica o los operadores privados que participan en el mercado de hidrocarburos, ¿no? O en el caso de la CNH, su función es generar información sin sesgo para cualquier actor”, advirtió.

En el T-MEC, sobre el ordenamiento jurídico, se menciona que: “Cada Parte mantendrá leyes nacionales de competencia que prohíban las prácticas de negocios anticompetitivas para promover la competencia a fin de aumentar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor y adoptará las medidas apropiadas con respecto a esas práctica”.

Reforma al Poder Judicial y el T-MEC

A la par de los órganos autónomos, uno de los objetivos del acuerdo comercial que se revisará en 2026 es contar con autoridades judiciales confiables e imparciales que permitan la resolución de conflictos y reclamaciones.

“Cada Parte proporcionará a una persona que esté sujeta a la imposición de una multa, sanción o medida correctiva por violación de sus leyes nacionales de competencia, la oportunidad de solicitar la revisión judicial por una corte o tribunal independiente, incluyendo la revisión de supuestos errores sustantivos o procesales, a menos que la persona acepte voluntariamente la imposición de la multa, sanción o medida correctiva”, establece el Capítulo 21.

Pero la elección de jueces, magistrados y ministros por vía del voto popular y con candidaturas propuestas por la Presidencia y las Cámaras del Congreso, donde Morena tiene mayoría, como señala el dictamen de la reforma al Poder Judicial, compromete el garantizar esas cualidades.

“Para que una corte o un tribunal funcione necesitas no solamente decir que es autónomo y que el diseño institucional es autónomo, necesitas que la gente o los actores económicos crean que son autónomos, porque si no tienes la confianza de la gente o de los actores económicos, vale, cacahuate que diga de la Constitución que son autónomos del Poder Ejecutivo pues no no sirve porque la gente no confía”, comentó Sofía Ramírez.

La reforma “atenta contra tres capítulos específicos: el 14, que habla de que la inversión tiene que ser tratada de manera equitativa, y lo que nos hace la falta de independencia e imparcialidad en las cortes es que esta inversión no sea tratada de manera equitativa; también tenemos como problemática el 23, en referencia a lo laboral; y el capítulo 27, que hace referencia a las políticas anticorrupción”, enlistó Mariana Campos, directora de México Evalúa.

En el capítulo 23, se menciona en específico que ante conflictos laborales, “cada parte asegurará que los tribunales que conduzcan o revisen esos procedimientos sean imparciales e independientes”.

¿Cómo pueden proceder EU y Canadá en el marco del T-MEC?

Tanto agrupaciones industriales de Estados Unidos como su embajador en México, Ken Salazar, y su homólogo canadiense, Graeme C. Clark, externaron su preocupación en torno a ambas reformas y el impacto que pueden tener en la defensa y protección de las inversiones de las empresas de esos países en México.

“Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Sin embargo, la propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”, aseguró Salazar. 

Si bien, el T-MEC no tiene mecanismos para disolverse ante un incumplimiento en alguno de estos rubros, sí cuenta con un mecanismo de solución de controversias.

Kenneth Smith explicó que en esos casos se inicia un diálogo con las autoridades de México, para señalar las inconformidades, donde se realizan consultas técnicas y ministeriales. Y si no se alcanza un acuerdo de solución, entonces se inicia un panel. 

“Después de determinado tiempo, si estas consultas no arrojan una solución, los países que presentaron las consultas están en libertad de presentar una solicitud de un panel arbitral. Pero en todo momento se privilegia la capacidad de diálogo para resolver el tema, ahora sí que por las buenas y llegando a las últimas instancias”, dijo.

En los cuatro años de vigencia del T-MEC, se han presentado dos paneles en el marco del acuerdo comercial con motivo de regulaciones mexicanas. En julio de 2020, Estados Unidos y Canadá comenzaron, por separado, procesos de resolución de controversias con motivo de políticas energéticas del gobierno mexicano, como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscó favorecer a la CFE en las subastas eléctricas sobre los competidores privados. 

También cuestionaron los retrasos en la entrega de permisos para empresas privadas en el sector energético, la prórroga a Pemex para cumplir con requerimientos de suministro de diésel bajo en azufre, y las acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural de México, según detalla el IMCO.

Al margen de las controversias en el marco del T-MEC, lo que sí puede pasar y ya está ocurriendo, advirtió Sofía Ramírez, es que ante la falta de las garantías a las que se comprometió México con la firma del acuerdo, los inversionistas de ambos países pierdan el interés de traer sus recursos a México y opten por buscar otros destinos.

“Esto podría de alguna manera, no lo invalida, pero sí, prácticamente lo convierte en un papelito de letra muerta”, afirmó la directora de MCV.