Entre los cinco ejes que conforman el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum están el fortalecimiento de las labores de investigación y la coordinación de policías y fiscalías estatales para reducir la impunidad, estrategias que pueden ser positivas. 

Sin embargo, también incluye la consolidación de la Guardia Nacional “ampliando sus capacidades para la vigilancia de carreteras y su facultad para operar como primeros respondientes” como dijo en marzo al presentar sus 100 compromisos, aunque cediendo su mando al Ejército, lo que acentúa la militarización en el país, de  acuerdo con especialistas consultados por El Sabueso.

Por eso, en El Sabueso te explicamos el Plan de seguridad que presentó durante la campaña, el cual forma parte del eje República segura y con justicia de su Proyecto de Nación.

La atención a las causas sólo se enfoca en jóvenes; requiere comprobación

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, señala que sería necesario analizar cada contexto local para definir qué factores influyen en la violencia, ya que no son las mismas causas en todo el país. 

“Hablar, en términos generales, de las causas, no es suficiente. Se tiene que demostrar la relación entre factores de riesgo y consecuencias de violencia y delincuencia a través de modelos de investigación con un enfoque preferentemente local, porque la forma como se construyen las violencias y el delito varía en función de los contextos”, dice en entrevista con El Sabueso.

El primero consiste en capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses con apoyo económico mensual y seguridad social. El segundo otorga un apoyo económico mensual a cambio de noventa horas de trabajo. El tercero brinda acompañamiento para la reintegración social a quienes cometieron algún delito con sanciones penales menores a cinco años, y que alcanzan libertad condicional. 

Para Daira Arana, candidata a doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, falta detallar cómo definió Sheinbaum las poblaciones objetivo. 

López Portillo explica que se requiere comprobar a través del diagnóstico cuáles son los factores asociados a las violencias, y cuáles serían las consecuencias de las intervenciones que se realicen. 

“Si no se comprueba a través de los modelos de investigación adecuados se comete el error de generalizar que cualquier fenómeno social, por ejemplo, la desocupación o la falta de acceso a la educación escolar, son generadores de violencias y delincuencia, sin que necesariamente lo sean”, expone.

Consulta: Consolidar la GN y reforma al Poder Judicial: Estos son los cinco ejes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum

Consolidación de la Guardia Nacional acentúa militarización

El domingo, durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Oaxaca, la virtual presidenta electa afirmó que seguirá consolidando a este cuerpo de seguridad dejándolo en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Esto como parte del llamado “Plan C”, un paquete de 20 reformas constitucionales impulsadas por Andrés Manuel López Obrador.

En el Space de X ¿Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas?, Lisa Sánchez, directora ejecutiva de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), advirtió de los riesgos en la aprobación de dicha reforma. 

Por ejemplo, la eliminación del artículo 129 constitucional que establece que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

A diferencia de la reforma constitucional que extendió sólo hasta 2028 la presencia de soldados y marinos en las calles, la del “Plan C” reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza armada de carácter permanente, con la función de seguridad pública en un plazo indefinido.

“Amplía el fuero militar, las fuerzas armadas tienen un régimen especial pensado para protegerlas en sus tareas de defensa nacional, y ahora se amplía a tareas que no son de defensa nacional”, pronunció Sánchez.

Para saber más: Ejército en las calles: gobierno publica reforma que extiende hasta 2028 la presencia de militares en tareas de seguridad pública

La reforma acentúa la militarización, entendida desde MUCD como el proceso por el cual se transfieren presupuestos y funciones a las fuerzas armadas que originalmente eran de instituciones o actores civiles, como la investigación de delitos. De hecho, un transitorio de la reforma establece que se transfieran a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros para la operación de la Guardia Nacional. 

“Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería que quien dictara toda la política de seguridad fuera una institución del Ejército y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta de la República”, declaró Sheinbaum en conferencia el 23 de junio.

Pero para Ernesto López Portillo, militarizar es algo mucho más complejo que un gobierno encabezado por militares, y si queremos saber qué es la militarización debemos entender la ideología que está detrás, es decir, el militarismo.

La militarización tiene que ver con cómo se hacen las cosas y se puede evaluar con cuatro dimensiones: material (armamento, equipo y tecnología); cultural (lenguaje, creencias y valores); organizativa (centros de “mando y control” o escuadrones  inspirados en operaciones especiales militares que patrullan las zonas de alta criminalidad); y operativa (área de inteligencia, supervisión). Mientras que el militarismo se refiere a quién las decide.

“La virtual presidenta electa afirma que es la autoridad civil la que conduce esas decisiones. No lo podemos comprobar a través de evaluaciones que nos permitan confirmar qué decidirá la jefa de estado y qué decide el mando militar”, expresa. 

Falta detallar fortalecimiento de investigación y coordinación estatal 

Los ejes 3 y 4 del plan de seguridad de Claudia Sheinbaum involucran a instancias locales como policías y fiscalías, y a la Fiscalía General de la República.

Al respecto la exjefa de gobierno de la Ciudad de México menciona impulsar y capacitar áreas de inteligencia e investigación, y presentar una iniciativa de ley que establezca la integración del Sistema Nacional de Inteligencia, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia. 

Daira Arana considera positivo que se destaquen esos puntos. “La falta de coordinación entre el ámbito federal, estatal y municipal es la que muchas veces ha llevado a no tener resultados efectivos en materia de seguridad y, sobre todo, la coordinación que debe tener el primer respondiente, que serían las policías, con los ministerios públicos y las fiscalías; por eso, que se enfoque en ese aspecto es positivo”, agrega.

Aunque también subraya la falta de detalle, respecto a medidas y presupuesto. “Lo que tenemos al final es un listado de cosas pero no detalla indicadores o cómo se van a ejecutar esas propuestas”, señala. 

Sheinbaum habla de incrementar las capacidades operativas, técnicas y de recursos humanos de la FGR, y homologar criterios ministeriales, de actuación y de investigación. 

Aunque para  esto debe considerar que Alejandro Gertz Manero, fiscal desde el 18 de enero de 2019, continuaría en el cargo, que dura nueve años, hasta 2028. 

“Con respeto a su autonomía, la parte de fortalecer a la fiscalía es un aspecto muy positivo, esto se tendría que ver reflejado en la ocupación de cargos públicos por parte de personas que tengan el conocimiento técnico y operativo. Se necesitan no solamente recursos financieros y materiales, también recursos humanos altamente capacitados”, indica Arana.

En la autonomía técnica y profesional sometida a rendición de cuentas también insiste el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

“No corresponde a los poderes ejecutivos imponer su criterio sobre las fiscalías si se les quiere autónomas. Y se les quiere autónomas precisamente para no ser contaminadas, intervenidas, interferidas por intereses políticos”, dice López Portillo.

Para la coordinación en seguridad, el plan de Sheinbaum establece que las fiscalías estatales y la FGR deberán presentar y publicar de manera anual el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, los cuales deben incorporar modelos de combate a delitos de alto impacto, de combate a la corrupción, de atención a víctimas, entre otros.

“Cualquier estrategia de seguridad debe estar enfocada en reducir el lenguaje bélico. Los problemas de seguridad no se combaten, se resuelven, eso nos permitiría empezar a dimensionar otras estrategias que no sean las fuerzas armadas”, comenta Arana.

También lee: “No es cuestión de mano dura”: Sheinbaum mantiene a fiscal Gertz y política de seguridad del gobierno de AMLO

Reforma al Poder Judicial no considera procuración de justicia

El quinto eje del Plan de seguridad de Claudia Sheinbaum es la reforma al Poder Judicial, que también es parte del “Plan C”. El argumento para impulsarla es atender integralmente la inseguridad y lograr la meta de cero impunidad.

Sin embargo, no contempla la procuración de justicia. Es decir, la reforma al Poder Judicial se centra en la elección por voto popular, en reducir cargos y salarios o en sustituir organismos, pero no en acciones dirigidas a investigar y perseguir el delito, atender a víctimas o en estrategias de prevención de las que se encargan las fiscalías.

“Necesitamos la reconstrucción de las fiscalías, por un lado, porque ahí está el primer y más importante motor de la impunidad: la incompetencia para perseguir e investigar los delitos; si las fiscalías no tienen desempeño profesional y rinden cuentas, jamás vamos a tener una reducción de impunidad. Otra cosa diferente es el Poder Judicial, que no investiga delitos, no persigue delincuentes, está para hacer valer la Constitución”, explica López Portillo.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal más reciente, las fiscalías reportaron un total de 2 millones 915 mil 899 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir (1.7 % para la FGR y 98.3 % para las fiscalías estatales) al cierre del año, independientemente de que se hayan abierto durante 2023 o antes.

“Entre el 80 y el 92% de los casos, dependiendo del estado que mires, en realidad se pierden en procesos anteriores a llegar a un juez, porque ni las policías ni los peritos ni los ministerios públicos son parte del Poder Judicial, y ahí es donde está la cifra negra, y la impunidad”, mencionó Lisa Sánchez en entrevista con Radio Fórmula. 

Incluso, la presentación del Plan de Seguridad de Sheinbaum reconoce que “no basta con reformar al Poder Judicial de la Federación. Se requiere una reforma integral y profunda al sistema de justicia que garantice que las fiscalías, los poderes judiciales locales y las instituciones de seguridad actúen de forma coordinada para abatir la violencia y la impunidad”.

El 26 de junio, en conferencia de prensa, Sheinbaum informó que Arturo Zaldívar, coordinador del eje de justicia en el ejercicio Diálogos por la Transformación, presentó una propuesta para fortalecer el acceso a la justicia en el Poder Judicial, más allá de lo que abarca la reforma del “Plan C”. Pero aún no da detalles, dijo que la presentaría más adelante y serían de consulta pública.

“Tiene que ver más bien con una propuesta adicional más allá de lo que está en este momento en discusión, yo creo que ya sería un segundo momento, y a lo mejor no requeriría una reforma constitucional”, explicó Sheinbaum.