¿No puede reservarse información relacionada con actos de corrupción? Pemex hace interpretación sesgada en caso de Amparo Casar
Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), leyó en la conferencia matutina una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) según la cual no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción. Sin embargo, por ley, los datos personales siempre deben protegerse al ser confidenciales y no públicos.
Además, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el propio Inai es el que determina si la información confidencial debe conservar ese carácter, y no el Gobierno federal, como ocurrió con la filtración de datos personales en el caso de María Amparo Casar.
El 3 de mayo, la Presidencia de la República compartió a medios de comunicación una carpeta titulada “Caso Márquez Padilla” que contiene, entre otros documentos con datos personales, dos expedientes de Pemex que suman más de 300 páginas. Además la difundió en canales de comunicación oficial, como el sitio www.gob.mx y en la cuenta de X @GobiernoMX.
En la conferencia matutina de ese día, Romero Oropeza acusó a María Amparo Casar de defraudar a Pemex por 31 millones de pesos tras la muerte de su esposo, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, al supuestamente conseguir que la paraestatal considerara que Carlos Márquez Padilla tuvo una “muerte accidental en el trabajo” y no un “suicidio” y así poder cobrar su pensión.
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En El Sabueso te explicamos, a través de comisionadas y comisionados del Inai y especialistas en la protección de datos personales, por qué el director general de Pemex realizó una interpretación sesgada de esta resolución.
¿Qué dice la ley?
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que cualquier institución que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad es un sujeto obligado a garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Estos sujetos obligados no pueden reservar la información, cuando “se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”, según establece el artículo 112 de dicha ley.
Con base en dicho artículo, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, justificó que no se habían violado los derechos en el caso de María Amparo Casar y su esposo Carlos Márquez Padilla durante la conferencia matutina del 6 de mayo. Pero esta interpretación es sesgada.
“Si bien es cierto la información relacionada con casos de corrupción en principio es pública, también hay deberes y principios que se deben de mantener, como son precisamente la información confidencial”, advirtió Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Inai, en conferencia de prensa.
Dicho artículo es aplicable cuando se trata de una solicitud de información por parte de la ciudadanía, no de la filtración de expedientes que hizo el Gobierno de México y la Presidencia de la República.
“Este artículo de la ley debe tenerse mucho cuidado en su interpretación, porque lo que está diciendo es que no se puede invocar la reserva o confidencialidad cuando se solicita información. Aquí no estamos viendo eso, aquí lo único que estamos viendo es la publicación de expedientes de personal finado que contienen los datos personales de su familia”, menciona en entrevista Diego García Ricci, doctor en Derecho por la Universidad de Toronto.
Este artículo puede aplicarse cuando, ante el Inai, se tramita un recurso de revisión en contra de la clasificación de la información, tal como lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“En el procedimiento de un recurso de revisión es cuando nosotros determinamos, a través de una prueba de interés público, cuándo existe o prevalece el interés público y que esos datos confidenciales venzan el interés público o se mantenga la confidencialidad. Pero eso lo hacemos nosotros únicamente, tampoco eso significa que un servidor público pueda, bajo el amparo de ese artículo, revelar datos personales sin el consentimiento del titular”, explicó Alcalá Méndez en alusión a lo que ocurrió con Pemex y la Presidencia de la República.
Datos personales son información confidencial, no pública, y se deben proteger
Al compartir la carpeta, Pemex y la Presidencia de la República difundieron el acta de defunción Carlos Márquez Padilla, copias de cheques, órdenes de pago, recibos de universidades, tiras de materias y hasta los nombres de los profesores de sus hijos.
Esto pese a que ambas instituciones son sujetos obligados a proteger datos personales, de acuerdo con el artículo 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable”, establece el artículo 113.
Josefina Román Vergara, comisionada del Inai, precisó que el derecho de acceso a la información pública se debe garantizar cuando se trata de casos de corrupción. Sin embargo, aclaró que, con base en este artículo, los datos personales son confidenciales, mas no información pública.
“Si no se tiene consentimiento, no se puede revelar información confidencial. Y, lo que bien decía el presidente, por actos de corrupción podemos superar la reserva de información pública pero los datos personales son clasificados como confidencialidad, no reserva. Entonces, aún en un procedimiento que involucre eventualmente actos de corrupción, podría superarse la reserva de información pública, pero no así para los datos personales”, dijo en conferencia.
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados también obliga a dicha protección a la Presidencia de la República y a Pemex.
“La Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones, y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad”, indicó el Inai en comunicado.
En el comunicado, el Inai también advirtió que los documentos filtrados “contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos”.
Por eso, al ser responsable de garantizar la protección de datos personales, el Inai inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso “Márquez Padilla”.
¿Qué está investigando el Inai?
Sin más detalles, Octavio Romero Oropeza dio a conocer en la conferencia matutina del 6 de mayo que ya había una denuncia por corrupción ante las autoridades correspondientes contra exfuncionarios de Pemex. Al ser cuestionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Dirección Jurídica de Pemex tendría que analizar si implicar a María Amparo Casar.
“Con mayor razón no debería de haberse publicado toda esta información, porque forma parte ahora de una supuesta carpeta de investigación que ellos han dicho que ha iniciado”, señala Diego García Ricci.
En lo que va de su sexenio, el presidente ha hablado de al menos otra denuncia por corrupción en el fraude de 9 mil 500 millones de pesos de Seguridad Alimentaria (Segalmex).
“Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio”, dijo López Obrador sobre Segalmex en la conferencia matutina del 29 de junio de 2023.
Al respecto, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Inai, aclara que la investigación de oficio que inició el instituto es sobre la divulgación de datos personales, no acerca del presunto acto de corrupción.
“Una cosa es una denuncia, ya sea en el tema civil, penal, eso no es nuestro trabajo, claro, pero sí la exposición de datos personales porque se pueden testar estos datos”, dijo en conferencia de prensa.
Josefina Román Vergara, comisionada del Inai, agregó que a la fecha no hay una denuncia por parte de las personas afectadas ni se han comunicado con ellas porque eso no le corresponde al instituto. Pero sin que esto ocurra, el Inai detectó que había violación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y comenzó la investigación de oficio contra quien resulte responsable.
No es la primera vez que desde la Presidencia de la República, en la conferencia matutina, se filtran datos personales. El 22 de febrero de 2024, el Inai informó que abriría una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de la jefa de corresponsalía de The New York Times en México, Natalie Kitroeff.
Fotografía: @Nataliekitro
Hace dos años, en abril de 2022, el Inai también inició una investigación de oficio por la difusión de datos sensibles de Carlos Loret de Mola. El presidente hizo público un comprobante fiscal a nombre del periodista por la compra de un departamento.
Fotografía: Cuartoscuro
“La privacidad es un derecho fundamental no sólo para asegurar la dignidad de las personas, también para salvaguardar la democracia de un país. Entonces, si nosotros vemos que desde el poder van a usar la información relacionada a nuestra vida privada para afectarnos públicamente es un acto autoritario que resulta inaceptable. Resulta muy preocupante que desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, como lo es el Presidente de la República, se recurra a este tipo de prácticas porque uno esperaría que el Presidente cumpla con las leyes”, concluye García Ricci.
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Cientos de venezolanos regresan a su país tras desistir de llegar a EU. El trayecto más difícil y más costoso en su camino es el que hay entre Panamá y Colombia.
“Si pudiera devolver el tiempo, jamás pasaría por eso”, dice Carlos*, un migrante venezolano, refiriéndose a la ruta que hizo en lancha desde Panamá hasta Colombia.
Él es uno de los cientos de migrantes que decidieron regresar a su país a raíz de que Donald Trump eliminara las opciones que tenían para cruzar la frontera de Estados Unidos legalmente como solicitantes de asilo.
La lancha en la que iba este lunes con su esposa y sus hijos de 8 y 12 años desde Puerto Obaldía, Panamá, hasta Capurganá, Colombia, se quedó varada en mar abierto.
“Le entró agua al motor y quedamos flotando a mar abierto”, relata Carlos para BBC Mundo. “Llamaron a un lanchero para que nos fuera a rescatar, pero cuando llegó, chocó con nuestra lancha, se montó encima de nosotros y casi nos volteamos”.
El choque le abrió un hueco a la lancha, por el que se empezó a entrar el agua. Afortunadamente, otra embarcación los rescató y los llevó de vuelta a Puerto Obaldía.
Más tarde, y tras algunas reparaciones, Carlos y su familia volvieron a zarpar en la misma lancha y lograron llegar a Capurganá.
El trayecto entre Panamá y Colombia es el más complicado del viaje entre Norteamérica y Suramérica porque no hay carreteras que unan a los dos países.
La gran mayoría de los migrantes atravesaron de ida la peligrosa selva del Darién, una travesía en la cual murieron 84 personas en 2023 y 55 en 2024, según cifras del gobierno de Panamá.
Ahora, para evitar hacerlo de nuevo y por las fuertes restricciones que ha implementado Panamá al tránsito por el Darién, están cruzando por mar.
Para Carlos, lo que vivió en la lancha fue mucho peor que vivió hace seis meses en la selva. La define como una experiencia “traumática”.
“La lancha en mar abierto brinca más de un metro y cae como si estuvieran tirándote de golpe al piso. Sientes como si te estuvieran dando un golpe con un palo en la espalda, en las piernas”.
El choque no fue el único incidente que vivió en la ruta. En un momento, se quedaron sin combustible. Y en otro, el patrón perdió el control del volante y la lancha se ladeó tanto que Carlos quedó parcialmente sumergido en el agua.
Su prioridad cuando iba en la lancha, sin embargo, era mantener agarrados a sus hijos y distraerlos del miedo que sentían.
“Yo lo pienso ahorita y digo: ¿cómo pudimos exponer nuestras vidas así?”.
Según el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, más de 2.200 migrantes llegaron a ese país durante febrero en su camino de regreso hacia Venezuela.
No se sabe cuántos de ellos han salido en lanchas hacia Colombia, pero estas se han convertido en el principal medio de transporte para los migrantes que regresan.
El sábado 22 de febrero una lancha que zarpó de Cartí, en la comarca indígena Guna Yala, naufragó con 21 pasajeros —19 de ellos migrantes— en medio de la noche.
El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá confirmó que logró rescatar a 20 de ellos, pero una niña venezolana de 8 años falleció.
Según un experto consultado por BBC Mundo, la ruta que siguen las lanchas que transportan migrantes no es particularmente difícil.
Sin embargo, los vientos alisios, que son más intensos entre enero y abril, sí provocan mareas altas que pueden ser amenazantes para las lanchas abiertas, como aquellas en las que se trasladan los migrantes. No son embarcaciones diseñadas para trayectos tan largos.
A pesar de los riesgos, en TikTok y grupos de WhatsApp, cientos de migrantes venezolanos se alientan mutuamente a realizar el viaje y se felicitan cuando logran llegar al otro lado.
“Es una tranquilidad que no tiene precio llegar a Necoclí (Colombia)”, escribe uno de ellos. “Ni aunque me pagaran $5.000 (unos US$245) semanales, me quedaba un día más en México”, escribe otro.
Las rutas
Las rutas marítimas improvisadas que han usado cientos de migrantes en las últimas semanas para llegar a Colombia arrancan desde dos puntos: uno en la comarca de Guna Yala y otro en la provincia de Colón, en Panamá.
Guna Yala es una comarca indígena en el noreste del país que se extiende a lo largo de la costa Caribe desde la frontera con Colombia. Es, por ende, el lugar más cercano desde donde llegar por mar a Necoclí.
Desde que ocurrió el naufragio del 21 de febrero, sin embargo, dejaron de zarpar lanchas desde Guna Yala y se trasladó todo el transporte de migrantes a la provincia de Colón, según informan fuentes en el terreno.
Las autoridades indígenas de Guna Yala le dijeron a BBC Mundo que, desde antes del naufragio, habían advertido de que a su territorio estaban llegando decenas de migrantes en carros particulares, taxis y a pie para embarcarse en las lanchas.
“Lamentablemente, Gunayala no está en condiciones de recibir y atender a esos seres humanos en condiciones adecuadas, y nos sorprende que ni las Naciones Unidas ni el gobierno de Panamá hayan puesto recursos para un albergue, botes, carros o alimentación para atender estas personas”, decía un comunicado del Congreso General Gunayala.
Las embarcaciones desde Guna Yala zarpaban en Cartí y llegaban hasta Puerto Obaldía, un corregimiento muy cerca de la frontera con Colombia. Ese trayecto toma al menos 7 horas.
A pesar de que la instrucción expresa de las autoridades de Guna Yala es no navegar después de las 5:00 pm, la lancha que naufragó el 22 de febrero viajaba en medio de la noche.
BBC Mundo contactó con las autoridades panameñas para saber cuál ha sido su papel en el transporte de los migrantes que van de norte a sur, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, fotos que tomó la agencia de noticias AFP en Puerto Cartí el 21 de febrero mostraban a miembros de la fuerza pública panameña vigilando el muelle mientras los migrantes embarcaban.
Ese mismo día y de ese mismo lugar zarpó la embarcación que naufragó.
US$300 hasta Necoclí
La otra ruta, que es por la que avanzan hacia su destino casi todos los migrantes desde que ocurrió el naufragio, arranca en Miramar, un corregimiento en la provincia de Colón.
Ahí, los migrantes abordan una primera lancha que para en Gaigirgordub, una isla en la comarca de Guna Yala, y llega hasta Puerto Obaldía. Es un viaje que toma aproximadamente unas 9 horas.
“Realmente hay que vivirlo para poder entenderlo”, le contó a BBC Mundo Rafael*, otro migrante que realizó la travesía.
“Tu vida depende depende de otra persona, a a la que no le importan tus miedos o los golpes que estás sufriendo. Ellos solo quieren llegar”.
“Había un conductor de una lancha que iba a toda mecha y tomando licor”, agregó.
Según los testimonios que recogió BBC Mundo, en Puerto Obaldía los migrantes se quedan una noche. Ahí, hay un puesto de control de las autoridades panameñas donde les revisan los documentos.
Los transportistas les dicen que la comida y el hospedaje de esa noche están incluidos en el precio que pagan, pero eso no es así, según Rafael.
“No te dan agua, ni siquiera agua dulce para que te puedas bañar”, le dijo a BBC Mundo.
Al día siguiente, otra lancha los lleva desde allí hasta Capurganá, un trayecto que toma unos 25 minutos.
En Capurganá, cambian nuevamente de lancha a otra más grande para ir hacia Necoclí o Turbo, dos municipios colombianos relativamente bien conectados desde donde los migrantes pueden continuar su camino por tierra.
Según Carlos, la lancha que lo llevó de Capurganá a Necoclí tenía capacidad para 63 personas, pero en ella iban 68.
En grupos de Whatsapp, algunos migrantes afirman que los patrones de las lanchas les habían vendido un paquete que supuestamente los llevaría hasta Necoclí pero terminaron dejándolos en Puerto Obaldía, a mitad de camino.
El paso entre Panamá y Colombia es lo más caro de todo el viaje desde México hasta Venezuela.
Las lanchas cobran aproximadamente unos US$300 por persona por llevar a los migrantes desde el Caribe panameño hasta Necoclí.
A eso se suman otros US$200 que les cuesta más o menos a cada uno llegar desde Tapachula, México, hasta Panamá, un trayecto que hacen en autobús y toma más o menos cinco días.
Reunir ese dinero en México, sobre todo para las familias con niños, es muy difícil, según los testimonios que recogió BBC Mundo.
Por ende, muchos que no tienen cómo pagar el precio de las lanchas han quedado varados en albergues en la provincia del Darién.
Es el caso de Adrianyela, una migrante que logró llegar con su hija de dos años hasta Panamá con el dinero que ganó vendiendo dulces, pidiendo en la calle y limpiando vidrios en el camino.
Como no tiene la cantidad necesaria para seguir, lleva dos semanas en la Estación Temporal de Recepción de Migrantes de Lajas Blancas, de donde no tiene como salir y donde la infraestructura es muy precaria.
El presidente Mulino ha dicho en varias ocasiones que está trabajando para llegar a un acuerdo con Colombia que permita que los migrantes venezolanos que se encuentran en albergues panameños, como Adrianyela, sean trasladados en vuelos humanitarios hasta Cúcuta.
Sin embargo, por el momento no se conoce ningún acuerdo binacional para que Colombia reciba a migrantes provenientes de Panamá.
BBC Mundo consultó a Migración Colombia y a la Cancillería colombiana en qué punto se encuentra esa negociación y qué medidas se están tomando ante la llegada de migrantes de regreso, pero no recibió respuesta.
A muchos de los migrantes, la alternativa que les queda es pedirles a sus familiares y amigos que les envíen dinero dinero para poder continuar su camino.
“Los familiares por nosotros hasta se endeudan con tal de vernos a nosotros bien”, decía uno de los migrantes en un grupo de Whatsapp.
“Cuando uno anda loco por irse, no le importa el costo ni de los pasajes de bus ni de las lanchas. Lo importante es llegar bien, abrazar a la familia y a los hijos”, escribía otro.
Con todo y los riesgos, subirse a una de esas lanchas es el mayor deseo de muchos migrantes en la medida en que los acercan a la posibilidad de rehacer su vida luego de meses viajando, sin poder llegar a su destino final, EE.UU.
A pesar de que la situación económica y política en Venezuela por la que decidieron migrar sigue igual, volver para muchos de los migrantes es la manera de dejar atrás meses en los que se han enfrentado a xenofobia, robos, estafas e incluso secuestros.
“Por todo lo que viví, estoy superemocionado de llegar a Venezuela”, dice Carlos.
“Los migrantes solo queremos regresar a casa y dejar atrás tantas penurias y frustraciones”, concluye Rafael.
*Los nombres fueron cambiados por petición de los migrantes.
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