Morena, inconsistente frente al aborto: lo impulsa en ocho estados, pero lo frena en 11 más
Morena, que se define como un partido de izquierda y defensor de los derechos de las mujeres —incluyendo su derecho a decidir—, solamente ha usado su fuerza legislativa en ocho congresos estatales para lograr la despenalización del aborto, mientras que en 11 estados no ha aprovechado el peso de sus legisladores y en dos entidades, Puebla e Hidalgo, incluso han obstaculizado esta medida.
En total, en el país aún falta despenalizar el aborto en 21 estados. Esto repercute en que todavía haya un acceso desigual a este procedimiento médico, donde mujeres y personas gestantes tienen más o menos derecho dependiendo del lugar donde viven.
“En la práctica, se traduce básicamente en una situación de discriminación jurídica”, critica Karla Amozurrutia Nava, investigadora de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM.
Dos iniciativas a favor
Obstaculizar el derecho al aborto seguro, criminalizarlo, se traduce en riesgos de salud e incluso en decesos. De 2010 a 2018 murieron 90 mil 562 mujeres de entre 10 y 40 años por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo, según datos de la organización Ipas.
Legisladores de entidades con mayoría panista han manifestado abiertamente su rechazo al derecho a decidir, pero de los 21 estados que faltan por despenalizar el aborto, hay 11 donde la mayoría legislativa es de Morena: Campeche, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y Estado de México. A excepción de este último, todos los demás también tienen un gobierno morenista.
En una revisión se detectó que este partido sí ha presentado iniciativas a favor de despenalizar el aborto en al menos uno de esos estados, aunque aún no se aprueba.
Se trata del Estado de México, donde la morenista Anais Burgos dijo que insistirá en la iniciativa para la despenalización del aborto en su entidad, aunque se presentó desde 2021 y aún no ha llegado a comisiones.
En Nayarit, la morenista Alba Cristal Espinoza Peña, quien también preside el Congreso local, declaró el año pasado que posiblemente iniciarían mesas de dialógo sobre el aborto en la entidad, pero hasta el momento esa intención no se ha concretado.
En los demás estados donde Morena es mayoría, son las propuestas de legisladores y legisladoras del PT, de una diputada independiente y de grupos de activistas feministas acompañadas por organizaciones las que están impulsando la despenalización.
En Hidalgo y Puebla, obstáculos
La cara opuesta de Morena es su papel legislativo en Hidalgo y Puebla.
En el primero, si bien en 2021 ya se logró despenalizar, en 2019 el voto dividido de esa fuerza política impidió que desde entonces se consolidara ese derecho.
Y en cuanto a Puebla, en febrero del año pasado GIRE, CAFIS y ODESYR presentaron un amparo en contra de los artículos 339 y 343 del Código Penal del Estado.
Así, un juez poblano declaró inconstitucional la prohibición del aborto consentido, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona gestante siempre que medie consentimiento. También declaró inconstitucional el artículo 342, que prohíbe el aborto autoprocurado o voluntario, usando como base la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La campaña por el aborto legal nace como una propuesta y una articulación de organizaciones, colectivas de mujeres y personas que están a título personal (quienes) veíamos la necesidad de seguir impulsando el tema del aborto”, explica Cinthya Ramírez, quien es parte de la Campaña por el Aborto Legal Puebla y destacó que esto se da en un contexto donde las últimas dos legislaturas han tenido mayoría morenista.
La activista Nataly, quien también forma parte de la campaña, señala que el caso de Puebla llama la atención porque han realizado muchas actividades para que “la exigencia se materialice en la despenalización del aborto y, sin embargo, al final la voluntad política no ha sido suficiente para modificar la legislación”.
Se había logrado este avance; sin embargo, un mes después el gobierno morenista del estado impugnó la sentencia.
Es decir, se posicionó en contra de que las mujeres y personas con capacidad de gestar decidan abortar. Y apenas el pasado 15 de marzo el gobierno poblano desistió de la impugnación.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el “desistimiento a la impugnación” implica que no se le podrá negar el servicio médico ni se criminalizará a quien aborte o ayude a abortar a las mujeres o personas gestantes que reciban asesoría, asistencia o defensa por parte de las organizaciones GIRE, CAFIS y ODESYR.
En tanto, sigue pendiente consolidar el derecho en la legislación estatal, con mayoría morenista en el Congreso.
🟢| @GIRE_mx y organizaciones como @CAFIS_AC y @REDefinePuebla ganan amparo para conseguir que autoridades sanitarias otorguen los servicios de salud a las mujeres que deseen abortar y que sean asesoradas por ellas.
Se abre la puerta para despenalizar el aborto, indican. pic.twitter.com/arvFeax8eh
— Manatí – Noticias desde Puebla (@Manatimx) March 15, 2023
Con el amparo y la resolución de la Corte, dijo Cinthya Ramírez, de la Campaña por el Aborto Legal Puebla, “se tiene un doble recordatorio al Legislativo de que los artículos que regulan el aborto pues son inconstitucionales”.
Persisten resistencias y AMLO insiste en consultar
El 30 de diciembre de 2020, Morena felicitó a los y las legisladoras argentinas por “escuchar el clamor del pueblo”. Ese día, el Senado argentino aprobó la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
La felicitación se publicó en Twitter junto a la imagen de un pañuelo verde y el mensaje: “¡Es Ley! La lucha de tantas generaciones hoy da frutos en #Argentina. Se amplían los derechos en América Latina y las sociedades se hacen más justas y libres. Acompañamos este gran triunfo para todas las mujeres”.
¡Es Ley! La lucha de tantas generaciones hoy da frutos en #Argentina. Se amplían los derechos en América Latina y las sociedades se hacen más justas y libres.
Acompañamos este gran triunfo para todas las mujeres. pic.twitter.com/yStiR1BnSe
— Morena (@PartidoMorenaMx) December 30, 2020
“Queremos que se comprometan con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos que no solamente habla del aborto, sino es una agenda muchísimo más amplia (…) que se pongan a la altura del nombrarse o del querer nombrarse este partido de izquierda y este partido más feminista”, señala Cinthya Ramírez, quien advierte que no hay partidos feministas, sino feministas impulsando agendas dentro de los congresos.
La actuación del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, tampoco ha abonado a la discusión, pues en reiteradas ocasiones ha manifestado su incomodidad para hablar del tema e incluso ha planteado que la interrupción del embarazo, aunque es un derecho de las mujeres, debe someterse a “consulta popular”.
“El hecho de que no haya una posición central de parte del presidente es lo que ha hecho que haya como este escenario tan complejo. Sabemos que de alguna forma la figura de AMLO dentro Morena tiene muchísimo peso y creo que sí, si una figura como él se posiciona a favor las cosas se manejarían diferente”, señala Ninde MolRe, coordinadora de incidencia de Abortistas Mx.
“Me choca tener que estar discutiendo en la palestra pública el derecho a la libre decisión de nuestros cuerpos, a la libre decisión de nuestra sexualidad y en la libre decisión de la maternidad, o sea, es un tema de interés público cuando debiera ser una mera decisión de las mujeres”, señala Karla Amozurrutia.
Un derecho que falta legislar
Morena sí ha impulsado el aborto, con éxito, en ocho estados, y activistas le piden tener el mismo comportamiento en el resto del país.
En Oaxaca, por ejemplo, los impulsores de la medida fueron diputados de Morena, Partido del Trabajo y Mujeres Independientes; en el caso de Veracruz, Baja California, Guerrero, Colima y Quinta Roo, las iniciativas también fueron presentadas por legisladoras y legisladores morenistas.
Para la despenalización en Sinaloa, se tomaron en cuenta dos iniciativas: una presentada por el diputado panista Adolfo Beltrán Corrales, y la segunda, por diputadas y diputados de Morena.
“Por un lado, podemos ver esfuerzos, pero por otro lado, vemos que todavía no estamos en un panorama ampliamente abortista, como a lo mejor lo esperábamos, o al menos se dejaba entrever en la campaña con simpatizantes y militantes de Morena”, apunta MonRe.
“El trabajo que han hecho las colectivas feministas, las organizaciones feministas en pro del aborto y grupos tan importantes como GIRE y otras organizaciones que son especialistas en el tema ha repercutido muy fuertemente en el impulso de las normas que permiten el aborto voluntario en algunas entidades federativas”, dijo Karla Amozurrutia.
Aunque en 11 de los 32 estados abortar antes de las 12 semanas ya no es un delito, aún sigue habiendo muchas deudas en materia legislativa. A decir de Ninde MonRe, “la implementación no está llevándose a cabo correctamente”.
“Ese tipo de situaciones nos ponen en una situación muy compleja de cómo poder analizar esto. Yo lo veo como una victoria amarga”, señala.
Por unanimidad, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecieron en 2021 que no es constitucional sancionar a quienes deciden interrumpir su embarazo y que se debe garantizar el derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Sin embargo, esto sigue sin ser una realidad en todos los estados. Por estas razones, GIRE y otras organizaciones feministas han impulsado amparos en diferentes estados como una medida para lograr el derecho a abortar en todo el país.
“Todavía no logramos llegar a ese punto, sí es muy importante lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, pero todavía no alcanza para lo que requerimos las mujeres en este tema. Nos quedamos un poco como en la deuda”, dice Karla Amozurrutia, quien señala que la posibilidad de que las mujeres puedan tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debería ser un privilegio.
“Debe ser un derecho de cada mujer, niña, adolescente de este país y de todo el mundo. Es un derecho fundamental como el derecho a la salud, como el derecho de no discriminación, como el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, impedirnos abortar es una práctica de violencia contra nosotras”, reflexiona.
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La juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente, coloca a la oposición en Venezuela en una situación difícil tras no haber sido capaz de concretar una transición en el poder pese a asegurar que derrotó al actual gobernante en las elecciones del 28 de julio.
La trayectoria política de la oposición venezolana es como una suerte de montaña rusa en la que cada ascenso suele estar sucedido por una bajada vertiginosa con fuertes curvas.
En esa ruta probablemente la mayor subida ocurrió durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio cuando, de acuerdo con las actas publicadas por la oposición, su candidato, Edmundo González, obtuvo casi el 70% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, quien buscaba permanecer en el cargo.
Las actas de la oposición fueron convalidadas por estudios independientes y por el Centro Carter, que envió una misión de observación internacional a Venezuela.
Adicionalmente, decenas de gobiernos optaron por no legitimar la reelección de Maduro, tomando en consideración que el Consejo Nacional Electoral nunca publicó los resultados pormenorizados de las votaciones ni permitió una auditoría internacional e independiente que permitiera verificar sus cifras.
Si las actas que avalan el triunfo de González son ciertas, la oposición obtuvo una victoria apabullante el 28J que debió haber abierto el camino para una transición política en Venezuela y que debió haberse concretado el pasado 10 de enero.
Pero eso no fue lo que ocurrió.
Ese día, Maduro se juramentó para cumplir un tercer periodo en la presidencia de Venezuela, mientras González permaneció en el extranjero donde se encuentra asilado desde septiembre de 2024 para evadir una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República, organismo afín al gobierno.
Así, las expectativas de cambio político en Venezuela terminaron de entrar en una fuerte caída que ya se había iniciado con la represión de las protestas postelectorales de la oposición -durante las cuales hubo según el gobierno más de 2.000 detenidos, incluyendo menores de edad-, que continuó con el exilio de González y que se ha visto marcada recientemente por la detención por razones políticas de 83 personas en los primeros 12 días de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Las autoridades venezolanas no han admitido que todas estas personas se encuentren detenidas. Y, cuando lo han hecho, suelen alegar que los arrestados estaban vinculados a algún plan desestabilizador.
Ante este escenario, ¿cuáles son las opciones que le quedan a la oposición en Venezuela?
¿El fin de las grandes manifestaciones?
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que, según la teoría política, los procesos de transición ocurren cuando hay unos niveles de presión que hacen que para el gobierno sea muy costoso permanecer en el poder.
“Si nos vamos a lo teórico, no habrá transición política mientras los niveles de presión no hagan que el gobierno considere que resulta mejor negocio, por decirlo así, negociar su salida del poder y tratar de obtener garantías, amnistía, lo que se pueda obtener, que mantener el poder”, dice Alarcón.
“Normalmente, cuando un gobierno negocia su salida del poder es porque siente de alguna manera que no tiene las condiciones para sostener el poder y eso justamente es lo que no ha ocurrido en Venezuela”, agrega.
Ante la consulta de BBC Mundo, el experto explica que siguiendo esa perspectiva teórica, quizá la opción que le queda a la oposición sea seguir con lo que ya estaba haciendo: intentar movilizar a la población internamente para generar presión, al mismo tiempo que busca coordinar con la comunidad internacional para que genere también presión desde afuera.
Pero el camino de la teoría a la práctica no está libre de obstáculos y, en este caso concreto, durante los últimos meses muchos analistas han destacado lo difícil que puede resultar ahora para la oposición ejercer presión interna a través de grandes manifestaciones de calle como las que ha realizado en el pasado, entre otros motivos porque -sobre todo tras la represión postelectoral- hay miedo a protestar.
De hecho, durante los últimos meses son muchos los venezolanos, incluso sin ningún tipo de activismo político, que han adoptado la práctica de borrar constantemente sus mensajes en WhatsApp y redes sociales para evitar la posibilidad de que funcionarios de los cuerpos de seguridad los detengan en la calle y terminen arrestándolos tras encontrar en sus celulares algún contenido político que consideren inapropiado.
A esto se suman las detenciones de periodistas y de defensores de derechos humanos como el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Carmen Beatriz Fernández, analista de la consultora DatastrategIA y doctora en comunicación pública de la Universidad de Navarra, piensa que las grandes manifestaciones de calle ya no tienen tanto sentido.
“Creo que el 10 de enero marca una lógica distinta en la acción política para la oposición. Ahora necesitan cuidarse más. Empiezan a tener sentido otras cosas más pequeñas, realizadas por organizaciones menos verticales, menos visibles, a escala micro y semi-independientes, como modelo de organización de acción política”, apunta.
Colette Capriles, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar, indica que probablemente en este momento la oposición atenderá, sobre todo, a la preservación de los partidos y de todos los liderazgos.
Reconstruir las capacidades políticas
Luego de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero, el desánimo se ha propagado en una parte de la oposición y han circulado mensajes que, en algunos casos, cuestionan incluso los esfuerzos que se hicieron de cara a las elecciones del 28 de julio.
En ese sentido, Capriles indica que ese evento fue muy importante como expresión clara de la voluntad del pueblo.
Considera que quizá a la oposición le convendría hacer recuento de una serie de activos de los que aún dispone.
“El ánimo de la gente para ir a votar y, luego, defender su voto y contribuir por un trabajo colaborativo a tener ese capital político es algo que siempre hay que considerar. Ese es el gran activo para empezar”, señala.
Capriles piensa que en Venezuela los partidos políticos y, en general, los actores políticos están nuevamente frente al dilema de reconstruir sus capacidades, sus relaciones con las bases y con los ciudadanos.
“Ahí también va a ocupar probablemente un lugar importante la capacidad de la propia sociedad civil, de los movimientos sociales”, apunta.
La experta cree que el momento actual demanda nuevas estrategias y mucho liderazgo de parte de la oposición.
“El liderazgo no es poner mensajes en redes sociales. Eso forma parte, pero creo que la gente quiere también ser escuchada y asegurarse de que todo no está perdido. Ahora hay un momento emocional, pero después viene la vida cotidiana y ahí es donde las personas se enfrentan con las cosas que les hicieron votar contra Maduro”, señala.
Explica que a la oposición le convendría entender qué fue lo que movió la gente a votar.
“La gente vota contra el estado actual de cosas, por lo que la oposición tiene la posibilidad de capitalizar el deseo de cambio, valorarlo y fortalecerlo”, indica.
Cohesionar a los descontentos
Desde hace varios años, una visión predominante en la oposición venezolana es que hace falta debilitar la cohesión en torno a los actores que apoyan al gobierno de Maduro.
Ese fue un elemento clave en la política de sanciones aplicada durante el primer gobierno de Donald Trump que con su discurso de “todas las opciones están sobre la mesa” buscaba crear fisuras entre los actores que respaldan a Maduro.
“Creo que la oposición podría apostar a la cohesión de los que son mayoría, en lugar de apostar al quiebre de la coalición dominante. El trabajo es al revés. Conseguir esa cohesión que hace que la gente entienda que no es que hay un plan que nadie conoce, sino que el plan es la propia gente haciendo cosas, organizándose en su comunidad y reclamando sus derechos. Entonces, es un trabajo de otro tipo”, apunta Capriles.
Advierte que ese enfoque implica mucho esfuerzo, mucho liderazgo y una relación distinta incluso con la opinión pública, pues tal vez el trabajo no tenga que venir dado simplemente por declaraciones públicas, sino más bien de la vinculación cotidiana con la gente.
“Todo esto implica el abandono de una promesa de cambio inmediato y eso es quizás el precio más caro que la oposición tendría que pagar. Parte del entusiasmo tal vez de la gente era ver la victoria como muy cerca y ahora esto se ha alejado”, indica.
Retos inmediatos
Más allá de decepcionar a quienes buscaban un cambio político en Venezuela, la juramentación de Maduro trajo consigo nuevos e inmediatos retos para la oposición, pues el gobernante venezolano anunció una reforma constitucional, así como la convocatoria a tres elecciones en 2025: alcaldes, gobernadores y Asamblea Nacional.
De esta forma, Maduro ha tomado la iniciativa política y ha puesto a la oposición en un difícil dilema.
“La intención del gobierno llamando a elecciones es generar incentivos para dividir a la oposición. Cuando tú llamas a una elección de gobernadores y de alcaldes, empieza el gran debate entre los partidos, entre los que quieren ir a la elección y los que no”, señala Benigno Alarcón.
“El problema que tienen los partidos de la oposición es que después de lo sucedido con las elecciones del 28J, la gente no tiene ningún incentivo para votar. Ir a una elección cuando ya fuiste a una, la ganaste por mucho y no se respetó el resultado, hace muy poco probable que en la próxima elección la gente salga a votar y a apoyarte”, agrega.
Carmen Beatriz Fernández, por su parte, advierte sobre la posibilidad de que en Venezuela no se sigan haciendo elecciones como las que se hicieron hasta el 28 de julio, con un sistema electoral automatizado y con muchos puntos de auditoría del proceso, vistas las irregularidades denunciadas por la oposición en los últimos comicios.
“Es probable que estas nuevas elecciones sean más parecidas a las que se hicieron para escoger jueces de paz, que fueron manuales y muy arbitrarias. No digo que la oposición tenga o no que participar. Hay que evaluar cada situación y cada convocatoria por separado”, dice.
Para Fernández, es posible que las elecciones del futuro en su país “se parezcan más al sistema cubano, donde la gente vota permanentemente pero no elige”.
La mirada desde el exterior
Una de las fortalezas de la oposición, según Carmen Beatriz Fernández, reside en el hecho de que hasta ahora ha habido sintonía entre los venezolanos que están en el país y los que están en la diáspora.
De acuerdo con datos de la ONU, unos 7,89 millones de venezolanos emigraron en la última década.
“Una cosa que la oposición podría seguir haciendo es la integración entre la Venezuela de afuera y la Venezuela de adentro. Hay sociedades que han sufrido diásporas importantes, donde se genera una animadversión entre el país de adentro y el país de afuera. En el caso venezolano, no ha pasado así y eso favorece a la oposición, porque su lucha se consolida y se fortalece cuando trabajan unidas la Venezuela de adentro y la Venezuela de afuera como un solo país”, apunta.
Otro elemento destacable fronteras afuera es el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha generado una cierta incertidumbre dada la fuerza con la que el político estadounidense se implicó durante su primer mandato en la crisis política venezolana.
Abundan las especulaciones sobre si Trump buscará una negociación pragmática con Maduro o si retomará el camino de las sanciones duras.
Los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en señalar que el hecho de que una parte importante de la comunidad internacional ponga en duda la legitimidad de Maduro es algo que puede ayudar a la oposición en su búsqueda de un cambio político.
Esto, no obstante, no es garantía de cambio, pues ya en 2019 unos 60 gobiernos del mundo respaldaron al opositor Juan Guaidó cuando se juramentó como presidente interino de Venezuela, mientras Maduro siguió gobernando el país.
Colette Capriles cree que el hecho de que haya una lectura internacional sobre la crisis venezolana puede ayudar a encausar el conflicto político.
“Eso pudiera ayudar a que se presione para volver a construir un espacio de negociación. Habrá que volver a construir un espacio donde pueda haber unos consensos mínimos que funcionaron en el pasado, porque eso fue lo que permitió que hubiera primarias opositoras y elecciones el 28 de julio”, afirma.
“Eso es importante destacarlo cuando dicen que la negociación no sirvió. La negociación sirvió para lo que estaba diseñada: lograr una elección que mostró inequívocamente la voluntad de cambio de la población. Más temprano que tarde será necesario algún tipo de negociación que reconozca esa voluntad de cambio y plantee una ruta para la transición política”, agrega.
La montaña rusa de la oposición venezolana prosigue su recorrido.
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