
La lista de países cuyos ciudadanos necesitan visa para entrar a México como turistas no es aleatoria ni es estática: cambia según factores como los flujos migratorios, la seguridad y las relaciones diplomáticas, explica Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey.
Por ejemplo, en los últimos años México ha endurecido los requisitos de ingreso para varios países de América Latina, principalmente como respuesta al incremento de personas que utilizan el territorio mexicano como ruta hacia Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) son las dependencias encargadas de comunicar qué países requieren visa para ingresar al país.
Hasta el momento, México le exige visa a 135 países, mientras que 63 no la necesitan para entrar al territorio mexicano.

Gabriela de la Paz explica que, aunque no se dice de forma oficial, la relación con Estados Unidos también influye en las políticas de visado, pues México suele alinear sus decisiones con las de ese país.
Pero antes de imponer una visa, México debe evaluar su relación con ese país, incluido el flujo de turismo. La especialista pone el ejemplo con Canadá: aunque ese país impuso visa o autorización electrónica para las personas mexicanas, México no respondió con la misma medida ante la posibilidad de afectar la llegada de turistas canadienses.
Tan solo en 2024 se registraron 2 millones 500,000 turistas canadienses en México, de acuerdo con la Secretaría de Turismo.
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El cambio más reciente en la política de visados de México fue que se volvió a solicitar visa a Perú. En abril de 2024, la SRE publicó un comunicado que anunció la decisión unilateral de restablecer este requisito para las personas peruanas, quienes no necesitaban visa desde 2012.
La dependencia informó que esta decisión se tomó debido al “aumento exponencial de flujos migratorios irregulares que transitan por el país hacia el norte del continente, lo cual genera una situación de emergencia social”.
Como respuesta, el gobierno de Perú anunció que también impondría el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que decidan visitar el país, en aplicación del “principio de reciprocidad”. Sin embargo, revocó esta decisión días después, por lo que las personas mexicanas pueden continuar viajando a Perú sin visa.
Aun así, el gobierno de Perú lamentó la decisión de México y declaró que menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos asumidos en la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración entre México, Colombia, Chile y Perú.
Desde 2022, México también volvió a solicitar visa a las personas de Venezuela y Brasil. Según la SRE, esta medida buscó fortalecer una “migración segura, ordenada y regular”.
Aunque en 2018 México había suspendido el requisito de visa para Ecuador, en 2021 regresó esta medida. La SRE explicó que la decisión se tomó porque aumentó el número de nacionales ecuatorianos que realizaban actividades remuneradas no permitidas mientras estaban en México como visitantes.
Cuando existe el antecedente de que ciudadanos de un país se quedan de manera permanente o más del tiempo autorizado, es probable que más países opten por imponerles visa, explica Gabriela de la Paz. En el caso de Perú, Venezuela y Ecuador también existe un contexto de tensión política y diplomática con México que influye en que soliciten de nuevo este requisito.
Para ninguno de estos cuatro países —Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador— los mexicanos necesitan visa para entrar.
Las personas que sean residentes permanentes o que tengan una visa válida y vigente para Estados Unidos, Canadá, países del espacio Schengen —que incluye 29 países europeos—, Reino Unido o Japón pueden entrar al país sin necesidad de tramitar una visa mexicana.
Esto convierte a esas visas en una especie de “pase alternativo” que filtra a quienes ya pasaron por un proceso de verificación en otro país.
Gabriela de la Paz recuerda que contar con una visa no garantiza la entrada. Antes, la persona debe pasar por un agente migratorio que evalúa en el momento si permite o no el acceso al país.
Según la SRE, los agentes migratorios te pueden preguntar por el motivo del viaje, su duración y cómo se cubrirán los gastos. También verifican que los documentos presentados sean auténticos y la veracidad de la información proporcionada antes de permitir el acceso.
En caso de que haya irregularidades, la persona pasa a una segunda revisión en donde le realizan una entrevista para obtener más información sobre el viaje y los documentos.
La segunda revisión no podrá durar más de cuatro horas y debes recibir un buen trato. Además, tienes derecho a un intérprete y, en caso de que la resolución sea negativa, deben de explicarte los motivos. La línea aérea que te transportó será responsable de tu alimentación y del regreso al país de procedencia.

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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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