¿Primera vez que EU promete frenar el paso de armas a México? No, es una promesa incumplida desde hace tres décadas
Como parte de los acuerdos con Donald Trump para posponer la imposición de aranceles a México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “por primera vez” Estados Unidos se comprometió a trabajar de manera conjunta “para evitar que las armas de alto poder entren a México”. Sin embargo, ésta es una promesa incumplida por varios antecesores de Trump en la Casa Blanca.
Durante las últimas tres décadas, gobiernos demócratas y republicanos han reconocido la responsabilidad estadounidense por la fabricación y venta de armas a carteles mexicanos; además de comprometerse a colaborar para impedir el tráfico de armas hacia territorio nacional, sin que esto se refleje en acciones concretas y una reducción significativa de esa problemática.
El último reporte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) señala que 74% de las armas recuperadas en México entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos. La organización Small Arms Survey calculó que en 2017 había cerca de 16 mil 800 armas de fuego provenientes de ese país en manos de civiles en México, donde se padece una crisis de violencia, con más de 85 asesinatos al día.
Desde 1997 el entonces mandatario estadounidense, Bill Clinton, promovió que su país aceptara un tratado internacional para el control de armas, el de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), pero no logró avanzar en el Congreso estadounidense, entre otras razones, por la presión de grupos pro-armas en aquel país.
El investigador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Tomás Milton Muñoz, destacó que el acuerdo mencionado por Sheinbaum no está formalizado por Trump, por lo que puede ponerse en duda si es un compromiso real.
“No hay por parte del gobierno estadounidense ningún elemento que en este momento nos permita indicar que van a trabajar para evitar este ingreso ilícito de armamento. Insisto, una cosa es la declaración de cada uno de los presidentes y otra la realidad”, señaló.
Milton Muñoz apuntó que Donald Trump llegó al poder de nueva cuenta apoyado por grupos conservadores como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), a quienes prometió en febrero de 2024 que eliminaría todas las restricciones de Joe Biden para propietarios y fabricantes de armas.
La falta de medidas por parte de Estados Unidos para regular o prohibir la venta de armas de fuego tiene como contexto que ese país es el mayor mercado de armas del mundo. Se estima que en toda su superficie hay más de 77 mil establecimientos donde se pueden comprar armas.
De acuerdo con un informe de IBIS World, estas tiendas generaron entre 2014 y 2018 aproximadamente 11 mil millones de dólares, mientras que los fabricantes de armas y municiones obtuvieron 17 mil millones de dólares en ingresos.
En distintos discursos, la presidenta Sheinbaum ha cuestionado que Estados Unidos exija a México más acciones para frenar el tráfico de fentanilo, mientras ese país tiene un grave problema de consumo, y de tráfico de armas que sirven a grupos violentos en México.
Promesas contra el tráfico de armas, de Bush a Trump, pasando por Obama
El republicano George W. Bush defendía derechos de los propietarios de armas, y en 2005 apoyó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que le otorgó inmunidad a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego frente a demandas por tiroteos.
En 2009, ya en los últimos días de su mandato, afirmó tras una reunión con el entonces presidente Felipe Calderón: “Estados Unidos de América quiere compartir y ayudar a resolver el problema en ambos lados de la frontera. Cuanto menos drogas consumamos, menos presión habrá en México. Tenemos la responsabilidad de ayudar a evitar que las armas pasen de Estados Unidos a México”.
Esto, aunque un par de años después el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que su gobierno había permitido la entrada ilegal a México de 350 armas, como parte de la operación “Receptor Abierto”.
En el siguiente gobierno, el presidente Barack Obama (2009-2017) prometió presionar al Senado estadounidense para ratificar el acuerdo CIFTA, aunque este tampoco fue aprobado. De igual forma, en una visita al país reconoció la responsabilidad de Estados Unidos en la violencia armada ligada al narcotráfico, y abogó por una acción coordinada con México.
“Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales alimenta el tráfico de drogas”, dijo la secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, en marzo de 2009. “Nuestra incapacidad para impedir el contrabando ilegal de armas a través de la frontera para armar a estos delincuentes provoca la muerte de agentes de policía, soldados y civiles”, agregó entonces.
Durante el mandato de Obama se dio parte del Operativo Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, con el que se dejaron pasar a México decenas de armas, supuestamente para poderlas rastrear y hallar a criminales, aunque con ellas se cometieron asesinatos. Obama se deslindó, mencionando que no había sido informado de dicho operativo.
En el caso de Donald Trump, durante su primera administración (2017-2021) habló de que Estados Unidos debía cooperar para disminuir el número ilegal de armas que llegaba a México, sin embargo la solución que planteó fue el muro fronterizo.
Al firmar la orden ejecutiva para reforzar su construcción, en enero de 2017, dijo que el muro supuestamente ayudaría a “desmantelar los carteles y a evitar que el dinero y las armas ilegales salgan de Estados Unidos y entren en México”.
Ya con el gobierno de Joe Biden (2021-2025) se adoptó el Entendimiento Bicentenario en 2021 para disminuir, entre otras cosas, el tráfico de armas, pero no se presentó un informe detallado de resultados.
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El arquitecto de las políticas más radicales sobre migración del nuevo presidente de Estados Unidos también ha diseñado la estrategia para aplicarlas con eficacia y sin concesiones.
Si hay un cerebro principal detrás de las políticas migratorias más radicales del presidente Donald Trump, es Stephen Miller.
A sus 39 años, este republicano de ideología ultraconservadora que ya diseñó algunas de las medidas más extremas del primer gobierno de Trump -como la separación de familias migrantes- ahora ha aumentado su poder e influencia en la Casa Blanca con los cargos de subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional.
El mismo día en que asumió su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que llevan la marca de Miller, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento o la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur.
Estas medidas reflejan el enfoque nacionalista de línea dura que ha promovido desde los inicios del trumpismo este “halcón” republicano, muy activo a la hora de defender sus propuestas en medios de comunicación.
“Usaremos todo el poder de las fuerzas federales bajo el mando y dirección del presidente Trump para salvar a este país de esta ocupación”, declaró este miércoles a la cadena Fox News.
Te contamos quién es Stephen Miller, considerado una de las figuras más radicales, temidas e influyentes de la Casa Blanca.
Su escalada al poder
Nacido en 1985 en el seno de una familia judía de Santa Mónica (California), Miller mostró desde muy joven un marcado interés por la política, influenciado por figuras y medios con posiciones conservadoras.
A los 16 años escribió una carta a un periódico local criticando la falta de patriotismo en su instituto, posicionándose como un activista conservador que, entre otras cosas, exigía a los estudiantes latinos que hablasen solo inglés en clase.
Su formación política se consolidó en la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias Políticas en 2007 y protagonizó un episodio que, según expertos, daría un temprano impulso a su carrera.
Miller se erigió como un vocal defensor de un grupo de jugadores del equipo universitario de lacrosse acusados de violación que finalmente probaron su inocencia, en un caso que alcanzó cierta relevancia mediática.
Fue en este periodo cuando empezó a vincularse con figuras controvertidas como Richard Spencer, un conocido supremacista blanco, si bien el asesor republicano negó que tuvieran una relación cercana.
Tras graduarse, trabajó como asesor de comunicaciones para congresistas republicanos y en 2009 se puso al servicio del entonces senador Jeff Sessions, conocido por sus posturas de línea dura en inmigración.
Bajo la tutela de Sessions, Miller jugó un rol clave en la oposición al proyecto de reforma migratoria bipartidista en 2013, consolidando su reputación como detractor de las políticas de fronteras abiertas.
En 2016 se unió a la campaña presidencial de Donald Trump como asesor de políticas y redactor de discursos.
Se atribuye a Miller el tono nacionalista y antiinmigración de las alocuciones de Trump, como el discurso inaugural de 2017, así como el diseño de dos de las medidas más polémicas de su primer gobierno: el veto migratorio a países de mayoría musulmana y la separación de familias de migrantes irregulares.
Según el periódico especializado Politico, fue su capacidad para interpretar y amplificar la visión de Trump lo que lo consolidó como una figura indispensable dentro de su primer gobierno entre 2017 y 2021.
Desde entonces, Miller es conocido por su enfoque radical sobre inmigración y su habilidad para transformar ideas extremas en políticas concretas.
Según The New York Times, el asesor republicano ha perfeccionado su estrategia operando con secretismo y evitando oposiciones internas, lo que le ha permitido aplicar con éxito algunas de las medidas más radicales del trumpismo.
Su estrategia
Para su segundo mandato, Donald Trump ha confiado a Stephen Miller un poder más amplio sobre la agenda migratoria, convirtiéndolo en la principal figura decisoria junto al nuevo “zar de la frontera”, Tom Homan.
Desde su puesto como subdirector de política y asesor de seguridad nacional, Miller ha liderado la redacción de una avalancha de órdenes ejecutivas para poner en marcha la agenda migratoria de Trump, que prometió acabar con el flujo de inmigrantes irregulares y deportar a aquellos que ya estén en suelo estadounidense.
Una de estas órdenes fue eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida que niega un derecho histórico garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución y que ya ha sido impugnada en los tribunales.
También reinstauró el Título 42, que permite cerrar la frontera con México en nombre de la salud pública, y declaró la emergencia nacional en la frontera sur, según expertos para justificar una militarización sin precedentes de los operativos de deportación.
Anuló, además, solicitudes de asilo pendientes, denegó la entrada al país a más refugiados e incluyó la designación de los carteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras.
Miller es el cerebro de lo que algunos expertos han llamado una “estrategia de saturación”: inundar a la oposición y a los medios con un flujo constante de acciones ejecutivas y medidas para desbordar la capacidad de respuesta y maximizar su efectividad.
Politico destaca que el asesor ha trabajado con abogados externos, sin recurrir al Departamento de Justicia como suele ser habitual en su cargo, para blindar las nuevas políticas y garantizar que se lleven a la práctica con el menor número posible de obstáculos legales.
Este enfoque reflejaría las lecciones que Miller aprendió durante el primer mandato de Trump, cuando medidas como el veto migratorio enfrentaron bloqueos judiciales.
Además de su trabajo interno, Miller ha establecido relaciones estratégicas con figuras influyentes fuera del gobierno, como el empresario Elon Musk, que recientemente ha endurecido su postura sobre la inmigración.
El nuevo asesor de seguridad nacional de Trump también creó la organización de juristas conservadores America First Legal, que promueve litigios y campañas mediáticas contra instituciones y organizaciones a las que acusan de amparar o fomentar la inmigración ilegal.
Así, Stephen Miller no solo es el arquitecto de las políticas más radicales del trumpismo, sino también el estratega que ha perfeccionado las tácticas y herramientas para aplicarlas con eficacia.
Lealtad absoluta a Trump
Desde sus inicios en la campaña presidencial de 2016, Stephen Miller ha demostrado una lealtad inquebrantable a Donald Trump, convirtiéndose en uno de sus aliados más cercanos e incondicionales.
Miller se unió al equipo de Trump cuando este aún era considerado una apuesta improbable para la Casa Blanca y redactó algunos de sus primeros discursos, donde moldeó y amplificó con éxito su tono populista y nacionalista.
En el primer mandato de Trump, Miller evitó involucrarse en las disputas internas que marcaron la Casa Blanca, manteniendo buenas relaciones tanto con los elementos moderados como con los más radicales del gobierno, según The New York Times.
Sin embargo, nunca defendió a un aliado si caía en desgracia con Trump, como fue el caso de Jeff Sessions, su antiguo mentor y jefe en el Senado.
Cuando en 2017 Sessions renunció a su cargo de fiscal general tras perder el favor del entonces presidente, Miller no dudó en priorizar su lealtad al líder y se distanció del que había sido su benefactor.
Esa fidelidad absoluta también se refleja en su disposición a seguir las órdenes de Trump sin cuestionarlas, especialmente en público.
Según Politico, el estratega de 39 años nunca contradice al presidente, incluso en reuniones privadas, y se alinea rápidamente con cualquier decisión que tome Trump, lo que le ha permitido sobrevivir a múltiples cambios de gabinete durante el primer gobierno y enfrentamientos internos en el partido.
Por supuesto, Miller ha respaldado en todo momento la más que cuestionable teoría de que las elecciones que Joe Biden ganó a Trump en 2020 fueron fraudulentas.
Una figura divisiva
Las políticas diseñadas por Stephen Miller, tanto en el primer como en el segundo mandato de Donald Trump, generan fuertes divisiones en la política y la sociedad estadounidenses.
Para sus detractores, incluidos legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos, su agenda asesta un ataque directo a los principios fundamentales de Estados Unidos y a las comunidades más vulnerables.
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) o el Southern Poverty Law Center las describen como extremas y discriminatorias.
Analistas consultados por The New York Times advierten que las políticas promovidas por Miller podrían transformar la manera en que Estados Unidos gestiona la inmigración, cerrando puertas históricamente abiertas a refugiados y solicitantes de asilo.
Sus críticos también creen que las posibles deportaciones y la militarización de la frontera podrían tensar las relaciones con países vecinos, como México, y generar nuevas crisis humanitarias.
Para los simpatizantes del trumpismo, sin embargo, es un estratega visionario que ha redefinido las políticas migratorias con un enfoque nacionalista y de línea dura que ayudará a proteger la seguridad y el bienestar de los estadounidenses.
A falta de conocer los efectos definitivos de su legado, millones de migrantes ya están sintiendo de una o de otra manera el impacto de las políticas diseñadas e impulsadas por Miller, que prometen seguir siendo objeto de controversia y disputas en los próximos 4 años.
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