En 15 años solo hay nueve condenas por homicidios de periodistas a nivel federal; van 12 comunicadores asesinados con Sheinbaum
Para entender mejor
Desde julio de 2010 —fecha en la que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)— hasta septiembre de 2025 en México se han obtenido únicamente nueve sentencias condenatorias por el asesinato de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio, según el último informe semestral de la fiscalía. Pero organizaciones han documentado al menos 126 periodistas asesinados y 17 desaparecidos en los últimos 15 años.
De acuerdo con Balbina Flores, corresponsal en México para Reporteros Sin Fronteras (RSF), solo hay seis sentencias más por litigios a nivel local por casos que la FEADLE no atrajo. Ninguna de las sentencias obtenidas a nivel nacional por el asesinato de periodistas ha sido en contra de los autores intelectuales.
La corresponsal destaca que el 92 % de los asesinatos de periodistas en México no cuenta con una resolución y, en el caso de las desapariciones, la impunidad es de 100 %.
El último balance estadístico de RSF señala que México es el país con la mayor cantidad de periodistas desaparecidos en el mundo. De 95 casos registrados a nivel mundial, el país concentra 30, posicionándose por encima de países como Siria, Malí, República del Congo, Palestina e Irak.
En el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno fue desaparecido; de acuerdo con un cruce de datos de los registros que llevan RSF, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Sin embargo, la presidenta no ha emitido un pronunciamiento al respecto en sus conferencias matutinas.
Desde 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instauró el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Gobierno de Sheinbaum no ha atendido violencia contra la prensa
En octubre de 2024, Mauricio Cruz Solís, periodista de Michoacán, y Patricia Ramírez González, reportera en Colima, fueron asesinados con menos de 24 horas de diferencia, por lo que se convirtieron en las primeras víctimas del gremio periodístico en el sexenio de Sheinbaum, a un mes del inicio de su gobierno.
El 25 de octubre de 2025 fue asesinado el periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en Durango, la última víctima registrada en lo que va de esta administración. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, este año ya es el más letal para la prensa mexicana desde 2022.
Mientras era candidata presidencial, en mayo de 2024, Sheinbaum firmó un compromiso con Reporteros Sin Fronteras para implementar acciones estratégicas destinadas a enfrentar la violencia contra periodistas. No obstante, la organización advierte que ninguna de las medidas ha sido implementada en su totalidad y solo tres han mostrado avances parciales.
Los cinco compromisos firmados contienen 22 acciones específicas orientadas hacia el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el combate a la impunidad y acceso a la justicia para las familias, el fortalecimiento del marco legislativo en materia de libertad de expresión, la prevención de estos crímenes y el reconocimiento a la labor periodística.
En su primer informe de gobierno, la mandataria afirmó que “se practica la mayor libertad de expresión de la historia” y que “no existe la censura”. Sin embargo, durante su mandato, se han documentado públicamente casos de censura contra la ciudadanía, periodistas y medios de comunicación por críticas o cuestionamientos hacia actores políticos de Morena y a personas candidatas a distintos cargos.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) apunta que el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación se ha mantenido durante el primer año de la presidenta.
“La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró contraria a la censura; pero, al mismo tiempo, adoptó medidas que refuerzan el control gubernamental sobre el acceso de los medios y sobre la regulación de telecomunicaciones”, señala la SIP.
Balbina Flores, quien lleva 25 años como corresponsal de RSF en México, advierte que la constante de los sexenios transcurridos desde el año 2000 a la fecha ha sido el discurso de negación de la violencia y estigmatización hacia la prensa.
“Todos reconocen que hay una situación que está vulnerando la libertad de expresión casi en el último año, o mes, de su gobierno. Lo cual es muy lamentable, porque tuvieron tiempo para establecer una política de protección y combate a la impunidad, y no lo hicieron”, señala.
En sus conferencias matutinas, la mandataria ha acusado a los medios de comunicación de exagerar noticias en materia de seguridad, además ha catalogado a medios como el periódico Reforma de ser un “órgano de propaganda”.
Un mes antes de dejar el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “No hemos tenido asesinatos de periodistas”. Ello pese a que su sexenio cerró con 47 homicidios de este tipo, cifra que coincidió con la registrada en el mandato de Enrique Peña Nieto, según datos de Artículo 19.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, hasta septiembre de 2025 se han reportado dos agresiones físicas y 14 amenazas contra periodistas beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Los principales factores que refuerzan el clima de impunidad son la falta de investigaciones oportunas, eficaces y expeditas, la ausencia de equipos capacitados y especializados con un enfoque en libertad de expresión y los vínculos de convivencia entre las autoridades y el crimen organizado.
Tan solo en 2024, Artículo 19 documentó 639 agresiones contra periodistas, entre amenazas, privaciones de la libertad, intimidación y hostigamiento, casos de acoso judicial y más acciones inhibidoras que fomentan el miedo y la autocensura entre el gremio. Sumando así, un promedio de una agresión a un periodista cada 14 horas.
Cerca de la mitad de estas agresiones (44.91%) derivó de personas funcionarias públicas, de fuerzas de seguridad civiles o de las fuerzas armadas, por lo que la organización afirma: “Negar la existencia de la violencia contra la prensa es negar también el papel del Estado en esta violencia”.
“El hecho de que actores públicos sean los principales agresores de periodistas significa que no están tolerando el debate público que gira en torno de sus propias funciones, el cual es necesario para la sociedad democrática en general, y también para poder conocer actos de corrupción o de violaciones a derechos humanos”, apunta Ingrid Midori, coordinadora del área legal de Propuesta Cívica.
Durante este año, el Mecanismo reporta que 33 % de los agresores contra la prensa han sido servidores públicos, mientras que 26.7 % han sido particulares. Sin embargo, 40 % de los agresores no han sido identificados por las autoridades.
En 2025, con corte en septiembre, 13 periodistas han sido beneficiados por el Mecanismo de Protección; sin embargo, las personas beneficiarias de este instrumento han ido a la baja desde 2023. Artículo 19 también documentó que en este año el Mecanismo sufrió un recorte de 4.27 %.
Si bien el Mecanismo ha otorgado medidas a quienes están en una situación de riesgo como consecuencia de su labor, la abogada de Propuesta Cívica advierte que, más que un mecanismo de prevención, es uno de reacción.
“Lo que hace el mecanismo es simplemente dotar de medidas cuando ya se ha dado o se está ante una situación inminente de riesgo. Y a veces la capacidad de reacción no es la mejor, o incluso las medidas no se apegan a la realidad de la agresión”, señala.
Desde su creación en 2012, el Mecanismo ha otorgado medidas de protección a 817 periodistas, de las cuales 689 continuaban incorporados hasta el 31 de septiembre de 2025. Pese a estos esfuerzos, existe documentación de periodistas que, aún estando bajo la protección del mecanismo federal o de mecanismos locales, fueron asesinados. Así ocurrió con el periodista Gustavo Sánchez Cabrera en 2021, hechos por los cuales tanto esta institución como el gobierno de Oaxaca admitieron su responsabilidad años más tarde.
Cuatro sexenios sin justicia para la prensa
Uno de los sexenios más violentos para la prensa fue el de Felipe Calderón, con al menos 54 periodistas asesinados. También fue el periodo en el que hubo más periodistas desaparecidos, de acuerdo con RSF.
Pero Balbina Flores afirma que la diferencia de asesinatos registrados entre sexenios ha sido mínima. “Eso nos hace ver que a ningún gobierno le ha importado la situación de la prensa”.
Esta organización documenta que México es el país más peligroso, sin guerra declarada, para ejercer el periodismo. De acuerdo con sus datos y los de Artículo 19, de 2000 a 2025 se registró el asesinato de al menos 174 comunicadores y la desaparición de 33. Ninguno de los cuales ha obtenido justicia plena.
Detrás de estos números están las investigaciones que fueron silenciadas y una búsqueda constante por la verdad y justicia, pues mientras que las autoridades demeritan la labor periodística, agreden al gremio y niegan que existe una crisis, las zonas de silencio se extienden entre comunidades y decenas de familias luchan contra la impunidad y el olvido.
En su visita a México en 2015, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la existencia de zonas silenciadas en el país. Es decir, lugares en los que el crimen organizado, y su complicidad con autoridades, impide que periodistas realicen su labor de manera segura y sin temor a represalias, por lo que hay comunidades que están siendo desinformadas y silenciadas. Un ejemplo es Tamaulipas.
El estudio Desierto de Noticias Locales, en el que colaboró Quinto Elemento Lab, revela que en 69 % de los municipios mexicanos existen condiciones muy difíciles para ejercer el periodismo local; 42.5 % de los municipios estudiados son desiertos informativos, es decir, que hay condiciones que no permiten que el periodismo se desarrolle de forma estable.
Guadalupe Ángeles Méndez, hija del periodista Ramón Ángeles Zalpa, lleva 15 años de esfuerzos conjuntos, junto a su familia y asociaciones civiles, para dar con el paradero de su padre y saber qué ocurrió con él.
Ramón Ángeles realizaba coberturas de cultura y de derechos humanos en la Meseta Purépecha, en Michoacán. También fue un luchador social que impulsó la construcción de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la carretera Paracho-Uruapan, lugar hacia donde se dirigía, según lo último que se supo de él.
Desde el 6 de abril de 2010, las autoridades no han dado respuestas de su paradero.
“Un día, al salir de mi casa, veo un poste con un cartel pegado de mi papá, solo afuera de ahí. Las autoridades argumentaron que se estaba haciendo una campaña de búsqueda, pero ¿por qué no hay en más lugares? Para mí es un hostigamiento porque están lastimando mi situación de búsqueda, pues al salir de mi casa veo un cartel de mi papá todos los días”, señala Ángeles Méndez.
En 2022 y 2025, se presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los casos de cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán debido a que la inacción y omisión del Estado mexicano causó el estancamiento de las investigaciones en torno a Ramón Ángeles Zalpa (2010), Mauricio Estrada Zamora (2008), María Esther Aguilar Cansimbe (2009) y José Antonio García Apac (2006).
“Cuando se fue mi papá también se fue el sustento económico y con esto vinieron muchas cosas. No solamente es enfrentar la ausencia de la persona, sino también su búsqueda y la búsqueda de justicia, porque una cosa es buscarlo a él, y otra es buscar justicia, lo cual es algo muy desgastante. Y no conozco a nadie que haya obtenido justicia tampoco”, dijo la hija de Ramón Ángeles.
Ante el clima de abandono institucional, familias de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en el país han creado redes de apoyo, como Tejidos Solidarios y el Colectivo Ave Fénix, para acompañarse y hacer frente a sus procesos de acceso a la justicia, reparación integral y preservación de la memoria.
La RELE destaca que las agresiones contra periodistas tienen un efecto triple, pues vulneran el derecho de las víctimas a difundir sus ideas, opiniones e información, a la par que generan un efecto amedrentador y de silenciamiento hacia sus pares y violan el derecho de la sociedad a mantenerse informada.
Uno de los principales retos enfrentados a la hora de litigar estos casos es hacer que sean juzgados con perspectiva de libertad de expresión y que, mediante un análisis de contexto de la trayectoria periodística de la persona, se reconozca que el crimen no fue un hecho aislado.
“Dentro de las investigaciones no solamente deben ir de cajón todas las diligencias que se hacen en cuanto a homicidios y desapariciones, sino que también deben de ir muchas actuaciones que vayan en torno a que se pueda visibilizar qué es lo que estaba trabajando la persona periodista y qué es lo que pudo desencadenar su trabajo, a qué intereses pudo haber tocado”, explica Ingrid Midori.
Por último, otro factor que influye negativamente en las investigaciones es el transcurso del tiempo, pues son investigaciones que llevan años abiertas, lo que complica la obtención de pruebas. Este factor también pone de relieve que durante las primeras averiguaciones se cometieron negligencias o no se involucró a las víctimas.
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Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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