
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, publicó a la medianoche del 16 de mayo un decreto en el que extingue el fideicomiso para el Acuario de Veracruz y traspasa el poder de las instalaciones a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) del Estado.
Para el 19 de mayo, ocho días después de su cierre, el acuario reabrió sus puertas al público bajo el nombre de Aquarium del Puerto de Veracruz y desde entonces la asociación civil Earth Mission y la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México denuncian que los 3 mil ejemplares de 150 especies que viven en el acuario corren riesgos con estos cambios.
“El gobierno no alcanza a entender lo difícil que es el manejo de vida silvestre bajo cautiverio o cuidado humano, es muy difícil, es muy costoso, es muy especializado, cualquier cambio o error puede repercutir en la vida del ejemplar”, dijo Armando González, presidente de Earth Mission a El Sabueso.
Por su parte la asociación de zoológicos y acuarios hizo un llamado al gobierno de Veracruz para que el acuario no sea utilizado como botín económico o político, pues se trata de un espacio que de manera anual recibe un millón de visitantes y supera los 40 millones de pesos en ganancias netas.
“Muchas de las instituciones zoológicas que son controladas 100 por ciento por el Estado, terminan padeciendo los menesteres de la vida política mexicana con cambios repentinos de administraciones que dejan a medias o inconclusos proyectos ambientales y turísticos”, enfatizó la asociación.
Mensualmente el acuario necesita de 8 millones de pesos para costos de mantenimiento y alimentación de las especies. Además, de los costos de la nomina del personal.
A lo largo de los 30 años de servicio, el acuario se convirtió en un centro de referencia por su cría y manejo de especies como medusas y manatíes, estos últimos, una especie protegida en el país del que solo quedan pocos ejemplares.
También destaca por el cuidado del pez sierra, una especie prácticamente extinta y por haber mantenido casi 8 años un ejemplar de tiburón tigre, que luego fue liberado, como parte de su proyecto del tiburonario para estudiar a la especia.
Fue el primer acuario en recibir el Certificado de Calidad Ambiental Turística, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la acreditación internacional de la Asociación de Zoos y Acuarios de los Estados Unidos, certificando que cumplía con los estándares más altos de bienestar animal y en las áreas de conservación, educación, ciencia y entretenimiento.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, publicó un tuit donde aludía que el cierre del fideicomiso se debía a la muerte de un manatí y a una fiesta organizada al interior del recinto para celebrar su aniversario en 2019.
https://twitter.com/CuitlahuacGJ/status/1526636484450721792
Incluso en un comunicado estatal presentado a medios de comunicación se describió a la asociación encargada del acuario —Asociación Acuario de Veracruz — que “solo defiende sus intereses privados, no aporta nada al interés público y no reporta todos los ingresos económicos que obtiene”.
En el letrero de cierre colocado en las instalaciones se indicaba que era por “contravenir a la legislación ambiental”, pero ni el sello, ni la propia autoridad presentó algún comunicado sobre las violaciones puntuales a la legislación.
El gobierno pudo eliminar el fideicomiso y tomar posesión debido a que el acuario se construyó gracias a recursos públicos del Estado, por lo que es propietario. Para llevar la administración y manejo de los recursos, el estado aceptó trabajar de la mano de la asociación civil Acuario de Veracruz y le otorgó recursos a través de un fideicomiso.
Existen distintas versiones sobre la muerte de un manatí, pero de acuerdo con Earth Mission, se trata de una confusión, pues en realidad murieron 3 ejemplares en distintos momentos y uno de ellos no murió en el acuario.
En 2019 falleció un ejemplar manatí hembra dentro de las instalaciones, que tuvo complicaciones a la hora de parir, pero su cría fue rescatada.
Luego, sin saberse la fecha precisa, un manatí joven murió dentro de las instalaciones y fue entregado a una empresa de residuos biológicos. Desafortunadamente la empresa no dio el proceso correcto y cuando se incendiaron las instalaciones de la empresa encontraron huesos de dicho manatí.
En este caso, el acuario nunca lo notificó de manera pública, pero Earth Mission considera que sí lo hizo ante la Profepa tal y como lo establece el reglamento. Animal Político cuestionó a la Profepa sobre este hecho, autoridad que debe de hacer una autopsia en las siguientes 48 horas tras su muerte, como lo marca la Ley General de Vida Silvestre, conservación y aprovechamiento sustentable, pero no hubo comentarios al respecto.
Hay un tercer manatí, pero su muerte ocurrió en 2019 lejos de las instalaciones del acuario. Fue en el río Camarón, en el municipio de Ignacio de la Llave, cuando integrantes de la PMA estaban realizando el retiro de litio en una zona donde es su hábitat.
“Usaron una mano de chango, con una plataforma. Nosotros creemos que fue una maniobra mal hecha“, explica el presidente de Earth Mission.
Pero, al momento del anuncio del cierre del acuario el gobernador utilizó en un tuit las imágenes de los restos encontrados en la empresa de disposición final de restos, para decir que así trataban a los manatíes en las instalaciones.
A diferencia del gobernador de Veracruz, el resto de las autoridades ambientales del estado han permanecido discretas sobre el cierre del acuario, por lo que existen algunas inconsistencias en la toma de decisiones que siguen sin ser aclaradas.
Por ejemplo, por qué no se realizó una auditoría previa a esta decisión, si la procuraduría tiene atribuciones para controlar un acuario, la incertidumbre hacia los empleados del recinto y la falta de una revisión al presupuesto antes de tomar decisiones como entrada gratuita.
En las reglas de operación establecen que el gobierno tiene un papel honorífico dentro del comité técnico, por lo que no se le permite tomar decisiones del proyecto, ni acceder al presupuesto, pero puede exigir cuentas a través de reportes y auditorías.
Este comité por lo menos tiene reunión cuatro veces al año y se tiene la posibilidad de solicitar reuniones extraordinarias.
Las autoridades que podían denunciar desde el interior alguna irregularidad, eran los integrantes del comité: el secretario de desarrollo económico, el secretario de desarrollo regional y el secretario de finanzas y planeación.
Sin más, el gobernador no realizó una inspección o una auditoría, decidió cancelar el fideicomiso e insistió en que no había cuentas claras sobre su manejo.
El gobierno decidió dar el control a la Procuraduría del Medio Ambiente, sin embargo en una revisión de las leyes y reglamentos no se encontró que la instancia tuviera atribuciones de controlar un acuario. Sobre ello, El Sabueso buscó a la dependencia pero no hubo respuesta.
Además, la autoridad despidió a los empleados del acuario, quienes reconocieron ante medios de comunicación que estaban decepcionados de la decisión y preocupados por las especies.
El procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez, señaló que se destinó una bolsa de 20 millones de pesos para la liquidación de los trabajadores y aseguraron que se les volvería a contratar, pues no se prevén cambios en el organigrama.
El problema, apunta González, es que con ello les cortan sus derechos por antiguedad y hay personal que no piensa regresar a laborar.
“Hay ejemplares que tienen 20 o 22 años de antigüedad, esta gente ya los conoce, conoce su comportamiento animal, realmente renovar a estas personas y pisotear sus derechos laborales es un atentado contra la fauna que se encuentra ahí”, apunta el presidente de Earth Mission.
Con esta reapertura, el gobierno decidió dejar los mismos costos en el acceso, pero tomó decisiones de dar acceso gratuito una vez al mes, ofrecer el 30% de descuento a turistas que se hospeden en ciertos hoteles y mitad de precio a estudiantes relacionados al campo de estudio, sin previamente revisar el presupuesto del acuario.

Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.