Políticos en México recurrieron a empresa que borra contenidos y distorsiona información: reporte
Políticos como el exsenador de Morena, Pedro Haces; el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y contratistas ligados con los exgobernadores Javier Duarte y Francisco Cabeza de Vaca contrataron los servicios de la empresa Eliminalia para desaparecer de la web o tratar de reducir el alcance de notas con críticas de sus actividades.
Y dicha empresa española, para lograrlo, recurrió a prácticas como publicar contenido falso, usar webs clonadas y cuentas automatizadas, ejecutar acoso y amenazas a periodistas con informes falsos de infracción de derechos de autor, así como la suplantantación de autoridades.
Así lo indicó una nueva entrega de la investigación Story Killers, coordinada por la organización francesa Forbidden Stories, y en la que participaron periodistas de 30 medios, entre ellos la revista Proceso, el diario El País, Armando Info y el medio brasileño Folha de Sao Paulo.
En el texto del País, se detalla que al menos 159 personas de México recurrieron a los servicios de Eliminalia, según los documentos a los que tuvieron acceso.
“En conjunto pagaron al menos 857 mil 752 euros para borrar notas incómodas, o al menos manipular los algoritmos de buscadores de internet para esconderlas”, refirió Proceso.
Para hacer esa manipulación, según la investigación, Eliminalia hacía cosas como inventar artículos considerados positivos o neutrales sobre personas que tenían el mismo nombre de sus clientes, para que estás aparecieran en los primeros lugares de búsquedas.
Entre los clientes mexicanos, agregó la revista, también están “personajes polémicos como el joven empresario Joaquín Leal Jiménez, vinculado con esquemas de tráfico de petróleo con Venezuela y sancionado en 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o Maclovio Esteban Yáñez Mondragón, otrora ejecutivo de Pemex y ahora contratista de la petrolera con su empresa Sepec Oilfield Services”.
Otros empresarios, apuntó, “buscaron la eliminación de notas sobre evasión de impuestos, daños ecológicos o clausuras administrativas”.
En el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, de acuerdo con El País, Eliminalia recibió el encargo de borrar decenas de informaciones en la red y vídeos de YouTube, que lo habían mencionado.
“La compañía española cobró por este trabajo 32.000 dólares de la firma Operación y Conservación de carreteras a través del empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, quien ―según el diario El Universal― es amigo de Duarte e hizo negocios durante su mandato en Veracruz. Titulares como ‘Exhiben hotel y edificios de departamentos de Duarte en España’ o ‘Duarte vendió casa en Estados Unidos a su tío por 10 dólares, según documentos’, figuraron en el radar de Eliminalia”.
En el caso del exsenador Haces, según lo publicado por El País, contrató a Eliminalia para que desaparecieran de la red 300 enlaces de noticias publicadas entre 2019 y 2020.
“Sus objetivos fueron artículos como ‘Senador Pedro Haces: fichado por robo y portación de armas’ e informaciones que le acusaban de misógino tras asegurar presuntamente que las mujeres ‘debían de ser menos provocativas con su vestimenta’. El expriista también encargó a la firma española la desindexación de informaciones que le conectaban con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte”.
La investigación también mencionó a la empresa mexicana de cámaras de seguridad Seguritech, que “contrató a Eliminalia por 9.900 dólares para tratar de borrar decenas de artículos como ‘Seguritech: Servicios deficientes, ganancias millonarias’”.
Forbidden Stories encontró que Eliminalia tenía mil 500 clientes en más de 50 países de los cinco continentes. Así que además de los mexicanos ya nombrados, también ayudó al exdirector ejecutivo de la Banca Privada d’Andorra, acusado de lavado de dinero; a un empresario brasileño implicado en una red mundial de prostitución, y a Hernán Horacio Taricco Lavin policía política de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, entre otros.
“Existen innumerables empresas de relaciones públicas, cabildeo, defensa y otras que básicamente se dedican a reposicionar empresas, individuos y gobiernos desagradables y convertirlos en empresarios internacionalmente respetados y filántropos cosmopolitas”, dijo Tena Prelec, investigadora de la Universidad de Oxford, según Folha.
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La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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