Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó diez órdenes ejecutivas para frenar la migración y restar derechos a las personas migrantes, con medidas como desplegar militares en la frontera, permitir detenciones incluso en escuelas e iglesias, y terminar con la ciudadanía por nacimiento.
Las órdenes ejecutivas de Estados Unidos son declaraciones firmadas sobre cómo el presidente desea que se administre el gobierno federal, y no necesitan autorización del Congreso. Sin embargo, el Congreso y tribunales sí pueden bloquearlas, y negar fondos para su implementación.
Sobre el tema de la ciudadanía por nacimiento, organizaciones acusan que negar ese derecho es inconstitucional, por lo que enfrentaría reclamos judiciales. Y hacer una reforma a la Constitución, requeriría un largo proceso, de aprobación en ambas cámaras y en tres cuartas partes de los estados.
Usuarios nos preguntaron a través del VerifiChat acerca de los canales oficiales en español de La Casa Blanca. Es cierto que, al iniciar el segundo mandato de Trump, las cuentas en español de La Casa Blanca en redes sociales y su página web no están disponibles, solo se pueden consultar sus páginas y cuentas en inglés.
A continuación te detallamos las órdenes ejecutivas de Trump contra la migración, y cómo organizaciones acusan que algunas de ellas van en contra de la Constitución de Estados Unidos:
Trump revocó políticas de la administración de Joe Biden, tales como la operación de un grupo de trabajo para reunir familiares migrantes, programas de libertad condicional y el establecimiento de un plan para una migración segura.
Esta decisión de Trump permite a las autoridades migratorias detener a personas sujetas a deportación en “áreas sensibles”, como escuelas e iglesias.
Al declarar una emergencia en la frontera con México, las órdenes de Trump prohíben invocar cualquier disposición de la Ley de Migración de Estados Unidos que permita la permanencia de personas migrantes en situación irregular.
Trump ordenó al Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) sellar y mantener la seguridad en la frontera con México, a fin de repeler la migración, el tráfico de narcóticos, el tráfico y contrabando de personas y otras actividades delictivas.
La orden ejecutiva “asegurar nuestras fronteras” llama a crear un muro físico y barreras vigiladas en la frontera con México, para garantizar el control operativo.
Asimismo, ordenó el despliegue de personal militar en dicha frontera para colaborar con las autoridades civiles, lo cual incluye apoyos logísticos, provisión de espacios de detención y transporte.
También, ordenó la disuasión, expulsión y deportación expedita de personas migrantes que lleguen de forma irregular, y eliminar cualquier proceso que impida la deportación.
Otra medida anunciada es la construcción y operación de centros de detención para personas migrantes, y suspender la prestación de servicios públicos a personas con situación migratoria irregular.
Asimismo, ordenó reinstalar el Programa Quédate en México. Esta política fue impulsada en el primer periodo de Donald Trump y obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano las entrevistas con las autoridades de Estados Unidos. Organizaciones civiles en México y estadounidenses denunciaron que este programa violó los derechos de las personas migrantes, porque tenían que esperar meses por su entrevista y fueron víctimas de diversos delitos en el norte de México.
El presidente estadounidense también planteó recortar el acceso a fondos federales a las ciudades santuario, y a organizaciones civiles que presten servicios a personas migrantes.
Además de presentar cargos penales contra las personas extranjeras que “violen las leyes de inmigración”, y contra aquellas personas que faciliten su presencia en Estados Unidos.
Incluso ordenó al Procurador General priorizar el procesamiento de delitos penales relacionados con el ingreso o presencia de personas extranjeras con situación migratoria irregular, o no autorizada. También, ordenó al Secretario de Seguridad Nacional y del Tesoro tomar las medidas necesarias para el cobro de multas a personas con situación migratoria irregular en Estados Unidos, y a las personas que faciliten su estadía.
Mientras que el Procurador General impulsará la pena de muerte en los casos de personas migrantes con situación irregular acusadas de delitos capitales, tales como asesinato y espionaje, según se lee en las órdenes ejecutivas.
Bajo el título de “Protección del significado y el valor de la ciudadanía americana”, el presidente estadounidense ordenó a todas las agencias federales no reconocer la ciudadanía estadounidense cuando la madre de la persona peticionaria tenga una situación legal irregular, y el padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente al momento del nacimiento.
Esto afectaría a todas las personas que nazcan un mes después de la publicación de la orden ejecutiva.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) mencionó que “negar la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos no solo es inconstitucional”, sino que también va en contra de los valores estadounidenses.
De acuerdo con la agencia AP, los fiscales de 22 estados demandaron el bloqueo de esta orden ejecutiva. “El presidente no puede, con un trazo de pluma, escribir la 14a Enmienda fuera de la existencia”, dijo el fiscal de Nueva Jersey, Matt Platkin.
La ACLU, especialistas y congresistas estadounidenses han declarado que esta medida va en contra de la 14 enmienda constitucional, la cual garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en Estados Unidos independientemente de su ascendencia. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Estados Unidos en el caso Wong Kim Ark.
A partir del 27 de enero, las autoridades de Estados Unidos suspenderán indefinidamente el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP). También, se ordenó que la aplicación CBP ONE no pueda ser utilizada para conceder libertad condicional, o facilitar el ingreso de personas extranjeras, que pedían asilo con ella.
Al mismo tiempo, Trump ordenó terminar el programa “Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos”, el cual permitía que personas de estos países pudieran ingresar y trabajar en Estados Unidos durante dos años.
Hasta diciembre de 2024, unas 531 mil 690 personas habían llegado al país bajo este programa, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
La obispa Mariann Edgar Budde hizo una petición al presidente Donald Trump por las minorías a las que afectarán sus nuevas políticas. El tono del sermón llamó la atención en EE.UU.
Sentado en primera fila, al lado de su esposa, Melania, el presidente Donald Trump escuchó este martes un sermón en la Catedral Nacional de Washington que llamó la atención de muchos en Estados Unidos.
La obispa Mariann Edgar Budde, la primera mujer en estar al frente de la Diócesis Episcopal de Washington DC, hizo un llamado de “clemencia” a Trump sobre minorías que estarán sujetas a las nuevas políticas que anunció al tomar posesión el lunes.
“Señor presidente: millones han puesto su confianza en usted. Y como usted dijo ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para gente en nuestro país que tiene miedo ahora”, dijo Budde.
“Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por sus vidas”, continuó.
Trump, que estaba con la mirada al frente en un inicio, comenzó a mover la cabeza hacia otros lados. El vicepresidente J.D. Vance fue más expresivo, al voltear la cara para mirar a su esposa.
La obispa continuó abogando por los migrantes: “Gente que recoge las cosechas, que limpia nuestras oficinas. Que trabajan en granjas y en empacadoras de carne. Que lavan la loza luego de que comemos en restaurantes. Y que trabajan en turnos nocturnos en hospitales”.
“Podrán no ser ciudadanos, o tener la documentación apropiada. Pero la vasta mayoría de los migrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos, son nuestros vecinos, son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas y templos”, dijo la obispa diocesana, quien está al frente de esta catedral de la Iglesia Episcopal estadounidense desde 2011.
“Le pido que tenga clemencia con aquellos en nuestras comunidades cuyos niños temen que sus padres sean llevados lejos. Y que ayude a los que huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí”.
Las palabras de Budde fueron parte de un servicio religioso con motivo de la investidura de Trump como presidente de EE.UU. el día anterior.
A la Catedral Nacional de Washington asistieron el presidente, el vicepresidente y sus respectivas familias, así como decenas de invitados.
El sermón de Budde vino luego de que el lunes Trump firmara una serie de órdenes ejecutivas que afectan a minorías, como los migrantes o la comunidad LGBT.
El presidente decretó un estado de emergencia en la frontera con México entre cuyos efectos impide la llegada de nuevas solicitudes de asilo.
Asimismo, ha prometido una deportación masiva de migrantes indocumentados.
Y firmó una orden para eliminar el derecho automático de ciudadanía a los hijos de migrantes sin estancia legal.
También decretó la eliminación de las políticas inclusivas instauradas en el gobierno anterior. Trump dijo que el gobierno solo considerará dos géneros, masculino y femenino, e instituciones públicas y militares dejarán de procurar políticas para la comunidad transgénero.
Luego del servicio, el presidente Trump regresó a la Casa Blanca, donde expresó su opinión sobre el sermón y el servicio religioso en general.
“No fue muy emocionante. No me pareció un buen servicio… Pudieron haberlo hecho mucho mejor”, añadió al entrar a la residencia presidencial.
El sermón causó sorpresa y se convirtió en uno de los temas del día en Washington DC y en el resto del país, pues no es habitual que el presidente de EE.UU. enfrente un a declaración así.
Algunos elogiaron a Budde por haber planteado una petición de misericordia para las minorías de Estados Unidos.
Otros fueron críticos, como el representante republicano Mike Collins, que dijo que Budde debería ser “añadida a la lista de deportaciones”, pese a que la obispa es estadounidense.
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