Reforma contra el nepotismo impide ‘heredar’ cargos, pero no que redes de familiares ocupen varios puestos
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa contra el nepotismo electoral, para que ningún familiar pueda suceder directamente en el cargo a otro en puestos sólo de elección popular. Sin embargo, su propuesta no considera los casos de redes familiares que ocupan varias posiciones en la función pública.
Por ejemplo, no contempla casos como el de la familia Batres, que tiene presencia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Martí fue jefe de Gobierno de la capital y ahora ocupa el cargo de director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); Valentina se desempeña como diputada local de la Ciudad de México, y Lenia es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
O el de la familia Monreal, en la cual mientras Ricardo se desempeña como coordinador de los diputados de Morena, su hermano Saúl es senador por el mismo partido y otro de sus hermanos, David Monreal, es gobernador de Zacatecas. Catalina, hija de Ricardo Monreal, fue postulada para contender por la alcaldía Cuauhtémoc -que antes había gobernado su padre-, y luego fue designada por Claudia Sheinbaum como directora del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).
Para saber más: Reelección consecutiva permitía profesionalizar cargos públicos, afirman especialistas; reforma de Sheinbaum rompe esa posibilidad
Durante el debate sobre la reforma judicial, Sheinbaum criticó los casos de jueces, magistrados y otros mandos con familiares ocupando distintos cargos dentro del Poder Judicial Federal, aunque no anunció un plan para evitar el nepotismo dentro del gobierno federal.
Y ahora en su iniciativa no se contemplan medidas sobre las designaciones a cargo de funcionarios, o sobre casos en que integrantes de una misma familia sean promovidos para posiciones clave en los distintos poderes federales, o en cargos estatales.
Otro punto es que, al igual que la propuesta para impedir la reelección consecutiva, contra el nepotismo no se consideran los cargos que sean elegidos mediante voto popular en la elección judicial.
La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján (su madre, Bertha Elena Luján, fue funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, secretaria general y presidenta del Consejo Nacional de Morena; y su hermana, Bertha María Alcalde Luján, fue designada recientemente fiscal general de la Ciudad de México) aseguró que aunque la iniciativa de Sheinbaum aún no es aprobada, la adoptarán como lineamiento para definir candidaturas en las elecciones locales este año en Veracruz y Durango.
¿Qué es el nepotismo y qué propone la iniciativa de Sheinbaum?
El nepotismo es una forma de corrupción en la que una persona aprovecha su cargo para otorgar puestos a familiares y amigos, sin que se comprueben méritos o capacidades que los legitimen.
La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum propone modificar los artículos 55, 82, 115, 116 y 122 constitucionales contra el “nepotismo electoral”. Es decir, prohíbe la participación en elecciones de personas que tengan o hayan tenido en los últimos tres años un vínculo, relación o parentesco por consanguinidad o civil con quien ya ocupa el cargo de elección popular en cuestión.
“La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular, es decir, no al nepotismo”, pronunció Sheinbaum en la conferencia del 5 de febrero.
El 7 de febrero, el Senado de la República recibió la propuesta de la presidenta que, de acuerdo con los artículos transitorios, será aplicable a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, que se llevarán a cabo en 2027.
“Se propone que no podrá ser diputada o diputado, senadora o senador, presidenta o presidente de la República, gobernadora o gobernador, diputada o diputada local, presidenta o presidente municipal, regidora o regidor, síndica o síndico, jefa o jefe de gobierno, alcaldesa, alcalde o concejal, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja, o de parentesco por consanguinidad o civil con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo”, enlista la propuesta.
De esta manera, la iniciativa eleva a rango constitucional la prohibición del nepotismo, que sólo estaba en leyes secundarias como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Austeridad, el Código Penal Federal y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
“Es una manera de romper con esta inercia de familias, de apellidos que, por cierto, hoy es muy dado en la política, incluso el oficialismo”, dice en entrevista el analista político Ernesto Guerra.
Salgado Macedonio espera ser candidato al cargo que deje su hija
La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca evitar que en los cargos de elección popular haya prácticas de nepotismo, y con ello contribuir a la lucha contra la corrupción o el tráfico de influencias.
Aunque hay casos como el del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, que tras perder su candidatura al gobierno de Guerrero impulsó a su hija para obtener el cargo, y desde ahora anticipa la forma de volver a postularse.
En 2021, su candidatura fue anulada por el Instituto Nacional Electoral (INE), no por las denuncias de abuso sexual y violación en su contra, sino por no presentar un informe de ingresos y gastos durante la precampaña. Su hija Evelyn lo sustituyó y resultó ganadora.
La administración de Evelyn Salgado concluye en 2027. Si la reforma de nepotismo electoral es aprobada, su papá no podrá participar como candidato de Guerrero y deberá esperar hasta la siguiente elección en 2033.
“Estoy de acuerdo en que termine su periodo (Evelyn Salgado), y seis o 12 años después yo pueda entrarle, si es que el pueblo de Guerrero así lo decide. Yo estoy chamacón, tengo apenas 68 años, y estoy al ciento por ciento, puesto y dispuesto para cuando toque y sea. Sí, yo me voy a esperar, todo el tiempo que sea, todo el tiempo que sea necesario”, respondió a medios.
Relacionado
Turquía ha construido más de 100 bases militares en territorio iraquí, lo que aumenta los temores de una ocupación.
En las montañas del Kurdistán iraquí se encuentra el pintoresco pueblo de Sergele.
Durante generaciones, aldeanos como Sherwan Sergele se han ganado la vida cultivando granadas, almendras y duraznos, y buscando frutos silvestres y especias en los bosques circundantes.
Pero Sergele, situado a 16 km de la frontera con Turquía, está cada vez más rodeado de bases militares turcas, que se extienden por las laderas.
Una de estas, asentada a media altura de la cima occidental, se alza imponente sobre el pueblo, mientras que otra, en el oriente, está en construcción.
Al menos siete bases se han construido aquí en los últimos dos años, incluyendo una junto a una pequeña presa que regula el suministro de agua de Sergele, lo que la ubica en un lugar prohibido para los aldeanos.
“Esto es 100% una forma de ocupación de tierras kurdas [del Kurdistán iraquí]”, afirma Sherwan, de 50 años, quien ha perdido el acceso a parte de sus tierras.
“Los turcos lo arruinaron”, agrega.
Sergele está ahora en peligro de ser arrastrado a lo que localmente se conoce como la “Zona Prohibida”, una extensa franja de tierra en el norte de Irak afectada por la guerra de Turquía contra el grupo militante kurdo PKK, que inició una insurgencia en el sur del territorio turco en 1984.
La Zona Prohibida abarca casi toda la frontera iraquí con Turquía y en algunos tramos se adentra hasta 40 km.
Equipos y Comunidades de Acción por la Paz, un grupo de derechos humanos con sede en el Kurdistán iraquí, afirma que cientos de civiles han muerto a causa de ataques aéreos y con drones en la Zona Prohibida y sus alrededores.
Según un informe parlamentario del Kurdistán de 2020, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus tierras y pueblos enteros fueron vaciados por el conflicto.
Sergele se encuentra ahora en la primera línea de la guerra de Turquía contra el PKK.
Cuando el equipo de investigaciones de la BBC visitó la zona, aviones turcos bombardearon las montañas que rodean la aldea para erradicar a los militantes del PKK, que desde hace tiempo operan desde cuevas y túneles en el norte de Irak.
Gran parte de las tierras alrededor de Sergele fueron arrasadas por los bombardeos.
“Cuantas más bases construyan, peor nos irá”, dice Sherwan.
Decenas de instalaciones militares
En los últimos años Turquía ha estado incrementando rápidamente su presencia militar en la Zona Prohibida, pero hasta ahora no se conocía públicamente la magnitud de esta expansión.
Con imágenes satelitales analizadas por expertos y corroboradas con informes sobre el terreno y contenido de código abierto, la BBC descubrió que, hasta diciembre de 2024, el ejército turco había construido al menos 136 instalaciones militares fijas en el norte de Irak.
A través de su vasta red de bases militares, Turquía ahora tiene un control de facto más de 2.000 km² de territorio iraquí, según el análisis de la BBC.
Las imágenes satelitales revelan, además, que el ejército turco ha construido al menos 660 km de carreteras para conectar sus instalaciones.
Estas rutas de suministro han provocado deforestación dejando una huella perdurable en las montañas de la región.
Si bien algunas bases datan de la década de 1990, el 89% han sido construidas desde 2018, el año en que Turquía comenzó a expandir significativamente su presencia militar en el Kurdistán iraquí.
El gobierno turco no respondió a las solicitudes de entrevistas de la BBC, pero mantiene que sus bases militares son necesarias para contrarrestar al PKK, considerado organización terrorista por Ankara y varios países occidentales, incluido Reino Unido.
Kani Masi, la capital del subdistrito, a solo 4 km de la frontera entre Irak y Turquía, tiene zonas ubicadas dentro de la Zona Prohibida y podría ofrecer una visión del futuro de Sergele.
En la población que una vez fue famosa por su producción de manzanas, ahora quedan pocos residentes.
El agricultor Salam Saeed, cuyas tierras se encuentran a la sombra de una enorme base turca, no ha podido cultivar su viñedo en los últimos tres años.
“En cuanto llegas aquí, tienes un dron sobrevolándote”, le dice a la BBC. “Te disparan si te quedas”.
El ejército turco se instaló aquí por primera vez en la década de 1990 y ha ido consolidando su presencia desde entonces.
Su base militar principal, con muros de hormigón antiexplosiones, torres de vigilancia y comunicación, y espacio para el desplazamiento de vehículos blindados de transporte de personal, está mucho más desarrollada que los pequeños puestos de avanzada en los alrededores de Sergele.
Salam, al igual que otros lugareños, cree que Turquía, en última instancia, quiere reclamar el territorio como suyo.
“Lo único que quieren es que abandonemos estas zonas”, añade.
Poca influencia
Cerca de Kani Masi, la BBC pudo observar cómo las fuerzas turcas efectivamente han hecho retroceder a la guardia fronteriza iraquí, responsable de proteger las fronteras internacionales de Irak.
En varios puntos, los guardias fronterizos protegían sus posiciones en territorio iraquí, justo enfrente de las tropas turcas, sin poder llegar hasta la frontera y con el riesgo potencial de un enfrentamiento.
“Los puestos que ven son puestos turcos”, dice el general Farhad Mahmoud, señalando una cima al otro lado de un valle, a unos 10 km dentro del territorio iraquí.
Pero “no podemos llegar a la frontera para saber el número de puestos”, añade.
La expansión militar de Turquía en el Kurdistán iraquí, impulsada por su auge como potencia en el uso de drones y su creciente presupuesto de defensa, se considera parte de un cambio más amplio en su política exterior hacia un mayor intervencionismo en la región.
Al igual que en sus operaciones en Irak, Turquía también ha buscado establecer una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera con Siria para contener a los grupos armados sirios aliados con el PKK.
En público, el gobierno iraquí condena la presencia militar turca en el país. Pero en privado ha accedido a algunas de las exigencias de Ankara.
En 2024, ambas partes firmaron un memorando de entendimiento para combatir conjuntamente al PKK.
Pero el documento, obtenido por la BBC, no impone ninguna limitación a las tropas turcas en Irak.
Irak depende de Turquía para el comercio, la inversión y la seguridad hídrica, y su fragmentada política interna continúa socavando la capacidad del gobierno para adoptar una postura firme.
El gobierno nacional iraquí no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Mientras tanto, los gobernantes de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí mantienen una estrecha relación con Ankara basada en intereses mutuos y a menudo minimizan los daños civiles causados por las acciones militares turcas.
El Partido Democrático del Kurdistán (PDK), archienemigo del PKK, domina el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) y ha estado oficialmente al mando desde 2005, cuando la constitución iraquí otorgó a la región su estatus semiautónomo.
Los estrechos vínculos del PDK con Turquía han contribuido al éxito económico de la región y han fortalecido su posición, tanto frente a sus rivales políticos regionales como ante el gobierno iraquí en Bagdad, con el que pugna por una mayor autonomía.
Hoshyar Zebari, miembro de alto rango del politburó del PDK, trató de culpar al PKK de la presencia turca en el Kurdistán iraquí.
“Ellos [el ejército turco] no están perjudicando a nuestro pueblo”, le dijo a la BBC.
“No los están deteniendo. No están interfiriendo en sus asuntos. Su objetivo principal, su único objetivo, es el PKK”.
“Nos han destruido”
El conflicto no da señales de tener un fin, a pesar de que el líder del PKK, Abdulla Öcalan, encarcelado desde hace tiempo, pidió en febrero a sus combatientes deponer las armas y disolverse.
Turquía ha continuado bombardeando objetivos en todo el Kurdistán iraquí, mientras que el PKK se atribuyó la responsabilidad del derribo de un dron turco el mes pasado.
Y aunque los incidentes violentos en Turquía han disminuido desde 2016, según un recuento de la ONG Crisis Group, en Irak se han disparado, y los civiles que viven en la región fronteriza enfrentan un riesgo creciente de muerte y desplazamiento.
Uno de los muertos fue Alan Ismail, de 24 años, un paciente con cáncer en etapa cuatro que fue alcanzado por un ataque aéreo en agosto de 2023 mientras viajaba a las montañas con su primo, Hashem Shaker.
El ejército turco negó haber llevado a cabo un ataque ese día, pero un informe policial visto por la BBC atribuye el incidente a un dron turco.
Cuando Hashem presentó una denuncia ante un tribunal local por el ataque, fue detenido por las fuerzas de seguridad kurdas y retenido durante ocho meses bajo sospecha de apoyar al PKK, acusación que él y su familia niegan.
“Nos han destruido. Es como matar a toda la familia”, afirma Ismail Chichu, padre de Alan.
“Ellos [los turcos] no tienen derecho a matar gente en su propio país, en su propia tierra”.
El Ministerio de Defensa de Turquía no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.
Anteriormente, ha declarado a los medios que las fuerzas armadas turcas respetan el derecho internacional y que, en la planificación y ejecución de sus operaciones, solo atacan a terroristas, procurando evitar daños a la población civil.
La BBC vio documentos que sugieren que las autoridades kurdas podrían haber ayudado a Turquía a evadir su responsabilidad por las víctimas civiles.
Documentos confidenciales a los que tuvo acceso la BBC muestran que un tribunal kurdo cerró la investigación sobre el asesinato de Alan, alegando que se desconocía al autor.
Y su certificado de defunción, emitido por las autoridades kurdas y visto por la BBC, indica que murió a causa de “fragmentos explosivos”.
El hecho de no mencionar que las víctimas de ataques aéreos mueren como resultado de la violencia, y no en un accidente, dificulta que las familias busquen justicia e indemnización, a las que tienen derecho tanto bajo la legislación iraquí como kurda.
“En la mayoría de los certificados de defunción, solo escribieron ‘infijar’, que significa explosión”, afirma Kamaran Othman, de Equipos y Comunidades de Acción por la Paz.
“Puede ser cualquier cosa que explote. Creo que el Gobierno Regional Kurdo no quiere responsabilizar a Turquía de lo que está haciendo aquí”, agrega.
El GRK afirmó que varias víctimas del conflicto entre Turquía y el PKK han sido documentadas como “mártires civiles”, lo que significa que murieron injustamente y tienen derecho a una indemnización.
Casi dos años después de la muerte de Alan, su familia sigue esperando, si no una indemnización, al menos el reconocimiento del GRK.
“Al menos podrían enviar sus condolencias; no necesitamos su indemnización”, dice Ismail.
“Cuando algo se pierde, se pierde para siempre”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
