Para entender mejor
Dos de las ocho estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que denunciaron a Diego N, su entonces compañero de clases, por alterar sus fotografías con inteligencia artificial y comercializarlas, están a punto de conseguir una sentencia histórica.
Está previsto que en una audiencia este 4 de diciembre el juez Francisco Salazar Silva dicte sentencia, y para eso tuvo que pasar poco más de un año y tres etapas de un proceso que forma parte del nuevo sistema de justicia penal, implementado desde 2016 con la prioridad de proteger los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia.
El 15 de marzo, las dos carpetas de investigación por las que está imputado Diego N fueron acumuladas en una misma. Aunque el proceso tenga un mismo juicio, en caso de comprobarse su culpabilidad, será sentenciado por cada una de las imputaciones.
En El Sabueso te explicamos en qué consiste todo este proceso con ayuda de la abogada del caso, Valeria Martínez Mondragón, y Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
Para saber más: Estudiantes del IPN buscan sentencia histórica contra Diego N por violencia digital con inteligencia artificial
Un caso bajo el nuevo sistema de justicia penal puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o con la detención en flagrancia, es decir cuando se está cometiendo el delito.
En el caso de violencia digital en el IPN, el 6 de octubre de 2023, alumnas de Mercadotecnia Digital detectaron en flagrancia a Diego N, entonces compañero de la misma carrera. El estudiante fue puesto a disposición de las autoridades de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás, y resguardaron su iPad.
Ahí tenía fotografías íntimas de mujeres, unas reales de sus compañeras de clase, y otras manipuladas con inteligencia artificial, mismas que usaba con fines de explotación sexual digital. Son alrededor de 160 mil imágenes y 2 mil videos, según la abogada.
En el nuevo sistema de justicia penal es un deber de la autoridad, ya sea policía y Ministerio Público, recibir la denuncia de la persona víctima. Así, las estudiantes se organizaron y fueron en total ocho mujeres las que denunciaron formalmente a Diego N ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, teniendo un total de ocho carpetas de investigación.
A Diego N lo acusan de ser presunto responsable de cometer el delito de violación a la intimidad sexual contra las estudiantes del IPN, por elaborar contenido sexual íntimo real o simulados de una persona sin su consentimiento. Además, el 9 de marzo fue vinculado a proceso por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de menores de edad realizando actos sexuales reales, o sea, una carpeta de investigación distinta.
“El ministerio público, cuando recibe la denuncia, comienza a investigar los hechos y ahí comienza a realizar todos los actos de investigación, si necesita entrevistar a más personas, por ejemplo, o necesita realizar peritajes o cualquier cosa”, explica Javier Carrasco, del IJPP.
En el nuevo sistema de justicia penal existen tres etapas y cada una es supervisada por un juez distinto. Durante la primera etapa, de investigación, se da una audiencia inicial con la que comienza el proceso penal, y un juez de control está encargado de revisar si la persona fue detenida legalmente, si hay probabilidad de que cometió el delito.
El juez de control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. El ministerio público tiene hasta 48 horas para tomar estas decisiones.
Fue así que el 9 de octubre de 2023, el Ministerio Público dejó libre a Diego N después de las 48 horas de su detención, descartando la medida cautelar de prisión. Ante ello, las estudiantes del IPN buscaron apoyo contactando a diferentes organizaciones, asociaciones, colectivas, entre ellas la activista Olimpia Coral, y lograron que su agresor fuera detenido.
“A la persona acude al ministerio público le asignan un asesor jurídico o puede llevar su propio representante legal”, agrega Javier Carrasco.
Valeria Martínez Mondragón tomó el caso de violencia digital en el IPN para apoyar a las estudiantes porque ningún abogado quería llevar la representación jurídica, y porque ellas tampoco contaban con los recursos económicos para pagar los honorarios.
El 16 de octubre el IPN dio de baja definitiva a Diego N. Y tras el seguimiento por la posible comisión del delito contra la intimidad sexual que denunciaron las ocho estudiantes del IPN, agentes de la policía de investigación cumplimentaron una orden de cateo en la alcaldía Álvaro Obregón, durante la cual lo aprehendieron de nueva cuenta el 26 de octubre de 2023.
Desde entonces está en el Reclusorio Oriente, y así, con él detenido, continuó la investigación por varios meses, hasta que llegó la etapa intermedia.
Si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez de la segunda etapa, la intermedia. En el caso de las estudiantes del IPN, comenzó en el mes de junio.
“En esta etapa intermedia, el ministerio público acusa formalmente, manda un escrito que se llama escrito de acusación al tribunal, donde ahí precisa qué delito es, todas las cuestiones jurídicas y pone una lista de los testigos, los peritos, las fotografías, todo lo que tenga como como pruebas que va a presentar en el juicio”, comenta Javier Carrasco.
En la etapa intermedia el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. El Juez de Control debe decidir cuáles se admitirán.
“Nosotras ya hemos presentado todos los medios de prueba pertinentes, ya desahogamos los testimonios, las periciales. En realidad ya solamente estábamos esperando que la defensa hiciera lo propio pero no hizo nada, ahora cambió su estrategia y estamos en espera de presentar los argumentos de clausura, que es lo que nos corresponde a cada una de las partes, para que el juez pueda presentar una sentencia”, explicó Valeria Martínez Mondragón, abogada del caso.
En el juicio oral el Ministerio Público (acusador) y la defensa (acusado) dan sus posturas. El debate es presidido por un Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por uno o tres jueces, y en el caso de violencia digital del IPN, el juicio comenzó el 6 de noviembre de este año y desde entonces se realizan audiencias cada miércoles.
El juez de juicio oral, en este caso Francisco Salazar Silva, debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios.
La organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentado que este juez de Control en el Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México no ha dictado en otros casos la sentencia máxima en casos de violencia familiar o tentativa de feminicidio.
No dio la pena máxima de 70 años a los autores materiales del feminicidio de Abril Pérez, asesinada a tiros en 2019 frente a sus hijos. Únicamente fueron sentenciados a 52 años de prisión.
En el nuevo sistema de justicia penal, la víctima ahora tiene mayor presencia porque puede participar activamente en la investigación y en el juicio, ofreciendo pruebas, recibiendo información sobre los avances, asesoría legal, atención médica y psicológica y con su derecho a exigir se le repare el daño.
“Muchas veces, por ejemplo, al ministerio público le faltan aspectos de reparación del daño o contexto de víctimas. Entonces, a través de su asesor, puede solicitar que se le agregue información a esa acusación”, explica Javier Carrasco.
Para este 4 de diciembre está prevista una audiencia en la que el juez dicte la sentencia y determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa. Esto, tras cuatro audiencias de juicio oral que han tenido dos de las estudiantes del IPN, cada miércoles desde el 6 de noviembre.
Si el acusado es declarado culpable, el caso termina hasta la audiencia de individualización de pena, donde el juez determina el número de años en prisión. Por lo tanto, puede convocar a una audiencia más al día siguiente.
Según el Gobierno de México, todas las audiencias y el propio juicio serán orales y a la vista de todas las personas interesadas, es decir públicos. Esto no ha ocurrido en el caso de violencia digital en el IPN, aunque la abogada lo solicitará para este 4 de diciembre.
“Vamos a pedir que medios de comunicación también puedan ingresar a la sala”, aseguró Valeria Martínez Mondragón.
Fotografía: Luz Rangel
Analizamos las respuestas de los países implicados y qué consecuencias podrían tener los aranceles.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, disparó las alarmas en México, Canadá y China al anunciar este lunes que el primer día de su segunda presidencia, previsto para el 20 de enero, impondrá nuevos aranceles a los productos de estos tres países.
Trump dijo que la medida será parte de su lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos de los pilares de la campaña que le llevó a ganar las elecciones del pasado 5 de noviembre.
Expertos creen que, de concretarse, la medida podría causar un drástico aumento de los precios de muchos bienes, mientras algunos sostienen que se trata de una mera estrategia de negociación del próximo líder de Washington.
El anuncio del próximo líder de la Casa Blanca ha generado preocupación en los gobiernos mexicano, canadiense y chino, que han respondido de diferentes maneras.
Analizamos las principales claves de la nueva amenaza arancelaria de Trump.
El presidente electo adelantó que, tan pronto asuma el cargo el próximo 20 de enero, gravará con un 25% las importaciones desde Canadá y México, e impondrá un arancel adicional del 10% a las procedentes de China, según una publicación en su cuenta de la red Truth Social.
Trump aseguró que será una de sus “muchas primeras órdenes ejecutivas” y la justificó como una medida de su lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas a través de las “ridículas fronteras abiertas” de Estados Unidos.
“Miles de personas están cruzando por México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos”, escribió.
Agregó que los nuevos aranceles permanecerán en vigor “hasta detener esta invasión de drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales a nuestro país”.
“Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder (…) y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto”, sentenció.
En cuanto a China, aseguró haber mantenido numerosas negociaciones con su gobierno sobre “las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo”, cuyos componentes llegan a Estados Unidos supuestamente desde el país asiático, “pero sin ningún resultado”.
“Hasta que detengan esto, estaremos cobrando a China un arancel adicional del 10%, agregado a cualquier otro arancel adicional, sobre todos sus muchos productos que entren en Estados Unidos”, especificó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la amenaza de aranceles en una carta destinada a Trump que leyó en su conferencia de prensa matutina.
Sheinbaum insistió en que es imposible resolver el “fenómeno migratorio” o el consumo de drogas en Estados Unidos “con aranceles ni con intimidaciones”.
“Se requiere de cooperación y entendimiento económico recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes”.
También advirtió que esta medida perjudicaría a empresas binacionales como General Motors y Ford, afectando el empleo y la estabilidad económica de ambos países.
Defendió la importancia de respetar lo establecido en el T-MEC, firmado durante la primera presidencia de Trump (2017-2021) y en vigor desde 2020, y reiteró su intención de dialogar con el equipo del próximo mandatario para preservar la relación comercial.
También destacó que “la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial” para “seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos”.
Sheinbaum contestó a las acusaciones de Trump sobre la migración ilegal citando la reducción del 75% en encuentros diarios de migrantes en la frontera desde diciembre, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En cuanto a la “epidemia de fentanilo”, la consideró “un problema de consumo y de salud pública de la sociedad” estadounidense en la que México colabora “por razones humanitarias”.
Recordó que México ha confiscado toneladas de drogas y armas, y ha detenido a miles de personas relacionadas con el narcotráfico, y subrayó que los precursores químicos para las drogas sintéticas “entran de manera ilegal” desde Asia.
Finalmente, pidió que Trump también aborde “el tráfico ilegal de armas” desde Estados Unidos, país del que proviene “el 70% de las incautadas en México”.
El anuncio del presidente electo estadounidense también generó preocupación en Canadá y China, cuyos gobiernos advirtieron de graves consecuencias económicas.
El gobierno canadiense subrayó la importancia de resolver las tensiones a través de negociaciones.
Su primer ministro, Justin Trudeau, mantuvo una primera conversación telefónica con Trump sobre comercio y seguridad fronteriza, y ambos acordaron proseguir los contactos.
Un portavoz de Trudeau señaló que “la economía de Canadá y la de Estados Unidos están profundamente integradas, y estas medidas perjudicarían a ambas naciones”.
Canadá es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio de bienes y servicios que supera los US$700.000 millones al año e implica a industrias clave, como la automotriz y la de productos agrícolas.
Por su parte, el gobierno chino alegó que “nadie ganará en una guerra comercial o arancelaria”, según dijo Liu Pengyu, portavoz de la embajada de China en Washington, en declaraciones a la BBC.
“China cree que la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es mutuamente beneficiosa por naturaleza”, señaló.
Sin embargo, esta cooperación ha sido difícil de alcanzar en los últimos años: el 66,4% de las importaciones de productos chinos en EE.UU. y el 58,3% de las importaciones chinas de productos estadounidenses están sujetas a aranceles.
Sobre los componentes fabricados en China que se usan para fabricar narcóticos en Estados Unidos, Liu apuntó que la cooperación antidrogas “es uno de los entendimientos comunes importantes alcanzados entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden durante su reunión en San Francisco en 2023”.
Aseguró que Pekín “ha notificado a Estados Unidos los avances logrados en las operaciones de aplicación de la ley relacionadas con los narcóticos”, “ha respondido a las solicitudes de Estados Unidos para verificar pistas sobre ciertos casos y ha tomado medidas”.
“Todo esto demuestra que la idea de que China permite conscientemente el flujo de precursores de fentanilo hacia Estados Unidos es completamente contraria a los hechos y la realidad”, afirmó.
Canadá, México y China son, en este orden, los principales socios comerciales de Estados Unidos.
En 2023, el valor conjunto de las importaciones estadounidenses de bienes y servicios procedentes de estos tres países fueron de casi US$1,5 billones, según la Oficina de Análisis Económico de Washington.
En 2022, el último año para el que existe un desglose completo de los tipos de bienes y servicios adquiridos, la principal exportación de Canadá a Estados Unidos fue petróleo crudo por valor de US$117.000 millones.
Esto representó el 60% de las importaciones totales brutas de petróleo crudo de Estados Unidos.
Desde China, las importaciones de computadoras y equipos audiovisuales ascendieron a más de US$100.000 millones.
La principal importación de México también fueron equipos informáticos, por valor de casi US$37.000 millones.
En segundo lugar se situaron los vehículos, que México exportó a EE.UU. por valor de US$34.000 millones en 2022.
La propuesta de Donald Trump podría tener importantes repercusiones económicas y políticas, especialmente en Estados Unidos, donde expertos advierten sobre un posible aumento de la inflación, tensiones comerciales prolongadas y cuestionamientos sobre el cumplimiento del T-MEC.
De aplicarse, los aranceles podrían encarecer significativamente productos básicos como alimentos, automóviles y bienes electrónicos en Estados Unidos, lo que afectaría directamente a los consumidores, según economistas.
Esto podría presionar al alza los precios en un contexto de lucha contra la inflación y con ello obligar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés elevadas, encareciendo aún más el crédito para hogares y empresas.
Por otro lado, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020, establece reglas claras para evitar la imposición unilateral de aranceles entre los socios comerciales.
El experto en política comercial Stephen Woolcock declaró a la BBC que las medidas propuestas por Trump “no están en línea con el acuerdo existente“.
Woolcock cree que la efectividad del T-MEC depende de la “confianza y cumplimiento por parte de las naciones involucradas”, y las medidas de Trump podrían erosionar esta base de cooperación.
En todo caso, algunos analistas creen que los aranceles podrían ser utilizados como una herramienta de presión para conseguir concesiones de los socios comerciales de Estados Unidos.
Según Randall Kroszner, exgobernador de la Reserva Federal, Trump probablemente emplea estas amenazas para lograr avances en temas sensibles como la inmigración y el tráfico de drogas.
Kroszner subraya que los aranceles tendrían un impacto menor en la economía estadounidense, donde las importaciones representan solo el 15 % del PIB, en comparación con México y Canadá, que dependen mucho más del comercio con Estados Unidos.
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