Reforma al Infonavit permite al gobierno usar ahorros de trabajadores para construir viviendas
El Senado aprobó una reforma a diversos artículos de la Ley del Infonavit, para que el Instituto promueva la construcción y arrendamiento de vivienda social. La misma ha recibido críticas de parte de la oposición, incluso alertas sobre que con ella se toman indebidamente ahorros de los trabajadores.
“Es dinero de los trabajadores… estamos hablando de dinero que no es de nosotros, lo que esté dictamen está proponiendo es que firmemos un cheque en blanco de la caja del dinero de los trabajadores”, dijo la senadora Alejandra Barrales.
El dictamen plantea la creación de una empresa filial del Instituto que se encargará de planear y coordinar la construcción de desarrollos habitacionales. Estos proyectos de vivienda, se establece, serán aprobados y supervisados por el Consejo de Administración y la Asamblea General, órganos en que se mantiene un equilibrio en cuanto a número de integrantes, de parte de obreros, empresarios y el propio gobierno.
Sin embargo, con la reforma se establece que tres comités, de Vigilancia, Transparencia y Auditoría tendrán mayoría de integrantes del gobierno. Además de que la Presidencia de la República y no la Asamblea General nombrará al director o directora general del Infonavit.
Y esa persona nombrada para la dirección general, además de proponer el plan financiero y de labores, podrá “asistir y presidir las sesiones del Consejo de Administración con voz y voto”, además de tener derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia que no se adopten por unanimidad.
Estos últimos puntos son los que han generado críticas sobre que se rompe el equilibrio del “modelo tripartita” de decisión.
Especialistas, sindicatos y políticos de oposición mencionan que se abre la puerta para que se utilicen los rendimientos de los ahorros de los trabajadores en proyectos inmobiliarios, con el gobierno teniendo preponderancia para decidir la forma en que se ejecutarán.
“Esta reforma abre la posibilidad de que en ciertos proyectos se pueda tomar cierta parte de los fondos para construir viviendas sociales, no para otra finalidad”, señaló Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda, en Entrevista con El Sabueso de Animal Político.
En la iniciativa se habla de usar parte de los “rendimientos” del ahorro de trabajadores, aunque Escoffié apuntó que este punto es ambigüo, y debería mejorarse la redacción, para definir con precisión qué recursos se usarán.
“El Infonavit es un manejador de fondos, pero ahora se crea una filial gubernamental que se dedique a construir. Cuando se permite esta creación de esta filial, se vulnera el derecho de los trabajadores a decidir qué se hace con su dinero”, dijo Valeria Moy, directora del IMCO, en entrevista con W Radio.
El dictamen avanzó en la Cámara Alta, sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se abriría un espacio de “mayor reflexión”, por lo que la reforma sería discutida hasta el próximo periodo ordinario, ya en 2025.
“La Ley Infonavit que pretende aprobar Morena afecta a quien tenga empleo formal, cualquier trabajador en activo que tenga ahorros en una subcuenta de vivienda, ya que de aprobarse la reforma el gobierno meterá mano y podrá disponer de esos recursos, que con mucho esfuerzo han logrado los trabajadores”, mencionó el senador panista, Ricardo Anaya.
Aunque, por otro lado, en la conferencia matutina de este 18 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la reforma busca erradicar la corrupción, asegurar que el uso de recursos de los trabajadores sea transparente y garantizar la construcción de vivienda social.
“El fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos; control, en el sentido de control público de transparencia”, dijo.
Carlos Martínez, quien fue director del Infonavit en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mencionó en la red X que el Instituto administra activos por casi 2.5 billones de pesos, aunque cerca de 763 mil millones se encuentran en un fondo de inversión a largo plazo, “es decir tiene vencimientos dentro de 4 o más años, no son recursos que estén disponibles al instante”.
El resto de los activos, agregó, “es la cartera de crédito neta del instituto que equivale a 1.5 billones de pesos”, aunque no son recursos disponibles, sino garantías de crédito.
“Ahora bien, cada año el Infonavit programa la cantidad de recursos que va a erogar en su programa de crédito, en los últimos años poco más de 200 mil millones anuales, ahora adicional a esta programación destinará un tanto a construir vivienda, este programa necesariamente pasa por aprobación de la Asamblea del Infonavit”, refirió.
Gobierno tendrá mayor presencia en comités de vigilancia, transparencia y auditoría
La propuesta aprobada por los senadores establece que el Infonavit o su empresa filial podrán destinar los recursos bajo su administración para inversiones propias de construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del Instituto, y destinados a vivienda de los derechohabientes.
Estos recursos se integran por recursos bajo control del instituto, los cuales son aportados por presupuesto federal, pero también por rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda, es decir, las subcuentas de vivienda, el ahorro de las y los trabajadores.
Un aspecto clave sobre el uso de recursos para la construcción, administración y arrendamiento de vivienda que propone la iniciativa presidencial es que estos planes deben ser examinados y aprobados por el Consejo de Administración y la Asamblea General del Infonavit.
La Asamblea General estará conformada por 30 integrantes: 10 representantes del gobierno federal; 10 de las personas trabajadoras y 10 de las personas empleadoras. Este órgano será el encargado de aprobar los planes de labores, financieros y de financiamiento del Instituto. También aprobará las políticas generales de crédito, arrendamiento social, administración inmobiliaria y enajenación de vivienda.
El Consejo de Administración, en tanto, estará formado por 12 integrantes: cuatro del gobierno federal; cuatro de las personas trabajadoras y cuatro de las personas empleadoras. Este Consejo decidirá sobre las inversiones y financiamientos del Infonavit.
Al mismo tiempo, dará su visto bueno para que la Asamblea conozca las proyecciones financieras, el presupuesto de ingresos y egresos, así como los planes de labores, financieros y financiamiento del Instituto.
Igualmente, aprobará las reglas para otorgar créditos, financiamientos y el acceso a programas de vivienda. También, dará a conocer las reglas de negocio de cada opción de financiamiento. La supervisión de la empresa constructora quedará bajo el mandato de este Consejo.
A pesar de que el modelo tripartita se mantienen en estos dos órganos de manera equilibrada, la Comisión de Vigilancia, Comité de Transparencia y Auditoría tendrían mayoría del gobierno federal, como lo demuestra el mismo dictamen. En el caso de la Comisión de Vigilancia, tendría 5 integrantes del gobierno federal, 2 del sector obrero, y 2 del empresarial.
En la de auditoría, habría tres integrantes del gobierno federal, uno del sector obrero y otro del empresarial.
Además con la reforma también desaparecen las direcciones sectoriales de los trabajadores y de las personas empleadores, áreas encargadas de recopilar las opiniones y criterios de su sector.
“Gran parte de cómo se va a disponer los recursos se ve mediado por la composición del Infonavit, y al tener mayor participación del gobierno sí genera duda de qué tan equilibrado esté el Instituto. Este es un problema que se pudo haber ahorrado si esta propuesta de vivienda social no se hubiese hecho a través del Infonavit”, dijo Escoffié.
En términos generales, la Comisión de Vigilancia revisa el cumplimiento de las normas internas del Infonavit y el quehacer de cada órgano, además de emitir opiniones sobre los dictámenes financieros.
Por su parte, el Comité de Auditoría informa sobre los riesgos financieros del Instituto, vigila que se cumpla la normatividad en el manejo de activos y pasivos, y revisa y aprueba los dictámenes financieros del Instituto.
Mientras que el Comité de Transparencia vigila que se cumpla la transparencia y protección de datos dentro del Infonavit, y promueve la transparencia en los procedimientos de compra-venta.
Otro de los cambios que propone la iniciativa de reforma es que la persona titular de la Dirección General del Infonavit sea designada directamente por la Presidencia de la República. Actualmente, este puesto es aprobado por la Asamblea General.
Dentro de sus facultades, el director o la directora general podrá: vetar resoluciones del Consejo de Administración o de la Comisión de Vigilancia, cuando no haya unanimidad. Además de proponer al Consejo de Administración los programas de financiamiento, construcción, administración inmobiliaria, arrendamiento social, enajenación de vivienda, y de crédito a ser otorgados por el Instituto
También se encarga de expedir el Estatuto Orgánico, documento que tiene la estructura, organización, facultades y funciones de las áreas del Infonavit.
Por otro lado, la iniciativa elimina la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en cuanto a la aprobación de los sistemas de organización de contabilidad y la vigilancia de las operaciones del Instituto.
En contraste, la Secretaría de Hacienda será quien emitirá las reglas en materia de crédito y supervisará su cumplimiento. También, podrá opinar sobre el régimen de inversión. Mientras que la Asamblea General establecerá las políticas de contabilidad y auditoría interna, así como revisará las operaciones en materia inmobiliaria.
Recursos para viviendas de los trabajadores
El Infonavit, se establece en la iniciativa, deberá garantizar que se destinen recursos suficientes para otorgar créditos a las personas derechohabientes.
“Se precisa que la fuente de financiamiento para la construcción, administración inmobiliaria y arrendamiento social de vivienda deriva directamente de cualquier recurso bajo administración del Infonavit, es decir recursos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda (principalmente recursos en numerario) o del patrimonio del propio Instituto (principalmente el suelo que sea adquirido por recursos que no provengan del Fondo)”, señala la iniciativa.
Escoffié explicó que los proyectos de construcción de vivienda se prevén en colaboración con otras dependencias como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El Infonavit, se detalla, deberá establecer programas para otorgar acceso a la vivienda a los trabajadores, mediante el esquema de arrendamiento social.
De acuerdo con la propuesta, al cumplir un año de cotización continua, los trabajadores tendrán el derecho de participar en el programa de arrendamiento social de vivienda construida o administrada por el Infonavit que se encuentre cerca de su centro de trabajo, así como en los programas de opción de compra de dichas viviendas.
En cuanto a las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, se apunta que los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos de rentas del Infonavit destinadas al arrendamiento social, siempre y cuando éstas no sobrepasen el 30%.
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En el Caribe colombiano hay un pueblo atravesado por la migración que, lejos de sumirse en una crisis, capitaliza el fenómeno.
Los migrantes lo llaman “el paquete” porque por US$350 pagan alojamiento, comida, transporte en lancha y un guía hasta las puertas del Tapón del Darién, la difícil selva que atravesarán a pie camino de Estados Unidos.
El venezolano José Gutiérrez lo compró y parece satisfecho.
“Todo está muy bien organizado. El guía nos recogió en la terminal de buses, nos buscó dónde dormir, comer y abastecernos”, dice este migrante joven y vigoroso, listo para emprender la travesía.
Gutiérrez aguarda sobre las 10 de la mañana junto a uno de los dos muelles de Necoclí, un remoto pueblo del norte de Colombia ubicado a pocos kilómetros del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.
Hoy el mar está bravo, así que aún no sabe si zarpará la lancha que lo llevará al otro lado del Golfo de Urabá para adentrarse en la tupida selva entre Colombia y Panamá, en la que cada año mueren decenas de personas.
Solo en 2024 murieron al menos 55, según estiman autoridades panameñas. Se teme que muchos otros desaparecen en el intento.
Por ubicación, servicios e infraestructuras, Necoclí se ha convertido en un paradero donde cada año cientos de miles de migrantes recuperan fuerzas y fondos antes de reemprender su odisea.
Uno podría pensar que este fenómeno mantiene en crisis a esta población de alrededor de 70.000 habitantes.
Pero desde que en 2019 aumentó el flujo de personas hacia el Darién, el poblado prosperó, no sin retos, con la industria de la migración.
Se disparó la oferta hotelera y de restaurantes, aparecieron decenas de tiendas que surten al migrante, se ampliaron y construyeron nuevas casas, se multiplicaron las motos y los viajes en bote. La economía se dinamizó.
“Aquí en Necoclí hay absolutamente de todo”, me explica Gutiérrez.
Cuando el mar se calma, se acaba la incertidumbre para el venezolano. Más migrantes se le unen hasta superar la veintena.
Un guía da las últimas indicaciones y los abraza uno por uno. Les desea suerte. Un oficial de migración pasa lista. Los pasajeros toman asiento, poniendo a sus pies las pertenencias. El timonel enciende el motor.
La lancha zarpa, sortea las olas de la orilla y se mete mar adentro. Todo está coordinado.
La de los botes es una de las áreas que más lucro genera, de acuerdo a la secretaría de Turismo.
En Necoclí operan dos y cobran 170.000 pesos (US$38) por trayecto de ida y vuelta.
El migrante, aunque solo realice el viaje de ida, paga lo mismo.
De pueblo remoto a epicentro migratorio
Dicen en Necoclí que hasta 2019 o 2020 no llegaron migrantes en masa. Los necoclicenses vivían de cultivar banano o coco, de la pesca, del ganado y, sobre todo, de un turismo atraído por sus casi 100 kilómetros de playa.
Aparte de eso no era un municipio muy diferente a otros remotos colombianos, marcados históricamente por falta de recursos, difícil acceso, debilidad institucional y la presencia de grupos armados.
En este caso, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una organización paramilitar que en los últimos tiempos rechaza el nombre con el que más se le conoce, el Clan del Golfo, al que gobierno y expertos vinculan con economías ilícitas como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tránsito migratorio.
Todo cambió tras explotar la crisis migratoria en 2021.
“El mar entre Necoclí y el otro lado del Golfo es más tranquilo y aquí, por el turismo, ya había hoteles, restaurantes y transportadoras marítimas que nos convirtieron en un punto expedito para la migración”, me explica el secretario de Turismo del municipio, Carlos Rojas.
Algo más de 60 kilómetros de agua, alrededor de dos horas de navegación, separan Necoclí de Capurganá y Acandí, los últimos municipios colombianos antes del Darién.
Estos también, me cuentan locales, consiguen sacar rédito del flujo migratorio, aunque no de una forma tan establecida como la de Necoclí.
Se calcula que en 2019 cruzaron la selva alrededor de 22.000 personas. En 2020, con la pandemia, el número se desplomó a menos de 10.000. Un año después, superó los 130.000.
Según el gobierno panameño, un récord de más de 500.000 personas la atravesaron en 2023.
En 2024, si bien se redujo a casi la mitad, entre otros motivos por el mayor control de fronteras impuesto por el gobierno panameño, se cree que al menos 300.000 personas cruzaron el paso.
Y de acuerdo a una evaluación del secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Wachter Espitia, la mayoría pasó antes por allí.
Cuando los flujos se dispararon, el pueblo apenas dio abasto. Colapsó.
Decenas de miles de migrantes quedaron varados. Muchos acamparon en las playas. Algunos se quedaron años.
Según se apaciguó la crisis, en Necoclí hicieron números.
“Aprendimos que, si bien la migración es un fenómeno que no estábamos preparados para asumir, se podía recibir con cierta positividad: generó buenas divisas e ingresos para muchas familias y comercios del municipio”, cuenta Rojas, quien además de su cargo institucional también es empresario turístico.
Boom hotelero
Los martillazos y soldaduras son constantes en Necoclí.
Son decenas las nuevas construcciones y renovaciones que uno se encuentra por las calles.
Muchas de estas obras, me cuentan locales, serán nuevos hoteles y hostales para atender la demanda de migrantes y turistas.
Miriam Valdelamar me abre las puertas de su casa, convertida en hostal.
“En 2020, debido a la cantidad de personas que tuvimos en Necoclí, desocupé esta casa de cuatro habitaciones. Pusimos tres a rentar y toda la familia nos metimos aquí, en la pieza grande”, cuenta mientras me enseña las instalaciones, que cobra a 35.000 pesos la noche (US$8).
La hostalera defiende que su hostal, a menor precio que la media, se enfoca en albergar a los migrantes con más necesidades económicas, como las mujeres con niños y las personas con discapacidades.
Rojas, el secretario de Turismo, también tiene un hotel donde renta habitaciones a migrantes cuando se disparan los flujos.
Estos son intermitentes. Dependen de coyunturas como las crisis que en los últimos años se vive en países como Ecuador, Venezuela, Cuba o Haití, provocando un éxodo de sus nacionales que no para.
Pero cada vez más también llegan desde Asia y África.
“Antes del fenómeno migratorio, teníamos unos 86 alojamientos. Hoy hay más de 240 documentados. Si contamos los informales, tenemos una oferta de entre 300 y 320 alojamientos”, le dice Rojas a BBC Mundo.
Hay hospedajes para todo bolsillo: tipo boutique de 350.000 pesos (US$68,40) por noche, 3 o 4 estrellas de 150.000 pesos (US$34), ecohoteles y hostales por menos de 80.000 pesos (US$18).
Eso también muestra cómo el pueblo consigue hacer convivir sus rentas principales: migración y turismo.
Por lo general, los asiáticos, provenientes de países como China, Vietnam, Bangladesh o India, pagan por los alojamientos más equipados.
Haitianos o venezolanos, con menos recursos, se hospedan en los más humildes.
Si no les alcanza, acampan en la playa, como la venezolana Marisela Bellorín, que duerme en una tienda con su esposo e hijos desde hace semanas.
“Los precios de Necoclí no son para todos”, me dice mientras actualiza a su familia en Venezuela por videollamada sobre cómo transcurre la travesía.
En su caso, espera continuar su camino lo antes posible.
No todos lo logran. BBC Mundo conoció a un venezolano que lleva más de un año en Necoclí intentando reunir el dinero necesario para la siguiente fase.
Valdelamar me explica que con lo que ganó en su hostal, ahorró e invirtió en nuevas habitaciones en su patio trasero, en las que puede alojar hasta a 20 personas.
Si tiene las camas llenas, gana US$160 en una sola noche- en Colombia el salario mínimo equivale a US$390 mensuales en febrero de 2025.
Ahora está haciéndole un segundo piso a la casa.
Quiere más cuartos, pero le preocupa no recuperar lo invertido con la ralentización migratoria.
“Estamos preocupados porque ya no hay tantos como hace un año, pero confiamos en que por otro lado aumente el turismo”.
Turismo vs migración
Aunque la migración dinamiza la economía municipal, la secretaría de Gobernación de Necoclí asegura que la masiva llegada de migrantes dañó el turismo, la fuente de ingresos tradicional de los necoclicenses.
“Si bien lo que consume el migrante contribuye a que se mueva la economía, el hecho de que haya algunos quedándose en la playa porque no tienen recursos suficientes afecta de alguna forma al turista”, le dice a BBC Mundo Wachter Espitia, el secretario de Gobernación.
Es común que aquellos en el pueblo que no han capitalizado el fenómeno migratorio se quejen de que los medios han alimentado una “mala fama” para la llegada de turistas.
“Entendiendo la migración como un derecho y algo que nos acompañará los próximos 30 o 40 años, debemos tener la capacidad de hacer coincidir migración y turismo”, opina Wachter Espitia.
Para muchos negocios locales los límites entre turismo y migración son cada vez más borrosos. Paradójicamente, demandan casi los mismos servicios.
Pero los que sacan buenas rentas de la migración defienden que es ese, y no el turismo, el verdadero negocio.
“El turista de aquí es el migrante. Yo no distingo”, dice el cubano Léster Vidal, quien llegó hace unos años con su esposa para cruzar el Darién, pero se quedó sin recursos.
También los peligros de la selva los hicieron cambiar de plan.
“Decidimos entonces quedarnos, trabajar y reunir dinero para intentar ir por una vía más segura, quizás a España en vez de a Estados Unidos”, le cuenta a BBC Mundo.
Vidal tiene un pequeño carrito ambulante que aparca junto a uno de los muelles desde donde parten migrantes y turistas hacia el otro lado del Golfo.
Vende medicamentos, fosforeras, mascarillas, repelentes: pequeños objetos que pueden ser útiles para la travesía por la jungla.
Junto a los embarcaderos hay decenas de puestos como el suyo y en el centro del pueblo me encuentro con establecimientos que venden tiendas de campaña, botas de caucho, machetes, ollas y fogones portátiles.
“Antes del flujo migratorio uno podía ganarse un millón o millón y medio de pesos (US$336) vendiendo al turista y ya con la migración se puede ganar unos cuatro o cuatro millones y medio de pesos al mes (US$1.000)”, me cuenta Fredy Ruiz, propietario de una de esos locales.
La convivencia entre turismo y migración alcanza límites insospechados en estos bazares.
Justo al lado del de Ruiz, la trabajadora de otro comercio me dice que por el suyo recientemente pasaron unos turistas colombianos a comprar todo lo que se lleva el migrante para “vivir la experiencia de cruzar el Darién en forma de tour”.
Ruiz señala que con lo ganado dio “para mejorar la casa y comprarse una motico”. También multiplicó a sus empleados.
La desgracia y la felicidad
El contexto en que se generan sus ganancias no es ajeno a los necoclicenses.
No se le escapa que muchos de sus clientes huyen de la violencia y la precariedad, dejando vidas y familias atrás.
También saben que decenas de personas mueren cada año en la selva.
Le pregunto a varios comerciantes cómo manejan el hecho de que su negocio dependa de un drama que sufren cientos de miles.
Muestran simpatía, pero también pragmatismo. Al final, dicen, no es algo que puedan controlar.
“La felicidad de uno es la desgracia del otro. Ellos buscan su sueño americano y a nosotros nos hacen mucho por la economía”, indica Ruiz desde el mostrador de su tienda.
Los migrantes con los que pude conversar no se sienten utilizados.
Aunque algunos reclaman precios más bajos, en general agradecen que en medio de tan larga y dura ruta exista un pueblo enfocado en brindarles todos estos servicios.
Nadie habla mucho del supuesto papel del “Clan de Golfo” en la economía de la zona.
Un reporte de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia afirma que por su “control hegemónico”, el grupo interactúa con redes nacionales y transnacionales de tráfico de migrantes.
Según el estudio, el Clan realiza una tributación forzada en actividades vinculadas con la migración, contiene la violencia contra los migrantes y autoriza y restringe el uso de rutas marítimas y terrestres.
Pero ninguno de los comerciantes que entrevisté admite que eso suceda. Y el secretario de gobernación, Wachter Espitia, dice que se trata de especulaciones.
“Nosotros nos relacionamos y conversamos con las empresas, los actores regulados, y no los secundarios. Si hay rentas irregulares, eso le corresponde tratarlo a las autoridades competentes”, indica el secretario.
Los migrantes que transitan por Necoclí permanecen ajenos a estas dinámicas.
Quienes duermen en la playa por semanas o meses esperando reunir dinero parecen casi instalados en la cotidianidad.
La familia de la venezolana Marisela Bellorín aguarda cerca de una fogata donde otros migrantes cocinan.
Sus niños se recuestan sobre un bote, adormecidos, mientras bares junto a la playa recogen las sillas donde se sentaron los turistas, permitiendo que decenas de familias monten las carpas donde dormirán por un número de noches aún indeterminado.
Los necoclicenses desconocen si los migrantes a los que acogen, alimentan, abastecen y transportan cruzarán con éxito la peligrosa selva y llegarán a su destino.
Pero mientras, su paso por Necoclí engorda los bolsillos locales.
Como me dice una emprendora a pie de playa, “en Necoclí sale el sol para todos”.
Incluso para los migrantes de la playa, que desde el alba salen a ganar fondos en el pueblo que prospera bajo la peor crisis migratoria de América Latina en décadas.
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