Jueces sin rostro: Una figura que viola el principio de un juicio justo
La figura de los jueces sin rostro se refiere a la práctica de ocultar la identidad de los jueces en ciertos procedimientos legales, para que así puedan juzgar un caso de delitos como el crimen organizado sin “ponerse en riesgo”.
Esta idea es parte de la reforma judicial que plantea Morena, que acaba de ser aprobada en Comisiones y ahora será votada en el pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, especialistas y organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional– como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas– señalan que los jueces sin rostro violan el derecho a un juicio justo y se han utilizado como arma para perjudicar a quienes están siendo juzgados.
Incluir a los jueces sin rostro en la legislación mexicana no es una idea nueva, aunque el Presidente López Obrador y el Senador Ricardo Monreal la hayan apoyado de manera más vocal en los últimos meses. En realidad, la propuesta se hizo desde el 2010 durante el sexenio de Felipe Calderón, quien propuso utilizarla para juzgar a narcotraficantes.
Aunque no se llegó a incluir en la legislación en ese entonces, ahora tanto Morena como el Partido Acción Nacional están proponiendo incluir a los jueces anónimos dentro de las prácticas judiciales mexicanas.
Orígenes y su uso en América Latina
El uso de jueces anónimos comenzó en Italia en 1960, con la intención de utilizarlos para juzgar a las mafias locales y proteger a los juzgadores de posibles represalias en su contra. Posteriormente este sistema se adoptó en países de América Latina como Perú, Colombia y El Salvador para supuestamente juzgar a narcotraficantes y miembros de pandillas una vez más “de manera segura”. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional comenzaron a documentar el abuso de estas figuras para violar el principio de la imparcialidad de los juicios y condenar injustamente a lo que llamaron “presos de conciencia”.
En Perú en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori y su Consejo de Ministros introdujeron un paquete de leyes antiterroristas, entre las cuales se encontraba agregar la figura de los jueces sin rostro a los tribunales.
Entre 1993 y 1996, Amnistía Internacional documentó por lo menos 700 casos en el que personas acusadas falsamente de delitos relacionados con el terrorismo, cuyos casos fueron juzgados por jueces sin rostro, fueron encarceladas siendo inocentes. Además, organizaciones locales en contacto con Amnistía Internacional aseguraron que el número real de “presos inocentes” encarcelados tras este proceso se acercó en realidad a los mil 400.
Ese año, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendó al Estado Peruano abolir inmediatamente el uso de los jueces sin rostro, pero el Congreso Peruano ignoró la recomendación y votó que se prolongara su uso un año más, hasta finales de 1997.
Señalaron que esta práctica viola el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.
Ya que ocultar la identidad de los jueces sólo para cierto tipo de casos viola el principio de la igualdad, y también el principio de la imparcialidad porque podrían poner un juez con conflictos de interés y se desconocería si el o la juez cumple con todos los requisitos –como por ejemplo una capacitación adecuada– para llevar a cabo un juicio independiente con un debido proceso.
Casi 17 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en contra del Estado en el caso J. vs Perú, declarando que ante el uso de estos tribunales “es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, de las garantías judiciales, de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, así como del incumplimiento de su obligación de garantizar dichos derechos”.
Colombia adoptó estas prácticas con una reforma judicial en 1991, produciendo resultados similares.
De acuerdo con un estudio realizado por Michael R. Pahl, publicado en la Revista de Derecho Internacional y Política de Denver, dos años después de implementar el sistema Colombia sacrificó los derechos humanos de los acusados al utilizar el sistema de tribunales secretos con fines políticos, castigando a legítimos manifestantes políticos como “terroristas”.
“Aunque el sistema de tribunales secretos ha aumentado la tasa de condenas y ha brindado cierta protección al poder judicial, lo ha hecho a costa de los derechos básicos del acusado penal”, dice el especialista en el estudio.
El autor atribuye que uno de los grandes problemas es que expandieron el uso de las cortes sin rostro no solo para juzgar delitos relacionados con el narcotráfico, sino incluyeron “delitos políticos”: rebelión, sedición y otros actos de violencia cometidos con intención criminal, por lo que estas cortes se utilizaron para castigar oposición política y como Perú, apresar a personas bajo cargos falsos.
Recientemente en El Salvador, el presidente Nayib Bukele también introdujo la modificación para hacer procedimientos legales con esta figura una vez establecido su “régimen de excepción”. De acuerdo con el monitoreo realizado por Human Rights Watch, comenzaron a llevar a cabo juicios “in absentia” de los acusados–es decir sin que el acusado esté presente– y ocultando la identidad de los juzgadores, además de permitir a los jueces encarcelar niños de hasta 12 años de edad, y expandir el uso de la detención preventiva.
Ante esto, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU emitió el siguiente recordatorio para el gobierno Salvadoreño: “Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, los principios de un juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de emergencia”.
De integrar esta figura a la legislación mexicana, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han expresado su preocupación al mantener la independencia judicial y el peligro de que México ignore sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos.
La Organización de las Naciones Unidas también advirtió el peligro sobre la reforma judicial, escribiendo en su cuenta de X que “la figura de jueces “sin rostro” impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial.”
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El líder de la operación asegura que su organización está construyendo infraestructura en Venezuela para extraer a personas del país en caso de que comience una guerra con Estados Unidos.
La operación de rescate para sacar de Venezuela a la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado incluyó disfraces, dos barcos en mares agitados y un vuelo, según ha contado a la BBC el hombre que dice haberla dirigido.
Bautizada como “Operación Dinamita Dorada”, el peligroso viaje fue frío, húmedo y largo, pero la “formidable” Machado no se quejó ni una sola vez, según Bryan Stern, fundador de la Grey Bull Rescue Foundation.
“El mar está muy agitado. Está completamente oscuro. Usamos linternas para comunicarnos. Da mucho miedo, pueden salir mal muchas cosas”.
A pesar de los riesgos, todo salió bien. Machado llegó sana y salva a Oslo, Noruega, para recoger su Premio Nobel de la Paz justo antes de la medianoche del miércoles.
Tras haber vivido escondida en su propio país desde las controvertidas elecciones del año pasado en Venezuela, Machado no había aparecido en público desde enero. Sus hijos adultos, a quienes no había visto en dos años, estaban en Oslo para recibirla.
Grey Bull se especializa en misiones de rescate y evacuaciones, especialmente en zonas de conflicto y desastre. Un representante del equipo de Machado confirmó a CBS News, socio mediático de la BBC en Estados Unidos, que la organización estaba detrás de su operación de rescate.
Stern explicó que Grey Bull llevaba meses consolidando su presencia en el Caribe, incluida Venezuela y la vecina isla de Aruba, para prepararse para posibles operaciones en Venezuela.
“Hemos estado construyendo infraestructura sobre el terreno en Venezuela diseñada para sacar a estadounidenses, aliados, británicos y otras personas en caso de que comience la guerra en Venezuela”, declaró a la BBC.
Las especulaciones sobre una posible acción militar de Estados Unidos contra Venezuela han ido en aumento después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera al presidente Maduro que abandonara el cargo, acusándolo de enviar narcóticos y asesinos a Estados Unidos.
Según Stern, el reto en este caso consistía en sacar del país a alguien tan conocido como María Corina Machado, un nombre muy popular en Venezuela para la oposición.
Ninguna de las infraestructuras que su empresa había construido en el país, dijo, estaba “diseñada para la segunda persona más popular del maldito país con una diana en la espalda”.
Cuando entró en contacto por primera vez con el equipo de Machado, al principio no le revelaron su identidad, pero afirmó que fue capaz de adivinarla.
Se pusieron en contacto con él a principios de diciembre, a través de un contacto que conocía al equipo de Machado, y este era al parecer el segundo intento de sacarla de Venezuela, después de que el plan inicial “no saliera bien”, según dijo.
La operación se denominó “Dinamita Dorada” porque “(Alfred) Nobel inventó la dinamita” y Machado intentaba llegar a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz.
Las cosas se movieron rápidamente. Stern dijo que habló con el equipo el viernes, que se desplegaron el domingo y que el martes ya habían completado su misión.
Su equipo había explorado varias posibilidades para sacar a Machado del país y se decidió por un plan que implicaba un tumultuoso viaje por mar.
Para proteger su futuro trabajo en Venezuela, Stern solo puede revelar algunos detalles del viaje.
Por tierra, trasladaron a Machado desde la casa donde se escondía hasta el punto de recogida de una pequeña embarcación, que la llevó frente a la costa hasta un barco un poco más grande, donde se reunió con él.
El viaje se realizó en “mares muy agitados”, con olas de hasta 3 metros de altura, en “una oscuridad total”, según contó.
“El viaje no fue agradable. Hacía frío, llovía mucho, estábamos empapados, las olas eran muy fuertes, y eso lo aprovechamos. La llevamos a tierra firme, hasta donde estaba su avión, y ella voló a Noruega”.
A lo largo del viaje, se tomaron varias medidas para ocultar y disimular su rostro y su perfil “digital”, ya que se trata de una política muy conocida.
“La amenaza biométrica es muy real”, señaló, y añadió que se tomaron medidas para asegurarse de que no pudiera ser localizada a través de su teléfono.
Stern dijo que María Corina Machado se comportó de manera “impresionante” a pesar de las dificultades durante el viaje, aceptando un jersey para abrigarse cuando él se lo ofreció, pero sin pedir nada más.
“Estaba empapada y helada, pero no se quejó ni una sola vez”, dijo riendo, reconociendo que la operación era muy peligrosa porque el agua “no perdona”.
“Si conduzco un barco y se me avería el motor, tendré que nadar hasta Venezuela”.
Cuando se le preguntó cómo podía garantizar la seguridad de los venezolanos que ayudaron en la operación, Stern respondió que mantuvieron sus identidades en secreto y que “nosotros [Grey Bull] realizamos muchas operaciones encubiertas”.
Muchos de los que ayudaron ni siquiera se dieron cuenta de que estaban trabajando para él, dijo Stern, mientras que otros creen que “conocen toda la historia”, pero en realidad no es así.
“Hay personas que hicieron cosas que eran benignas desde su perspectiva, pero que desde la nuestra eran fundamentales para la misión”.
Afirmó que la operación fue financiada por donantes, y no por el gobierno de Estados Unidos: “Nunca hemos recibido una nota de agradecimiento del gobierno de Estados Unidos, y mucho menos un dólar”.
Stern aseguró que se coordinó con algunos Estados nacionales y con los servicios de inteligencia y diplomáticos de varios países. Esto incluyó alertar a Estados Unidos de manera “informal”.
Machado ha dicho que tiene la intención de regresar a Venezuela, pero el Stern afirma que le aconsejó que no lo hiciera.
“Le dije: ‘No vuelvas. Eres madre. Te necesitamos’. Ella hará lo que tenga que hacer… Entiendo por qué quiere volver, porque es una heroína para su pueblo.
“Ojalá no volviera, pero tengo la sensación de que lo hará”.
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