Desaparición del INAI: ¿Qué datos tiene la Plataforma Nacional de Transparencia y qué preocupa sobre su seguridad?
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es el acervo digital de documentos públicos más grande del país, y una de las preguntas que han surgido a raíz de la reforma de los organismos autónomos es, ¿qué pasará con ella una vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) desaparezca, como impulsa el partido Morena?
Hasta el momento, las leyes secundarias derivadas de la reforma aún no han sido definidas, pero de acuerdo con los comisionados del INAI, las previsiones para el resguardo y la continuación del uso de esta plataforma deberán estar contempladas en ellas. La PNT sigue activa y alimentándose, así como el Instituto sigue atendiendo solicitudes de información, y lo seguirá haciendo durante todo el periodo transitorio.
¿Qué volumen de datos tiene la PNT?
Según la actualización al 28 de noviembre de 2024, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha atendido y publicado 10 millones 139 mil 965 solicitudes de acceso a la información en su base de datos pública, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Además de las solicitudes, han recopilado y publicado más de 14 mil millones de archivos y solicitudes desde el año 2003, relacionados con más de 75 temas, entre ellos salarios de funcionarios públicos, derechos humanos, uso de recursos públicos, medio ambiente, salud y vivienda, de un total de 723 sujetos obligados a nivel federal y más de 7 mil en todo el país, ya que incluyen organismos estatales, locales y privados con manejo de recursos públicos como los partidos políticos.
De acuerdo con la comisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, los 79 terabytes de datos que conforman la PNT se almacenan en catorce servidores físicos que contienen setenta y nueve servidores virtuales, uno por cada terabyte de información.
Piden una transición segura
Esta plataforma “se ha convertido hoy en día en un tema de máximo interés público por lo que representa en esta transición”, dijo Del Río en entrevista con El Sabueso. Las funciones y responsabilidades del INAI, según la iniciativa de Morena, serán transferidas a la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y, con ellas, la PNT.
De acuerdo con Raquel Buenrostro, quien se convertirá en la titular de esta Secretaría, no desaparecerá la Plataforma. Esto lo dijo frente al Senado durante su ratificación para el cargo, y aseguró que esta reforma “no será un retroceso”.
Sin embargo, especialistas han expresado algunas preocupaciones sobre la transición. A pesar de que se encuentran optimistas ya que no desaparecerá la plataforma, es una transición que debe ser cuidada pues los millones de datos requieren de protección y de actualización.
“Lo más importante [es que] nunca ha sido hackeada porque tiene un sofisticado sistema de seguridad. ¿Qué nos preocupa? Lo que hemos visto, tanta vulneración de datos, la seguridad, y eso pues hace que estos ciberataques penetren”, explicó la Dra. del Río.
“Nos llegan millones intentos de ciberataques, pero nunca nos han logrado hackearnos por la seguridad perimetral de esta plataforma”, refirió.
Al año, el INAI invierte 14 millones de pesos en un sistema de ciberseguridad para proteger los miles de millones de documentos y datos personales que recopilan. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones es que no disminuyan la cantidad invertida en seguridad, ya que un ciberataque no sólo desaparecería o dañaría archivos, sino que pondría en riesgo datos personales.
A Artículo 19 le preocupa que el periodo de transición de la PNT hacia el resguardo de otra instancia sea corto, según explicó Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México y Centroamérica.
“Es un tiempo récord de 90 días que plantean los transitorios, 90 días naturales, hacer las adecuaciones legales y hacer todo el traslado de información. Es por eso que hacemos el llamado al resguardo de esa información, y a que sea una transición ordenada en donde no se pierda información”.
Además, ambos coincidieron en que esperan que se mantenga la integridad y la seguridad de la información almacenada que no es pública.
Por otro lado, mantener la plataforma segura es una prioridad pero también lo es que se siga alimentando y facilitando el acceso de las personas a la información. Uno de los grandes beneficios que tiene la plataforma es que mediante la vía electrónica una persona puede solicitar, recibir e impugnar la información por parte de los sujetos obligados.
El uso de la PNT garantiza los derechos que los mexicanos tienen a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que dejar de actualizarla, sería un retroceso en cuanto a la facilidad de acceso a la información.
“De acuerdo con la ley general de transparencia tiene que ser publicada de manera activa y tiene que ser actualizada por lo menos cada tres meses, por eso es importante rescatarlo y que no se pierda en el camino”, dijo Maldonado.
La PNT, según explica Del Río, se actualiza diariamente y además genera un respaldo a las 12 de la noche cada día.
Por el momento de transición, la comisionada aseguró que los funcionarios del INAI buscan que “siga existiendo la Plataforma Nacional de Transparencia y que de verdad, de verdad, se siga alimentando donde esté, pero que siga existiendo y que el ciudadano sienta la seguridad de que no le van a negar la información y que va a poder seguir consultando la PNT”.
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Bajo aparentes engaños, un grupo de exsoldados colombianos acabaron peleando una guerra ajena en Sudán de la que tienen una difícil salida.
Las imágenes intrigan y estremecen.
Unos hombres armados en Sudán trastocan objetos sobre una mesa.
Al comienzo son confusos, pero luego los objetos se hacen legibles: un pasaporte colombiano a nombre de Christian Lombana Moncayo, su tarjeta de transporte y cédula de ciudadanía, una carta en español con caligrafía infantil que dice amar a su padre y “le pide a Dios” que le pueda dar “la dicha de seguir compartiendo”.
El video dura poco más de dos minutos y fue subido junto a otros dos por una cuenta a X que asegura que “mercenarios extranjeros” fueron “eliminados” en lo que pareció ser, según dice el servicio africano de la BBC, un supuesto tráfico de armas en Sudán desde Libia.
Lombana Moncayo es parte de un amplio grupo de colombianos involucrados en la pugna de poder que protagonizan las regulares Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023, que han dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo.
Un reportaje del medio colombiano La Silla Vacía, basado en testimonios de colombianos allí, cifra en alrededor de 300 el número de exmilitares involucrados en el conflicto.
Es un dato que BBC Mundo no pudo comprobar de forma independiente pero que no le resulta “improbable” a Mario Urueña Sánchez, experto en seguridad de la Universidad del Rosario en Colombia y estudioso de las misiones de colombianos en el exterior.
Otras fuentes consultadas por este medio también respaldan tal aproximado.
Si Lombana Moncayo murió en ese operativo de las FAS no quedó inmediatamente confirmado, pero el viernes 29 de noviembre, las FAS afirmaron haber matado a “22 mercenarios de nacionalidad colombiana” entre las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en un ataque con drones en Darfur, en el occidente de Sudán, una de las regiones más calientes del conflicto.
Engañados
Que soldados colombianos retirados o en activo participen en conflictos extranjeros es una tendencia que data de décadas.
Producto del conflicto interno armado y la guerra contra el narcotráfico, Colombia cuenta con un amplio ejército y un alto número de militares pensionados jóvenes con bajos ingresos y poca formación alternativa.
Muchos encuentran en misiones y guerras internacionales como la de Ucrania contra Rusia recientemente, o la de Estados Unidos en Afganistán e Irak a comienzos de siglo, un sustento de miles de dólares.
El militar retirado Alfonso Manzur, hoy estudioso de políticas públicas para soldados pensionados en Colombia, le dice a BBC Mundo que en los últimos años “vemos más exsoldados colombianos en misiones en el exterior por cumplirse algo más de dos décadas del Plan Colombia“.
Este fue un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que inyectó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar para combatir el narcotráfico y los grupos armados en el país sudamericano.
“Esto creó un número mayor si cabe de soldados colombianos que, dos décadas después, empiezan a retirarse sin una fuente de ingreso suficiente”, dice Manzur.
Es frecuente que estos soldados retirados sean reclutados bajo promesas de realizar trabajos de poco riesgo y que acaben en primera línea de combate arriesgando la vida.
Le sucede a muchos en Ucrania, como reportó BBC Mundo hace unos meses, y parece ser el caso también en Sudán.
Ante los casos de engaño que expuso la prensa colombiana, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente a la cancillería en X “buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados”.
La cancillería, por su parte, afirmó conocer el fenómeno de migración irregular “por el que algunos de nuestros connacionales viajan engañados por sofisticadas redes de trata de personas y terminan participando en conflictos internacionales como mercenarios”.
El vínculo de colombianos en Sudán cobra también otra dimensión porque muchos, según fuentes consultadas por BBC Mundo, parecen haber sido reclutados a través de compañías que han contratado, en el pasado y en el presente, a efectivos de seguridad colombianos para trabajar en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Este país, con una relación cada vez más estrecha con Colombia que se cimentó desde la cooperación en seguridad, ha sido acusado por las Fuerzas Armadas de Sudán de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en el sangriento conflicto.
EAU ha negado las acusaciones de las FAS, aunque un reporte de las Naciones Unidas considera “creíble” que esta monarquía árabe esté apoyando militarmente a las FAR con armas, logística y vehículos a través de Libia, Chad y Sudán del Sur.
Los colombianos detectados por las FAS en Sudán, según este ejército, se encontraban entre miembros de las FAR.
Por lo que las FAS también acusan a EAU de “pagar mercenarios para que luchen junto a los paramilitares (FAR)”.
El gobierno de EAU “niega contundentemente cualquier alegación sobre el vínculo del país con la guerra en Sudán”, según un comunicado compartido con BBC Mundo.
El texto también rechazó que EAU provea “ningún apoyo o suministro a ninguna de las dos partes” del conflicto y agregó que convocan a un “cese al fuego inmediato y una resolución pacífica”.
Cómo llegan los colombianos a Sudán
Las fuentes de BBC Mundo coinciden en que muchos colombianos recibieron ofertas a través de grupos de WhatsApp de veteranos, se desplazaron a Abu Dabi o Dubai en Emiratos Árabes Unidos y acabaron peleando en Sudán.
“Es una de las caras más oscuras del mercado de soldados colombianos en activo o en retiro”, le dice a BBC Mundo el académico Urueña Sánchez.
De acuerdo al experto, el reclutamiento se produce a través de empresas que frecuentemente son “unipersonales, ‘de papel’, montadas muchas veces por altos rangos militares colombianos que crean grupos de WhatsApp y por ahí lanzan las ofertas”.
Omar Antonio Rodríguez es el expropietario de una de estas empresas reclutadoras que envía exsoldados colombianos a EAU para distintas labores de seguridad y que ahora vincula al despliegue de efectivos a Sudán.
Aunque vendió su compañía, conoce el proceso en que muchos terminan involucrados en uno de los conflictos más sangrientos de la actualidad.
“Hubo un primer grupo de 28 colombianos que enviaron a Libia con un contrato de US$1.400 para trabajar en seguridad estática, pero terminaron en Sudán y, dicho por ellos, se encontraron con condiciones adversas a las prometidas: sin instalaciones adecuadas, sin material, sin botiquines de primeros auxilios”, le cuenta Rodríguez a BBC Mundo.
“Luego es que se enteran que combatirán, junto a los paramilitares (FAR), al ejército de Sudán (FAS)”, añade.
Según Rodríguez, aquellos 28 no fueron más que el comienzo de un flujo continuo de exmilitares que viajaron desde Colombia para trabajar en seguridad en África, pasando muchos primero por EAU, y se desplazaron a su supuesto destino para luego terminar peleando en Sudán.
“Algunos ya se regresaron y otros piden volver (a Colombia) al verse involucrados en bombardeos y enfrentamientos directos, pero no es sencillo”, comenta Rodríguez.
“Por idioma, extensión de territorio y la poca representación diplomática de Colombia en África, al colombiano le cuesta desertar de allí”, complementa Urueña.
¿Qué papel juega EAU?
Que los soldados colombianos pasen primero por EAU, o que en el engaño estén vinculadas empresas reclutadoras que han destinado efectivos a labores de seguridad privada en este país llama la atención.
Primero, porque por muchos años EAU ha sido uno de los destinos más apetecidos por militares colombianos en activo o retirados, entre otras cosas por su transparencia y altos pagos.
Y segundo, por las frecuentes acusaciones de apoyar a las rebeldes FAR que el ejército de Sudán hace contra este país.
Aunque EAU niegue las alegaciones y su vínculo a las FAR no haya sido comprobado, el experto Ureña recuerda que “EAU tiene intereses geopolíticos en Sudán, donde es políticamente afín a las FAR”.
Hasta ahora, mientras no se confirme lo contrario, lo que se sabe es que EAU no es más que uno de los múltiples escenarios donde se da “una situación compleja, gris, donde conviven la regularidad del proceso emiratí al que se han unido muchos colombianos desde 2010-11 con estas otras operaciones menos transparentes y clandestinas”, dice Urueña.
Elizabeth Dickinson, analista de seguridad y conflicto del think tank International Crisis Group con experiencia en Colombia y en la península arábica, recuerda que ya hubo militares retirados colombianos reclutados en EAU que “estuvieron involucrados en operaciones en el conflicto de Yemen hace años”.
“Hablé en el pasado con soldados retirados que creyeron que solo estarían en EAU, entrenarían en EAU, vivirían en EAU y que nunca serían enviados a la batalla, y que terminaron en situaciones muy distintas a las que creyeron que eran los términos del contrato”, le dice Dickinson a BBC Mundo.
“Te hace creer que hay contrataciones sospechosas ocurriendo”, añade la experta, a pesar de que EAU insiste en no tener nada que ver con los hechos y testimonios que este reportaje expone.
Al comienzo de la década de 2010, muchos militares pensionados o en activo que pidieron la baja del ejército colombiano integraron las filas armadas emiratíes.
“Esto formó parte de un proyecto de EAU para formar unidades y batallones del ejército que contó con latinoamericanos: colombianos, panameños, chilenos y salvadoreños“, cuenta Rodríguez, aclarando que esto operó bajo la legalidad y formalidad y que nada tiene que ver con la situación de ahora en Sudán.
“Otros, también de forma regular, fueron a realizar labores de vigilancia en empresas de seguridad privada”, añade.
El salario de un soldado colombiano varía entre 500 y 700 dólares. Uno retirado gana incluso menos vigilando un edificio. En EAU pueden ganar cuatro o cinco veces más que en Colombia.
“Es una opción seductora que en su momento provocó que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa tuviera que viajar a EAU pidiendo regular el fenómeno para no perjudicar a Colombia”, recuerda Urueña.
“La cooperación en seguridad fue la base de una relación bilateral entre Colombia y EAU que ha seguido creciendo también en comercio e inversión”, dice el experto.
Un mercado vasto y oscuro
Empresas poco transparentes, soldados engañados, familias rotas.
Los últimos hechos en Sudán recuerdan a Colombia el mercado vasto y oscuro al que se exponen sus militares retirados, altamente cotizados por su larga experiencia combatiendo poderosos grupos armados y carteles de la droga y su manejo de armas estadounidenses y de la OTAN de alta tecnología.
“Es un mercado de múltiples caras, con situaciones tan oscuras como que carteles de la droga mexicanos recluten ahora veteranos para pelear sus guerras territoriales o que otros exmilitares colombianos acaben involucrados en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse en 2021″, dice Urueña.
“El mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente”, dijo Petro en X el pasado 27 de noviembre.
Para varios expertos en seguridad en Colombia, es una realidad que será difícil de resolver sin reformar las políticas públicas de atención al veterano que ahora mismo no parecen satisfacer a los cientos que se juegan la vida en conflictos ajenos.
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