Para entender mejor
Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), propone tipificar al narcoterrorismo como un delito grave y permitir la colaboración internacional para combatirlo; en respuesta, en la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como “traidor a la patria” por llamar a la intervención extranjera.
El también senador del PAN no ha presentado una iniciativa o reserva sobre el tema formalmente, pero desde el 25 de septiembre de 2024, en medio del debate en el Senado para la aprobación de la reforma constitucional que adscribió la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional y establece su conformación militar, ha reclamado en repetidas ocasiones a Morena no permitir que exista cooperación internacional y la tipificación del delito de narcoterrorismo.
Desde entonces, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en contra de la propuesta con el argumento de que se permitiría el intervencionismo de agencias extranjeras, violando la soberanía nacional.
A continuación te explicamos, con ayuda de especialistas, qué implica la propuesta panista:
La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) definió al narcoterrorismo como un “subconjunto del terrorismo, en el que grupos terroristas, o individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, la fabricación, el transporte o la producción de estupefacientes”.
Las Naciones Unidas sólo definen terrorismo como la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes.
“No existe una definición, por ejemplo, desde el consenso internacional sobre qué se tiene qué entender por narcoterrorismo. Y sería importante enfatizar que tampoco existe un consenso sobre lo que es el terrorismo, hay una discusión muy importante que sigue vigente en el seno de las Naciones Unidas”, explica Daira Arana, candidata a doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Marko Cortés, en su reclamo al senador Adán Augusto López, insistió en que sí hay elementos para tipificar.
“Es evidente que se trata de narcoterrorismo cuando lo que infunde el crimen en las poblaciones es terror, violencia, violación a los derechos humanos, secuestros, desapariciones forzadas. Es evidente que se trata de narcoterrorismo cuando incendian autos y casas, bloquean con autobuses calles para evitar el libre tránsito y en una ciudad se cancelan las clases y hay toque de queda, porque hay balaceras”, enlistó el 25 de septiembre de 2024, según un comunicado del PAN.
Tras ser mencionado en la conferencia de Claudia Sheinbaum, Cortés mencionó que su propuesta busca colaboración con Estados Unidos ante el crimen, antes que intervencionismo.
“Lo que hemos propuesto es una muy estrecha colaboración y coordinación internacional para que México pueda combatir eficazmente la delincuencia organizada. Pero el régimen morenista fiel a su argumento de que se trata de un intervencionismo y que se pone en riesgo la soberanía, eso es completamente falso”, respondió.
Sin embargo, especialistas que consultó El Sabueso coinciden en que es necesario definir con precisión qué sería el delito de narcoterrorismo y cómo se distingue de otros tipos penales.
“Encuadrar a los cárteles dentro de esta definición desde luego no es posible porque las motivaciones son más bien económicas, no persiguen un objetivo ideológico. Cuando este tipo de conceptos aparecen en el Congreso mexicano es preguntar qué definición propones de narcoterrorismo”, explica Fernando Escobar Ayala, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Actualmente en las leyes mexicanas se definen los delitos de terrorismo y terrorismo internacional. Sin embargo, en ningún caso alguna de estas figuras contempla la participación de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio mexicano, para enfrentarlo.
El Código Penal Federal define al terrorismo cuando utilizando sustancias, armas u otros materiales se realicen intencionalmente actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad.
Mientras que se considera internacional cuanto estos ataques se dan contra bienes o servicios de un Estado extranjero, embajada o representación diplomática oficial, organismos u organizaciones internacionales, para presionar a una autoridad de ese Estado extranjero, organismo u organización internacional.
También se considera terrorismo internacional cuando la planeación o acuerdo para la comisión de dicho ataque en territorio extranjero ocurre en territorio mexicano.
Así como en los casos de homicidio o acto contra la libertad de una persona internacionalmente protegida, como cualquier funcionario de un gobierno extranjero o sus familiares y acompañantes. E igualmente persigue los actos para financiar estas actividades.
Otras regulaciones como la Ley de Seguridad Nacional o la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contemplan la figura de terrorismo, pero no detallan nada al respecto de su combate y una posible participación de fuerzas armadas extranjeras.
En los artículos 32 y 33 de la Constitución se restringe la participación de personas extranjeras en el servicio a las Fuerzas Armadas, de policía o seguridad pública, así como en asuntos políticos. Además, el artículo 119 establece que los Poderes de la Unión tendrán la obligación de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior.
Apenas a mediados de 2024, el Senado de la República debatió sobre los permisos para que fuerzas armadas extranjeras ingresaran al país, cuando el expresidente solicitó permiso para que delegaciones de tropas de Estados Unidos con armamento participaran en ejercicios de capacitación del Ejército mexicano, lo que recibió críticas de los senadores de oposición.
Durante la conferencia del 7 de noviembre de 2024, Claudia Sheinbaum mencionó que cuando se votó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue la primera vez que Marko Cortés en el Senado de la República pidió catalogar como delito el narcoterrorismo y lo calificó de traidor a la patria.
“¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Ayer de plano ya, pues la pide abiertamente”, dijo la presidenta.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 123 del Código Penal Federal, las acciones que se pueden considerar traición a la patria son realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
También tomar parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas; formar parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, ya sea organizados dentro o fuera del país que tengan por finalidad atentar contra la independencia soberanía, libertad o integridad o invadir el territorio nacional.
Para la especialista Daira Arana, la propuesta de Marko Cortés no necesariamente implica una traición a la patria, al solicitar injerencia internacional.
“Ese es otro de los términos que tiene en la opinión pública y en el uso que le han dado los líderes políticos que tiene también que redefinirse y reentenderse… no necesariamente entraría en una dimensión de traición a la patria pero lo que sí indica es una claudicación desde las instancias del Estado mexicano hacia atender el problema de seguridad en México”, asegura.
En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Marko Cortés había sido irresponsable al plantear la tipificación de este delito.
“Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y pueda intervenir del extranjero organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país puedan venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos, o de Rusia, o de China —para no estar pensando nada más en Estados Unidos—, pero eso es lo que planteó”, reclamó el presidente.
Donald Trump ha hecho en varias ocasiones diversas propuestas para enviar fuerzas de seguridad a México, y así combatir los cárteles de la droga.
La más reciente fue durante la precampaña para obtener la candidatura presidencial en mayo pasado. Entonces, Rolling Stone publicó que fuentes cercanas al aspirante republicano aseguraron que entre sus planes contemplaba desplegar escuadrones encubiertos en México para asesinar a los líderes de los cárteles.
“Trump respaldó en privado la idea de desplegar de forma encubierta –con o sin el consentimiento del gobierno mexicano– unidades especiales de operación que serían asignadas con la tarea de, entre otras misiones, asesinar a los líderes y principales elementos de los cárteles de la droga más notorios y poderosos de México”, dice la publicación.
El texto explica además que en el marco de su campaña para obtener la candidatura, Trump planteó otras ideas como bombardear México para destruir los laboratorios de droga como respuesta a la crisis por el fentanilo que vive ese país y con ello realizar una guerra contra los cárteles.
El experto Fernando Escobar Ayala sostiene que el uso del término narcoterrorismo por parte de políticos como Marko Cortés o Donald Trump concentra miedos, fobias y la intención de implementar medidas tajantes de seguridad.
“Es el lenguaje de la guerra contra el terror, se alimenta mucho la retórica muy presente en el lenguaje de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas, lo que afectaría indudablemente la relación bilateral”, menciona.
Pero estas propuestas no son nuevas. Desde 2017, el gobierno de Trump ofreció al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto ayuda militar para el combate de los grupos del crimen organizado en México. Aunque el gobierno mexicano la rechazó.
En 2019, cuando Trump planteó públicamente la idea de una intervención militar contra los cárteles y considerarles como organizaciones terroristas internacionales, el expresidente López Obrador se negó y calificó la propuesta como intervencionismo.
Además, según reportó NYT citando a los exasesores del exmandatario, desde 2020, al cierre de su primera administración, Trump planteó la idea de lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de producción de drogas.
Legisladores estadounidenses recibieron en 2023 una respuesta similar ante la propuesta de los senadores republicanos Roger Marshall y Rick Scott, quienes presentaron un acta para autorizar la participación de agentes del Ejército de Estados Unidos en México. En respuesta, el entonces presidente del Senado, Ricardo Monreal, descartó que algún ejército extranjero fuera a recibir autorización para ingresar al país.
“Miles de personas están perdiendo su vida porque no tomamos acción seria contra los cárteles”, dijo JD Vance, virtual vicepresidente de Estados Unidos, y advirtió que México se convertirá en un narcoestado de no lograr controlar la situación, de acuerdo con CNN.
En septiembre de 2024, el entonces candidato republicano prometió instaurar la pena de muerte para narcotraficantes y para los culpables por tráfico sexual de mujeres y niños. Un mes después, comentó al medio Newsnation que es necesaria una operación militar para enfrentar a los cárteles de la droga.
Arana y Escobar concuerdan en que no basta con agregar un tipo penal para mejorar la seguridad en el país. Al contrario, podría complicar las relaciones con Estados Unidos.
“¿Qué va a cambiar por agregar un tipo legal entonces? No es viable en el contexto mexicano actual y además propiciaría una serie de nuevas agendas en la relación bilateral con Estados Unidos que harían mucho más compleja nuestra cooperación en materia de seguridad”, dice Daira Arana.
Nora tiene pesadillas desde que piensa en la posibilidad de ser deportada. Sus hijas Christell y Leah están dispuestas a abandonar EU para mantener a la familia unida.
Nora no durmió durante la noche electoral. A medida que Donald Trump sumaba votos y el mapa de Estados Unidos se teñía de rojo, crecía su temor a ser deportada.
Aunque sus dos hijas son ciudadanas estadounidenses, Nora es indocumentada. Llegó a Estados Unidos hace 24 años, después de que el huracán Mitch devastara su pueblo en Nicaragua.
“Ando desvelada, no he podido dormir. Vuelve el miedo nuevamente”, dice tras pedir que su identidad se mantenga anónima debido a su estatus migratorio.
La campaña republicana insistió en un lema que resume el punto de partida del segundo mandato de Trump frente a los migrantes indocumentados: “¡Deportaciones masivas ahora!”.
Esta propuesta se convirtió en un tema diario de discusión entre Nora, de 47 años, y sus hijas Christell y Leah, de 30 y 19, durante las últimas semanas de campaña, en las que decidieron hacer un plan de respuesta familiar ante el posible triunfo del candidato republicano.
“Nos sentamos a hablar, porque teníamos mucha ansiedad y mucho miedo”, recuerda Nora. “Mis hijas me dijeron que, si tomo la decisión de marcharme de Estados Unidos, ellas se irían conmigo”.
Christell y Leah no pueden pedir a su madre ante las autoridades migratorias porque entró de forma irregular por la frontera sur. “El triunfo de Trump nos aterroriza”.
El expresidente conquistó más de los 270 votos del Colegio Electoral que requería para consolidarse como el ganador de los comicios.
Además, los republicanos lograron el control del Senado, lo cual le permitirá a Trump avanzar en sus iniciativas de gobierno.
JD Vance, el compañero de fórmula de Trump como aspirante republicano a la vicepresidencia, dijo en una entrevista con el canal ABC que la deportación masiva de migrantes podría comenzar con un millón de personas indocumentadas.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria cuestionan el costo y la factibilidad de esta propuesta. Algunos estiman que mantener un plan como el que propone Trump costaría alrededor de US$100.000 millones.
Cerca de 11 millones de migrantes indocumentados vivían en Estados Unidos hasta 2022, según la información más reciente publicada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Casi la mitad de esta población proviene de México, seguida por Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los migrantes indocumentados representan 3.3% de los habitantes de Estados Unidos y al menos 8.3 millones son trabajadores, de acuerdo con el instituto de investigación Pew Research Center.
La mayoría de los migrantes indocumentados se concentran en seis estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Sin embargo, el Pew Research Center advierte que este panorama puede haber cambiado durante los últimos dos años debido a tres factores que aún no se reflejan en las estadísticas oficiales:
En el año 2000, cuando Nora se quedó sin empleo después del huracán Mitch, la decisión más difícil no fue emigrar a Estados Unidos junto con su esposo.
Lo más doloroso fue dejar a su hija Christell, quien tenía 6 años en aquel momento, con la abuela.
A la pareja le tomó cuatro años juntar el dinero necesario para sacar a Christell de Nicaragua y llevarla a Estados Unidos. Un año después nació su segunda hija, Leah, en Miami.
Durante su primer gobierno (2017-2021), Trump respondió al repunte en la entrada irregular de migrantes por la frontera sur con una orden polémica: separar a los padres de sus hijos para disuadir a las familias de emigrar hacia EU sin seguir lo marcado por la ley.
Aquella situación sembró tanto miedo en la casa de Nora, que su hija Leah se ofreció a defenderla públicamente de la amenaza de ser deportada, aunque solo tuviera 12 años.
Leah Cayasso se convirtió en redes sociales en “Leah, la activista” (@LeahTheActivist) y se identificaba a sí misma como una “orgullosa hija de migrantes”.
“Quieren quitarme a mi mamá”, dijo Leah desde una tarima durante un acto contra la política migratoria de Trump en 2018, cerca de la Casa Blanca en Washington DC.
“No me gusta vivir con este miedo. No puedo dormir. No puedo estudiar. Estoy estresada”, afirmó entre lágrimas ante una audiencia que le pareció multitudinaria.
“Tengo miedo de que se lleven a mi mamá mientras está en el trabajo, conduciendo o en casa”, expresó en aquel momento.
Seis años después de aquella experiencia, Leah ya no hace activismo, aunque respalda la lucha de su madre por encontrar una alternativa para obtener la ciudadanía.
“Yo tenía las esperanzas de una chica muy joven que no entendía muy bien lo que estaba pasando”, cuenta Leah en una llamada telefónica.
“Fue difícil no ver resultados y hasta cierto punto perdí un poco la esperanza.
“Ahora que comprendo la situación, creo que la mejor opción para mi mamá es que se apruebe un TPS para los nicaragüenses”.
El estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, brinda una protección a los ciudadanos que no pueden regresar de forma segura a sus países, como es el caso de Cuba, Haití o Venezuela.
El Departamento de Seguridad Nacional de EU ofrece TPS a los ciudadanos de países que afrontan tres “condiciones temporales”: conflictos armados, desastres naturales o sanitarios (como epidemias) u otras circunstancias “extraordinarias”.
En vista de que el perfil de Nora no se ajusta a las condiciones que exige Estados Unidos para optar por el permiso humanitario para los nicaragüenses, considera que la opción más expedita para lograr su legalización es un TPS.
“En estos 24 años que llevo en Estados Unidos, en los que he trabajado y he pagado impuestos, no ha habido ningún otro mecanismo para que yo cambie de estatus”.
“Qué difícil es pensar en volver a Nicaragua”.
El estatus migratorio de Nora es la mayor preocupación de toda la familia.
De hecho, Christell y Leah votaron por primera vez en estas elecciones con la esperanza de que si Kamala Harris ganaba, podría hacer “algo a favor de los migrantes”.
Durante su campaña, Harris prometió que buscaría agilizar el proceso de asilo y abrir vías legales para que los indocumentados tramitaran la ciudadanía.
Pero desde la victoria de Trump, temen verse obligadas a separarse de su madre.
“Me siento un poco triste y decepcionada de ver cuántas personas apoyaron a Trump”, asegura Christell. “Nos afecta mucho saber que nuevamente hay una amenaza hacia nuestra comunidad migrante y en especial hacia nuestra familia”.
En el ejercicio de imaginar los próximos pasos que van a seguir, Christell reconoce que emigrar de Estados Unidos “es una decisión difícil”.
Sin embargo, alberga la esperanza de que Biden tome una medida de última hora y decida conceder el TPS a los nicaragüenses.
En medio de la incertidumbre, Leah se aferra a una única certeza: “Haremos lo que sea por mi mamá”.
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