Para entender mejor
Fortalecer a la policía e inteligencia para sistematizar información son algunas de las propuestas de la y los candidatos al Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, especialistas coinciden en que no tienen diagnóstico, estimación de presupuesto ni explican de dónde obtendrían esos recursos.
También señalan que en los discursos de Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski predomina la retórica hacia el uso de la tecnología y el evitar hablar del crimen organizado en la Ciudad de México.
“No hay un diagnóstico detrás, no hay tampoco un cálculo presupuestal de lo que va a significar económicamente el llevarlas a la práctica. No hay un cronograma de aplicación, no hay un análisis técnico jurídico de las modificaciones que se tienen que hacer en el marco legal para poder instrumentar estas medidas”, explica David Saucedo, especialista en seguridad pública.
Rumbo al tercer Debate Chilango, que se llevará a cabo el 12 de mayo, en El Sabueso recopilamos las propuestas de seguridad de quienes aspiran a gobernar la capital del país, ya que tanto ese como la Planeación del desarrollo inmobiliario y urbano serán los temas a tratar.
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Fortalecer a la policía
Clara Brugada, de “Sigamos Haciendo Historia”, Santiago Taboada de “Va por la Ciudad de México” y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, han presentado propuestas similares para fortalecer a la policía, ya sea con aumento salarial, capacitación, tecnología para desempeñar sus funciones de seguridad o con condiciones laborales como servicios de salud y vivienda.
Fotografía: Cuartoscuro
“Suena bien decir vamos a capacitar más policías, pero cuáles son las necesidades de capacitación que tienen”, cuestiona Saucedo.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2023, la Ciudad de México fue la entidad con la tasa más alta de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatales por cada mil habitantes, es decir, 3.7.
Carlos Matienzo, egresado del máster en Administración Pública en seguridad y resolución de conflictos por la Universidad de Columbia, reconoce que las propuestas para la dignificación de la policía son necesarias. “Eventualmente un modelo de policías, muchísimos policías, sí, pero precarizados, genera problemas”, expresa.
Sin embargo, la y los candidatos tienen que plantear al menos un estimado de los costos. En el caso de la vivienda para policías que propone Chertorivski, además habría que precisar a cuántas personas beneficiaría y con qué instituciones se concretaría.
Mientras que en el caso del hospital para esta corporación, que han mencionado tanto Brugada como Chertorivski, habría que considerar si es factible financiera e institucionalmente más allá de los hospitales públicos y privados que ya brindan servicios de salud.
Matienzo señala que también es necesario fortalecer las capacidades de investigación, con la participación de la policía.
“No se ha intentado esa gran reforma de hacer a la policía también receptora de denuncias y copartícipe en la investigación de los delitos”, explica sobre la propuesta de Chertorivski, quien ha hablado de modificar el sistema de justicia de la Ciudad de México.
Taboada habla de “blindar” la Ciudad de México como lo hizo en la alcaldía que gobernó a través del equipo policial de proximidad.
Si bien es cierto que en Benito Juárez la percepción de inseguridad resultó menor que en otros lugares del país, con un porcentaje de 11.1%, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al primer trimestre de 2024, la apuesta debería ser la colaboración y coordinación de autoridades, según especialistas.
Es decir, tener un enfoque más amplio, porque no es lo mismo gobernar una alcaldía que toda la ciudad, donde se tiene un mando único que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
“En la delegación Benito Juárez, en efecto, conformó un grupo nuevo de policía auxiliar que está desempeñando algunas tareas, pero son muy restringidas”, comenta David Saucedo.
Inteligencia para sistematizar información
Implementar la plataforma Visor 360 y modernizar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) son propuestas que involucran inteligencia realizadas por Clara Brugada y Santiago Taboada, respectivamente.
Visor 360 contendría datos de carpetas de investigación, detenciones, semáforos delictivos e incidentes georreferenciados por alcaldía, sector, colonia.
“A las dos de la mañana la Fiscalía va a cargar todas las denuncias que tiene un día anterior y la Secretaría de Seguridad Pública va a dar toda la información que tenga”, explicó Brugada.
Al respecto, Carlos Matienzo, fundador de la plataforma de datos de inteligencia y seguridad DataInt, comenta que si bien la Ciudad de México genera buena información estadística en comparación con otras entidades, debería descentralizar su captura y uso.
“Que sea en tiempo real, no hay necesidad, con la tecnología de hoy, de esperarnos a la noche y que quien consume esa información no sea sólo la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad, sino que sean también los alcaldes, que sean también los jefes policiacos. Creo que sin lugar a dudas no habría problema en también que el ciudadano tenga formas más accesibles de consultarla”, menciona Matienzo.
En su discurso sobre seguridad, Santiago Taboada simplemente dijo que la función de la inteligencia será la de recolectar y sistematizar la información sobre las actividades ilícitas para tener un mapa y tomar decisiones.
“El C5 y la unidad de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana podrán detectar patrones delincuenciales para atacar puntos críticos de incidencia de delitos en el transporte, en la calle, en las casas y en los comercios”, agregó el candidato panista.
Los expertos advierten que el uso de la tecnología es indispensable, pero debe ser sólo el complemento de cualquier estrategia de seguridad.
Finalmente, Matienzo y Saucedo señalan que la y los aspirantes no han profundizado en cómo combatir al crimen organizado que opera en la Ciudad de México. “En esta ciudad vamos a ser implacables contra el crimen”, se lee en el Programa de Gobierno de Brugada, mientras que Taboada ha declarado “desmantelar a las organizaciones”.
“Tendría que haber una visión frontal con relación a qué es lo que va a hacer cada uno con respecto a la operación de los cárteles”, añade David Saucedo.
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Los tribunales de Chile empiezan a ver los casos contra miembros de la megabanda venezolana, que en los últimos años convirtió al país del sur en una gran base de operaciones.
“Hay homicidios de una gravedad que no habíamos visto antes en la historia del país. Me refiero a desmembramientos, torturas y enterrar a las personas vivas”.
Así describió el fiscal Mario Carrera a Tele13 Radio los delitos por los que se persigue a Los Gallegos, la banda que desde esta semana protagoniza lo que se ha considerado el juicio más importante de la historia del crimen organizado en Chile.
Los 38 acusados –34 venezolanos y cuatro chilenos– enfrentan cargos de homicidio calificado, secuestro, porte de armas y tráfico de drogas, y son considerados una célula del Tren de Aragua, la megabanda venezolana que en los últimos años convirtió a Chile en un gran centro de operaciones, el mayor después de su país de origen, según funcionarios policiales chilenos.
El Tren es, de hecho, el “primer grupo criminal trasnacional” con el que se ha enfrentado la Justicia chilena y una de las causas de la violencia en un país que en los últimos años ha visto crecer el número de homicidios.
La Fiscalía incluso atribuye al grupo la muerte del exmilitar disidente de Venezuela Ronald Ojeda, y la propia existencia del Tren de Aragua ha sido motivo de disputa diplomática con el gobierno de Caracas, que llegó a negar la existencia de la megabanda, algo que Chile, uno de los países que más sufre la violencia del grupo, consideró un “insulto”.
Pero ¿cómo se estableció, cuál ha sido y es su presencia en el país y cómo empezó la justicia chilena a encarar una criminalidad a la que nunca antes se había afrontado?
Para entenderlo, hay que remontarse primero a otro caso judicial.
La muerte de Mariana
Mariana (nombre ficticio) se desplomó poco después de cruzar la frontera entre Pisiga, en Bolivia, y Colchane, en el norte de Chile, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Había caminando alrededor de 40 minutos, soportando bajas temperaturas, en medio de fuertes vientos y lluvia, por un terreno desértico y con vestimenta no adecuada. Viajaba junto a su hijo de 5 años, su madre, un hermano menor de edad y otros 50 extranjeros.
Cuando los carabineros intentaron auxiliarla, la migrante venezolana de 32 años ya estaba muerta.
Su caso fue reportado, sin más detalles, como uno de los cinco fallecimientos de migrantes ocurridos en el primer trimestre de 2021, cuando intentaban cruzar por pasos irregulares hacia Chile.
Pero detrás de su muerte hay algo más que el desgaste físico de una joven madre. Mariana y su familia son parte de los 11 casos de víctimas del Tren de Aragua que figuran en la acusación presentada en marzo de 2022 contra 12 miembros de la organización criminal por Raúl Arancibia Cerda, quien entonces era fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile.
“Se trata de la primera organización (el Tren de Aragua) que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional (…) en ser formalizada en el país (Chile)”, dice el documento de acusación al que tuvo acceso BBC Mundo.
El exfiscal regional Arancibia aseguró que, al menos hasta el momento en que formalizó el escrito, en 2022, “Chile estaba ajeno a este tipo de criminalidad”.
Pero ¿cómo un grupo criminal tan joven –con menos de 10 años de existencia–, comandado desde el interior de una prisión en un país a más de 4.700 kilómetros de distancia, logró establecerse con tanta fuerza y facilidad en el territorio chileno?
Las causas de su expansión
La migración aparece como un primer factor.
Hoy hay más de medio millón de venezolanos registrados en Chile, aunque la cifra podría ser el doble, debido a la gran cantidad de personas que han entrado por pasos informales.
La familia de Mariana figura entre miles de víctimas del tráfico de migrantes, y su historia combina algunas de las variables que explican cómo el Tren de Aragua se instaló en Chile y convirtió este país en su “segundo hogar”, según confirmó a BBC Mundo un funcionario de la Policía de Investigación de Chile (PDI) que investigó al grupo entre 2021 y 2023 y que prefirió no dar su nombre.
A comienzos de 2021, cuando todavía el impacto de la pandemia por covid-19 mantenía cerradas varias fronteras y la situación de los venezolanos se agravaba en sus países de acogida, Edgar, un hermano de Mariana que vivía en Chile, contrató los servicios de una supuesta agencia de viajes para trasladar a cuatro miembros de su familia desde Colombia hasta Iquique, en la frontera norte del país sureño, según se relata en la acusación formalizada por el fiscal Arancibia.
Edgar accedió a pagar US$2.400 para que sus parientes se reunieran con él. Pagó US$600 dólares por cada uno: Josefina, su mamá; Juan Carlos, su hermano menor de edad; Mariana, su hermana de 32 años; y José, su sobrino de 5 años, hijo de Mariana. (Todos los nombres son ficticios; en la acusación se les identifica sólo con siglas)
El grupo familiar emprendió el trayecto a comienzos de marzo de 2021.
Pero cuando llegaron a Tumbes, en Perú, los hombres que los trasladaban les exigieron US$80 más por persona para continuar el viaje hasta Lima, y US$250 por cabeza para llegar a Colchane, en Chile. Así que Edgar transfirió otros US$1.360.
En ese punto ya se había percatado de que no había tal agencia de viajes. Estaban en manos de coyotes del Tren de Aragua, una organización que desde Venezuela ya se ha expandido al menos a seis países de América Latina.
La noche del 22 de marzo de 2021, luego de permanecer ocultos un par de días en el hotel España, en Pisiga, Bolivia, los familiares de Edgar iniciaron la travesía para cruzar la frontera y llegar a Chile.
A la cabeza de la “expedición” estaban tres hombres que, según la acusación, se identificaban por sus apodos: “Estrella” (Carlos González Vaca), quien ha sido señalado de ser uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile; “Zeus” (Zeus Velásquez Aquino) y “Águila” (Juan José Trejo Varguilla). Todos de nacionalidad venezolana y miembros de la megabanda, según arrojó la investigación realizada por autoridades chilenas.
Ellos eran los que daban las instrucciones y expusieron a los migrantes “a condiciones extremas”, poniendo en riesgo la “integridad física y la vida” de todos, se lee en el documento elaborado por la fiscalía de la región de Tarapacá.
Poco después de cruzar la frontera, Mariana comenzó a sentirse mal y su madre le pidió ayuda a alias Águila, quien golpeó a la joven por sentirse mal. Como consecuencia se desvaneció y acabó muriendo en suelo chileno.
“Al menos desde el año 2021 en la región de Tarapacá ha operado esta organización criminal trasnacional, vinculada con la Mega Banda Venezolana, el Tren de Aragua, cuya célula (…) se ha asentado en diversas ciudades de la región (…) como también se ha extendido hasta otras partes del país (…)”, concluye la acusación.
Los tres coyotes, entre otros, fueron detenidos en marzo de 2022.
El caso está actualmente en proceso de preparación para el inicio del juicio. Hay 12 acusados, incluido Carlos González Vaca, alias “Estrella”.
Considerado el líder de la primera célula del Tren identificada y desarticulada en Chile, la Fiscalía pide para él dos penas de presidio perpetuo calificado, una pena de reclusión perpetua y 125 años de prisión por delitos como secuestro con homicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas y tráfico de migrantes, entre otros.
El estallido, la pandemia y la economía
“Creemos que la llegada del Tren de Aragua tiene que ver con el aprovechamiento de esta migración que hubo desde Venezuela a Chile”, le explicó a BBC Mundo Mauro Mercado Andaur, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigación (PDI) de Chile.
“La persona que emigra a través de distintas fronteras muchas veces tiene pocos recursos económicos y la necesidad rápida de llegar a su país de destino. El grupo criminal aprovecha la necesidad de los migrantes para hacer sus negocios ilícitos, los seduce y hasta les asignan tareas menores”, agregó.
Pero hay otros elementos que explican que Chile fuera el terreno escogido por la banda para instalarse.
Por un lado, coincide con el estallido social de 2019, “momento en el que teníamos otros focos de interés que estábamos abordando”, reconoció Mercado Andaur, apuntando a la pandemia por coronavirus.
Y es que la emergencia sanitaria forzó un cambio en la dinámica y la operatividad de los cuerpos de seguridad —precisa el policía—, que debieron ocuparse de problemas vinculados con la enfermedad al tiempo que desatendían tareas propias de sus funciones.
Asimismo, Chile fue uno de los primeros países de la región en tener vacunas disponibles y eso atrajo a muchas personas que buscaban servicios de salud de calidad.
“Tuvimos que buscarlo en Google”
Arancibia, el exfiscal de Tarapacá, relató que la primera vez que escuchó hablar del Tren de Aragua fue en diciembre de 2020, cuando dos mujeres peruanas fueron detenidas mientras intentaban ingresar a Chile ketamina, una droga alucinógena.
“Ellas explicaron que habían sido obligadas a transportar la droga por gente del Tren de Aragua. Hasta ese momento no sabíamos nada de una megabanda venezolana, ni de una prisión de Tocorón (en Venezuela). Tuvimos que buscarlo en Google”, contó Arancibia.
Aunque al final comprobaron que las mujeres mentían y que no habían sido forzadas por ningún grupo criminal, el hecho abrió camino a la primera investigación sobre el Tren de Aragua en Chile. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando”.
Para entonces, las autoridades chilenas ya habían notado cambios en las dinámicas criminales en las regiones fronterizas del norte y la aparición de nuevos delitos sin tener claras las causas: más explotación sexual de extranjeras; tráfico de sustancias poco convencionales, extorsiones; más homicidios y tráfico de migrantes.
Aunque en esa frontera de Chile con Bolivia históricamente había habido actividad del crimen organizado, no había grupos, ni locales ni extranjeros, que ejercieran un control de las acciones ilícitas y se impusieran con violencia como lo hacía el Tren de Aragua.
“Encontraron la facilidad para apoderarse de territorios. Tomaron zonas casi despobladas para establecer sus negocios. También comenzaron a ofrecer servicios, como pasar migrantes de una frontera a otra, brindar seguridad a comercios o falsificar los documentos de identidad que las autoridades chilenas entregan a los migrantes”, detalló Mercado Andaur.
Todo esto fue más fácil en Chile, entre otras cosas, por la ausencia de otros grupos de delincuencia organizada o competidores criminales.
“Históricamente nuestro grupos criminales han tendido a evolucionar hacia el lavado de activos, pero no hacia el control de un territorio por la fuerza. Tampoco tenían un gran poder de fuego. Por eso fueron sometidos fácilmente por los grupos extranjeros, como el Tren de Aragua, y terminaron cediendo los espacios y sometiéndose a ellos”, apuntó Mercado Andaur, que admitió la presencia de organizaciones colombianas y de otros países.
Exportación de crímenes
La capacidad de adaptación y el amplio portafolio criminal de la megabanda -se le atribuyen unos 20 delitos- también le permitió establecerse en Chile con actividades criminales que no eran practicadas por otros grupos, como la explotación sexual.
“Aquí la prostitución es legal, pero no había la figura del proxeneta. Ellos la trajeron y ahora controlan este delito en el país”, dijo el funcionario de la PDI.
Y a estos factores se suma que Chile tiene una de las economías más sólidas de América Latina, por lo que “la estabilidad económica del país y la cantidad de dinero circulante eran muy atractivos”, subraya Mercado Andaur.
Por eso Larry Amauri Álvarez Nuñez, alias “Larry Changa”, uno de los jefes y creadores del Tren de Aragua, escogió Chile para establecerse junto a su familia, según revelaron funcionarios de la PDI, Interpol y de la inteligencia colombiana.
Llegó en un vuelo comercial desde Caracas en 2018, regentaba un local de comida en el Jockey Club, a cuatro cuadras del Palacio de La Moneda, y además tenía varios establecimientos comerciales. Se instaló en Santiago y logró montar una operación de tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.
En 2022, cuando ocurrieron las primeras detenciones de sus compañeros, huyó y hoy se desconoce su paradero.
En la jerarquía de la organización tiene casi el mismo rango que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, jefe máximo del Tren, uno de los hombres más buscados de América Latina.
“Ahora hay 70 personas de la organización en prisión”, aseguró Mercado Andaur, quien añadió que “el grupo comenzó a fragmentarse después de la detención del líder (alías “Estrella”) y producto de la acción policial”.
“No negamos que siguen operando, pero al quedar tan expuestos han perdido sus redes de protección. Tienen una operación pequeña. Sin embargo, seguimos con la alerta alta para evitar que se articulen las células” del Tren de Aragua, el primer gran grupo trasnacional del crimen organizado en Chile.
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