Exconsejera de AMLO, exabogada de Pemex y un asesor de Martí Batres: cercanos a Morena que van por un lugar en la Corte
Al menos diecisiete aspirantes para ser ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron cargos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o algún vínculo con personajes clave de Morena, como Martí Batres, Clara Brugada, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar.
Estos representan una cuarta parte de las 64 personas que se perfilan para contender por los nueve lugares del Pleno de la Suprema Corte en la elección judicial del 1 de junio.
Aunque se esperaba un máximo de 84 candidaturas, 27 por cada comité más las tres ministras en funciones que pidieron participar en el proceso, al final sólo 64 personas distintas superaron todos los filtros. Ello porque el Poder Judicial sólo presentó 21 nominaciones, mientras que 13 postulaciones se presentaron por dos poderes y una, Jazmín Bonilla García, superó los filtros de los tres comités.
Otra veintena de los aspirantes tiene experiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF) o en alguno de los poderes judiciales locales, mientras que el resto de los contendientes provienen de la academia o del sector privado.
Partidos de oposición han criticado irregularidades en todo el proceso de la elección judicial, con tal de que Morena tenga personajes afines en los principales cargos del sistema de justicia, aunque el partido guinda defiende que con la elección popular se democratiza y mejora el Poder Judicial.
Exlegisladores de Morena y funcionarios del gobierno de AMLO, entre los aspirantes
Entre las aspirantes que llegarán a la boleta están las tres ministras en activo que se inscribieron para participar en la elección: Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes abiertamente se han declarado simpatizantes de Morena y, como te contamos en esta nota, han realizado actividades de promoción anticipada aunque no se permiten precampañas.
También resultó seleccionada por los Comités de los Poderes Ejecutivo y Legislativo la exconsejera jurídica del gobierno de López Obrador, María Estela Ríos González.
Otro de los aspirantes es Raymundo Espinoza Hernández, quien fue titular de la unidad de asuntos jurídicos del Conacyt en el gobierno anterior, y Arely Reyes Terán, funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con López Obrador.
Luz María Zarza Delgado fue directora jurídica de Pemex hasta el cierre del gobierno de López Obrador. Y en el caso de Margarita Darlene Rojas Olvera, colaboró como directora jurídica y de gobierno en el gobierno de Iztapalapa de la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entre 2009 y 2012.
Entre los seleccionados por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se encuentra Federico Anaya Gallardo, quien según su perfil de LinkedIn e información del Senado, fue consultor jurídico en el Senado y colaborador del ahora director del ISSSTE, Martí Batres.
Este mismo Comité seleccionó a Irving Espinosa Betanzo, quien fue asesor de la Secretaría de la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario de Morena a cargo de Ernestina Godoy Ramos, entre noviembre de 2015 y julio del 2018. También fue Magistrado de la Sala Superior Sección Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Otros elegidos fueron Eduardo Santillán Pérez, diputado local de Morena en la Ciudad de México entre 2019 y 2021, y Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, quien fue titular de la Procuraduría Agraria en el sexenio de López Obrador.4
Te sugerimos: Elección judicial en CDMX: cada habitante deberá votar por 133 cargos locales y además los federales
Además será postulada Natalia Téllez Torres Orozco, quien fue promovida por el expresidente López Obrador como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Políticos de oposición acusaron, en 2022, que Torres Orozco fue beneficiada por la reforma al TFJA.
Mientras que Selene Cruz Alcalá fungió como Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) en el gobierno de López Obrador, y fue designada por la ahora dirigente morenista, Luisa Alcalde Luján.
En la lista de aspirantes también aparece Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de Circuito e hija de la diputada morenista Olga Sánchez Cordero; además de Ana María Ibarra Olguín y Fabiana Estrada Tena, quienes cuentan con trayectoria en el Poder Judicial Federal y colaboraron con el ahora asesor presidencial Arturo Zaldívar, cuando era ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Aspirantes colaboraron con gobiernos locales y partidos políticos
Entre los aspirantes que llegarán a la boleta también está el actual consejero jurídico de Nuevo León, Ulises Carlin de la Fuente, colaborador del gobierno de Movimiento Ciudadano Samuel García.
Asimismo, figura Hugo Aguilar Ortiz, excoordinador general del INPI en el gobierno de López Obrador. Antes fue subsecretario de derechos indígenas en el Gobierno de Oaxaca con Alejandro Murat.
También avanzó la extitular de la PGR en el gobierno de Felipe Calderón, Marisela Morales, quien además ha sido Cónsul de México en Milán con el expresidente Peña Nieto. Así como Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano, quien fungió como director jurídico de la Comisión Federal de Competencia y asesor de la Secretaría de Economía durante el gobierno de Felipe Calderón.
Igualmente buscará llegar a la Corte Dora Alicia Martínez Valero, quien fue diputada federal del PAN en 2006 e incluso fue militante de ese instituto, aunque ya no aparece en el último padrón de militantes del blanquiazul. También fue directora de asuntos electorales de Televisa.
Además, aparece Lutgarda Madrigal Valdez, quien fue diputada local por el PRI en Veracruz y es excolaboradora del gobierno de Cuitláhuac García. Apenas en diciembre, ya en el gobierno de la también morenista Rocío Nahle, fue nombrada encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Mónica Arcelia Güicho González fue colaboradora de los gobiernos de Sigfrido Millán y Mario López Valdez de Sinaloa, así como del entonces Distrito Federal durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Actualmente, es magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Del mismo modo, Sara Irene Herrerías Guerra ha sido colaboradora de la entonces PGR y de la FGR en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador. Actualmente es titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.
Magistrados, jueces y consejeros judiciales también quieren ser ministros o ministras
De los aspirantes a la Corte que llegarán a la boleta, 18 tienen trayectoria profesional en el PJF o en alguno de los poderes judiciales de las entidades.
Entre ellos hay seis magistradas de circuito: Jazmín Bonilla García, quien además fue secretaria en la ponencia del ministro Javier Laynez; y Lorena Josefina Pérez Romo, ambas magistradas de circuito en la CDMX. También están Marisol Castañeda Pérez, en Querétaro; Rosa Elena González Tirado, magistrada en Jalisco; Jaime Allier Campuzano en Oaxaca, y Ricardo Garduño Pastén en Toluca.
Además, también será candidato Gabriel Regis López, quien es juez federal de distrito en la CDMX; Sergio Javier Molina Martínez hasta noviembre pasado fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Y Guillermo Pablo López Andrade, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, adscrito a la Ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
En las instancias judiciales locales, aparece Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX; además, fue jueza penal en el Poder Judicial del Estado de México.
También serán candidatas Irma Guadalupe García Mendoza, integrante del Consejo de la Judicatura en la CDMX; así como Gloria Rosa Santos Mendoza, magistrada en el Poder Judicial de la capital.
Por otro lado, están las magistradas Rebeca Stella Aladro Echeverría, del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo; Alma Delia González Centeno, del Tribunal Supremo de San Luis Potosí; Consuelo Rosillo Garfias, magistrada en retiro del Poder Judicial de Querétaro; Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez del Tribunal Supremo de Jalisco; Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, del cual fue presidente; y Ángel Mario García Guerra, del Poder Judicial de Nuevo León.
Académicos y magistrados de Conciliación buscan un lugar en la SCJN
Dentro del listado de candidatos a ministras y ministros, también se encuentran académicos, especialistas en derechos humanos y transparencia, así como integrantes de bufetes privados.
Olivia Aguirre Bonilla fue integrante de la Comisión Estatal de Víctimas de Chihuahua y del Consejo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas del mismo estado. También es especialista en violencia de género.
En esa línea, participan Édgar Corzo Sosa, quien fue visitador de la CNDH en 2018 y, recientemente, Presidente del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU, y Presidente de los Comités de Derechos Humanos de la ONU.
Antonio Sorela Castillo fue integrante del mecanismo de protección a periodistas; director de Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Morelos en el gobierno de Graco Ramírez. Recibió el premio nacional de Derechos Humanos de El Salvador.
Desde la academia, será candidato Arístides Rodrigo Guerrero García, docente de Derecho Constitucional en la UNAM. Además fue comisionado del Instituto de Transparencia de la CDMX y colaboró con el Poder Judicial local.
También irán a la boleta Ingrid De Los Ángeles Tapia Gutiérrez, docente del ITAM y abogada que públicamente se ha posicionado contra el aborto; César Enrique Olmedo Piña, que ha sido docente del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac y la Barra Nacional de Abogados; Eduardo José Torres Maldonado, académico de la UAM; Giovanni Azael Figueroa Mejía de la Ibero; e Isaac De Paz González, académico de la Universidad Autónoma de Baja California.
Entre los abogados que vienen del sector privado se encuentran Cynthia Ortiz Monroy, consultora de género; Roberto Illanes Olivares, abogado privado; Javier Jiménez Gutiérrez, asesor en comercio internacional; Carlos Enrique Odriozola Mariscal y Mauricio Flores Castro, que trabajan en bufetes privados; Abraham Amiud Dávila Rodríguez, director de un despacho especializado en asuntos médicos; Cesar Mario Gutiérrez Priego, especializado en seguridad y derecho militar; y Jaime Salvador García González, especializado en comercio; y Francisco Luna Jaime, egresado de la Escuela Libre de Derecho.
Mientras que Luis Edwin Molinar Rohana y Magda Zulema Mosri Gutiérrez son magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa Federal y de la CDMX, respectivamente.
Relacionado
La aprobación por parte de la FDA de un nuevo tipo de medicamentos contra el dolor agudo promete ser un arma efectiva para limitar el uso de los adictivos opioides.
En Estados Unidos dicen que se trata de una epidemia y cada año causa decenas de miles de muertes que pudieron ser evitables.
Los fallecimientos por sobredosis de analgésicos opioides dejaron en ese país más de 80.000 muertes en el año de 2022, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Una de las principales causas detrás de este problema reside en que estos medicamentos son muy eficaces para combatir el dolor, lo que hace que sean recetados con relativa frecuencia, pese a que -al mismo tiempo- tienen un gran potencial de generar adicción.
Un nuevo medicamento para el tratamiento de dolores agudos, recién aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE.UU. , promete ahora convertirse en una herramienta importante en la lucha contra esta crisis de los opioides.
El medicamento, que tiene el nombre de suzetrigina y que se comercializará en EE.UU. como Journavx, fue fabricado por Vertex Pharmaceuticals y es parte de un nuevo tipo de analgésicos que modulan la señal de dolor en el sitio que se emite, en vez de hacerlo en los receptores del cerebro, como lo hacen los opioides.
Esto, aseguran los expertos, eliminaría el riesgo de dependencia y adicción que tiene el consumo de opioides, particularmente en situaciones de dolores agudos como cirugías o accidentes.
“La aprobación de hoy es un hito importante en el manejo del dolor agudo”, dijo Jacqueline Corrigan-Curay, la directora encargada del centro de evaluación e investigación de medicamentos de la FDA, “una nueva clase de terapia analgésica no-opioide ofrece la oportunidad de mitigar ciertos riesgos asociados con el uso de un opioide para el dolor y le ofrece otra opción a los pacientes”.
La aprobación es la primera en más de 20 años que se le otorga a un nuevo tipo de analgésico, algo que muestra las dificultades a las que se enfrentan los investigadores a la hora de tratar el dolor.
Un nuevo mecanismo
Durante los últimos 30 años, el doctor Stephen Waxman, de la Universidad de Yale (EE.UU.) ha estado investigando los mecanismos que usa el cuerpo para expresar dolor.
Sus estudios se enfocaron principalmente en los nervios del sistema periférico -los que comunican órganos y extremidades al sistema nervioso central y, luego, al cerebro- y las moléculas químicas que estos usan para comunicarle al cerebro señales de dolor.
“Los opioides funcionan como una llave y un candado dentro del cerebro”, impidiendo la llegada de esas señales, explicó Waxman a BBC Mundo.
“El cáliz sagrado de la investigación del dolor era el de encontrar las moléculas en nuestros nervios periféricos y que pudiéramos bloquear esas señales”.
Con su equipo de Yale, Waxman experimentó con diferentes compuestos que lograran bloquear una molécula conocida como NAV 1.8, una especie de batería que le permite a los nervios enviar señales de dolor al cerebro.
Al enfocarse en la emisión de la señal, en vez de la recepción en el cerebro, se evitan muchos de los efectos secundarios relacionados a los opioides.
“No toca el cerebro, así que no tiene los efectos secundarios como adormecimiento, confusión, visión doble o pérdida de balance y no tiene potencial adictivo. Así que realmente es un gran paso hacia adelante”, indica el experto, quien no trabaja para Vertex pero es consultor de compañías que están desarrollando medicamentos similares.
Aunque la aprobación de la FDA se hizo para el tratamiento de dolores agudos, Waxman explicó que aún se desconoce si este tipo de medicamentos puedan tratar dolores crónicos o ciertos dolores específicos para los cuales hay muy pocos tratamientos.
Los retos del dolor
Aunque el proceso para la aprobación de cualquier medicamento, desde sus etapas de investigación hasta su salida al mercado, puede tomar entre 15 y 20 años, el dolor es un área particularmente difícil para estudiar.
“Creo que los retos asociados al desarrollo de un medicamento para el dolor son mayores que los que tiene el desarrollo de una vacuna, o un medicamento para las enfermedades inflamatorias o para el cáncer”, dice Waxman.
“Puedes medir esas enfermedades, puedes hacer un examen de sangre y buscar biomarcadores -evidencia molecular de la presencia de alguna enfermedad en el cuerpo-. El dolor es una respuesta subjetiva”, agrega.
El experto explica que medir el dolor, a través de encuestas en las que se le pide al paciente que defina la intensidad en una escala de uno al diez, puede llevar a resultados irregulares, dado a que otros factores, como el sueño o la ansiedad, pueden aumentar la percepción de dolor.
Es por eso que Waxman considera la nueva aprobación de la suzetrigina como un hito que espera le abra las puertas a nuevas maneras de combatir el dolor.
“El trabajo está en su infancia. No veremos su madurez sino en 10 o 15 años, pero creo realmente que tendremos terapias para el dolor personalizadas e individualizadas, basada en el genoma, en algún punto de los próximos 10 o 15 años”.
La lucha contra los opioides
La llegada de la suzetrigina, y de los medicamentos que puedan aparecer luego de su aprobación en EE.UU., puede ser también un mecanismo para reducir la exposición de personas sanas a los opioides en situaciones médicas.
Esto debido a su inmenso potencial adictivo: según datos del Hospital General de Massachussetts, entre el 9 y el 13 por ciento de los pacientes que usan analgésicos opioides después de una cirugía terminan generando un consumo crónico.
Es una cifra alarmante, teniendo en cuenta que solo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, EE.UU. reportó casi 58.000 muertes por sobredosis de opioides, a pesar de inmensos recursos y programas para reducir el impacto de este tipo de sustancias en las comunidades.
Dentro de las políticas del gobierno de Donald Trump, el mandatario ha usado el aumento de aranceles como un instrumento para presionar tanto a China como a México y Canadá para que aumenten sus esfuerzos para impedir el ingreso del opioide sintético fentanilo a EE.UU.
Pero los expertos concuerdan en que nuevos tipos de medicamentos como la suzetrigina deben ser parte de una estrategia a largo plazo para evitar el ingreso de pacientes sanos en un mundo del que difícilmente pueden salir.
“La FDA ha apoyado durante mucho tiempo el desarrollo de tratamientos para el dolor sin opioides,” dijo la agencia en su comunicado.
“Como parte del Marco de Prevención de Sobredosis de la FDA, la agencia ha publicado un borrador de orientación destinado a fomentar el desarrollo de analgésicos sin opioides para el dolor agudo y ha otorgado subvenciones para apoyar el desarrollo y la difusión de pautas de práctica clínica para el manejo de afecciones con dolor agudo”, agregó.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
