Reforma de Morena para desaparecer autónomos pone en duda la regulación y competencia del sector energético
Para entender mejor
La eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y que sus funciones pasen a la Secretaría de Energía (Sener), que propone Morena en su paquete de reformas contra órganos autónomos, pone en duda la regulación del sector energético del país, y la competencia equitativa en los mercados petrolero, eléctrico y de gas.
Pero especialistas consultadas por El Sabueso mencionaron que al absorber sus funciones a la Sener, esta sería juez y parte cuando se den controversias entre las autoridades, las empresas del sector público como CFE y Pemex, y la inversión privada, lo que incluso podría tener repercusiones en los compromisos de México como parte del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC.
¿Pero cuál es exactamente el papel de los organismos autónomos CRE y CNH? ¿Por qué son importantes como reguladores? Te explicamos a detalle:
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¿Qué hacen la CRE y la CNH?
La CRE se encarga de regular los mercados de la electricidad y el gas natural, así como la importación, almacenamiento, distribución y expendio de petrolíferos mediante la entrega de permisos y el establecimiento de tarifas.
Esta institución es la responsable, por ejemplo, de otorgar permisos para la instalación de gasolineras y de plantas de generación eléctrica por parte de particulares.
Además, emite reglas para buscar asegurar la cobertura de gasolina, gas y electricidad en el país. Por ejemplo, desde agosto de 2021 la CRE emitió un acuerdo para fijar los precios máximos de venta del gas LP, ante el alza del precio del combustible desde un año atrás.
Ello permitió que mientras en 2021 el precio promedio del gas LP se elevó 25.9% anualmente, en 2022 el precio se redujo 3.48% y para 2023 la baja fue de 22.38%, según datos del Inegi.
Por otro lado, la CNH mantiene el control de la exploración y extracción de hidrocarburos. Entre sus tareas estuvo la organización de las rondas petroleras, en que se realizaron subastas y firmas de convenios de asociación entre empresas privadas con Pemex para exploración y explotación de petróleo entre 2015 y 2018, mismas que se suspendieron antes del inicio del sexenio pasado.
La propia CNH sugirió en julio pasado a la Sener que retome estos mecanismos de asignación de contratos para la extracción de hidrocarburos en el país.
Tanto la CRE como la CNH se integran por siete comisionados. Las decisiones se toman por mayoría de votos de forma colegiada, y con la presencia de al menos cuatro de los siete comisionados.
Los comisionados de la CRE y de la CNH los nombra el Senado por votación de mayoría calificada de dos terceras partes, a propuesta de una terna por parte de la Presidencia de la República, y previa comparecencia de cada aspirante ante el pleno de esa cámara para un periodo de siete años.
Como parte de las medidas para procurar la autonomía de ambas comisiones, la ley establece que la renovación de sus comisionados debe darse año con año de manera escalonada. Sin embargo, en el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador renunciaron seis de los siete comisionados de la CRE por diferencias con la política energética del nuevo gobierno.
Por lo que la conformación del nuevo pleno de la CRE fue mayoritariamente de personas propuestas por el entonces presidente, contrario a lo que busca para procurar su autonomía. Incluso cuatro de ellos fueron designados de forma directa por el exmandatario, ante la falta de acuerdo en el Senado.
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Sin certeza sobre su autonomía técnica
En la presentación de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico el pasado 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó la continuidad de la CRE y la CNH pero bajo el mando de la Sener, y prometió que se garantizará su independencia técnica, aunque alineados al plan eléctrico gubernamental de largo plazo.
Al ser cuestionada sobre si México mantendría sus órganos reguladores en el sector energético, la presidenta respondió: “No como ahora. Es parte de lo que se va a presentar en estas leyes secundarias”.
Pero de acuerdo con Karla Cedano, académica de la UNAM, si bien en la propia presentación se muestra la continuidad de estos órganos, con lo que se menciona en la iniciativa para desaparecer ambos organismos autónomos no hay certeza sobre cómo se conformarán ni de cómo se darán condiciones para su autonomía e independencia.
“Lo importante es garantizar su independencia y que se mantenga como una entidad reguladora que evite el conflicto de interés natural por ser juez y parte. ¿Qué tan fácil o difícil es eso si estás dentro o fuera de una estructura gubernamental? Eso es tema de análisis”, sostuvo.
En el estudio que hicieron académicos de la UNAM de las 20 reformas que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, Sergio López Ayllón, Lucía Ojeda, César Hernández y Guillermo M. Cejudo Ramírez advirtieron que esta propuesta implica una mayor politización de la función regulatoria de la CRE y la CNH.
“Por la fusión de las atribuciones regulatorias dentro de la misma dependencia encargada de conducir la política pública, y por el hecho de que los funcionarios encargados de la política pública y la regulación ya no tendrían garantías de estabilidad en sus encargos”, sostuvieron en el texto.
Al respecto, Cedano consideró necesario esperar a conocer el contenido de las leyes secundarias, que definan cómo funcionarán estas dependencias.
“Es más fácil modificarlas y corregir, y aprender y ensayar. La ley secundaria está para eso, para que se pueda normar, ves cómo te va, y qué ajustas, qué cambias. Me parece muy sano que la letra fina de las intenciones del gobierno federal se vea en leyes secundarias y no estén enmarcadas en letra de oro en la Constitución”, agregó.
¿Cambios en la CRE y la CNH afectarán al T-MEC?
Aunque no se menciona textualmente en dicho acuerdo ni a la CRE ni a la CNH, sus tareas sí están referidas en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.
Como te contamos en esta nota, el capítulo 22 del TMEC contempla que los gobiernos de los países miembro deben garantizar la imparcialidad y transparencia en la regulación, con el fin de que haya condiciones de justas de competencia para empresas de particulares y del Estado.
“Cada Parte asegurará que cualquier órgano administrativo que la Parte establezca o mantenga que regule una empresa propiedad del Estado, ejerza sus facultades discrecionales de regulación de manera imparcial con respecto a las empresas que regula, incluidas las empresas que no son empresas propiedad del Estado”, señala el acuerdo.
En este sentido, la incorporación de la CRE y la CNH a la Secretaría de Energía ponen en duda esta meta, ante la falta explícita de candados que garanticen su autonomía en especial de la persona titular de esa dependencia, consideró Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Aunque el T-MEC no te plantea un regulador de energía, sí te dice que en el capítulo 22 de empresas propiedad del Estado que los actores estatales no deben recibir un trato parcial o artificialmente benévolo por parte del regulador. Así es que sí trae consideraciones de independencia regulatoria en el sector energético”, explicó.
Leyes secundarias, la clave
En caso de aprobarse la reforma, el Congreso tendrá 180 días para adaptar las leyes secundarias donde detallarán cómo la Secretaría de Energía asumirá las funciones de la CRE y la CNH, y la forma en que estos órganos serán independientes.
Y es ahí, insistió Cedano, donde tendrá que definirse cómo funcionarán estos órganos reguladores, y si ese funcionamiento se ajusta a lo planteado en tratados internacionales.
“Ante la visión actual, (falta que) encontremos una figura que nos asegure esa regulación, tan imparcial como sea posible, y que permita una convivencia de lo público con lo privado que beneficia al sector eléctrico”, comentó.
Mientras que Sofía Ramírez, directora de México Cómo Vamos, consideró que será importante establecer reglas para la selección de quiénes estarán al frente de los nuevos órganos reguladores para el sector energético.
“Lo que importa son las reglas de asignación de las personas que trabajan allí… al eliminar ese mecanismo (de designación de comisionados por el Senado), estás sujetando a decisiones políticas de la secretaria o secretario de Energía quién encabeza y cómo encabeza cada uno de estos órganos”, cuestionó.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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